- Escritos y recibos en poder de la Alcaldía de Tecoluca contienen información desconocida hasta ahora sobre el megapenal, la obra más emblemática de la gestión de Nayib Bukele. Además del monto presupuestado, la municipalidad otorgó el permiso de construcción el 11 de agosto de 2022; para entonces, los trabajos habían comenzado hace meses.
- Los dueños de Inversiones OMNI S.A. de C.V. y DISA S.A. de C.V., por separado y en asocio, y otras empresas suyas, se agenciaron 14 de los 30 contratos publicados por el Ministerio de Hacienda en su web. Contrataciones directas, gracias, en parte, a decretos aprobados que favorecen estas prácticas. La historia se repite con los mismos protagonistas en otros proyectos.
- Pese a ser la obra más publicitada y conocida dentro y fuera de El Salvador, el Gobierno oculta la información pública relacionada con las contrataciones, fuente de financiamiento y otros de 2022 y 2023. La ley especial creada para construir el megapenal obliga a la publicación de los contratos y demás información en la web de Comprasal, pero el MOPT la incumplió.
A escasos 23 kilómetros de Tecoluca, en San Vicente, donde se ubica el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), está el distrito de Santiago Nonualco, en el departamento vecino de La Paz. En la Oficina de Planificación y Gestión del Territorio (Oplagest) de la localidad se elaboró el escrito “Notificación de pago por los derechos de construcción” del megapenal, probablemente, el primer documento oficial que se hace público sobre el proyecto.
La página revela que el Gobierno presupuestó $135,349,546.50 para construir el conocido como “penal de Bukele” en una superficie de casi 232,000 metros cuadrados (23.2 hectáreas). Este área representa una quinta parte de la adquirida, según se lee en el escrito dirigido al alcalde y al concejo municipal de Tecoluca con fecha 18 de julio de 2022.
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), a cargo del Cecot, estimó invertir ese monto en su construcción y equipamiento, pero no es necesariamente el valor final. Por lo general, obras de este tamaño tienden a costar más que lo presupuestado inicialmente. En esta administración, hay ejemplos de sobra: el baipás de San Miguel, el nuevo edificio del hospital Rosales, el hospital de Nejapa, el edificio de la Fiscalía, por citar algunos.
Este medio solicitó al MOPT información de los contratos y resoluciones de adjudicación de la obra el 10 de abril, pero la solicitud fue denegada por estar en reserva desde mayo de 2022. Se aducen, entre otros, motivos de defensa nacional y seguridad pública.
En cualquier caso, la reserva aplica, como se puede leer en el apartado de «Documentos o expedientes» a la documentación que esté «en posesión de cualquier gerencia, dirección, unidad o comisión de este Ministerio». Los documentos de esta publicación acerca del megapenal y las empresas contratadas proceden de escritos de la comuna vicentina.
En la inauguración, el 31 de enero de 2023, el director de Centros Penales, Osiris Luna, lo calificó como “una pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas”. Construido en tiempo récord, en menos de un año si se toma en cuenta que, en abril de 2022, los diputados aprobaron la ley especial para ese fin, el Cecot es uno de los escasos grandes proyectos iniciados y terminados en esta gestión.
Con penal y sin dinero
El 25 de julio, el concejo tecolunquense aprobó un cambio en la ordenanza que regula las tasas por servicios municipales. La decisión se tomó poco después de que Oplagest emitiera el dictamen favorable para el proyecto del penal y le notificara el pago de derechos de construcción.
La reforma no fue del agrado de todos. Una de las personas que estuvo presente dijo que hubo discusiones entre funcionarios del gobierno y de la alcaldía en torno al monto que debía recibir la municipalidad por el permiso de construcción.
“Al ver que el 4% generaba millones por la inversión, tomaron como punto de referencia que se hiciera una reforma y que solamente se cancelara un monto máximo de $150,000 a todas aquellas inversiones en el municipio que tuvieran el carácter de beneficio social a la población”, mencionó un empleado.
En concreto, la comuna hubiera recibido $5.4 millones, más que su presupuesto anual, que fue $4.4 millones en 2023.
El artículo 5 de la ordenanza hacía referencia al cobro del 4% sobre el monto total de un proyecto o inversión sin distinción. Con la reforma se incluyó el techo mencionado para las obras con un fin público como educación, seguridad y salud pública.
Al final, la comuna recibió ese dinero más un 5% del mismo en concepto de fiestas patronales, $157,500 en total. La cantidad fue cancelada el 11 de agosto de 2022, según el recibo al que tuvo acceso este medio.
Construcción sin licencia
La municipalidad de Tecoluca autorizó la ejecución de las obras del Cecot el 11 de agosto de 2022, según consta en el documento “Licencia para proyecto de construcción”, firmado por el alcalde Nicolás Antonio García. “Por tanto, esta Alcaldía otorga la presente ´Licencia al proyecto Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Tecoluca´, que constituye la autorización al representante legal y al profesional responsable para iniciar la ejecución de obras de construcción a partir de esta fecha (sic)”, se lee en la resolución de la municipalidad.
Para entonces, el proyecto llevaba unos tres meses en ejecución. El 20 de junio, la radio YSUCA dio a conocer que la nueva cárcel estaba en construcción. En un video publicado ese día se observa a un grupo de trabajadores que coloca la estructura metálica de un muro de varios metros de altura.
Al día siguiente, el presidente Bukele confirmó que la cárcel estaba en marcha y brindó detalles de la misma.
Este tipo de irregularidades han sucedido en otros proyectos. Los trabajos en el centro veterinario Chivo Pet comenzaron antes de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) hiciese la evaluación de impacto ambiental, según informó La Prensa Gráfica en abril de 2022.
Ambos proyectos también tienen en común la empresa que los construyó, Inversiones OMNI S.A. de C.V., y la falta de transparencia en los procesos de contratación y las fuentes de financiamiento. En el caso del centro de mascotas, se financió con préstamos y no ganancias del bitcóin, como aclaró La Prensa Gráfica en una publicación de mediados de 2022.
Violando su propia ley
Del proyecto más emblemático y publicitado de la gestión actual no hay señales en los registros y documentos oficiales. Los informes de inversión pública, presupuestos, ejecución presupuestaria y seguimiento al gasto, por citar algunos elaborados por el Ministerio de Hacienda en 2022 y 2023, cuando se construyó el penal, no lo mencionan siquiera. Como si no existiese.
El informe “Transparencia en proyectos de infraestructura pública”, publicado por la organización Acción Ciudadana en septiembre de 2023, mide el cumplimiento de estándares de transparencia en 23 de los proyectos más importantes. El Cecot y la Biblioteca Nacional son los únicos en ejecución o terminados de los que hay cero información oficiosa en los portales de las instituciones y en sitios como Comprasal, el portal electrónico de compras del Estado. Del segundo proyecto puede entenderse hasta cierto punto al ser una donación de República Popular China, construido con empresas y empleados de ese país.
“La única información disponible es la consignada en las publicaciones de las cuentas de redes sociales de las instituciones de gobierno y el presidente de la república. Se suman los videos de la conferencia de prensa donde se presentó la finalización de la obra”, apunta la investigación en su página 30 sobre el megapenal.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios en El Salvador que establece que el MOPT es el encargado de la planificación y construcción de las nuevas cárceles. En vigor desde el 19 de abril de 2022, el artículo 9 indica que las adquisiciones y contrataciones se regirán por unos lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda. Esa normativa, en su artículo 6, dice lo siguiente: “Todo proceso y su resultado será publicado en (,,,) Comprasal”.
La abogada Graciela Ayala coordinó el informe y fue parte de la investigación. “Lo principal que no se ha cumplido es la publicación de los contratos,… el legislador cian dijo que tenían que publicarse en Comprasal y no lo han hecho…quizás se publicó en un par de minutos y luego ya nunca se supo los montos, los tipos de contratación”, apuntó sobre una violación a la ley creada para la construcción del megapenal.
Para Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, la ley especial abre las puertas a la contratación directa. En su artículo 4, faculta al MOPT para asociarse y celebrar convenios con privados o constituir sociedades algo que, para la abogada, “flexibiliza la contratación pública sin mayores requerimientos”. A eso se suman los lineamientos de la Dirección Nacional de Compras (Dinac) que avalan la selección de contratistas sin competencia. “Esto implica que no se promueva que diferentes oferentes participen en la contratación pública, lo que puede elevar los precios y que existan intenciones de favorecen a uno determinado”, explicó.
La organización Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley en enero de 2023 entre otras razones porque “la ley se aleja de la constitucionalidad establecida en cuanto a la licitación y el concurso público como mecanismo de contratación”.
“Es típico de cuando las instituciones de control no controlan realmente, sino que están al servicio del poder, que es lo que ocurre con la Sala de lo Constitucional impuesta”, aseguró sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional de no admitir la demanda.
Un profesional que fue contratado para realizar una serie de diseños en este proyecto confirmó que las empresas fueron seleccionadas sin procesos de competencia.
Un pastel para tres
El documento del Ministerio de Hacienda “Proyecto de construcción de centros penitenciarios, Decreto Legislativo 357” indica la existencia de 30 contratos relacionados con la obra del megapenal de Tecoluca repartidos en 14 empresas. Uno más tiene que ver con el penal de Zacatecoluca y cuatro aparecen repetidos.
Inversiones OMNI S.A. de C.V. y Constructora Díaz Sánchez (DISA) S.A. de C.V. y otras del mismo grupo empresarial recibieron 14 de los contratos, prácticamente la mitad.
Luis René Dada Jaar es el director presidente y José Roberto Dada Jaar es el representante legal de OMNI, constructora que logró cinco contratos. Además, Luis Dada es el representante legal de Inversiones Lujo S.A. de C.V., empresa que recibió otros dos más. Según el Registro de Comercio, se dedica al alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil. En cambio, en su web, su actividad principal es la instalación de sistemas modulares de divisiones y cielos falsos de tabla yeso.
Por su parte, DISA S.A. de C.V. obtuvo cuatro contratos en proyecto del megapenal. Su junta directiva es la misma que la de Construcciones y Proyectos Diversos, S.A. de C.V., a la que otorgaron otro más. En el Registro de Comercio aparecen los siguientes miembros: Otto Iván Rivera García, Alba Regina Herrera de Abullarade, Jaime Salvador Ochoa Martínez, Ricardo Antonio Villeda Martínez y Mayra Evelyn Sánchez de Díaz.
Project Management de Centro América, S.A. de C.V., dedicada al rubro de la publicidad, también recibió un contrato. Su administrador único propietario es Ricardo Antonio Villeda Martínez, quien es tercer suplente en DISA y segundo suplente en Construcciones y Proyectos Diversos.
Finalmente, OMNI y DISA también participaron conjuntamente como parte de UDP Consorcio ODIS. Con la figura Unión de Personas (UDP) se inscribieron en el Ministerio de Hacienda y recibieron el primer contrato identificado del proyecto como DL 357-001/2022 con fecha 12 de mayo de 2022. Como consorcio, ambas empresas también participaron en otras obras importantes como la construcción del baipás de San Miguel.
Las empresas gozaron de condiciones no vistas en otros proyectos. La ley especial, en el capítulo III, las liberó de cualquier impuesto -renta, IVA, aduanas y alcabala, impuesto a bienes raíces- relacionado con el trabajo en el megapenal. El anticipo, el monto máximo en concepto de adelanto para la obra, era del 50% y, en circunstancias extraordinarias podía ser de hasta el 70% del monto contractual, según los lineamientos de la ley.
Voz Pública tuvo acceso al borrador del contrato otorgado a ODIS para el “Diseño y Construcción de Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, paquete 1. Contratación C-01/2022”. Ese nombre era el propuesto inicialmente por el Gobierno y aparece también en los papeles de la Alcaldía de Tecoluca.
En el documento se indica que Luis René Dada es el representante común de la UDP Consorcio ODIS y que el MOPT pagaría al contratista un poco más de $30.7 millones por el paquete 1, libre de impuestos de acuerdo con el decreto 357. La forma de pago era bajo la modalidad de “suma alzada”, es decir, que los precios del contrato son fijos. Establece un periodo de 45 días para el diagnóstico y el diseño, y otros 150 días para la construcción.
El contrato se realizó ante los oficios del notario César Rolando García Herrera. “La UDP (unión de personas) se constituyó para ese propósito, pero el proyecto era más grande que el paquete 1, a ese momento se delimitaba como paquete 1”, confirmó el abogado. Añadió que trabaja para Inversiones OMNI y que es asesor legal de Casalco desde hace unos cinco años. En la firma García & Rivas, de la que es socio fundador desde 1998, se indica que es “asesor legal pro bono de la junta directiva” de la gremial de la construcción.
García Herrera fue condenado el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador a tres años de prisión, reemplazados con trabajos de utilidad pública, al ser encontrado culpable por el delito de estafa simple. García fue abogado de la constructora CPK, vinculada a casos de corrupción en varios proyectos de rehabilitación de hospitales públicos dañados por los terremotos de 2001.
Empresa mexicana
La tercera constructora en sumarse al megapenal de Tecoluca fue Contratista General de América Latina, S.A. de C.V., sucursal El Salvador. A esta empresa se le adjudicó el contrato DL 357-004/2022 con fecha del 15 de junio de 2022.
La mexicana es parte del Grupo Tradeco y había aterrizado en el país siete meses antes con un destino concreto: construir dos puentes sobre el río Torola por $23.9 millones, parte del proyecto de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero que administra la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). En el Registro de Comercio se había inscrito un poco antes, el 27 de septiembre, y dos semanas después, el 14 de octubre, era invitada a participar junto a dos empresas más. En diciembre le adjudicaron el proyecto, bajo la declaración de urgencia declarada por el consejo directivo desde 2020.
Ese mismo mes de junio, la CEL le dio un segundo proyecto, esta vez a dedo, sin mediar competencia alguna, por $13 millones para ejecutar obras sociales en tres municipios del norte de San Miguel afectados por el embalse.
Cuando la CEL suspendió la relación con la empresa, a inicios de 2023, los puentes iban a la mitad y las obras sociales aún más atrasadas. En la actualidad, como comprobó este medio, los trabajos siguen sin terminarse.
El Grupo Tradeco celebró su 31 aniversario en la red X colocando una imagen del penal de Tecoluca. Si en San Miguel dejó las obras sin concluir, en el municipio vicentino, la firma mexicana acumuló deudas en torno a $1.2 millones a empresas subcontratadas de transporte, alimentación, ferreterías, entre otras. A la fecha, sigue sin ser canceladas, según se corroboró.
A ese mismo grupo empresarial pertenecen Innovaciones Técnicas de Cimentación, S.A. de C.V. (Itecsa) e Inmobiliaria Rancho Sierra, según su sitio web. Ambas fueron contratadas para la construcción de un penal de máxima seguridad en Guatemala por $87.9 millones para 3,000 internos. A diferencia de la opacidad del proceso salvadoreño, la información de los procesos de licitación está disponible en el portal Guatecompras, similar al salvadoreño Comprasal.
Sergio Vela, director de Centros Penales de Guatemala, atendió a Voz Pública y confirmó que la construcción está prevista que inicie en junio de este año.
En la oscuridad
Hasta hace unos meses, Luis René Dada era el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco). En ese tiempo, Inversiones OMNI recibió contratos millonarios de obras públicas sin que se conociesen procesos de licitación u competencia alguna. La construcción del megapenal es el ejemplo más evidente, pero no el único.
El MOPT otorgó una parte del proyecto del megacentro de vacunación que se construyó frente al Hospital El Salvador por contratación directa. El contrato 215/2020 de noviembre de 2020 era por una suma de $10.7 millones. Los trabajos consistieron en diseñar y construir la obra civil, el sistema de climatización y las instalaciones eléctricas del edificio de tres niveles.
Esta empresa construyó el Hospital veterinario Chivo Pets, ubicado en Antiguo Cuscatlán entre finales de 2021 e inicios de 2022. La contratación, a cargo de la empresa Chivo S.A. de C.V., se hizo de manera directa. La obra tuvo un costo de $4.9 millones.
Otro de los proyectos que recibió por contratación directa, en esta ocasión del MOPT, fue la “Adecuación de edificio para funcionamiento del Instituto de Bienestar Animal”, por casi $600,000.
Como en el megapenal, Inversiones OMNI y Construcciones DISA coincidieron en el proyecto “Mejoramiento de instalaciones de la UES para alojamiento de atletas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023”. A cargo del MOPT, contó con un presupuesto de casi $38 millones. El Decreto Legislativo 610 faculta en el artículo 1 a “realizar de forma expedita los procesos de contratación que requiera…”. En otras palabras, escoger empresas a dedo, sin competencia con el argumento del escaso tiempo disponible para realizar las obras.
De los nueve contratos disponibles en la web de Hacienda, a Construcciones DISA le adjudicaron dos; a Inversiones OMNI otro y a su empresa “hermana” Inversiones Lujo, el cuarto. Prácticamente, la mitad.
DISA también ganó trabajos con la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). En el primer trimestre del 2022, recibió dos contratos por $10.2 millones para el mantenimiento vial de la red de carreteras del país. En este caso, se desconoce el proceso competitivo seguido.
En el Registro de Comercio se obtuvieron los ingresos por contratos de las dos empresas más beneficiadas por la administración actual con contrataciones sin competencia en la mayoría de los proyectos.
OMNI también construye un nuevo edificio para la Fiscalía, uno de los proyectos de más inversión en la actualidad. El proceso de selección tuvo escasa transparencia. La primera licitación se declaró desierta porque no se presentaron ofertas y, en la segunda, además de la mencionada, participó CAABSA Constructora S.A. de C.V., según la respuesta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), organismo que financia el proyecto, a una solicitud de información.
El monto adjudicado a la constructora asciende a casi $60.8 millones, financiados con dos préstamos del banco mencionado por un monto arriba de los $70 millones. Además, en la docena de empresas contratadas está también Inversiones Lujo S.A. de C.V., propiedad de Luis Dada.
CAABSA, de origen mexicano, no goza de un buen historial en el país. A ella le adjudicaron la ampliación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador en 2018 por casi $38 millones y un plazo de 15 meses. Finalmente, la obra costó $56 millones y se inauguró en febrero de 2022, 21 meses más tarde, según el discurso de inauguración del presidente Nayib Bukele. La Corte de Cuentas, en una auditoría a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), responsable del proyecto, hizo 15 observaciones a los años 2018 y 2019.
A la empresa también la denunció un sindicato de la construcción ante la Dirección General del Ministerio de Trabajo por la reducción de salarios en pandemia, despidos e impago de horas extras, entre otros.
Con esas credenciales, la constructora ganó una licitación con el Ministerio de Salud en 2021, antes de inaugurarse el aeropuerto, por poco más de $11 millones. Fue la única participante. El contrato era para un año y consistía en el traslado del Laboratorio Nacional, adosado al hospital Rosales, frente al parque Cuscatlán, a otras instalaciones. Los trabajos comenzaron el 14 de octubre de 2021 y, en la actualidad, tres años y siete meses después, aún continúan. Una fuente confirmó que las obras en el Instituto Nacional de Salud, adonde será trasladado el laboratorio, no terminarán antes de octubre.
Con escasa competencia, José Roberto Dada firmó el contrato para la construcción del edificio el 27 de junio de 2023.
Para Ruth López, la opacidad en esta gestión representa un riesgo de corrupción. “En la medida que no hay procesos de contratación transparentes, en esa misma medida, las posibilidades de la corrupción aumentan porque se realizan a través de contrataciones directas y esto significa que en ese dedazo puede haber también beneficios de aquellas personas que otorgan los contratos. ¿Cuál fue el criterio para adjudicar a una empresa y no a otra? ¿Y un monto y no otro?”, planteó la abogada.
Voz Pública contactó por teléfono a las empresas mencionadas en este reportaje el miércoles 22 de mayo entre la 1 y las 5 de la tarde. Con la mexicana Contratista General se buscó sin éxito un número de contacto. En cualquier caso, se les mandó un email el jueves 23 en la mañana. A todas ellas se les buscó para conocer sobre los procesos administrativos y condiciones en sus contratos en el proyecto del Cecot, pero, en general, se excusaron de dar declaraciones.
La persona que atendió la llamada de Inversiones OMNI sí confirmó que Inversiones Lujo pertenece a los mismos dueños. Lo mismo ocurrió con Construcciones DISA y la empresa Construcciones y Proyectos Diversos.
Al área de comunicaciones del MOPT se le consultó ayer y hoy para tener una reacción por el mismo asunto. Dijeron que no tenían una respuesta de las autoridades.
En este cuadro queda registrado las empresas consultadas y la respuesta que dieron a Voz Pública.
