Mientras Bukele ocupa como una de sus banderas políticas la lucha contra la corrupción, las acusaciones contra él y su círculo no cesan. Y tampoco se limitan al presente. Esta investigación revela cómo dos de sus principales consejeros comunicacionales y un prestamista se beneficiaron con contratos irregulares mientras él fue alcalde de San Salvador.
La mayoría de los salvadoreños, después de ver desfilar en el banquillo de los acusados consecutivamente a tres expresidentes y a docenas de sus funcionarios, se cansaron de los partidos considerados tradicionales como lo son la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que habían gobernado durante más de tres décadas al país. Esos mismos salvadoreños, en cambio, veían en Nayib Bukele, actual presidente, al único político capaz de luchar contra la corrupción, según los resultados de una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) de 2018.
En la campaña electoral que terminó llevándolo a la presidencia, sus publicistas resumieron esas emociones, una mezcla de hartazgo y esperanza, en la frase “el dinero alcanza cuando nadie roba” y en la etiqueta para redes sociales #DevuelvanLoRobado.
En sus tres años como presidente ha reforzado esa narrativa exhibiendo públicamente nuevas capturas de más exfuncionarios de los gobiernos anteriores al suyo.
Bukele, sin embargo, nunca ha sido ajeno a la sospecha. Cuando fue alcalde de San Salvador, por ejemplo, un productor audiovisual —exempleado de sus empresas— ganó contratos irregulares para la producción de videos que después fueron ocupados en su campaña electoral y votó a favor de entregar un millonario contrato para la instalación de cámaras de videovigilancia a una empresa mexicana en la que uno de sus amigos era director, según investigaciones de Revista Factum. Y, además, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) lo condenó por nepotismo después de que nombró funcionario municipal a uno de sus hermanos.
Y eso no fue todo. Esta investigación revela otras irregularidades detrás de contratos otorgados a más personas cercanas a Bukele. Uno de sus principales estrategas políticos, de origen costarricense, cobró miles de dólares a la alcaldía de San Salvador por servicios de consultoría que, según la Corte de Cuentas de la República (CCR), nunca realizó. El entonces alcalde también abogó por la compra de armas para el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), proceso que terminó en la adjudicación directa de una parte de ese contrato a un empresario a quien él debía, en ese momento, más de 250.000 dólares. CONNECTAS y Revista Elementos solicitaron una entrevista con el presidente Bukele para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de este trabajo no había sido contestada.
El caso de los ticos está engavetado en la Corte desde el año 2019 y la alcaldía de San Salvador ha negado acceso a todo lo relacionado con él, inclusive violando la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Sobre los contratos adjudicados al prestamista no existe ni una sola investigación, no obstante, los concejales capitalinos señalaron que no existía una emergencia que justificara la compra apresurada de armas.
El 8 de febrero de este año, siguiendo el hilo de esta investigación, fue solicitada a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía las copias completas de los expedientes de contratación a las empresas de los asesores costarricenses.
Pero el 25 de ese mes, y a petición de la síndica Beatriz Leonor Flamenco de Cañas, de Nuevas Ideas —el partido de Bukele— el concejo aprobó delegar a las jefaturas la facultad de reservar datos lo que redujo, en la práctica, al mínimo las potestades del oficial de información.
Tres días después, José Reynaldo Pérez Moreno, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), declaró esos expedientes de contratación información confidencial y la UAIP se limitó a informar lo resuelto.
“Es un acto carente de legalidad, que contraría la LAIP y apunta a inhabilitarla intencionalmente”, concluyó Wilson Sandoval, coordinador de la oenegé ALAC-FUNDE.
El 22 de agosto de este año la Corte de Cuentas se negó a entregar, en respuesta a una solicitud de información, las copias de todos los archivos y documentos relacionados con la auditoría realizada a los contratos que la alcaldía capitalina entregó a los asesores costarricenses y que será detallada más adelante.
Sin embargo, en la resolución se explicó que en el juicio de esos contratos la Cámara Tercera de Primera Instancia ya condenó a funcionarios de la alcaldía de San Salvador. La medida fue apelada y desde entonces el caso permanece en la etapa de presentación de pruebas.
“Uno de los mecanismos de corrupción es no tramitar los casos, engavetarlos”, comentó Ruth Eleonora López, jefa Anticorrupción y Justicia, de Cristosal.
Alcaldía pagó a asesor de Nayib por servicios que no recibió
El 21 de octubre de 2015 la alcaldía de San Salvador contrató los servicios de la empresa Gaia Consultores, Estrategia e Imagen, en la que Danilo Morales aparece como miembro de la Junta Directiva. Morales es estratega político y amigo de la familia Bukele desde finales de la década de los 90. Fue el principal consejero de comunicación política de Nayib desde que éste era alcalde de Nuevo Cuscatlán —pequeño municipio donde el presidente inició su carrera política— y de la campaña electoral que lo llevó a gobernar la capital, según confirmaron cuatro fuentes orales.
La experiencia de Morales como asesor comunicacional de políticos es vasta. Inició asesorando en la segunda derrota electoral a Daniel Ortega Saavedra, en Nicaragua. Participó en la campaña de Facundo Guardado y Nidia Díaz en 1999, en El Salvador. Fue estratega de Álvaro Colom y después del militar derechista Otto Pérez Molina y de su compañera de fórmula Roxana Baldetti, en Guatemala.
Gaia, la empresa de Morales, fue contratada para la prestación de “servicios varios” por un monto de 35.000 dólares, según puede verificarse en el control de compras elaborado internamente por la municipalidad. En ninguna de las más de 35 actas de las reuniones del concejo, ni en las ordinarias ni en las extraordinarias, fue mencionado ese proceso, a diferencia de otros incluso por montos inferiores a los 10.000 dólares, relacionados con los más variados propósitos incluyendo obras pequeñas.
En esas actas, sin embargo, hay una pista sobre las razones que motivaron la contratación de Gaia: el 27 de mayo los concejales aprobaron, a propuesta de Bukele, la realización de un diagnóstico general y la reactivación del Sistema de Gestión Tributaria (SGT). Casi tres meses más tarde, con los votos del alcalde y sus aliados del FMLN, se acordó transferir 244.635 dólares más para contratar empleados encargados del procesamiento de registro y atención al público; la unificación y depuración de las cuentas AMSS; el pago de horas extras y aportes patronales; la compra de equipos para el centro de llamadas y tres consultorías. Entre esas una por 35.000 dólares para “coordinación y seguimiento operativo y adaptación SGT”. El monto es el mismo que el que se le pagó a Gaia. De hecho, fue la única contratación por ese monto realizada en todo ese año.
En el Informe de examen especial a la ejecución presupuestaria y evaluación de obras de infraestructura de la municipalidad de San Salvador, que analizó desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2015, la Corte de Cuentas de la República (CCR) concluyó que no existen pruebas de que Gaia haya hecho la investigación para la que fue contratada y tampoco pudo demostrar que tenía personal suficiente y capacitado para ese trabajo.
Además, la auditoría de la CCR encontró otra irregularidad: la finalidad social de la consultoría no coincidía con el objeto del contrato. De acuerdo con el registro de Gaia en Costa Rica, la empresa fue fundada para dedicarse al comercio, la industria, la agricultura, la ganadería, así como también a la compra, venta —y varios más— de bienes muebles e inmuebles. Mientras, en el Ministerio de Hacienda de Costa Rica su objeto es más claro: servicios de publicidad.
El informe determinó que la municipalidad pagó a Gaia servicios que nunca prestó.
Y ese contrato no fue el único. El 25 de marzo de 2016, la alcaldía de San Salvador contrató nuevamente a Gaia para una asesoría sobre el adecuado manejo de soluciones y quejas ciudadanas por un monto de 24.000 dólares. CONNECTAS y Revista Elementos enviaron solicitudes de entrevista a Morales y a la compañía Gaia, pero no hubo respuesta.
La contratación irregular a la empresa de Morales no es un hecho aislado. A Esteban Alonso Porras Zúñiga, otro asesor comunicacional del ahora presidente, también se le adjudicaron recursos públicos cuando Bukele fue alcalde de San Salvador.
El 20 de mayo de 2016 fue contratada la sociedad costarricense Brand & Image, P.Z. De acuerdo con el registro de comercio de Costa Rica, Porras figura como directivo.
La alcaldía de San Salvador contrató a esta compañía para que brindara dos capacitaciones: Análisis de identificación de riesgos en oficinas centrales de AMSS y Capacitación contra accidentes y riesgos laborales en administración de la AMSS por 5.000 y 6.100 dólares respectivamente.
En esta contratación resaltan dos irregularidades: la empresa fue inscrita en Costa Rica el 18 de marzo de 2016 —apenas dos meses antes de la primera contratación— y su actividad económica es el mantenimiento de redes de telecomunicación. Porras tampoco respondió a las solicitudes de entrevistas.
En 2015, Porras aún no contaba con una experiencia similar a la de Morales, pero sí había trabajado en campañas de comunicación para partidos políticos en su país natal. Entre marzo de 2009 a mayo de 2010 se desempeñó como coordinador de las redes sociales y la campaña en línea del Partido de Liberación Nacional (PLN). En mayo de 2010, con el triunfo de Laura Chinchilla, fue nombrado asesor de Comunicación Digital de la Presidencia hasta el 1 de febrero de 2011 que fue designado Agregado Interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, lo que puede verificarse en el acuerdo 028-11-RE.
Sin embargo, en la última década, parte de su trabajo e inversiones se han centrado en El Salvador. En agosto de 2021, Porras constituyó la empresa Swissbikes junto a dos altos funcionarios públicos de El Salvador, quienes también comparten alguna relación con Bukele mucho antes de que este llegara a la presidencia. Se trata de Fernando Andrés López Larreynaga, ministro de Medio Ambiente y compañero de Bukele en el colegio, y de Mynor José Gil Arévalo, presidente de la empresa pública LaGeo y exempleado de una de las compañías del presidente. Se solicitaron entrevistas con ambos, pero al cierre de este trabajo no hubo respuesta.
Distintas publicaciones en redes sociales y prensa apuntan a que la relación de Bukele con Morales y Porras se mantuvo. En el segundo semestre de 2019 expusieron en sus cuentas de redes sociales, no solo sus aplausos por las decisiones gubernamentales, sino también la celebración de eventos junto a Bukele. Por ejemplo, el 24 de julio de 2019, Porras publicó en Twitter una fotografía, tomada en uno de los salones de Casa Presidencial, de la celebración del cumpleaños número 38 de Bukele. Cuatro meses después, Morales fotografió el frontón de Casa Presidencial y escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Tarde de trabajo con Nayib Bukele”.
Sin embargo, el 22 de agosto de 2022 Casa Presidencial negó que Morales y Porras hayan sido contratados como asesores de Bukele. También negó que sus empresas vendan servicios a la Presidencia.
Un trabajo realizado antes de ser contratado
El informe de la auditoría, que señala las irregularidades en las contrataciones de Morales, suma dos casos más.
El 21 de octubre de 2015 la alcaldía contrató el servicio de arrendamiento de software que fue adjudicado a la empresa salvadoreña Corporación Eximio (Corex) por un monto de 26,460 dólares. Nuevamente, el 18 de diciembre, la alcaldía solicitó volver a contratar a Corex por un monto de 19.699 dólares.
La contraloría pública analizó este último contrato adjudicado a Corex y concluyó que no existía ningún documento para comprobar que la empresa hizo su trabajo, ni ningún otro expediente que respaldara el proceso burocrático de adjudicación.
La Gerencia Informática justificó la compra como un servicio complementario al de la aplicación telefónica Sívar App para la recepción de denuncias ciudadanas y anexó un reporte con los servicios supuestamente recibidos: resultados del estudio de la opinión ciudadana del programa Una Obra Por Día de octubre, noviembre y diciembre de 2015. Pero Corex había sido contratada para ese servicio el 18 de diciembre.
Carlos Araujo, quien se presentó como propietario de COREX, confirmó para esta investigación que al iniciar Bukele su gestión se presentó personalmente con él y le mostró el proyecto de la aplicación Sívar. Comentó que al entonces alcalde le gustó y que después su empresa fue contratada para la implementación. Afirmó, además, que cada mes entregaba reportes de su trabajo a la Gerencia Informática.
“Nosotros liquidábamos lo que hacíamos, pero no sé cómo ellos administrativamente manejaban las cosas”, expresó.
La otra irregularidad que señaló el informe de auditoría trata sobre la contratación de una tercera compañía costarricense. El 18 de noviembre de 2015 la alcaldía contrató los “servicios varios” de consultoría a la compañía Punto Soluciones por un monto de 24.000 dólares.
Y los hallazgos son similares a los de Gaia: Punto Soluciones no presentó los informes que debió realizar, la adjudicación fue a dedazo y su finalidad social tampoco estaba relacionada con los servicios de la consultoría.
De acuerdo con el Registro Público sus fines son el comercio, la industria, agricultura, ganadería y rendir garantías y fianzas a favor de socios y terceros. En Hacienda su actividad fue registrada como “diseñador gráfico, de software y páginas web”.
Sin embargo, esta investigación no pudo comprobar que los dueños o directivos de Punto Soluciones tengan algún vínculo personal con Bukele.
El prestamista de Nayib y la discoteca perdida
Durante la gestión de Bukele en la alcaldía de San Salvador, también resalta un contrato adjudicado a un empresario guatemalteco que había prestado dinero a Bukele apenas cinco meses antes de que este ganara las elecciones municipales.
Los primeros argumentos para esta contratación tuvieron lugar en la recta final de la campaña para la elección municipal, cuando Bukele y su entonces principal adversario, Edwin Zamora, debatieron en un programa televisivo. Uno de los moderadores les preguntó: ¿qué papel debe desempeñar el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en San Salvador? El primero dio una respuesta que duró tres minutos y que se resumía en incrementar en 400 el número de efectivos hasta alcanzar 1.600 para cubrir, en promedio, con diez agentes en cada uno de los 72 kilómetros cuadrados de la capital, luego equiparlos con nuevas armas, equipos de comunicación y patrullas. El segundo dijo estar sorprendido de que su adversario dijera que pretendía armarlos “hasta los dientes” a sabiendas que sus facultades excluyen las tareas de seguridad pública.
El 1 de marzo de 2015, Bukele venció a Zamora con una ventaja de 5.678 votos. En la campaña prometió suspender todas las fiestas de traspaso de mando y, con el dinero ahorrado, según él unos 150.000 dólares, equipar y reforzar el CAM.
Unos veinticinco días después de asumir el cargo, y por solicitud del CAM, el concejo aprobó reorientar 600.000 dólares “urgentemente” para comprar, de forma directa, equipo para los agentes.
En la votación, los concejales opositores de ARENA señalaron que la seguridad pública era potestad del Gobierno Central, no de las alcaldías y agregaron que la emergencia alegada era inexistente, como puede verificarse en las actas extraordinarias del 27 de mayo, 28 de julio, 7 de octubre y 15 de diciembre de ese año.
Pero los argumentos de los opositores no fueron escuchados. Y Bukele tampoco habló de pagar con ahorros de fiestas nunca celebradas. Más bien el 15 de diciembre decidieron tomarlo del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) que, según su ley, debe servir para construir en los municipios infraestructura pública como carreteras, parques, etcétera, como puede ser verificado en el acta veintidós.
Este caso es similar al documentado por Revista Factum: uno de los amigos o allegados ganó contratos después que el entonces alcalde Bukele ejerció algún tipo de impulso o presión.
Casi dos meses después de la aprobación por parte del concejo, la alcaldía adjudicó la licitación directa a tres empresas: El Lancero, por 153.500 dólares; Compañía Nacional de Ventas de El Salvador (Conavesa), por 189.800 dólares; AMK Trading, por 243.901 para totalizar 587.201 dólares.
Conavesa es propiedad del empresario guatemalteco Guido Roberto Lobo Sandoval, quien había prestado a Bukele 250.000 dólares el 22 de septiembre de 2014. Las condiciones del préstamo fueron las siguientes: un año plazo, interés del 2 por ciento mensual y, al finalizar el tiempo, pago completo de los intereses mensuales y el capital. Como garantía, Bukele ofreció el local, de tres pisos, de la discoteca CODE, ubicado en el centro comercial Galaxi One Place, en San Salvador, según los archivos encontrados en el registro de la propiedad del CNR. La discoteca la había comprado diez años antes Armando Bukele, el padre de los Hermanos Bukele Ortez, y la entregó a Nayib para que la administrara. En total pagó 441.800 dólares.
Más de dos años después, Bukele entregó a su prestamista, bajo el concepto de dación en pago, la discoteca por un costo de 97,000 dólares. Es decir: el valor del inmueble disminuyó 344,800 dólares sin razón aparente. Revista Elementos y CONNECTAS enviaron solicitud de entrevista a Lobo Sandoval y CONAVESA, pero al cierre de la publicación las comunicaciones no habían sido respondidas.
El presidente también perdió, en una situación similar, la primera casa en la que funcionó Obermet que estaba ubicada en la Colonia Flor Blanca, según El Faro, y que también fue herencia de su padre que falleció en diciembre de 2015.
La pérdida de las propiedades heredadas coincide temporalmente con las crisis de las empresas familiares de los Bukele.
Manufacturas Humberto Bukele e Hijos fue la gran matriz de acumulación de dinero de la familia Bukele Ortez. La fundó el 2 de febrero de 1978 el padre de Nayib y, en los años de la Guerra Civil salvadoreña, se convirtió en una de las más destacadas empresas salvadoreñas que exportaban una parte de su producción a Guatemala y Nicaragua.
De acuerdo con los balances comerciales archivados en el registro público, la empresa mantuvo un constante crecimiento de sus ganancias hasta el 2016, un año después del fallecimiento de Armando Bukele. Ese año la compañía declaró pérdidas por 2.8 millones de dólares. En los años siguientes, excepto 2019, ha continuado declarando pérdidas.
Lo que ocurrió con Obermet es similar: en los años 2014 y 2015 declaró utilidades por 175.000 y 171.000 dólares, respectivamente. En 2016 aumentaron a 311.309 dólares. Pero al año siguiente, después de la ruptura de Nayib con el FMLN, las utilidades cayeron a 11.000 dólares.
El patrón que no cesa
Los casos de Conavesa, Gaia y Brand & Image no son casos aislados. Mientras Bukele fue alcalde muchos de sus amigos ganaron contratos públicos por varios miles de dólares, según investigaciones periodísticas. Lo hicieron, por ejemplo, su asesor personal Rogelio Rivas que trabajaba para una empresa que la alcaldía contrató para supervisar obras municipales, de acuerdo con una publicación de El Faro. Otra de las beneficiadas fue la compañía del suegro de Mario Durán quien, además de ser concejal suplente, era uno de los hombres de confianza de Bukele y a quien en sus reiteradas ausencias designaba como alcalde en funciones, según publicó Revista Factum.
Este patrón se ha repetido ahora que Bukele es el presidente. Durante la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus en el año 2020, por ejemplo, el Gobierno contrató a la empresa de Christian Guevara, quien ahora es el jefe de los diputados del partido de Nayib; Koky Aguilar y Gustavo Escalante, exfuncionario el primero y aliado político de Nayib el segundo, vendieron caretas y mascarillas al Ministerio de Salud. Mientras Munir Bendeck, amigo de la familia presidencial, ganó 22.7 millones de dólares por vender al Ministerio de Agricultura paquetes alimenticios, de acuerdo con publicaciones de El Faro.
En paralelo, la opacidad en El Salvador se incrementa bajo su gestión. De acuerdo con el estudio ¿El IAIP en favor de los ciudadanos?, de la oenegé Acción Ciudadana, desde que asumieron los comisionados nombrados por el presidente el IAIP tarda más tiempo en aceptar los recursos y, si pasan a la siguiente etapa, la mayoría son engavetados o resueltos a favor del Gobierno.
“Esto representa un grave riesgo para la prevención y combate de la corrupción porque su labor actual contribuye a la opacidad en el manejo de la cosa pública”, expresó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
En el Informe sobre libertad de prensa y el acceso a la información pública, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) concluyó que entre los años 2020 y 2021 el Gobierno aumentó las reservas de información, estableció criterios antojadizos para limitar el acceso a datos y mantuvo desactualizados los portales de transparencia. Los registros de oferentes, contratistas y contratos; obras en ejecución y ejecutadas; uso del dinero de los préstamos y montos destinados a instituciones privadas fue la información cuyo acceso más obstáculos tuvo.
Mientras tanto, el presidente ha insistido en ver la corrupción en el ojo ajeno y no en el propio.
Siete días después de que anunció que competirá por la reelección, calificó de “corruptos, saqueadores y, algunos de ellos, hasta asesinos” a 21 expresidentes hispanoamericanos que respaldaron una declaración de la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) señalando la ilegalidad y oponiéndose a la intención de Bukele de competir por la reelección.
Sin atender a los señalamientos en su contra ni favorecer a la transparencia de la gestión pública en El Salvador, Bukele insiste en seguir condenando a los otros.
Este reportaje fue realizado por David Ernesto Pérez para Revista Elementos y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
