Félix Ulloa desinformó en materia educativa y en la situación de la prensa. Dijo que, según la prueba PISA recién publicada, El Salvador está al nivel de Alemania y Suecia, pero lo cierto es que quedó unos 100 puntos abajo. Dijo también que el país “pasa a invertir el 8 %” del PIB en educación cuando eso es presupuesto. Sobre la prensa, afirmó que “jamas ha habido una censura” mientras la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reciente asamblea, describe un entorno restrictivo para la prensa, con presiones económicas, acoso digital y exilio. Las diez afirmaciones de esta entrega son falsas o engañosas.
Además de educación y la situación de la prensa, el funcionario destacó el combate a la corrupción en el primer gobierno, sin mencionar que la CICIES, la comisión creada para ello, dejó de operar en 2021 y se desconoce qué pasó con las investigaciones en curso que salpicaban a instituciones del gobierno actual.
Hay aciertos parciales: la inversión educativa es la más alta en términos absolutos, la mejora en ciencias en PISA es real y una encuestadora da al presidente más del 90 % de aprobación. Lo que no se sostiene son las conclusiones que Ulloa saca después.
Esta es la tercera entrega de una serie de cuatro con las que Voz Pública verifica 43 afirmaciones del vicepresidente realizadas en programas dominicanos y uruguayos.
Para esta serie, se revisaron cinco entrevistas, que suman 194 minutos. La primera, concedida en la sede de la Vicepresidencia, en San Salvador, la publicó el canal dominicano LasoTV el 25 de agosto de 2026. Las otras cuatro salieron entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, coincidiendo con su visita a esos países: Revista Mercado Network, en República Dominicana, y, en Uruguay, Esta boca es mía y Desayunos informales (Teledoce) y En Perspectiva (Radiomundo y Océano FM). Las cinco tuvieron un alcance de más de 337,000 reproducciones y más de 9,200 likes en YouTube.
De las 43 afirmaciones verificadas según la metodología de Voz Pública, 32 resultaron falsas o engañosas (74 %), tres cuestionables (7 %), una inchequeable (2 %) y siete (16 %) verdaderas, verdad a medias o imprecisas.
El 23 de octubre de 2026 se solicitó una reacción a la Vicepresidencia a través del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, pero hasta la publicación no obtuvo respuesta.
Félix Ulloa: “Como lo ha dicho él [el presidente] […] anunció que El Salvador pasa a invertir el 8 % del PIB en educación”.
Engañosa
Ulloa dijo que el presidente Bukele anunció que El Salvador pasa a invertir el 8 % del PIB en educación en 2027, pero esa cifra es presupuesto asignado, no gasto. Además, el 6.4 % corresponde al Ministerio de Educación; el resto son fondos asignados a otras instituciones.
El presupuesto para 2027, presentado a la Asamblea el 30 de septiembre de 2026, destina $3,416.3 millones al sector educación, el 8.1% del PIB. Del total, el Ministerio de Educación tiene asignados $2,700.2 millones (6.4%), la medida con la que históricamente se ha calculado el gasto educativo. Los otros $716 millones (1.7 % del PIB) están en manos de una decena de instituciones, como los ministerios de Obras Públicas y Salud, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la Dirección de Integración. No hay un recálculo de años anteriores que permita hacer comparaciones con el presupuesto actual.
Algunas partidas generan dudas sobre si son gasto educativo. Óscar Picardo, educador e investigador académico, cita tres: la construcción del Parque Arbórea en el barrio San Jacinto de San Salvador, por $100 millones, asignada al Ministerio de Educación; el Programa de promoción de oportunidad y emprendimientos, por $6.9 millones, en manos del Ministerio de Economía; y más de $15 millones para el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) para desarrollo deportivo.
Además, el 8 % es presupuesto, lo que se espera invertir, y no gasto ejecutado como da por hecho con “pasa a invertir”. El Ministerio de Educación es una cartera con bajo nivel de ejecución: en 2025, su presupuesto de $1,540.4 millones se amplió a $1,666 millones durante el año, pero ejecutó $1,302.6 millones (78.2 %). Entre 2022 y 2025 dejó de ejecutar en promedio $342.6 millones anuales (21.3 % del presupuesto modificado). De seguir ese patrón, se estima que en 2027 quedarían sin ejecutarse unos $575 millones de los $2,700 millones asignados.
El presupuesto del Ministerio de Educación supera en $1,064 millones (64 %) el aprobado en 2026 y casi triplica los $997.1 millones asignados en el año 2019, el último año del FMLN.
Felix Ulloa: “Para muchos países, llegar al 5%, que era donde históricamente habíamos llegado nosotros, es un logro”.
Falsa
Ulloa dijo que el Gobierno había llegado “históricamente” al 5 % del PIB en educación, pero ni el presupuesto asignado ni el gasto ejecutado alcanzaron esa cifra. La administración Bukele, que es a la que se refiere, es la que más fondos destina a educación desde 2021, pero ningún año llega al monto anunciado.
Qué se compara. Ulloa dice “habíamos llegado” al 5 % (de inversión, de eso venía hablando), y ese porcentaje se mide con el monto realmente gastado, invertido. Por eso, Voz Pública usa el gasto ejecutado por el Ministerio de Educación en un año sobre el PIB a precios corrientes. La inversión ejecutada en el quinquenio de Bukele fue 3.92 %, con un máximo de 4.53 % en 2021 y un mínimo de 3.44 % en 2023.
¿En otros periodos? En el quinquenio de Sánchez Cerén (2014-19) se invirtió en promedio $258 millones menos anuales y la inversión fue 3.8 % en relación con el PIB. Un porcentaje similar (3.81 %) arrojó el periodo de Mauricio Funes (2009-14) y algo inferior resultó la inversión en educación en la administración de Antonio Saca, con un promedio de 3.5 % del PIB en el periodo 2004-09.
Pero incluso con la variable del presupuesto aprobado, la relación con el PIB tampoco llega a esa meta. Desde 2005 y hasta la llegada de Bukele, varió entre 3.1 % en 2007 y 4 % en 2009. El presupuesto aumentó a partir de 2020, con el techo en 2022 (4.6 %).
Esta administración ha gastado más que las anteriores en términos absolutos, según el Ministerio de Hacienda, pero tampoco ha llegado al 5% ni un solo año, contrario a lo que Ulloa afirma.
Félix Ulloa: “Resultado de eso es que [en] la prueba PISA, que acaba de ser publicada, El Salvador está a niveles de Suecia y de Alemania”.
Engañosa
Ulloa dijo que, según la prueba PISA recién publicada, El Salvador está al nivel de Suecia y Alemania. Pero en PISA 2025, la prueba internacional publicada el 8 de septiembre, el país obtuvo entre 346 a 385 puntos, unos cien menos que esos países (464 y 486). La comparación a la que hace alusión el vicepresidente salió de un piloto en 171 escuelas, que Ulloa no menciona.
Dos pruebas con nombre parecido. El 5 de septiembre, el presidente Bukele difundió los resultados del piloto en X. Tres días después se publicaron los de PISA 2025. Esta compara resultados nacionales entre países; en cambio, la piloto PISA para Centros Educativos (PISA for Schools) está diseñada, según la OCDE, para dar información a educadores y directores de cada escuela. Ambas miden lectura, matemáticas y ciencias en jóvenes de 15 años.
Los resultados de PISA 2025:
En PISA 2025, El Salvador mejoró de forma significativa en ciencias (+12) y se mantuvo prácticamente igual en lectura y matemáticas. Alemania registró sus peores resultados; la Deutsche Welle, cadena pública alemana, habló de “una debacle”. Aún así, la diferencia con El Salvador es de unos cien puntos o más en las tres áreas. Suecia tuvo puntuaciones similares. La prueba incluyó a 7,073 estudiantes de 278 centros, representativos de unos 77,000 jóvenes.
El piloto evaluó a 1,198 jóvenes de 171 escuelas, unos siete por centro. El Banco Mundial reconoció que se trata de una muestra no representativa del sistema educativo. Bukele comparó esos resultados con los promedios de Suecia y Alemania en PISA 2022, porque los de 2025 aún no se habían publicado.
Los resultados del piloto fueron 494 en lectura, 462 en ciencia y 417 en matemáticas (457.7 en promedio). En PISA 2022, Alemania promedió 482.3 puntos y Suecia, 487.7 puntos. El Salvador superó a ambos solo en lectura; en matemáticas y ciencia quedó por debajo y, en promedio, entre 25 y 30 puntos menos.
La ministra de Educación dijo que las escuelas se eligieron por estructura y conectividad, no por desempeño previo. Dos especialistas, que por motivos de seguridad no quieren ser identificados, dijeron a Voz Pública que los estudiantes de la prueba piloto habrían sido escogidos y preparados durante meses.
Lo que dijo Ulloa. El vicepresidente no menciona el piloto en la entrevista, pero su afirmación coincide con la comparación que hizo Bukele en X. Si se refería al piloto, habla de una muestra sin representatividad nacional; si se refería a PISA 2025, la diferencia con Suecia y Alemania es de unos cien puntos. En ninguno de los dos casos, como se detalla antes, El Salvador está “al nivel” de esos países.
Félix Ulloa: “Era el partido (FMLN) que expulsó a Bukele porque Bukele empezó a criticar la corrupción dentro de su partido. Ahí puedes ir midiendo de qué estamos hablando, cuál fue la herencia que recibimos cuando llegamos en 2019”.
Engañosa
Ulloa dijo que el FMLN expulsó a Bukele por criticar la corrupción del partido, pero el proceso disciplinario que terminó en su expulsión, el 10 de octubre de 2017, se originó en la agresión que se le atribuyó contra la síndica Xóchitl Marchelli.
El Tribunal de Ética del FMLN abrió el proceso disciplinario tras la agresión que el entonces alcalde de San Salvador habría cometido en una reunión del concejo. Marchelli relató que Bukele la insultó y le lanzó una manzana. “Sos una maldita traidora ‘¡Bruja!’ Y me tiró una manzana que se la obsequió don Jaime Hill… Si no me aparto me cae en el rostro”, dijo entonces. La expulsión del partido se resolvió el 10 de octubre de 2017. En entrevistas posteriores, Bukele agradeció a Dios por esa expulsión.
Las discrepancias con la cúpula del partido comenzaron al menos en 2016, y se centraban en el rumbo en la seguridad pública y economía. Puntualmente criticó aspectos como impuesto del 5 % a las telecomunicaciones y la falta de combate a la evasión fiscal.
Esas críticas vinculadas con la corrupción, como dijo Ulloa, fueron más evidentes con la entrada en campaña electoral, como se observa en su discurso en la UES el 16 de noviembre de 2018 y el conversatorio en la UCA en ese mismo mes.
Félix Ulloa: “El ejercicio natural del poder te desgasta y los presidentes siempre terminan con un porcentaje de aprobación bajo”.
Falsa
Ulloa afirmó que los presidentes siempre terminan sus mandatos con baja aprobación, pero Antonio Saca y Mauricio Funes, dos de los tres mandatarios anteriores a Bukele, dejaron el cargo con el 60 % y 74.9 % de aprobación.
Según LPG Datos, Mauricio Funes terminó en 2014 con una aprobación del 74.9 %, la más alta de su gestión. Antonio Saca salió en 2009 del gobierno con el 60 %, su mejor nivel en los últimos tres años. En cambio, Sánchez Cerén cerró en 2019 con el 36 % un quinquenio cuyo mejor resultado había sido 45.3 % en 2015.
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA midió la opinión de la ciudadanía sobre los cinco años de gestión al final de cada gobierno. En una escala de 0 a 10, Sánchez Cerén tuvo una calificación de 4.38 en mayo de 2019, la más baja de su gestión; Funes, 6.59 en mayo de 2014, y Saca 5.85 al cierre de su mandato, la mejor de sus últimos tres años.
Félix Ulloa: “A estas alturas, ya cuando se va a presentar a su tercer mandato, [Bukele] esté arriba del 90% de aprobación en las encuestas en El Salvador”.
Engañosa
Ulloa dijo que Bukele va a su tercer mandato con más del 90 % de aprobación en las encuestas, pero solo CID Gallup lo ubica por encima (94 % en marzo de 2026 y 92 % el 14 de octubre). Otras mediciones dan entre 66 % y 88 %.
LPG Datos, de La Prensa Gráfica, dio 85.5 % en junio y la encuestadora regional CB Global Data otorgó un 66.2 % de aprobación en septiembre de 2026 y un 68.3 % en octubre,
A inicios de octubre se difundió un ranking de Mitofsky con una aprobación del 90 %; según Diario El Mundo, en El Salvador la encuesta la hizo TResearch International y no detalla muestra, margen de error ni pregunta.
Ulloa cita la medición más alta e ignora las demás.
Dos encuestas más midieron su desempeño y la confianza de la gente. Para IUDOP de la UCA. el 87.8 % calificó su trabajo como muy bueno o bueno, y puso una nota de 8.24 puntos en mayo de 2026. Según el Latinobarómetro 2026, el 78 % de los salvadoreños tenía mucha o alguna confianza en el presidente en su publicación de inicios de octubre.
Félix Ulloa: “No tenemos problemas con la prensa, tenemos problemas con estos periodistas que se han autoexiliado porque contra ninguno de ellos hay ninguna causa, no se ha procesado, no hay ningún juicio, a pesar de que en el caso de Óscar Martínez y de su hermano habría, en este momento, las condiciones para procesarlos, porque el caso de uno de los dos hermanos vivió un año con una pandilla […]».
Engañosa
Ulloa dijo que el Gobierno no tiene problemas con la prensa en general sino con periodistas “autoexiliados” contra quienes no hay causa judicial alguna, pero omite que, según la APES, 53 periodistas se han visto obligados a salir del país por hostigamiento y alertas de posibles órdenes de captura en algunos casos.
Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), recuerda que siete periodistas de El Faro salieron de urgencia al recibir alertas de posibles órdenes de captura. Cuando consultaron a la Fiscalía si había expedientes contra ellos, nunca recibieron respuesta.
Ulloa menciona que habría condiciones para procesar a los hermanos Óscar y Juan José Martínez por su trabajo lo que choca con su afirmación de que no hay problemas con la prensa. Juan José es un antropólogo que pasó un año con la MS-13 con fines de investigación y fruto de ese trabajo publicó un libro en 2015. Lleva estudiado las pandillas desde 2008.
Un ejemplo de la captura de un periodista es Víctor Barahona, detenido en junio de 2022 por “agrupaciones ilícitas” y liberado hasta mayo de 2023. “Tras su liberación quedó claro que el régimen de excepción podía alcanzar a cualquier periodista crítico”, asegura Arauz.
En su informe durante la 82ª Asamblea General, celebrada el 24 y 25 de octubre de 2026, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) subraya que el ejercicio periodístico en El Salvador se desarrolla en un entorno restrictivo, marcado por la criminalización, las limitaciones al acceso a la información pública, las presiones económicas y legales, el acoso digital y el exilio.
Félix Ulloa: “Y la prensa en El Salvador es una prensa libre que nos critica. Los periódicos más importantes están allá. Jamás ha habido una censura. Los medios, que son críticos en la televisión, en la radio funcionan, pero no estaban asociados a la maras. El problema de ellos era que el negocio de ellos era trabajar con la mara.
Falsa
Ulloa afirmó que la prensa salvadoreña es libre y que nunca ha habido censura, pero Reporteros Sin Fronteras ubica al país en el puesto 146 de 180, frente al 74 en 2020, y la APES registra que 53 periodistas se han visto obligados a dejar del país.
En su informe de 2026, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) califica la situación de la prensa de “muy grave” y señala que el desplazamiento y el exilio de periodistas y redacciones se ha consolidado como salida forzada. Desde la APES, Sergio Arauz lo resume así: “Es un país donde informar con independencia obliga a elegir entre el silencio y el exilio”. Algo así, recalca, no ocurría desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Qué es censura. Ulloa dice que “jamás ha habido una censura”, entendiéndola como un control directo previo. Pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que El Salvador es parte, prohíbe también las restricciones indirectas a la libertad de expresión (artículo 13.3) y es ahí donde organizaciones como la APES ubican el problema. “Hoy la censura no opera con la cárcel sino con el exilio forzado”, advierte Sergio Arauz.
Cómo opera, según la APES y otras organizaciones:
Exilio forzado. 53 periodistas han salido del país por hostigamiento e intimidación, en su mayoría a mediados de 2025 y, en algunos casos, por alertas de posibles órdenes de captura, como sucedió con siete periodistas de El Faro.
Agresiones y campañas de desprestigio. El centro de monitoreo de la APES registró 210 agresiones contra la prensa, en gran medida en entornos digitales entre enero y el 15 de julio de 2026. El Estado fue responsable directo de una parte de los ataques, bien directamente o a través de una red paraestatal de influenciadores.
Presión económica. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en mayo de 2025, impone un impuesto del 30 % a los fondos del exterior que reciben medios independientes y organizaciones. Obligó a la APES a cerrar su sede y trasladar su personería jurídica por primera vez en sus 90 años, según Arauz. Human Rights Watch señala la ley como una amenaza para la sociedad civil y los medios.
Autocensura. El régimen de excepción genera autocensura, sobre todo entre periodistas comunitarios que aseguran sienten temor de ser capturados por hacer su trabajo o colaborar con medios no están alineados al Gobierno, según la publicación de la Revista GatoEncerrado.
Acceso a información pública. Hay ocultamiento de información oficiosa y reserva de información pública, como registra Acción Ciudadana en sus informes de monitoreo de transparencia periódicos. El informe Transparencia Activa 2026, publicado en mayo, revela que las instituciones publican en promedio el 42 % de la información a la que están obligados por ley. Otro tanto sucede con los principales proyectos de infraestructura a los que la organización da seguimiento y donde se niega la información en la mayoría de ellos.
El deterioro no es nuevo. Pedro Vaca, ex relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, ya advertía en agosto de 2021, en una entrevista a este medio: “El año 2021 pasará a la historia como un año trascendente y regresivo para las garantías de la libertad de expresión en El Salvador”.
Félix Ulloa: “Este señor, Roberto Valencia, dijo en una entrevista en Madrid, en Casa América, cuando estaba presentando uno de esos libros, que él le había llevado un mensaje de un marero, de un cabecilla de la mara, a la jueza que lo estaba juzgando”.
Engañosa
Ulloa acusó al periodista Roberto Valencia de haber dicho en Madrid que llevó un mensaje de un cabecilla de la MS-13 a la jueza que lo juzgaba. Valencia sí habló de “favores” que debía hacer llegar a una jueza, pero el hombre al que entrevistó no era cabecilla, había dejado la pandilla 13 años antes y ella no ejercía como jueza desde hacía más de tres años.
Lo que dijo Valencia. En la presentación de su libro Carta desde Zacatraz, en Casa de América, en Madrid (5 de noviembre de 2018), Valencia habló de Gustavo Adolfo Parada, alias “El Directo”, y dijo lo siguiente: “Facilitó el contacto con la que era su esposa, que me pidió algunos favores, que tenía que hacer llegar a una de las juezas”.
Por qué es engañosa. Es cierto lo básico, el asunto de los favores, pero Ulloa lo presenta como un mensaje de un cabecilla de la MS-13 a la jueza que lo juzgaba, y eso es falso. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012, cuando Valencia entrevistó a “El Directo” para su libro en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como Zacatraz.
Para entonces:
- “El Directo” ya no era cabecilla ni miembro de la MS-13. Según Valencia, había dejado la pandilla 13 años antes. La pandilla lo condenó a muerte a mediados de 1999 y atentó contra su vida en varias ocasiones.
- La jueza ya no ejercía. Con la jueza, se refiere a Aída Santos, que tuvo bajo su supervisión a “El Directo” en los años noventa, cuando era menor de edad. Santos de Escobar dejó la judicatura en junio de 2009, más de tres años antes de la entrevista, para sumarse al gobierno de Mauricio Funes en tareas de prevención de la violencia. En 2012 era embajadora de El Salvador en Italia.
La respuesta de Valencia. El domingo 11 de octubre, en su programa de YouTube Crónicas guanacas, el periodista explicó que llama “jueza” a Santos porque así se llama el personaje de su libro: “Es imposible que yo enviara mensajes a una jueza si la persona a la que me estoy refiriendo no era jueza aunque yo la llame jueza, porque así se llama el personaje de mi libro, jueza Aida Santos, y estoy presentando mi libro, entienden por qué la llamo jueza”.
Añadió que no era verosímil llevar un mensaje secreto con dos custodios presentes y el entrevistado esposado de pies y manos, como se hacían esas entrevistas. Sobre el contenido del favor, recuerda que “El Directo” estaba preocupado por sus hijos, de unos seis y ocho años, y le preguntó si había manera de llevarlos a ellos y a su esposa a Italia. No está seguro, añade, si finalmente trasladó esa petición a la embajadora.
Una acusación que se repite. La primera vez que hizo esta acusación al periodista fue a mediados de 2022, en una entrevista con el canal francés France 24. En respuesta, Valencia publicó una columna de opinión en The Washington Post, donde escribió: “Asegurar que cuando lo entrevisté, en septiembre de 2012, aún era un líder de la MS-13, es ridículo”.
Por qué importa. La acusación es grave en El Salvador. Desde la reforma del artículo 345 del Código Penal, publicada el 30 de marzo de 2022 en el Diario Oficial, quienes “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan” la conformación o permanencia de una pandilla enfrentan penas de 20 a 30 años de prisión.
Félix Ulloa: “Había que atender el problema urgente, ingente e inmediato […] que era el tema de la seguridad y, paralelamente, el tema de la corrupción, los temas que fueron abordados en el primer gobierno».
Engañosa
Ulloa dijo que el primer gobierno abordó la corrupción en paralelo con la seguridad, pero la comisión creada para combatirla, la CICIES, dejó de operar en junio de 2021 y diversas organizaciones de transparencia denuncian el debilitamiento de las instituciones que luchan contra la corrupción.
La CICIES, principal promesa de campaña en esta materia, cesó su labor en junio de 2021. Instituciones del Estado comenzaron la hostilidad contra ella meses atrás al identificar posibles casos de corrupción en el Ministerio de Salud por compras en la pandemia. La propia PNC obstruyó las diligencias de la Fiscalía en un allanamiento. En abril de 2021, el comisionado de la CICIES informó de 12 avisos de posibles delitos de corrupción en cinco entidades del Estado.
El gobierno dijo que rompió el acuerdo con la OEA, cofundador y administrador de la comisión, después de que contratase a Ernesto Muyshondt, exalcalde capitalino con procesos judiciales abiertos, y la acusó de promover la impunidad. La OEA negó haberlo hecho en un comunicado.
En mayo de 2021, la nueva Asamblea de mayoría de Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. En diciembre, siete organizaciones de transparencia (Consorcio por la Transparencia, Acción Ciudadana, Cristosal, ICEFI, IIDC sección El Salvador, UCA) advirtieron un rápido deterioro del compromiso y la capacidad del gobierno para combatir la corrupción y esgrimieron cinco razones: la destitución ilegítima de magistrados y fiscal, los ataques a la independencia judicial, el control de las instituciones de transparencia, el cierre anticipado de la CICIES y la inacción ante denuncias de corrupción del gobierno.
Transparencia Internacional (TI)l, referencia global en la medición de la corrupción en el sector público, ubicó al país en el puesto 120 de 180 en 2025 con 32 puntos sobre 100 (cero es muy corrupto). Mejoró dos puntos respecto al informe anterior, pero está lejos de los 35 de 2018, el año previo a Bukele. TI critica que las restricciones a la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión del gobierno. El índice de TI no realiza encuestas, sino que reúne datos de 13 fuentes, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Funde, su representación local, identificó entonces acciones puntuales que siguen siendo válidas en la actualidad: independencia de las instituciones de control, acceso a la información pública y más transparencia en las compras públicas.
