Pensión básica.
Alrededor de 36,700 adultos mayores tienen el derecho a una pensión no contributiva de $50 al mes. La mayoría supera los 80 años y vive en los municipios más pobres. Un requisito para recibirla es que carezcan de una fuente de ingresos.
Atraso general.
Un sondeo de Voz Pública a familiares, líderes comunitarios y en alcaldías en nueve municipios revela que el Gobierno debe entre ocho y 12 meses del pago de pensión a miles de adultos mayores.
No es prioridad.
El Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) reconoce “la entrega no oportuna de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas” en su memoria de labores 2022-23. Como solución, plantea “dar prioridad a este programa”.
“Todo está carísimo y si uno no tiene dinero, no come”. Con estas palabras, Israel Gómez, un adulto mayor que cumplirá 94 años el 30 de diciembre, describe la realidad que le toca vivir a diario. La afirmación la suscribe Marta, su esposa; Paulino, su vecino del municipio migueleño de San Jorge, y, probablemente, muchos de los miles de beneficiarios de una pensión no contributiva de $50 mensuales.
Comer o pasar hambre, comprar la medicina o aguantar el dolor depende en muchas ocasiones de ese apoyo monetario. Israel, como tantos, cae en lo segundo con demasiada frecuencia.
A este sanjorgeño del cantón La Morita le cuesta ponerse en pie y aún más desplazarse. Prácticamente, no sale de casa. Marta Moreira, de 73 años, cuida de él y se encarga de hacer los mandados.
“El dinero (de la pensión) lo ocupamos para medicina, comprar comidita, en este suero que bebemos y en unos bolitos (jugos), que venden en bolsa, de a cinco dólares el paquetito”, afirma la señora, oriunda del barrio Las Mercedes de San Miguel.
Ambos procrearon tres hijos: dos hembras y un varón. Cada uno tiene su vida en San Salvador. Los visitan poco y les ayudan también poco. Marta aclara que no siempre trabajan.
En San Jorge, municipio colindante con las laderas del volcán Chaparrastique, hay 550 beneficiarios de la pensión censados. El Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) les pagó $200 a inicios de noviembre, equivalente a cuatro meses. Una empleada de la alcaldía confirmó que el dinero corresponde al periodo de septiembre a diciembre de 2022.
Voz Pública consultó a familiares de pensionados, líderes locales y a empleados de alcaldías en otros ocho municipios. En Arcatao y San José las Flores, en Chalatenango; en Jucuarán, al sur de Usulután, y en Carolina, al norte de San Miguel, confirmaron que el atraso en el pago de la pensión es de un año. Como en San Jorge, pagaron $200 a cada adulto mayor entre octubre e inicios de diciembre, correspondientes al último cuatrimestre del año pasado. Por tanto, les deben todos meses de 2023.
En San Ildefonso, municipio de San Vicente, la persona consultada dijo lo siguiente el 30 de noviembre: “Estoy desactualizada, sí les deben un gran montón, pero a saber cuáles serán los meses que les estarán pagando…”. Se consultó a esa comuna, pero no respondió. Algo similar pasó en Tacuba, municipio de Ahuachapán, y en Cinquera, en el departamento de Cabañas, donde hubo pagos recientemente, pero las familias desconocen a qué meses corresponden.
Finalmente, en Nueva Granada, al norte del departamento de Usulután, un líder comunitario confirmó que con el último pago les cancelaron hasta abril de 2023. Los adultos mayores despiden el año con ocho meses de atraso en ese municipio.
Se incumple la ley
Los beneficiarios, en su mayoría mayores de 80 años, arrastran problemas de salud y de movilidad propios de la edad. Viven en entornos con muchas limitantes y serias dificultades económicas. A esas condiciones se suma la incertidumbre de su pensión. No saben cuándo les pagarán, qué meses les cancelan y si les pagarán lo atrasado.
Por lo general, la alcaldía avisa unos días antes de la fecha de pago. El Mindel cancela cuatro meses juntos, pero nunca lo hace a tiempo ni en meses establecidos. Lo normal sería que se les pagase en enero, mayo y septiembre de manera regular para que los adultos llevasen un control del dinero. Por ejemplo, este año no había habido un desembolso en los primeros cinco meses, como lo refleja la memoria de labores de junio 2022 a mayo 2023.
La falta de información a los adultos incumple la Ley de Desarrollo y Protección Social, de abril de 2014, donde están incluidos los programas de protección e inclusión social. “Recibir información adecuada, suficiente y oportuna, en un lenguaje claro por medios accesibles sobre las características de los programas y los mecanismos de acceso a los mismos”, reza el artículo 35.
Voz Pública viene constatando esta realidad en las entrevistas realizadas a pensionados y a sus familiares en municipios de Chalatenango, Cabañas, Ahuachapán y Usulután en los últimos dos años.
Con los atrasos, el artículo 3, literal a, de la citada ley, también cae en saco roto. “Garantizar el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”.
Se consultó al área de Comunicaciones del Mindel en dos ocasiones por correo electrónico para conocer el estado en el pago de las pensiones, pero no se obtuvo respuesta.
Hay que recordar que la institución decidió ocultar la información relativa a los programas sociales de transferencias monetarias el 7 de febrero de 2023 por un periodo de siete años, hasta esa misma fecha de 2030. Sobre lo reservado en cuestión, en una parte se indica lo siguiente: “… datos estadísticos específicos tales como monto devengado, pagado o liquidado por municipio y tipo de programa…”.
“Entrega no oportuna”
En su última memoria de labores, el ministerio en cuestión reconoce “la entrega no oportuna de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas” en el apartado de “dificultades encontradas”. Como posible solución, plantea “dar prioridad a este programa en cuanto a la entrega oportuna de recursos…”.
En el sitio de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda se indica que el Mindel erogó un poco más de $21 millones a noviembre de los $24.8 millones asignados al rubro de la pensión a adultos mayores y personas con discapacidad. Aunque no lo específica, en gran medida, lo cancelado corresponde a pensiones atrasadas en 2022.
Para el próximo año, el presupuesto del Mindel contempla una cantidad similar. Por tanto, se infiere que la institución que dirige María Ofelia Navarrete, conocida como María Chichilco, seudónimo que adoptó en el conflicto armado, seguirá arrastrando la deuda de las pensiones a los adultos mayores.
Chichilco es originaria del municipio chalateco de Arcatao. Al centenar de beneficiarios de ese municipio se les adeuda el año entero. En octubre les pagaron $200 por última vez. En San José las Flores, localidad vecina, se consultó a la comuna y confirmaron lo siguiente en un mensaje del 1 de diciembre: “Para pensión del adulto mayor, el periodo pagado en el último evento fue de septiembre a diciembre de 2022 (…)”.
Alimentos más caros
La pensión no contributiva comenzó a entregarse a finales de 2009 a los adultos mayores que vivían en la treintena de municipios catalogados como los más pobres del país. En los años siguientes, la cobertura aumentó hasta los 33,000 pensionados de un centenar de localidades. A partir de 2014, la expansión del programa se ralentizó. Para acceder a la pensión, además de la edad, 70 años o más, no debe tener ninguna fuente de ingresos.
El monto de $50 no ha variado desde que empezó a entregarse, hace ya 13 años. En ese entonces, la canasta básica de alimentos en la zona rural costaba $121 al mes. Hoy, esos mismos productos valen $190.
En 2022 y 2023, ese grupo de alimentos se incrementó en $43, prácticamente el valor de la pensión, algo no visto desde 2000, primer año del que hay registro público en la estadística del Banco Central de Reserva. Tortillas, frijoles y huevos encabezan los productos con más aumento de precio en los dos últimos años.
Paulino de Jesús García vive en el mismo cantón que Israel y Marta. A sus 87 años arrastra problemas derivados de una operación en el sistema urinario que no alcanza a explicar bien. Una molestia en el conducto, le llama él. “De ahí para acá, yo he venido enfermito de esta cuestión, con dolores, con el cuerpo débil y sin ánimo. A lo bueno que yo hago algo porque no me gusta la pereza”, expresa.
En realidad, hace mucho con las fuerzas que le quedan. A un lado de la casa, hay unos pedazos de leña cortada y asegura que se ha tardado dos días.
Paulino malvive en una casa hecha de lámina y madera en mal estado. El agua del depósito que utiliza para tomar y cocinar está sucia, y tiene un color verdoso.
Sin un familiar que le ayude, encuentra una mano amiga con las hermanas de la iglesia cristiana a la que asiste. El dinero de la pensión cuenta que se le va de las manos en medicinas, leche, café, azúcar y tortillas.
Paulino solicita al presidente Nayib Bukele el dinero que le deben. “Yo quisiera que nos ayudara con las monedas que están así… pendientes, ya uno con molestias de salud, comprando una medicina y le dejan otro medicamento, no alcanza esa poquedad. Quisiera que tocara su conciencia. Nosotros le vamos a apoyar con nuestra voluntad, con nuestro amor…”.
