En el Centro Histórico se funden los vientos millonarios de la revitalización con el jadeo y el hambre de los vendedores desalojados. El brillo de los nuevos edificios y las calles renovadas ensombrece a estos comerciantes reconvertidos en ambulantes, marginados de este proceso de cambio.
Voz Pública encuestó a cien exvendedores de la calle Rubén Darío, uno de cada diez de los expulsados de esa vía en abril de 2022. Deambulando en las calles, sus ingresos cayeron de manera drástica. Así, 87 dijeron que gastan menos en alimentación y la mitad no compra carne y pollo o lo hace en menor cantidad en su hogar. El temor a un decomiso del CAM siempre está presente mientras la alternativa del mercado Hula Hula que les «vendió» la alcaldía capitalina tiene el 42% de los puestos de venta cerrados, 360 para ser exactos, como comprobó este medio.
Sonia Ramírez tiene 58 años y a los 18 empezó a vender en la calle Rubén Darío, cerca del Pollo Campero. Sufre problemas de visión por culpa de la diabetes. Ve como “bultos blancos”, dice mientras camina con algo de ropa para la venta. Su nieto sujeta su mano derecha y hace de guía ese mediodía del 15 de noviembre. A esa hora aún no han desayunado. En el bolsillo anda los $4 que el niño sacó de la venta de cuatro bóxer. “A veces no se come. No desayunamos ni almorzamos; sí cenamos, pero si almorzamos no cenamos, porque no alcanza el dinero. Sufrimos porque no tenemos para la comida”, cuenta esta señora, desterrada de la Darío en abril de 2022 y vendedora ambulante desde entonces.
Como a los demás, le dieron 48 horas para sacar sus cosas y cerrar 40 años de su vida. Le cerraron también la opción de ir al mercado Hula Hula por bajos ingresos, aunque ganaba hasta $75 diarios. Con la venta de ropa, recuerda, pagaba hasta la renta a las pandillas. La MS-13 le exigía por vivir en una zona del barrio 18 y esta porque su puesto estaba en un territorio controlado por la banda contraria. Al menos, la extorsión no le preocupa.
Cuando las ventas en la calle no alcanzan, algo que sucede a menudo, no tiene reparo en admitir que algún fin de semana sale a pedir en los alrededores de Metrocentro en San Salvador o afuera de Walmart en Soyapango. Vive en una champa, levantada en un terreno que agarraron “a la fuerza” en la comunidad 15 de Marzo en Soyapango hace 17 años. Vive con su nieto, de 12 años, a cargo después de que un día su madre se fuese sin dejar rastro, y un anciano, de 90 años, que halló en la indigencia y lo acogió en su hogar.
Sonia es uno de los cien exvendedores de la Rubén Darío encuestados por Voz Pública entre los días 18 al 26 de octubre de 2024 con el objetivo de conocer y entender su situación durante el proceso de rehabilitación del centro. ¿A qué se dedican?, ¿qué alternativas les dio la alcaldía?, ¿cómo viven?
La encuesta fue validada por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG). La información oficial del censo de comerciantes desalojados está en reserva por la alcaldía capitalina durante siete años. Por tanto, se buscó uno a uno en las calles y avenidas del centro de San Salvador.
Este medio entrevistó a uno de cada diez exvendedores de la Darío, tomando en cuenta que la alcaldía menciona entre 900 y 1,000 desalojados en sus publicaciones. En total, 70 mujeres y 30 hombres, en su mayoría reconvertidos en ambulantes salvo uno que vende en la zona de su casa y otro por cuenta propia. Dos más tienen puesto en el Hula Hula, uno de ellos cerrado, aunque ambos salen a vender en las calles porque adentro el negocio está mal.
Menos ingresos
Todos, salvo uno, afirman que sus beneficios cayeron con la salida de la Darío. Sonia es parte del grupo de 12 mujeres y dos hombres que reporta los menores ingresos, entre $1 y $5 al día. Nueve tienen a su cargo entre una y tres personas, una más de cuatro a seis. Otro grupo de 65 vendedores ambulantes obtiene de $6 a $15. Juntando ambos, cuatro de cada cinco (79) ganan hasta $15 diarios.
Cuando trabajaban en la Darío, el salario promedio de las 79 personas era de $59. Salvo 15 con ganancias de hasta $15, los 64 restantes obtenían más: 11 ganaban entre $16 y $25, 29 más de $25 y $50, 14 hasta $100 y los restantes arriba de ese monto.
En la Darío, dos de cada tres vendían ropa y calzado, y el resto, accesorios para celular, alimentos y otros. En la actualidad, como ambulantes, la ropa es la opción de la mitad de ellos. Para la otra, hay diversidad de productos como toallas, tecnología para celulares, artículos de limpieza y del hogar, entre otros.
Con esos ingresos y el alto costo de la vida, muchos se suman a la fila de pobres que desde que llegó Nayib Bukele es más alargada cada año. En 2023, 549,000 familias (27.1%) vivían en esa condición frente a las 442,000 (22.8%) en 2019. Prácticamente, uno de cada cuatro hogares, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM).
El deterioro en la calidad de vida es general: en la zona urbana incrementaron 69,000 hogares a esa estadística por los 37,000 en lo rural. La pobreza extrema, asociada al hambre, se asentó en 177,000 hogares el año pasado, el doble de los 87,000 en 2019, según la encuesta anual del Banco Central de Reserva (BCR).
Para medir la pobreza monetaria se toma en cuenta el costo de la canasta básica de alimentos y el ingreso de las familias. Si el dinero de un hogar no alcanza para comprar dos canastas, entra en esa condición. Si es suficiente para una, pero no para las dos, está en pobreza relativa y si no alcanza siquiera para una, la familia está en la variante extrema.
Sonia camina por el mercado Central, rodea el Sagrado Corazón y si no hay presencia del CAM se adentra en la Darío. A diario se encuentra historias como la suya, madres han vendido poco o nada, que no han comido esa mañana o que lo harán hasta la cena, madres con hambre. “Ellos quieren esconder la pobreza debajo de la almohada y no se puede. Antier vi una señora que tenía dos niños y me dijo que un día antes no había vendido nada y los niños no habían comido, y (estaban) llorando. A una muchacha vendiendo le dije que me fiara un café con pan y se lo pagaría al regreso”, cuenta.
Casi la mitad de encuestados, 43 en concreto, tiene 50 años o más y 19 son de la tercera edad, 60 años o más. Además, 30 de ellos mantienen a sus familias con las ventas.
A sus 48, Daysi se acerca a ese limbo etario. Sus dos hijos, de 20 y 16, estudiaban en la Escuela de Educación Especial en San Jacinto, en San Salvador, pero luego del desalojo no le quedó más opción que sacarlos. El menor es autista y su hija nació con un problema auditivo. «La maestra me dijo que lo lamentaban, pero le dije que ya no podía. Mi hija quería seguir, pero le dije que ya no podíamos”, dice mientras sostiene la bolsa con plantillas para la venta.
En pasajes de bus gastaba $2 al día, además de otro tanto para la comida. Como no le alcanza, no le queda de otra que andar con ellos por calles y avenidas. Es como una segunda casa, dice. En la Darío se aseguraba los $15 diarios; actualmente, a veces llega a los $10 o $12. Su esposo aporta al hogar en ocasiones, cuando le sale un trabajo.
Comen peor
De los encuestados, 97 reducen gastos familiares en alimentación (87), vestuario, educación o diversión. Cincuenta y seis, más de la mitad, se han visto obligados a dejar de comprar alimentos como carne, pollo y leche o hacerlo en menor cantidad. En casos concretos, los ingresos no alcanzan para el alquiler o mantener a los hijos de la escuela.
La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA sobre la situación del país a finales de 2023 indicaba que el 52.7% respondió afirmativamente a la pregunta si ha dejado de comprar algún alimento por los altos precios. Entre vendedores, la situación es más aguda.
En la calle, mientras trabajan, los ambulantes tampoco comen lo necesario. Tres de cada cuatro (72) se saltan regularmente uno o dos tiempos de comida al día. Para 46, es el almuerzo y 18 no desayunan. En siete casos en concreto, solo hacen un tiempo. Los 28 restantes hacen los tres tiempos y uno más no respondió la pregunta.
A sus 27 años, Teresa es la única fuente de ingresos en su familia de cinco miembros. Su casa es la primera de un pasaje con gradas que conduce a otros en una comunidad en el distrito de Mejicanos. La entrada es una puerta de lámina improvisada con un frágil pasador.
Para este hogar, el desalojo en 2022 supuso también un parteaguas. Antes, recuerda, vendía zapatos con su hermano en su puesto en la Darío, a la altura del ex Simán. Con los ingresos, su familia vivía “dignamente”, lo que para ella es darse “algunas buenas comidas”. Hoy deambula sola por calles y avenidas ofreciendo relojes y otros objetos. La compañía de su hermano terminó al ser detenido y encerrado bajo el régimen de excepción. “Ha sido duro porque él y yo éramos el sustento, los que aportábamos la mayoría de los gastos de la casa. No tenía antecedentes ni nada, pero ellos mismos lo que dicen es que números querían”, narra en alusión a una captura arbitraria.
De los escasos ingresos que se reparten en comida, medicina, pago de servicios, hay que separar los $50 del paquete que deja en la entrada de la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca cada mes. Cuando está bueno el día, vende hasta $20, pero hay jornadas en las que regresa a casa casi con las manos vacías. Compra algo de comida, pero no le alcanza para más mercadería. “Ha habido días que por dejarles un huevito más, me voy sin desayunar. Ha habido días que han tenido que esperar el segundo tiempo para hacer de un solo”, cuenta Teresa.
Menos carne en la mesa
El destierro de la Rubén Darío y la consiguiente caída de los ingresos se dio en medio de un alza histórica en el precio de los alimentos. La canasta básica alimentaria en la zona urbana pasó de $201 en 2021 a $252 en promedio mensual en 2023. Si se trata de alimentos en general, la inflación anual registró tres años de incrementos consecutivos: 8% en 2021, 12.2% en 2022 y 4% en 2023.
Más de la mitad (58) deja de comprar o reduce la cantidad de carne en la mesa y otros 41 lo hacen con el pollo. Un total de 39, casi el 40%, saca de su dieta ambos productos. La leche es el tercer alimento más mencionado por la falta de recursos. Uno de cada tres asegura que no compra o lo hace en menor cantidad. Otros dicen lo mismo con los granos básicos (13) y huevos (8). Casi uno de cada cinco (17) renuncia a los tres productos: carne, pollo y leche.
Claudia tiene 63 años, era mayorista en la Darío y vendía ropa. Por su capacidad económica, accedió a un puesto en el Hula Hula, pero debido a las deudas y el precio del alquiler decidió salirse y entregarlo. “No es fácil, a veces se vende un poquito para las tortillas o algo para otras cositas, pero ya para decir que vamos a comprar como antes, que uno traía sus cosas, su comida en la tarde para venir a comer es mentira. Ahorita sí está bien difícil”, describe.
Trabaja de lunes a domingo y, como sus compañeros, no logra vender lo suficiente. Lo poco que gana lo usa para invertir en mercadería y guarda $3 para regresarse a su casa y llevar comida para cenar con su hija. “Lo más que alcanzo a comprar son los frijoles, el arroz, azúcar, los huevos”.
Claudia debería comprar cada mes un medicamento que cuesta $75 para una de sus hijas. “Por el momento tiene tres meses que no le hemos puesto, no hemos podido recoger para la inyección. Cuando no le dan, tiende a ponerse agresiva”, asegura.
Desalojados y perseguidos
Los decomisos de mercadería están a la orden del día. De los vendedores encuestados, 27 reconocen que han sido víctimas del CAM en alguna ocasión. En cuanto al valor de lo incautado, ocho calculan que entre $5 y $50, diez más de $50 a $100, y los nueve restantes entre 100 y $200.
Paola tiene 32 años y trabaja en el centro de San Salvador desde los 17. Por mucho tiempo vendió cargadores y otros utensilios para celulares, además de ropa. Desde que se convirtió en vendedora ambulante, ofrece joyería.
Son las 11 de la mañana del 1 de noviembre, recién inicia su jornada y acaba de comprar más mercadería. La acompaña su hija, estudiante de la escuela Joaquín Rodezno. Como fue el último día de clases, salió temprano. Durante el curso, estudia por la mañana y acompaña a su madre en los recorridos vespertinos por el centro capitalino.
Su vida no es la misma desde que perdió el puesto sobre la Darío. Con menos ingresos tuvo que mudarse de vivienda al no poder pagar los $160 de alquiler. A su hija la sacó del colegio y la pasó a una escuela. Tampoco puede pagar a alguien por cuidarla mientras trabaja. Se salta el tiempo del almuerzo y reconoce que, a veces, los alimentos en el desayuno escasean. “Por ley, tengo que andar la niña acá conmigo. Ella tiene que vivir aquí, conmigo, lo que vivo a diario: las corridas con el CAM, aguantar hambre, porque a veces nos pasa, a veces andamos (dinero) y a veces no”, detalla.
Paola relata la dura experiencia de huir de los agentes. En una ocasión, con su hija, le intentaron quitar la mercadería. Ella se negó. Una agente se la intentó arrebatar, pero no lo logró. Al ver esto, le lanzó la siguiente amenaza: “la mercadería o la niña”.
“Uno se queda sin comer por meterle a la venta si sabe que eso es lo que va a dar de comer. Cuando me la han quitado, me han cobrado $200 para ir a sacar mi venta y no la dan completa”, describe. La Ordenanza reguladora del comercio en el espacio público de San Salvador establece que el monto más alto para poder recuperar mercadería decomisada es $22.
Paola asegura que en las persecuciones de los agentes han fallecido vendedores al salir huyendo y ser atropellados. “En una ocasión, una 42 le pegó a una señora, se dobló el pie y se le reventó la cabeza. Eso no sale en las noticias. La persecución del CAM, por días, se pone difícil. Ayer (31 de octubre) quitaron ventas y le pegaron a una señora de 83 años”.
Plan de reordenamiento
El historiador Carlos Cañas Dinarte recuerda que a la calle Rubén Darío se le nombró así en 1938 por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez con motivo del 50 aniversario de la publicación de “Azul” del escritor Rubén Darío. Esta arteria es importante porque conecta a varios puntos de la capital, entre estos los principales parques y la catedral.
Sobre cuando comenzaron a instalarse las primeras ventas, Cañas compartió una imagen, coloreada digitalmente, de 1915. En esta se observa a vendedores ambulantes que llegaban de pueblos como Soyapango, Mejicanos, Ilopango y Panchimalco, con la excepción que solamente vendían los fines de semana.
La situación empeoró en la década de los 80 con las administraciones del Partido Demócrata Cristiano cuando el exalcalde José Antonio Morales Erlich mandó a construir estructuras de cemento, hierro y lámina para que los comerciantes se instalaran en esa arteria.
La alcaldía capitalina retiró esas estructuras a partir de abril de 2022 en el marco de la fase 2 de recuperación del Centro Histórico. La meta era sacar a los vendedores asentados en esa calle. Con Nayib Bukele como alcalde, el primer esfuerzo se había centrado en tres plazas: Gerardo Barrios, Libertad y Morazán. Después, la fase 3 abarcó las zonas próximas a la iglesia El Calvario y la calle Delgado, así como el predio de la exbiblioteca y el Cine Metro. La siguiente etapa, comenzó a finales de 2023, se centró en las calles aledañas a la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) y sectores de la calle Arce.
El plan de “revitalización” del centro capitalino se hace de espaldas a los vendedores informales, sin alternativas para muchos de ellos, como muestra este reportaje. Obligados a laborar de manera ambulante, se agudizan las condiciones de precariedad.
Saira Barrera, economista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuestiona el plan de reordenamiento y su impacto en la vida de los vendedores. “¿Qué ha pasado con esta gente? Pareciera que se desaparecieron ¿De dónde están obteniendo sus ingresos? Este tipo de políticas también afecta el porcentaje de pobreza porque afectan los ingresos de la gente”, indica.
A más de la mitad de los encuestados (54), la comuna capitalina no les ofreció una alternativa. Les dejó, literalmente, en la calle. A los 46 restantes, les mencionó un espacio en el Hula Hula (40) u otros mercados (6) como el Tinetti o el Central. Al final, unos y otros acabaron como ambulantes, de acuerdo con la encuesta.
A Daysi y Claudia las seleccionaron y les dieron un puesto en el Hula Hula. Con el tiempo se endeudaron y tuvieron que dejarlo. En general, el alquiler de $200 al mes es la principal queja que se escucha dentro y fuera del mercado. Si no pagas, te lo cierran. A Claudia se lo hicieron dos veces y no pudo sacar su mercadería hasta que cancelara. Pagó $500 cada vez. A la tercera, se dio por vencida, no pagó y lo entregó.
Los hay también quienes tienen puesto en el Hula Hula y venden también afuera. Es el caso de un señor de 60 años que vende camisetas deportivas en las cercanías del Jardín Centroamérica, a un costado del Palacio Nacional. Sus ingresos cayeron al ser desalojado y afirma que “incluso aguantó hambre”. Aunque tiene su puesto, reconoce que día a día sale a la calle porque adentro no vende lo suficiente.
En una entrevista del 25 de abril de 2022, días después del desalojo de la Rubén Darío, el alcalde Mario Durán hizo un balance de los resultados y le preguntaron por la reubicación de los vendedores. “El Hula Hula tiene cierta capacidad (…) va a adquirir el 90% de todos los vendedores (…) algunos no querían tampoco ingresar al Hula Hula sino que querían otras opciones y eso nos generó esa ventaja. Los números nos cuadraban perfectamente: los que quieren ingresar, los que no quieren ingresar”, dijo Durán tras recordar que había 23 mercados.
En el acta de concejo municipal de San Salvador del 4 de marzo de 2022 recuerda que los desalojos en la calle en cuestión son parte de la segunda etapa del proceso de reordenamiento del Centro Histórico de San Salvador. “… era necesario y urgente realizar el ordenamiento de los comerciantes por cuenta propia ubicados en dicha calle, a efecto que, los comerciantes que así lo deseen puedan ser ubicados en el Mercado Municipal Hula Hula (…)”.
Un recorrido realizado por Voz Pública al interior del mercado Hula Hula permitió comprobar que 360 de los 862 puestos de venta se encontraban cerrados a primera hora de la tarde del jueves 21 de noviembre. Esa cantidad representa el 42% de los espacios habilitados. En la visita se observaron largas filas de puestos con las persianas bajadas, en especial en el segundo nivel, donde los vendedores se quejan de que la mayoría de clientes se queda en la primera planta.
Para Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA, a diferencia de otros centros históricos que se ordenan desde una gestión municipal, en San Salvador se aplicó una política nacional. “Para eso, obviamente, tenían que hacer este proceso, más que de reordenamiento, yo diría de limpieza a su estilo, una limpieza del sector informal que no presentaba una cara como la que se espera para atraer turismo e inversión”, apunta sobre el proceso.
Para la especialista, el reordenamiento se dio de manera vertical, sin discusión y sin aceptar reclamos con el fin de abrir las puertas a la inversión con facilidades como la exención de impuestos por 15 años para obtener rentabilidad en el corto plazo. “Eso necesitaba esa limpieza del sector informal, sin buscar alternativas realmente viables para las personas, sin mayores protestas ni mayores demandas y denuncias porque no hay posibilidad”, critica sobre unas medidas que se ejecutaron con el régimen de excepción en marcha.
La experta en desarrollo territorial recuerda la iniciativa Foro permanente para el desarrollo integral del Centro Histórico de San Salvador, que comenzó entre 2004 y 2005, fue desechada luego de la pandemia y cuyo comité lo integraban ONG, universidades y la municipalidad. “Se desconoció el esfuerzo y se dejó de lado una iniciativa que parecía que podía llevar al centro histórico hacia otra dinámica, otro ejercicio ciudadano, histórico, que pudiera recuperar todas esas iniciativas”.
La Ley de Creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan) entró en vigencia el 17 de mayo de 2023 margina el papel de la municipalidad y pone al frente las iniciativas gubernamentales para, como dice Blandón, “fortalecer el proceso de gentrificación que se está dando”. En otras palabras, el desplazamiento de la población original por otra de mayor poder adquisitivo como consecuencia de la renovación de espacios.
A inicios de mes, Edwin Ramírez, director de modernización de Aplan, informó que la empresa privada había invertido $106 millones en 37 proyectos en el Centro Histórico de San Salvador.
Una investigación reciente de Revista Factum reveló que tres bitcoiners cercanos al gobierno de Nayib Bukele adquirieron cuatro edificios en la zona por un monto total de casi $7.5 millones. La adquisición de las propiedades tuvo lugar después de la aprobación de la menciona ley que promueve incentivos fiscales a cambio de inversiones. Otro trabajo, esta vez de Focostv, dio cuenta de una sociedad dirigida por dos hermanos del presidente Nayib Bukele que compró un edificio art deco por $1.3 millones. Como en las inversiones anteriores, también aprovechó la ley de exenciones tributarias
El sobreviviente de la Darío
Pedro, nombre ficticio, es el único que mantiene su puesto de venta en el sector “Paravida”, entre la calle Rubén Darío y la 11 avenida Sur. “En mi caso todavía logro sobrevivir con el puesto en la calle, el único de esa cuadra, todos se fueron. No tengo ningún contrato, no tengo amistad, no tengo a nadie en la alcaldía, simplemente fue Dios”, cuenta sobre ese espacio del centro de San Salvador que llegó a juntar a 210 vendedores.
Desconoce el porqué no lo han quitado, pero es consciente de que el momento llegará más pronto que tarde. “Miro las carencias de ellos y se cae en la cuenta de que me va a tocar a mí y comienza la quebradera de mente, ¿qué voy a hacer el día que me quiten?”, se pregunta. Con el desalojo de sus compañeros, sus ingresos también cayeron. Ahora vende $15, $20 o $30 al día, la mitad que antes, asegura. Con ese dinero, da cobijo y alimento a sus cuatro hijos, el mayor de 15 años y el menor de tres.
Cuando se le pregunta cómo hace para llevar el sustento al hogar, interrumpe la conversación y abre una de sus cámaras de refrigeración. Saca una bolsa de crema ya casi terminada y unos pedazos de queso duro. “Van a decir que es mucho, no les estoy mintiendo: ese ha sido el almuerzo y desayuno. Aquí no hay engaño: queso, crema y tortillas. Cuando mejor nos va, sopas de las que venden en el Dólar City, de dos por el dólar”, cuenta.
Hay personas que se acercan y le regalan platos de comida, los mismos que se compraba él cuando el negocio iba bien. “Hoy prácticamente nos estamos quedando a mendigar”.
Tomar nota
– Para este trabajo, se buscó a las autoridades de la Alcaldía de San Salvador, pero no atendieron la solicitud,
– Todos los nombres excepto el de Sonia fueron cambiados para proteger su identidad.
