La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, participó recientemente en la 54º Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Asunción, Paraguay.
Buena parte de su intervención de poco más de 13 minutos se centró en destacar los logros en el primer quinquenio del presidente Nayib Bukele en temas de seguridad, migración, democracia, entre otros.
La funcionaria llegó a afirmar que en el pasado «no existían organizaciones de derechos humanos que se pronunciaran ante tal atrocidad (la violencia)». Esta fue una de las afirmaciones analizadas de su discurso, la cual fue catalogada como falsa.
Estos son los extractos de su alocución verificados cada uno por separado y con su correspondiente calificación.
Canciller: “(…) El Salvador, desde junio de 2019, tomó el rumbo correcto para hacer un cambio histórico y sin precedentes, que nos ha permitido transitar de ser el país más violento del mundo a estar, después de solo cinco años, como la nación más segura de nuestro hemisferio occidental”
La mejora de la seguridad es el principal logro del quinquenio de Nayib Bukele. La reducción de los homicidios es la prueba más evidente de ello. No obstante, la canciller tuvo varias imprecisiones que exageran lo alcanzado en ese rubro. Por tanto, su afirmación es engañosa.
El Salvador fue el país más violento del mundo en 2015 con una tasa de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes y, probablemente, en los dos años siguientes. Para 2018, la tasa se había reducido a la mitad y había otros países como Venezuela en peor situación. Por tanto, el país no transitó del más violento al más seguro en , como dijo la canciller.
Además, la tasa de 2.4 muertes violentas por cada 100,000 personas con que cerró 2023 es la más baja de América Latina, pero no del hemisferio occidental, como afirmó Hill.
En enero, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró lo siguiente. “La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes es de 2.4 y el promedio diario de homicidio anual, es de 0.4. Esto nos coloca, a nivel de América, en el segundo país y el primero de Latinoamérica; con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, que cerró con 2.25 homicidios por cada 100,000 habitantes”, dijo el funcionario.
Hay estudios que miden la seguridad más allá de los homicidios y ahí el país no sale tan bien evaluado. El Instituto de Economía y Paz (IEP) ubicó al país en la posición 104 en el Índice de Paz Global (GPI), que clasifica a 163 naciones según su nivel de tranquilidad.
En su último informe de 2024 destaca que El Salvador registró la mayor mejora en la región en ese índice si bien aparece como negativo la tasa de encarcelamiento. Según el informe, es la más alta del mundo, con más del uno por ciento de la población entre rejas a principios de 2024.
Canciller: “No existían organizaciones de derechos humanos que se pronunciaran ante tal atrocidad, muchas veces y muchas voces pregonaban que nada podía hacerse (…)”
La ministra se refiere a que antes de la llegada de Bukele al poder no había organizaciones que denunciaran la situación de violencia e inseguridad que vivía el país. La afirmación es falsa. Diversas instituciones vienen denunciando las violaciones a los derechos humanos desde hace años sin importar el gobierno de turno.
Voz Pública consultó a varias de ellas que velan por los derechos humanos y afirmaron que vienen desarrollando su labor de apoyo a las víctimas de la violencia en los últimos 20 años.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), asegura que llevan años apoyando a las víctimas por desplazamiento forzado de las pandillas. “El Idhuca continúa con su labor después de los Acuerdos de Paz, siempre acompañando a personas víctimas de violaciones a derechos humanos, trabajando en prevención de violencia y, en general, a las víctimas de todo tipo de violencia”, apuntó.
Cristosal se pronunció de la misma manera. Recientemente, Zaira Navas, jefa de Estado de derecho y seguridad de la organización, aseguró que llevan 24 años asistiendo a las víctimas desplazadas por las pandillas.
“Este gobierno no debe olvidar que la organización que presentó el amparo para exigir que este país reconociera el desplazamiento forzado por las pandillas fue Cristosal y que fue la organización que presentó la ley para que se reconociera el desplazamiento forzado y que se protegiera a las víctimas contra las pandillas”, indicó Navas.
Canciller: “Generar oportunidades para reducir la migración irregular es una prioridad en nuestra agenda de sostenibilidad, la inseguridad y la falta de oportunidades que por décadas fueron las causas estructurales de migración irregular están siendo erradicadas. Hoy en día, la migración inversa de salvadoreños es una tendencia al alza”
La afirmación de que las causas estructurales de la migración se están erradicando es falsa. En la gestión Bukele, este fenómeno siguió al alza como lo muestra la cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera sur, las solicitudes de asilo en México y otros países. Si bien es cierto que menos migran por inseguridad, más compatriotas se ven forzados a dejar el país por cuestiones económicas como la falta de empleo y la pobreza. Sobre la migración inversa, ni Hill ni otros funcionarios han brindado datos que sustenten esa afirmación.
En la primera administración de Nayib Bukele, 348,472 salvadoreños fueron interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés), del Departamento de Seguridad Nacional. La cifra es un 25% más que los detenidos en el periodo de Sánchez Cerén y un 163% más que los compatriotas retenidos en la gestión de Mauricio Funes.
En los últimos 12 años, dos de cada tres salvadoreños migraron por motivos económicos, según las entrevistas realizadas a los miles de compatriotas deportados cada año por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). No obstante, en 2023 y 2024 se observa una reducción considerable del tema de la inseguridad, en consonancia con la mejora que vive el país. En esa proporción, aumentan los motivos económicos.
Sobre la migración inversa, Hill Tinoco dijo, sin citar cifras oficiales, que “es una tendencia al alza”. Por “inversa” se entiende que lleguen a un país más personas de las que salen. Y eso no sucede en El Salvador, según los datos oficiales de la DGME.
Salvo el periodo de la pandemia, cuando las fronteras estuvieron cerradas, son más las decenas de miles de salvadoreños dejan el país cada año que los que regresan. En 2022, un total de 73,300 salieron más de los que entraron. Y, en 2023, solo en los primeros seis meses, 68,900 más.
En una publicación de la casa encuestadora CID Gallup del pasado 28 de junio aparece El Salvador como el país donde más población quiere irse de los 12 evaluados. En total, el 48% dejaría el país si tuviera los recursos para hacerlo. La publicación fue borrada de X unas horas después sin explicación alguna.
Canciller: “El turismo nos ha dejado un rédito inimaginable hace un lustro atrás. Cerramos 2023 con 3.4 millones de turistas, equivalentes a 3,000 millones en divisas, representando el 11% del PIB”.
La afirmación es engañosa. El turismo muestra una tendencia creciente en los últimos años, pero los datos anunciados por Hill son exagerados y no se corresponden con los oficiales, presentados por el Banco Central de Reserva a finales de marzo pasado.
La institución publicó que el turismo de El Salvador recibió en 2023 a 3.4 millones de visitantes internacionales, y que estos gastaron $2,754 millones. Si el Producto Interno Bruto (PIB) fue $34,015.62 millones el año pasado, el sector turismo representó el 8.1% del total.
Canciller: “El Salvador considera que en situaciones de crisis institucional es primordial reafirmar los valores esenciales que sustentan la democracia, en particular, asegurar la primacía del Estado de derecho, asegurando el respeto por los derechos individuales, la independencia de los poderes públicos y el compromiso con la voluntad popular”
La canciller Hill Tinoco pronunció estas palabras al referirse a la crisis política de Bolivia tras el intento de golpe de Estado. Las declaraciones acerca de reafirmar la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes contrastan con la realidad que El Salvador vive en los últimos años y de la que se han hecho eco importantes instituciones internacionales. En concreto, la concentración de poder en manos del presidente y el debilitamiento de la democracia y la separación de poderes.
El Informe sobre democracia 2024 del Instituto Variedades de la Democracia (V-Dem Regional Center) indicó que el país pasó de ser una democracia imperfecta a una autocracia electoral. “Casi todos los logros democráticos de las últimas dos décadas habrán desaparecido para fines de 2023”, dice en su último informe.
El país se ubica en el puesto 141 de 179 países evaluados en ese informe, detrás de Turquía y delante de Etiopía, con una calificación de 0.11 de IDL (Índice de Democracia Liberal), donde 0 corresponde a la autocracia -gobiernos autoritarios en manos de una persona- y 1 a las democracias liberales.
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Proyect 2023, que se autodefine como la fuente principal de información independiente y de primera mano sobre el Estado de derecho en el mundo, ubica a El Salvador en el puesto 108 de 142 países y en el 25 de 32 en el ámbito regional, en su último informe de octubre pasado. Comparado con 2019 y 2020, años en que se ubicaba en el puesto 84, el país registra una caída de 24 lugares.
En los ocho factores que se miden para la elaboración del estudio están ausencia de corrupción, derechos fundamentales, orden y seguridad, entre otros.
La organización no gubernamental de derechos humanos, Freedom House, con sede en Washington, realiza un informe sobre la libertad en el mundo cada año. El Salvador registra una tendencia a la disminución en materia de derechos políticos y libertades civiles.
El estudio de 2023 indica que el país obtuvo una puntuación de 56 de 100, divididos en 25 de 40 para derechos políticos y 31 de 60 para libertades civiles. En 2018, el año previo a la llegada de Bukele al poder, esta fue de 70 de 100 puntos: 34 de 40 sobre derechos políticos y 36 de 60 sobre libertades civiles.
Voz Pública contactó al área de comunicaciones de la Cancillería para buscar una reacción de la funcionaria, pero no atendieron la solicitud.
