La nueva ley orgánica de la CEPA deja en un segundo plano a la Corte de Cuentas como ente fiscalizador. Para la supervisión de los procesos internos estipula una auditoría interna y otra externa, siempre y cuando la junta directiva, el principal órgano administrativo, lo apruebe.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, salió en defensa de la nueva ley orgánica, aprobada por la Asamblea Legislativa el 15 de agosto, a pesar de las críticas de la oposición relacionadas con una menor contraloría directa de la Corte de Cuentas de la República sobre la autónoma.
“En el tema de las compras y los controles, la Corte de Cuentas siempre va a estar a disposición y fiscalizando cualquier tipo de compras o de acto que tengamos”, expresó el presidente de la CEPA en la entrevista Diálogo, de Canal 21, un día después.
Voz Pública comparó la ley derogada y la nueva normativa, y conversó con expertos en materia de transparencia al respecto. En conclusión, lo expresado por Anliker se encuentra en la categoría de “engañoso” ya que hay cambios significativos en la ley aprobada que relegan al ente contralor.
En esta categoría se incluye aquella información que contiene datos o afirmaciones correctas, pero omite otros con la intención de confundir o engañar al usuario.
Diferencias en las leyes
La ley derogada establecía en su artículo 33 que la CEPA estaría sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas gracias a una delegación permanente en las oficinas de la autónoma.
“La Delegación deberá cerciorarse de que cada acto ejecutado por la Comisión esté de acuerdo con la ley, pero no tendrá facultad para objetar las decisiones administrativas desde el punto de vista de su conveniencia o inconveniencia (sic)”, se lee en el literal “a” del artículo en mención.
Asimismo, la ley dejaba la posibilidad de que si la junta directiva resolvía que no había irregularidades en informes sobre posibles infracciones, y el delegado (de la Corte) consideraba que las explicaciones no eran satisfactorias, el presidente del ente contralor tendría la oportunidad de escuchar a la junta y resolver al respecto.
En la nueva ley, publicada en el Diario Oficial el 25 de agosto, la Corte de Cuentas no se menciona ni una vez. La inspección, la vigilancia financiera y de las operaciones de la institución se llevarán a cabo por medio de dos tipos de auditoría, una interna y otra externa. Para realizarse, la junta directiva de CEPA deberá autorizarlas.
El artículo 42, que se refiere a la auditoría externa, establece: “La Comisión estará sujeta a la inspección y vigilancia financiera y fiscal de una firma de auditores externos, la cual será contratada por la Junta Directiva y durará en sus funciones el período de un año (sic)”. Las anomalías o irregularidades detectadas serán entregadas a la junta directiva, el principal órgano administrativo cuya mayoría de miembros responde a los intereses del gobierno.
Hay que recordar que la junta directiva está integrada por un presidente, nombrado por el presidente de la república, y seis directores, cuatro de ellos nombrados por el Ejecutivo, en los ramos de Defensa, Economía, Obras Públicas y Hacienda. Los dos restantes, correspondientes al sector privado, también serán electos por el mandatario, de candidatos propuestos en una asamblea convocada por Obras Públicas y Transporte.
Retroceso en transparencia
Para Jonathan Cisco, abogado de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, es lamentable que la nueva ley elimine el mecanismo de auditoría especial “concurrente”, que se refiere a un control continuo y en las distintas etapas y procesos para prevenir irregularidades.
“Este tipo de reformas promueven la corrupción al permitir que patrones de corrupción sean institucionalizados; prácticamente, se estaría legalizando la opacidad en dicha institución”, afirmó.
Una especialista en transparencia, que solicitó el anonimato, coincide en que el cambio de ley va encaminado a volver más opaco el trabajo de una institución que, a su criterio, distintos gobiernos han convertido en una especie de ‘caja chica’.
“Creo que hay muchos datos que nos confirman que este gobierno no tiene el menor interés en que su gestión sea fiscalizada, por ello crea leyes que lejos de facilitar los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, le están poniendo candados a toda gestión que realizan con los fondos públicos”, concluyó.
A esas circunstancias se suma el débil trabajo de la principal institución fiscalizadora de los recursos públicos. “Es un hecho conocido que las auditorías normales que realiza la Corte de Cuentas no son efectivas, mucho menos ahora que dicha institución será presidida por una persona que participó como precandidata en las internas del partido Nuevas Ideas”, indicó Cisco.
En el pasado, otras instituciones como la Dirección de Obras Municipales (DOM) han visto reducido sus mecanismos de control y transparencia gracias a reformas legales, como las de marzo de este año, donde se modificaron tres leyes para dar “mayor libertad” a esa institución en materia de compras públicas.
La nueva ley de la CEPA también faculta a la institución para “constituir o concurrir a la constitución de las sociedades conforme a la Ley que sean necesarias para los fines de la Comisión (sic)”.
Para los especialistas, esta modalidad puede favorecer los actos de corrupción porque se trata de sociedades con fondos públicos que no están sujetas al control de la Corte de Cuentas y otras instancias.
Voz Pública contactó al equipo de Comunicaciones de Federico Anliker con el fin de ampliar lo expresado por el funcionario en la entrevista mencionada, pero no hubo respuesta.
Fuentes:
Jonathan Cisco, abogado.
Especialista en transparencia.
Ley derogada de CEPA.
Nueva Ley de CEPA. Diario Oficial, 25 de agosto.
Entrevista a Federico Anliker en Diálogo, Canal 21.
