Mientras el precio de los alimentos básicos continúa su alza desenfrenada, el Gobierno atrasa el pago de las pensiones de $50 a miles de adultos mayores y a madres beneficiadas con los bonos de salud y educación de $15. De nueve meses a un año a los primeros, y bastante más de un año en el caso de las mujeres.
Cinquera, municipio de Cabañas. María Guillerma Beltrán echa tortillas en el comal a media mañana. Hasta hace unos meses las daba a 20 por el dólar. Ahora, 16 tortillas y gracias. “El maíz está bien caro, a 30 (dólares el quintal) lo estoy comprando”, afirma sin apartar la vista de sus manos moldeando la masa. Con lo que saca, le da para comida y nada más. “Antes sí, porque me compré una mesa, un perol donde cuezo el maíz y también unas cacerolas”, enumera esta madre de cinco hijos, varios ya acompañados.
En junio, una familia de cuatro miembros gastaba 174 dólares en comida en la zona rural. Maíz, frijoles, arroz, huevos, algo de carne y fruta. Cuando Guillerma se queja de que todo esta más caro, no le falta razón. Hace un mes, en mayo, esos alimentos costaban 11 dólares menos. Y hace un año, 28 dólares menos, de acuerdo con el monitoreo de la canasta básica alimentaria de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), adscrita al Ministerio de Economía.
En medio del alza indiscriminada de precios, algo más de 37,500 adultos mayores, en su mayoría arriba de los 80 años, subsisten con una pensión de 50 dólares al mes. O para ser precisos: deberían vivir con ese apoyo porque no lo reciben a tiempo del Gobierno. El Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) es el responsable del Programa de pensión al adulto mayor y personas con discapacidad, antes en manos del FISDL.
A los 78 beneficiarios de Cinquera les pagaron por última vez a inicios de junio. Ese ministerio, encabezado por la ministra María Ofelia Navarrete, conocida como María Chichilco, informa de esos pagos vagamente en redes sociales. Dice a cuántos pagan, los municipios donde viven y frases hechas que no por repetirlas seguido se convierten en verdad. Omite cuánto dinero les pagan y qué meses les cancelan.
En junio, a esos cinquereños les entregaron 200 dólares, el monto de cuatro meses, de julio a octubre del año pasado. Les dejaron sin pagar ocho, ya nueve si se suma julio.
Fidelina Fuentes tiene 82 años. Vive con su hija, su nuera y varios nietos. La primera habitación de la casa, donde está sentada, tiene el piso de tierra y algunas paredes de lámina. Una caída reciente cuando cuidaba a su nieto la mantiene postrada en una silla. Sufre los achaques de la edad y de la pobreza en la que vive. “Para comer y para mis cosas. (Necesito) medicina para la presión, vitaminas y, a veces, no hay en la unidad de salud”, responde la señora sobre el uso que hace de su pensión cuando se la dan.
Un poco más al norte, en Arcatao, municipio de Chalatenango colindante con Honduras, la historia es similar. A los 101 arcataenses registrados en el censo les pagaron 300 dólares a mediados de junio. A ellos les debían desde abril del 2021 -más de un año- y con los seis meses cancelados la deuda les quedó saldada hasta octubre. Como a los de Cinquera. “No, ahorita no sabemos más”, respondió Helia Rivera el sábado pasado sobre el pago de las pensiones atrasadas. Su madre, Juana Castillo, tiene 93 años y padece Alzheimer. Solo las dos libras de la leche especial que necesita cuestan 44 dólares.
Más al suroriente, la situación empeora. Concepción Batres, en Usulután, es uno de los municipios con más beneficiarios, un total de 764 adultos mayores. Cuenta una exempleada del FISDL, que prefiere omitir su nombre, que les hicieron el último pago en junio. Les cancelaron desde diciembre de 2020 hasta julio pasado. Por tanto, les adeudan un año.
“Dependen de esa ayuda, estaban acostumbrados a comprar medicinas y alimentos con ella. Algunos prestaban pensando en que les pagarían. Hoy, hay abuelitos que andan vendiendo para paliar su situación”, describió esta persona, conocedora de los caseríos y cantones donde viven los adultos mayores, recientemente.
El Ministerio tiene un presupuesto de $29.5 millones para este año. En los primeros seis meses de 2022, el monto erogado para las pensiones es $6.6 millones, según se indica en la sección Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda. Con ese dinero, entregado a partir de abril, se pagaron, en principio, los meses atrasados de 2021.
Para un par de economistas consultados, resulta extraño que se paguen pensiones del año anterior con fondos del presupuesto actual. “En teoría, si pensaban seguir pagando las pensiones de 2021, (el dinero) debería haber quedado como fondo comprometido en la ejecución 2021”, afirma José Luis Magaña.
En las semanas y meses anteriores, desde Voz Pública se han hecho solicitudes a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Mindel. En general, la información recibida es ambigua e incompleta. Por ejemplo, es común que a preguntas concretas respondan con datos de porcentajes sin dar cifras. En las consultas posteriores, a veces por teléfono, se comprometen a aclarar la información, pero no lo hacen.
Este medio viene denunciando los atrasos en el pago de las pensiones desde inicios de año. En la segunda publicación de abril, Celia Medrano, experta en Derechos Humanos, los calificaba como “una negligencia” y una consecuencia de “enfocar inadecuadamente las prioridades y las apuestas del país”.
“Ayudar y generar política pública en favor de personas de la tercera edad es un deber del Estado, no es un tema de bondad, no es un regalo. Es una responsabilidad del Estado responder por poblaciones de alto nivel de vulnerabilidad, en este caso por su edad y por estar en zonas de alta pobreza y de inequidad”, apuntaba la investigadora.
Las madres, peor
Otra iniciativa de alivio a la pobreza son los conocidos bonos de salud y educación para las familias del centenar de municipios más pobres. Ese era el principal componente del programa Red Solidaria, creado hace unos 15 años en la administración del expresidente Saca.
Las madres con hijos menores de cinco años recibían 15 dólares al mes siempre y cuando mantuvieran a los niños en los programas de salud y asistieran a los controles de crecimiento y vacunación, entre otros. Las madres con hijos mayores de esa edad y hasta los 15 años que no hubieran cursado sexto grado recibían una cantidad similar si los matriculaban en la escuela y aseguraban su asistencia regular. Con los años cambió el rango de edad y pasó a entregarse a jóvenes desde séptimo a bachillerato. Las familias con más de un hijo recibían 20 dólares por los dos bonos. La ayuda económica se recibía a cambio de cumplir los compromisos en educación y salud.
En 2010, unas 90,000 familias de los 100 municipios más pobres recibían uno o los dos bonos. La inversión superaba los $18 millones. Para 2018, el año previo a la gestión actual, eran 60,000 las familias beneficiadas de municipios rurales y un grupo de zonas urbanas. En 2022, los beneficiarios se han reducido a poco más de la mitad, 33,500 y el Mindel tiene asignado un presupuesto de $5 millones. Un monto que no alcanza: basta multiplicar esa población por 12 meses y por $15 (tomando en cuenta el monto menor, un solo bono) para darse cuenta.
Ese ministerio no ha pagado un centavo a las madres beneficiarias en el primer semestre del año, según se observa en la web de Hacienda. A mitad de mayo, la justificación que daba ese ministerio era la siguiente: “El Mindel es el primer año que ejecutará este programa, para lo cual estamos realizando las acciones correspondientes, desde la elaboración de un sistema informático hasta manuales y guías operativas”.
Rosa y Divina Acosta vive en el cantón El Tule del municipio de Cinquera. Tiene una hija en noveno grado y cumple con el requisito de asistencia. Su madre, como cualquier beneficiaria, cuenta con un documento legal firmado. “Ese dinero yo no lo tocaba, era solo para ella, para la escuela”, dice Rosa sobre el bono de educación que invertía en cuadernos y alimentación para su hija.
Trata de hacer memoria, pero no recuerda si lleva un año o más tiempo sin que le paguen. “Cuando nos lo daban nos sentíamos apoyadas, era poquito, pero nos ayudaba a que los niños vinieran a la escuela”, dice.
Guillermo, un exempleado del FISDL de ese municipio, la secunda. “Este programa social está abandonado, no hay gente en el campo que les esté dando seguimiento”, comenta.
De ese abandono también da fe Guillerma sin dejar de echar tortillas. Este año, su hija menor empezó los estudios universitarios en el Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico (Megatec) de Cabañas, ubicado en Ilobasco. Ahí cursa la carrera de Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico.
Hasta diciembre pasado, cuando su hija iba a bachillerato, Guillerma era beneficiada del bono de educación. Según recuerda, el último mes que le han cancelado fue octubre de 2020. “Que me den lo que me deben”, sentencia.
