Frases como “en los centros penales no hay torturas” o “en los centros penitenciarios del país (se) están cumpliendo con estándares internacionales de privación de libertad” se escucharon por parte de dos funcionarios del gabinete de Nayib Bukele en la reciente audiencia pública del 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa audiencia, solicitada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil, se discutió la situación general de los derechos humanos en El Salvador luego de más de dos años bajo un régimen de excepción, un mecanismo legal extraordinario creado para combatir a las pandillas y que ha sido criticado por un sinfín de arbitrariedades contra población inocente.
La canciller de la República, Alexandra Hill Tinoco, y el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, representaron al gobierno en la audiencia celebrada el pasado 12 de julio.
Para verificar sus afirmaciones, Voz Pública se apoyó en documentos, entrevistas y declaraciones de personas afectadas. A continuación se presenta cada extracto analizado y su análisis correspondiente.
Canciller: “¿En dónde estaban las voces de los derechos humanos cuando toda esa atrocidad estaba sucediendo? A mí, personalmente, me gustaría escuchar una respuesta a esa pregunta”.
La canciller planteó una interrogante similar semanas atrás en su discurso en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En ambos eventos se preguntaba por el papel de las organizaciones de los derechos humanos cuando las pandillas eran las responsables de miles de asesinatos como ocurrió en El Salvador hasta hace tres años. Hill Tinoco se plantea un pregunta con la que busca desviar la atención de las críticas que recibe su gobierno y restar legitimidad al trabajo de las instituciones que llevan años denunciando las violaciones a los derechos humanos sin importar el presidente de turno.
Así, el 19 de octubre de 2015, el año más violento en el presente siglo, en una audiencia ante la CIDH, diversas organizaciones solicitaron al Estado salvadoreño que explicara las medidas que había tomado para atender el fenómeno de los desplazamientos internos de poblaciones generados por la violencia. En esa ocasión, la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador introdujo el tema a discusión y planteó que la violencia fue la causa principal de migración ese año.
Además, ese mismo colectivo, en su informe de 2016, concluyó que las pandillas fueron los principales responsables del desplazamiento interno en el país, cuestionó la desconfianza de las víctimas en la Policía y Fiscalía, y denunció que agentes policiales también fueron responsables de desplazamiento de personas.
La organización Cristosal respondió también a los señalamientos de la canciller. Desde 2014, al menos 13 oenegés vienen denunciando el desplazamiento forzado a causa de la violencia de pandillas y el crimen organizado, dijo en un mensaje reciente en X.
Desde la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), por citar otros ejemplos, vienen denunciando la violencia desde hace años como se puede leer en las decenas de informes publicados al respecto.
Estos enlaces son una muestra del trabajo desarrollado en los últimos 15 años:
https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/maras20081.pdf
https://cristosal.org/ES/visibilizar-lo-invisible-desplazamiento-forzado-en-el-salvador-2017/
Canciller: “Hasta hoy en día existen madres, padres, hermanos, abuelos que siguen pagando y sufriendo cotidianamente el entierro de sus hijos asesinados o continúan con la incertidumbre y con la esperanza de buscar a sus hijos desaparecidos por las pandillas”.
La afirmación es cierta. El sufrimiento de las víctimas de la violencia no termina nunca, en especial aquellas con familiares desaparecidos que viven lo que denominan los expertos “un duelo inacabado” y una vida llena de incertidumbre.
Ahora bien, tanto este gobierno como los anteriores han mirado a otro lado a la hora de trabajar en la búsqueda de las personas desaparecidas, tal y como lo confirman los familiares, quienes se ven obligados a buscarlos ante la ausencia de atención desde el Estado.
A punto de cumplirse cuatro años de gestión, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció esa realidad. “Sabemos que muchas familias andan buscando a sus seres queridos que cobardemente fueron asesinados. Llegará el momento donde vamos a abrir toda esta búsqueda a nivel nacional para poder darles mucha paz, pero hoy por hoy tenemos este objetivo de erradicar a todos los miembros (de pandillas)”, dijo en la entrevista de Frente a Frente del 27 de marzo de 2023.
En el quinquenio 2019 a 2023 hay un registro de 2,386 personas desaparecidas, según datos de la PNC. Si bien hay una diferencia marcada entre los 732 casos activos del primer año y los 167 del último, no hay un esfuerzo de búsqueda de estas personas.
Decenas de madres dan fe de la falta de apoyo estatal. Guadalupe, una señora que busca a su hija Marcela desaparecida en 2021, relata se vio obligada a emprender ese camino sola y sin ayuda estatal.
La funcionaria añadió que uno de los retos es “crear condiciones para que exista una verdadera justicia y reparación a las miles de víctimas de las pandillas”. De alguna manera, se puede inferir en su discurso que esa labor sigue siendo una asignatura pendiente luego de más cinco años en el poder.
Canciller: “A pesar de toda esa barbarie cometida por esos asesinos, por esos criminales, puedo afirmar y constatar que en los centros penales de El Salvador estamos cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad”.
Esa afirmación de la funcionaria es falsa. El Salvador no está cumpliendo esos “estándares internacionales” que se recogen en el documento Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, más conocido como Reglas Nelson Mandela.
El documento es un compendio de 122 reglas que plantean el “deber ser” de un sistema penitenciario. Incluye los derechos a la salud, a la alimentación, a estar en un espacio digno, a no recibir malos tratos, por citar algunos ejemplos, que difícilmente se cumplen a juzgar por las decenas de entrevistas de reos liberados durante el régimen de excepción y los informes de entidades como Cristosal y Human Right Watch.
De hecho, algunas de las razones por las que se celebró la sesión de la CIDH tienen que ver con la violación de derechos humanos de los privados de libertad.
Aunque la información relacionada con el sistema penitenciario es escasa, Verónica Reyna, investigadora del Servicio Social Pasionista (SSPAS), considera que esas reglas “se están incumpliendo en gran medida”. “Solo la cantidad de personas recluidas en un mismo espacio está yendo en contra de los estándares”, cuestionó, en referencia a la regla 12 que indica que los reos se alojen en celdas separadas y, de manera excepcional, agrupados. En El Salvador, la regla es el hacinamiento, como se describe más adelante.
Las reglas de la 24 a la 35 tienen que ver con la atención médica y, también, están lejos de cumplirse a juzgar por los informes de derechos humanos sobre la situación en los penales. De igual manera, la 22 que habla de “alimentación de buena calidad y con valor nutritivo suficiente…”.
“No deberían ser privados de otros derechos, por ejemplo, la alimentación, agua, limpieza, duchas, sanitarios, ropa, falta de acceso a atención médica, ya sea por enfermedades adquiridas ahí o previas que requieren tratamiento”, afirmó la investigadora de SSPAS.
La separación de reos por categorías, es decir, los condenados en lugares distintos de aquellos a la espera de juicio, está indicado en la regla 112 y también se incumple para las organizaciones de derechos humanos. De hecho, hay que recordar que la mayoría de los detenidos en el régimen de excepción aún no ha sido condenado.
Guzmán Caballero reveló en la audiencia ante la CIDH que, hasta el 25 de junio, la población carcelaria era de 107,997 personas. Por ese entonces, según publicaciones del presidente Nayib Bukele, en el Cecot había 14,532 reos por lo que estaba al 36.3% de su capacidad, que es de 40,000 internos.
En el resto del sistema penitenciario se distribuían los más de 93,000 reclusos restantes por lo que el hacinamiento promedio es superior al 300% tomando en cuenta la capacidad total del sistema.
Un informe de Amnistía Internacional de finales del año pasado advertía que el sistema penitenciario se enfrentaba a niveles “críticos de hacinamiento”. “Con un índice de ocupación que alcanzó el 300%, lo que equivalía a más de 100.000 personas reclusas. Esta cifra representaba el 1,14% de la población nacional y situó a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más elevada del mundo, según las organizaciones de la sociedad civil locales”.
Comisionado Guzmán: “Reiterar que, en El Salvador, acá en los centros penales no hay torturas, aquí no se asesinan a las personas; esto no es una lucha política, ni son centros de concentración”
La información brindada por el comisionado presidencial Guzmán Caballero no se corresponde con la realidad de acuerdo con los estudios realizados por organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas.
Los dos últimos informes de Cristosal y Human Right Watch (HRW) concluyen que hay prácticas de torturas al interior de las cárceles de El Salvador.
Cristosal, en su investigación “El silencio no es opción”, revela que 261 adultos y 4 niñas y niños han muerto bajo custodia estatal entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024. “Tras un análisis médico-forense, Cristosal determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal, 87 el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas. No se cuenta con información suficiente para determinar las causas de muerte de las 72 personas restantes”, concluye el informe.
Detrás de las muertes por enfermedad, para Cristosal está la deficiente atención médica a los detenidos. “Negar medicamentos y atención médica es una de las modalidades de tortura generalizada en las cárceles del régimen de excepción”, apunta el estudio, que indica que 45 personas fallecidas adquirieron una o más enfermedades durante su reclusión, principalmente, males respiratorios, insuficiencia renal y desnutrición.
El informe de los dos años del régimen de excepción elaborado por siete organizaciones detalla los testimonios de personas que estuvieron recluidas. “Dan macanazos y rocían con gas pimienta las celdas, el hacinamiento, el control de las pandillas dentro de las celdas, entre otros”, añade.
Sobre las torturas en las prisiones, hay investigaciones periodísticas como “Montaña, el custodio señalado como torturados de Mariona”, del medio digital El Faro que ahondan en ese apartado.
También han ocurrido casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas durante el régimen de excepción.
Sobre las muertes en centros penitenciarios, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, confirmó hace un poco más de un año que se archivaron 142 casos en penales “porque no hay delito qué perseguir».
Guzmán, al ser consultado sobre las denuncias de torturas y asesinatos en las prisiones de El Salvador, respondió que no conoce y que tampoco le han entregado informes sobre torturas y asesinatos en centros penales. “Ahora bien conocí un documento que tiene la lista de personas muertas en centros penales, que no es más que una lista, pero no hay una denuncia con pruebas técnicas que haya llegado a mis manos de un homicidio o tortura. Aquellas solicitudes hechas en el marco del Sistema Interamericano (CIDH) las hemos contestado y puedo asegurar que todas son muertes naturales, según las pruebas forenses ya están en manos de los comisionados. Esperamos que en el marco de el informe anual de esa Comisión se hagan públicas las pruebas y conclusiones de cada uno de esos informes”, aseguró el comisionado.
Por su parte, Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de HRW, en la presentación del informe sobre “Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, dijo que han documentado “casos claros de torturas” contra menores de edad y adolescentes. “Los casos de tortura existen, la evidencia está clara y con mucho gusto la ponemos a disposición del comisionado para que, en lugar de negar los hechos, ojalá que el gobierno se encargue de prevenir, evitar que vuelvan a ocurrir e investigar a los responsables”, dijo el 16 de julio.
Voz Pública contactó al área de comunicaciones de Cancillería para buscar una reacción de la funcionaria, pero hasta la publicación de la nota no respondieron.
