El vicepresidente Félix Ulloa tiende a agrandar el pasado y a embellecer el presente del modelo Bukele. Habló de una epidemia de viruela en los penales que nunca existió, de 150 presos muertos al año cuando las cifras oficiales disponibles promedian 88 y de una Inglaterra que pide copiar el modelo carcelario, cuando en realidad es un partido opositor que propuso alquilar celdas. Ocho de diez afirmaciones sobre seguridad son falsas o engañosas. Esta es la primera de cuatro entregas en las que se verifican 43 aseveraciones de temáticas variadas como economía, educación y derechos humanos.
Félix Ulloa es, en la práctica, el canciller del modelo Bukele. Da entrevistas a medios extranjeros y viaja para explicar cómo El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a presentarse como más seguro que Canadá.
Los homicidios son su mejor argumento, pero no siempre acierta. Para decir que El Salvador es más seguro que Canadá citó una tasa canadiense de 2.5 y una salvadoreña de 1.6; los datos oficiales dan 1.61 y 1.36, respectivamente. Con cifras oficiales, El Salvador queda por debajo, aunque esos registros no siguen el Protocolo de Bogotá. Su única afirmación verdadera es que, en los gobiernos del FMLN, hubo más de 41,000 homicidios.
En otros terrenos, los números se descuadran. Dijo que habían devuelto 3,500 casas en el reparto La Campanera de Soyapango cuando fueron 900. De los reos que salen a trabajar, aseguró que solo uno se había escapado, cuando hubo al menos cinco en tres episodios.
Para esta serie, Voz Pública revisó cinco entrevistas con el vicepresidente, que suman 194 minutos, en otros tantos programas de República Dominicana y Uruguay. La primera, concedida en la sede de la Vicepresidencia, en San Salvador, la publicó el canal dominicano LasoTV el 25 de agosto de 2026. Las otras cuatro salieron entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, coincidiendo con su visita a esos países: Revista Mercado Network, en República Dominicana, y, en Uruguay, Esta boca es mía y Desayunos informales (Teledoce) y En Perspectiva (Radiomundo y Océano FM). Las cinco tuvieron un alcance de más de 337,000 reproducciones y 9,200 likes en YouTube.
Se verificaron 43 afirmaciones según la metodología de Voz Pública: 32 resultaron falsas o engañosas (74 %), tres cuestionables (7 %), una inchequeable (2 %) y siete (16 %) verdaderas, verdad a medias o imprecisas.
El 23 de octubre, se solicitó una reacción a la Vicepresidencia a través del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, pero no obtuvo respuesta.
Félix Ulloa: “Es más, un año me decía él [el director de Centros Penales] [que] hubieron más de 500 muertos ese año porque hubo una epidemia de viruela. Estamos hablando ahí por 2000 y algo”.
Falsa
Ulloa afirmó que, hacia el año 2000 y algo, murieron más de 500 reos en un año por una epidemia de viruela, pero la OMS declaró erradicada esa enfermedad el 8 de mayo de1980 y no se conoce registro de una mortandad así en centros penales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró su erradicación el 8 de mayo de 1980. “El mundo y todos sus habitantes se han liberado de la viruela”, se anunció. El último brote de ese virus en El Salvador fue en 1935, según el registro histórico del Ministerio de Salud.
El dato oficial de muertes disponible abarca el periodo de 2013 a 2018 y revela que murieron 527 reos en los centros penales: el 77 % (405) por distintas enfermedades y el 23 % (122) por violencia. El promedio anual fue de 88.
El exprocurador David Morales no recuerda una mortandad así en sus años en la PDDH, incluido el periodo 2013-16 en que la dirigió. “Es un intento de instrumentalizar el dato que plantean las organizaciones de derechos humanos sobre muertes en el contexto del régimen de excepción”, asegura Morales, hoy director de Litigio Estratégico de Cristosal.
No debe confundirse con la viruela símica, una enfermedad viral diferente pero con un parecido por las erupciones cutáneas. Salud confirmó el primer caso en el país el 30 de agosto de 2022. La mayoría de infectados por la viruela del mono se recupera con cuidados de soporte. En cambio, la viruela humana mataba a tres de cada diez enfermos.
Lo que sí se reportan con frecuencia en los penales son brotes de tuberculosis como en 2017 cuando se registraron más de 1,300 casos o en 2025 con cerca de 1,500 enfermos, según datos del Ministerio de Salud.
Félix Ulloa: “En un solo barrio, que se llama La Campanera, las pandillas le habían quitado la casa a más de 3,500 personas […] Nosotros hemos devuelto 3,500 [casas] solo en La Campanera, que es uno de los barrios más populosos”.
Falsa
Ulloa dijo que el Gobierno ha devuelto 3,500 viviendas en La Campanera, casi cuatro veces las 900 casas recuperadas que ha informado la ministra de Vivienda. Las viviendas recuperadas se cuentan por unidades, no por personas afectadas, según los informes del Viceministerio de Vivienda.
Sobre el reparto La Campanera, que se encuentra en el distrito de Soyapango, la ministra Michelle Sol ha informado en varias ocasiones que las casas recuperadas y entregadas fueron 900 de un universo de 2,000 viviendas que hay en esa comunidad.
Félix Ulloa: “Cuando llegamos, la Asamblea Legislativa estaba controlada por […] Arena y el FMLN, que cada uno negociaba con las pandillas […] Necesitábamos un préstamo del BCIE, que ya lo había aprobado el gobierno, 109 millones pero no lo ratificó el congreso, porque no le interesa darle los recursos al Estado para defender al pueblo de las pandillas”.
Engañosa
Ulloa dijo que ARENA y FMLN negociaban con pandillas y que la Asamblea no ratificó un préstamo del BCIE por $109 millones porque no les interesaba defender al pueblo. Hay antecedentes de negociaciones de ambos partidos, pero omite que a inicios de 2020 quien mantenía tratos con ellas era el gobierno de Bukele, como documentó El Faro, y que la oposición se negó a ratificar el préstamo por falta de información sobre el destino de los fondos.
Las conversaciones de ambos partidos políticos con las pandillas se remontan a 2014, según El Faro, medio que también documentó que en el tiempo que se discutía el préstamo en la Asamblea era el gobierno de Bukele quien trataba con ellas. Ese pacto se rompió con el asesinato de 87 personas el último fin de semana de marzo de 2022, hecho que dio origen al régimen de excepción vigente en la actualidad.
En octubre de 2019, la Asamblea autorizó al Ejecutivo a negociar con el banco. Concluido ese proceso, el procedimiento exige que vuelva a la Asamblea para su ratificación. Los partidos de oposición se negaron a dar sus votos porque desde el gobierno se negó a brindar la información solicitada sobre las inversiones en equipo y tecnología para la PNC y la Fuerza Armada. Así lo considera Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien aseguró que de haber explicado el gobierno con mayor detalle “a la oposición no le hubiese quedado otra opción que aprobarlo”.
El desencuentro llevó al presidente a irrumpir en el Salón Azul con policías y militares el 9 de febrero de 2020, lo que provocó condenas nacionales e internacionales. El préstamo se ratificó el 6 de junio de 2021, con mayoría de Nuevas Ideas en la Asamblea. Sin embargo, el primer desembolso llegó hasta noviembre de 2024 y cumplido un año se habían entregado $21.4 millones a las instituciones de seguridad.
Félix Ulloa: “En los dos gobiernos que nos precedieron de 2009 a 2019, que gobernó el FMLN, solo en esa década hubo más de 41,000 asesinatos […]. En agosto de 2015, más de 30 muertos cada día, más de 900 en ese mes”.
Verdadera
Ulloa afirmó que durante los gobiernos del FMLN hubo más de 41,000 homicidios y que en agosto murieron más de 900 personas. Los datos lo respaldan aunque el promedio de ese mes fue 29.6, ligeramente por debajo de los 30 que menciona.
Los homicidios sumaron 41,012 en el periodo de enero de 2009 a diciembre de 2018, según la PNC. El pico más alto fue en 2015 con 6,656 muertes violentas. Agosto de ese año cerró con 918 y el día más sangriento fue el 27, con 51.
Félix Ulloa: “En Inglaterra han pedido también que se establezcan modelos carcelarios como el que tenemos nosotros”.
Engañosa
Ulloa dijo que en Inglaterra han pedido un modelo carcelario similar al salvadoreño, pero lo que planteó Nigel Farage, lider de Reform UK, un partido de derecha populista, fue alquilar plazas en prisiones de otros países, entre ellos El Salvador, para trasladar a los reos condenados extranjeros. Es algo distinto a copiar el modelo carcelario.
El Partido Laborista, hoy en el poder, rechazó la propuesta anunciada el 10 de agosto de 2026. En declaraciones retomadas por la BBC, dijo que no es un “plan penitenciario serio”. “Nigel Farage sabe perfectamente que alquilar plazas penitenciarias en el extranjero requeriría años de gestiones y no contribuye en nada a abordar las presiones a las que nos enfrentamos actualmente”, respondió el partido en ese mes de agosto.
La población reclusa en Inglaterra y Gales era 86,495 al 3 de agosto de 2026, lo que significaba el 97 % de la capacidad disponible. Una realidad que contrasta con el hacinamiento en el sistema penitenciario salvadoreño.
Félix Ulloa: “Porque cuando te doy estadística y te digo más seguro [es] porque antes esa cifra la tenía Canadá. Canadá tenía 2.5 asesinados por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 1.6 por cada 100,000. Eso es lo que nos da la certeza”.
Falsa
Ulloa aseguró que Canadá tenía una tasa de 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y El Salvador de 1.6, pero ninguna cifra coincide con los datos oficiales: Canadá registró 1.61 en 2025 y El Salvador, 1.36.
Canadá tuvo 672 homicidios el año pasado, 125 menos que en 2024, y una tasa de 1.61 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se trata además de la tasa más baja desde 2014. Ese país mantiene una tasa de homicidios en torno a 2 o menos en las últimas décadas. Para encontrar un valor de 2.5 homicidios, como el que menciona Ulloa, hay que remontarse al año 1992, cuando fue de 2.59 homicidios por 100,000 habitantes.
El Salvador registró 82 homicidios en 2025, una tasa de 1.36 homicidios por 100,000 habitantes. Con las cifras oficiales, está por debajo de Canadá, pero Ulloa se equivoca en ambas.
El Salvador no sigue los criterios técnicos del Protocolo de Bogotá, el estandar en la región para registrar los asesinatos, según Insight Crime, organización especializada en crimen organizado. Entre los homicidios que no se incluyen en las estadísticas están las muertes con signos de violencia en los penales, osamentas de seis meses o más halladas en predios baldíos, supuestos delincuentes muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden y otros que se clasifican como “sobre averiguar”.
Entrevistadora: “¿qué nivel de reincidencia tienen [los reclusos]?”
Félix Ulloa: “Pues no te lo sabría decir. Pero lo que sí sé es que de todos los reos que sacamos a trabajar, que es un programa tiene ya varios años, solo uno se ha escapado, o sea, todos salen, trabajan y regresan al penal”.
Falsa
Ulloa afirmó que, de todos los reos que salen a trabajar, solo uno se ha escapado, pero hay al menos cinco fugas confirmadas en tres episodios entre 2022 y 2025, y tres más publicadas en redes sociales que este medio no pudo confirmar por otro medio.
Dos reos que construían una escuela en Chalchuapa, Santa Ana, se fugaron julio de 2025, según La Prensa Gráfica. Otro más, que trabajaba en el megapenal de San Vicente, se escapó en diciembre de 2022, también según ese matutino. Voz Pública conoció además la fuga de dos reos en 2025 que trabajaban en las obras del hospital de Nejapa, gracias a testimonios de vecinos que se alertaron por el operativo de búsqueda.
Publicaciones en Facebook de Noticias El Salvador sv, Opico noticas de última hora y Cruda realidad de El Salvador reportaron otros tres casos en Suchitoto (noviembre de 2025), Usulután (agosto de 2026) y San Salvador (septiembre de 2026), todos reos en fase de confianza y dos en jornadas de trabajo. Este medio no pudo confirmarlos por otras vías y no los incluye en el recuento.
Félix Ulloa: “[Según] el récord histórico de antes del régimen de excepción, morían entre 150 personas por año en el sistema penitenciario. Ahora denuncian que en el régimen de excepción que tiene cuatro años han muerto, creo que 542. No solo está dentro sino bajo el estándar de muerte que se ha dado todo el tiempo”.
Engañosa
Ulloa comparó las 542 muertes de reos en cuatro años de régimen con un récord previo de 150 al año. La primera cifra no es oficial y está desactualizada. La segunda es dudosa, la base real es 88 anuales en promedio en el periodo de 2013 a 2018. No es correcto comparar cifras oficiales con otras que son conteos parciales de casos como parte del trabajo de una ong.
Los datos oficiales de 2013 a 2018 registran un máximo de 187 muertos en 2017 y un mínimo de 65 en 2013. El conteo de muertos en el régimen lo hace Socorro Jurídico Humanitario (SJH), a partir de búsquedas en internet, validadas después con familiares y confirmadas por un equipo de abogados y un criminólogo. Al 10 de octubre de 2026 contabilizada 575, más que los 542 que dijo Ulloa. Este dato debe entenderse como un piso, una base, no un total.
Rafael López Castellón es uno de esos muertos. Natural de Jucuapa, en Usulután Norte, este molinero de oficio tenía 53 años y padecía insuficiencia renal y cardiaca crónica cuando se lo llevaron de su casa, el 8 de abril de 2022, a la una de la tarde. Uno entre los más de 65,000 capturados en el primer año del régimen de excepción. Como a tantos, lo acusaron de pertenecer a pandillas, pese a una vida de sacrificios y haber sido víctima de extorsión por esos grupos criminales. Estando detenido le negaron su tratamiento médico, estuvo en aislamiento y sufrió agresiones de los custodios. Falleció en un hospital el 1 de junio de 2022 y, en vez de entregar su cuerpo a la familia, pasó semanas en la morgue hasta que fue enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja de San Salvador. Su hermano Pedro se enteró de su muerte de casualidad, cuando fue a realizar el trámite de antecedentes penales y le dieron la noticia. Lo identificó en unos álbumes de muertos no reclamados en las instalaciones forenses. Con una orden de exhumación, la familia recuperó el cuerpo de Rafael el 18 de septiembre y lo devolvió a su natal Jucuapa. Pedro López brindó este testimonio el 26 de octubre en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Panamá. El tema principal era la situación de los privados de libertad en el marco del régimen de excepción. El Estado no estuvo presente.
La directora Ingrid Escobar advierte que los fallecidos en centros penales son muchos más. “Damos seguimiento a los juicios masivos en los casos donde somos parte procesal. Hay veces que de 100 en un juicio, 10, 15 personas no están presentes”, afirma la abogada.
Centros Penales mantiene en reserva la información del sistema penitenciario desde 2022 por lo que no hay cifra oficial para contrastar.
Félix Ulloa: “Pedí el histórico al director de centros penales de cuántas personas morían en El Salvador antes del régimen de excepción y el promedio era entre 140, 150 personas que fallecían cada año en el sistema penitenciario. La gente se muere, se muere en los hospitales, en las cárceles, se mueven en todos lados […]”.
Falsa
Ulloa dijo que antes del régimen de excepción morían en promedio entre 140 y 150 reos al año, pero los datos oficiales disponibles, de 2013 a 2018, muestran un promedio de 88. Este periodo incluye años como 2015 y 2016 que registraron las tasas de homicidios más altas de las últimas décadas.
El dato oficial de muertes entre 2013 y 2018 suma 527 reos: 405 por enfermedades y 122 por violencia. El año más trágico fue 2017 con 187 fallecidos y el menos 2013, con 65. La tasa osciló entre 1.8 muertes por cada 1,000 reos en 2013 y 4.4 en 2017. Esta información se obtuvo de solicitudes de información resueltas y subidas al portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales. No hay datos públicos de 2019 a 2021.
Esta información pública, que antes estaba disponible en el sitio web de la institución o podía ser solicitada a las autoridades, se mantiene bajo reserva desde enero de 2022.
Entrevistador: “[…] hay como consecuencia una alta tasa de prisionización en El Salvador, 1,660 personas por cada 100,000 habitantes. El triple de la tasa que tenemos en Uruguay. ¿Qué dice usted de este componente?
Félix Ulloa: “Bueno, si haces comparaciones todo es relativo porque ustedes tienen la mitad de la población nuestra, son tres millones, nosotros tenemos seis millones solo en el territorio nacional. Pero bueno, aparte de […]”.
Entrevistador: “No, yo me refería a la tasa cada 100,000 habitantes, ¿no?”.
Félix Ulloa: “Sí. No, por supuesto, pero no es lo mismo cada 100,000 habitantes en un país superpoblado con una densidad de población enorme que en un país que tiene una población con un territorio mucho más amplio” .
Cuestionable
Ulloa sostuvo que comparar la tasa de encarcelamiento con la de Uruguay es relativo por las diferencias de población y densidad; los datos que cita son ciertos, pero la tasa por 100,000 habitantes ya corrige el sesgo del tamaño poblacional.
Al comparar las tasas de población salvadoreña de 1,659 y la uruguaya de 424 se hace en igualdad de condiciones. Que Uruguay tenga la mitad de población no cambia esa proporción. El entrevistador lo señaló y Ulloa insistió en el punto de la densidad.
La tasa salvadoreña es casi cuatro veces la uruguaya y no tres como dijo el entrevistador. Ambas son correctas para 2024, según el World Prison Brief y el World Prison Population List.
La densidad de población de El Salvador es mucho mayor, pero también es cierto que el 53% de los uruguayos vive en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, que apenas representan el 5% del territorio, es decir, unos 8,800 kilómetros cuadrados.
