Estos son los asuntos que deberían discutirse en la campaña electoral.
Muchos problemas siguen como siempre o están peor.
En economía
Siete de cada 10 salvadoreños encuestados dicen que la economía está mal. Y con razón: los sueldos no alcanzan para la comida, las medicinas, el transporte ni el alquiler. Si no fuera por esos donativos que llamamos remesas, quién sabe. En El Salvador de 2026, las juventudes no pueden soñar con una casa propia.
La economía está bien para los grandes empresarios, los constructores, los grandes almacenes que venden artículos comprados en el exterior, los banqueros, las AFP. Esa es la macroeconomía: la de los grandes. Pero mientras el costo de la vida ronda los $538, ocho de cada 10 empleados apenas ganan $435 y las mujeres, menos: solo $373. Los despidos están a la orden del día mientras los jóvenes no encuentran empleo. Esta es la microeconomía, la de la mayoría pobre de la población. Por eso cada día crece más la brecha entre ricos y pobres.
El Gobierno ya debe a los trabajadores $11,714 millones tomados del fondo privado de pensiones, es decir, del dinero que se descuenta a los empleados para su jubilación. Además, con la reforma de pensiones, desde el año 2023, el Gobierno no abona el pago de la deuda ni paga intereses por ese dinero.
En seguridad
Se sabe que hay al menos 93,000 hombres y mujeres en prisión: personas hambrientas, enfermas y, muchas otras, torturadas. Se calcula que alrededor de 30,000 son inocentes y hay constancia de que más de 450 han muerto en prisión. 8,000 personas liberadas son todo lo que reconoce el Gobierno. Ahora, como el Estado no puede juzgar a esas miles de personas respetando el debido proceso contemplado en la Constitución y la Declaración Americana de Derechos Humanos, ha armado juicios virtuales masivos burlándose del Estado de derecho. Así funciona el régimen. El combate al crimen debe hacerse con inteligencia policial, no con un régimen de excepción permanente.
No se puede hablar de seguridad en el país porque hacer cualquier crítica o comentario implica el riesgo de ser arrestado. Detenido por un tiempo indefinido sin poder avisarle a la familia, sin juicio o esperando juicio y sin defensa. Ese es el caso, especialmente, de jóvenes pobres, desempleados, residentes en “lugares sospechosos”, de vendedores ambulantes, de sindicalistas y críticos al régimen.
En medio ambiente
Hoy el calor es insoportable y la sequía está echando a perder las cosechas, pero la tala de árboles para proyectos de construcción continúa en zonas protegidas, de recarga acuífera o aptas para la agricultura. En invierno, cuando hay crecidas, comunidades enteras se inundan, los deslaves sotierran viviendas mientras a orillas de ríos y quebradas se derrumban las casas. Siempre casas de gente pobre. Entonces, viene la publicidad sobre comunidades atendidas, rescates, albergues y todo eso. Pero ¿y después? Vuelta a la pobreza, a esperar al siguiente invierno.
En los últimos años, muchas personas se han manifestado contra la ley que permite la minería que contamina ríos y mantos acuíferos. Igualmente, miles de ciudadanos dejaron constancia de su oposición a la tala de árboles en el parque El Espino para nuevas construcciones que impedirán la infiltración del agua en los mantos acuíferos.
En redes sociales y desinformación
Debido al mal uso de las redes sociales y de la inteligencia artificial, ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira. La “verdad” es del que más paga en las redes para publicar a su favor. Las redes están cargadas de mensajes de odio, lenguaje soez, insultos y ataques personales para enfrentar a unos contra otros. Muchos Youtubers viven de hacer propaganda gubernamental y de divulgar noticias falsas (fake news). Esto tiene graves impactos para los derechos humanos y la democracia.
La adicción de niños y adolescentes al celular es un problema ya reconocido en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos. Una gran cantidad de ellos tiene dificultades para leer de corrido y hacer operaciones matemáticas simples. La educación infantil a través de una pantalla ya está revirtiéndose en varios de los países más adelantados del mundo porque reduce en los niños la capacidad de pensar y analizar.
En deuda pública
De diciembre de 2019 a junio de 2026, la deuda pública total salvadoreña, externa e interna, aumentó de $18,878 millones a $34,865 millones. En relación al PIB, es decir, al total de lo que se produce en el país en un año, la deuda pasó de $76 por cada $100 producidos a $92 por cada $100. El pago de capital e intereses se come casi la cuarta parte del presupuesto nacional: $2,638.9 millones. ¡Más que lo invertido en Educación y Salud! Además, la deuda crece cada año porque la mayor parte del pago va para pagar intereses mientras el Gobierno sigue contratando préstamos. Así, los compromisos de pago serán cada vez mayores y reducirá la inversión social y productiva. Y como son préstamos a plazos de 15, 20 y 30 años, la deuda alcanzará a varias generaciones.
El endeudamiento sirve también para la propaganda; para mantener la imagen de avances y progreso; para vender la idea de que nacemos a una nueva era; para convertir en logros fracasos como Los Chorros; para atender a todo lujo a los grupos económicos, a los mismos de siempre, y a los patronos mundiales del bitcoin y las criptomonedas; en fin, para mantener el régimen de excepción, aunque ya no haya pandillas. Y todo esto con contabilidad secreta, reservada “por razones de seguridad” y sin dar cuentas de nada.
Lo peor es que toda esa deuda pública se paga con impuestos que pagan los salvadoreños, con el IVA que muchos no saben que va cargado hasta en el maíz de las tortillas y, en general, en todo lo que se compra, como tampoco saben que la mayor parte de los impuestos que recoge el Gobierno son de IVA y no de Renta a los grandes capitales.
En desarrollo local y ciudadanía
El Gobierno se voló de un plumazo el antiguo Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) con el que las municipalidades atendían a sus comunidades. Luego eliminó el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) que atendía necesidades territoriales y terminaron privatizando esos fondos públicos así:
Primero, en noviembre de 2021, se creó la DOM (Dirección de Obras Municipales), vinculada directamente a la Presidencia de la República, con el propósito de atender obras municipales, sustituyendo así a los concejos municipales. Segundo, en abril de 2023, con los fondos públicos de la DOM y otros de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) crearon Constructora El Salvador como Sociedad Anónima de Capital Variable, para proyectos de infraestructura pública, vial, municipal y de desarrollo urbano a escala nacional. Tercero, en octubre de 2023, la Asamblea Legislativa le donó equipos y terrenos por valor de $14 millones. Anualmente, la DOM recibe millones de dólares a través del Presupuesto General de la Nación: en 2025 casi $426 millones y en 2026 otros $441.4 millones. Según la Constitución y la ley, la Corte de Cuentas de la República debería fiscalizar esos fondos nacionales, pero no se conocen sus informes de auditoría a ninguna instancia pública. Por eso no se sabe adónde va ese dinero público.
Se han centralizado las decisiones y privatizado fondos públicos, los impuestos de todos y todas. Con esto también se terminó la participación ciudadana en la identificación y ejecución de obras públicas nacionales, locales y regionales. Ahora, las comunidades tienen que afrontar, con su trabajo y su dinero, el mantenimiento de sus calles y puentes; ornato y aseo; becas y apoyos; comidas escolares y otros.
La historia se repite
Los grandes problemas que vivimos hoy no nacieron ayer. Desde la independencia, la economía siempre ha funcionado para unos pocos. La bonanza del café en el siglo XIX y los periodos de “crecimiento” del siglo XX solo enriquecieron a unas pocas familias, mientras la mayoría vivía en pobreza rural. Para mantener esa desigualdad, los gobiernos de turno recortaron garantías constitucionales, fortalecieron la represión y desviaron recursos de Educación y Salud hacia la militarización. Como ahora, los intereses económicos pesaron más que la protección del medio ambiente: se permitió la tala indiscriminada, la minería contaminante y, más tarde, el uso masivo de pesticidas en cultivos de exportación como el algodón, que envenenaron suelos, ríos y comunidades enteras. A esto se sumaron los desechos industriales.
El control político siguió el mismo patrón: autoritarismo, propaganda y castigo a la disidencia. Las presidencias de la dinastía Meléndez‑Quiñónez, igual que la dictadura de Martínez y los gobiernos militares del siglo pasado, usaron la censura, periódicos pagados por el Gobierno y el exilio de periodistas para silenciar a quienes pensaban distinto. La participación ciudadana quedó reducida a algo puramente simbólico, con fraudes electorales y eliminación de la autonomía local. Las decisiones importantes siempre se tomaron arriba, entre cúpulas civiles y militares, mientras el pueblo solo veía cómo le cambiaban las reglas sin preguntarle nada.
Sobre estos asuntos y otros tantos de interés nacional deben hablar durante la campaña las universidades, los centros de pensamiento, los medios de comunicación, periódicos impresos y digitales, los programas de entrevistas y opinión, las asociaciones de profesionales, los empresarios, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos y sus candidatos, los editorialistas y columnistas y, en fin, todos quienes tengan voz. Nosotros lo haremos.
Ciudadanos Salvadoreños
Acerca de Ciudadanos Salvadoreños (CS)
Ciudadanos Salvadoreños es un agrupamiento de profesionales preocupados por la ausencia de debate político sobre los principales desafíos que enfrenta el país en diversos ámbitos: desde el alto costo de la vida hasta la escasez de agua.
Frente a un nuevo evento electoral saturado de propaganda y distractores, proponemos centrar la discusión pública en lo que afecta directamente nuestras vidas en El Salvador. Buscamos alejarnos de la superficialidad del espectáculo electoral y plantear una conversación crítica y rigurosa.
Por eso, hoy lanzamos esta serie de textos con análisis breves pero puntuales de aquellos temas que, para nosotros, es urgente debatir en materia de seguridad, economía, medio ambiente, finanzas públicas, desinformación, desarrollo local, vivienda, educación e historia. Esperamos que contribuyan a un debate informado sobre los asuntos urgentes para el desarrollo del país.
En condiciones democráticas, bajo las garantías constitucionales de la libertad de expresión, firmaríamos cada texto. Debido a la ausencia de esas condiciones, optamos por el anonimato y por colaborar con medios comprometidos con abrir espacios a opiniones diversas sustentadas con rigor.
