El Ministerio de Desarrollo Local reserva por siete años la información de programas dirigidos a los más pobres como la pensión básica y bonos de salud y educación
Abogadas de Cristosal y Alac Funde aseguran que resolución no está justificada y es contraria a la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP)
Sondeo a familiares de beneficiados y líderes comunales en siete municipios revela que el atraso en el pago de la pensión oscila entre seis meses y un año
María Gloria Valencia tiene 50 años y es madre de cinco hijos. Con ella y su esposo vive Magdalena, la menor, de 25. A dos más los tiene en mismo caserío El Coyol, una comunidad de unas 40 familias del cantón El Llano en el municipio usuluteco de Jucuarán. Los cerros Mono y El Mojón separan esa tierra sinuosa de la vista al mar y de playas conocidas como El Espino.
Magdalena padece epilepsia, un trastorno en el cerebro que se manifiesta con convulsiones. Sus padres no la pueden dejar sola. Temen que se golpee o, peor aún, se escape de la casa, como ya les ha pasado. Cuando María logra un “trabajito” en el casco urbano de la localidad, ocho dólares por hacer pupusas en una jornada de 8 horas, su esposo se queda en casa. Cuando no es así, trabaja el pedazo de tierra que alquila donde cultiva maíz y frijol, o bien realiza otras tareas.
Por su problema de salud, la joven está incluida en el Programa de pensión al adulto mayor y personas con discapacidad a cargo del Ministerio de Desarrollo Local (Mindel). Tiene derecho a una ayuda de $50 al mes. Con ese dinero, cuenta María, compran alimentos, medicina y “otras cositas” para ella. El asunto es que nunca saben cuándo les van a pagar. “Hasta marzo pagaron, ya quizás vamos a tener un año (de no recibir la pensión)”, se lamenta su madre. La cosecha de maíz, el medio de sobrevivencia familiar, fue mala en toda esa zona. De los 16 sacos que sacaron el año antepasado, esta vez, el grano recogido no alcanzó para llenar más de cuatro.
A escasos metros de su casa, José Antonio Martínez camina junto a su yegua calle abajo hacia su champita. A sus 78 años aún trabaja su milpa. Ha perdido la visión del ojo derecho lo que le impide, comenta, “salir a ganar (en otros trabajos)”. Como beneficiado del programa anterior tiene derecho a una pensión de $50 al mes. No recuerda si fue en marzo o en agosto de 2022 la última vez que le pagaron. Al consultar a personal del municipio resulta que abril de 2022 es el último mes cancelado de ese programa. José sí tiene claro en que emplea el dinero. “Guardo una fichita para el azúcar. No lo malgasto ligero, voy acuñando (sic) para estar comiendo”, comenta en voz baja. Alza el tono, eso sí, para decir lo cara que está la comida: “Antes, en la tienda daban ocho huevos; hoy, cuatro por el dólar. Todo ha subido”.
Dos o tres cuadras más arriba, en dirección al propio Jucuarán, vive Wendy Amaya, madre de dos niños: uno de cinco años y otro de tres meses. Su esposo se dedica a la agricultura cuando es el tiempo y a hacer algún trabajo cuando lo buscan. “Ahí la vamos pasando”, dice Wendy, de 22 años, resignada también por la baja cosecha de maíz.
Durante el embarazo de su primer hijo y hasta 2020, cuando cumplió dos años, recibió $15 al mes como parte de los bonos de salud y educación. Este programa, que surgió en la administración del presidente Antonio Saca, consiste en otorgar una cantidad de dinero a los responsables de niños a cambio de que cumplan los controles de salud y asistan a clases regularmente.
Wendy esperaba el mismo beneficio para el segundo, pero el Mindel nunca lo registró. Con la desaparición del Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL), entidad que administraba estos programas, a finales de 2021, cientos de empleados fueron despedidos, muchos de ellos trabajadores de campo, encargados de visitar y hacer evaluaciones a los beneficiarios.
Niegan información
Conocer las razones del atraso de la ayuda a Magdalena, los meses que le deben a José o el porqué a la hija menor de Wendy no la incluyeron en el censo a la que tenía derecho es, desde el pasado 7 de febrero de este año, información reservada en el Mindel. Las tres personas representan los principales programas que gestiona esa institución. Tanto la pensión no contributiva como los bonos están focalizados en las personas más vulnerables que viven en los municipios más pobres del país.
A finales de enero, Voz Pública solicitó a esa institución, a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), lo siguiente: el monto presupuestado en 2022 en el programa de la pensión de los adultos mayores y las personas con discapacidad, la inversión ejecutada, cuánto de ese dinero correspondía al pago de pensiones de 2021 (pensiones atrasadas) y cuánto al del año en curso. Cuatro cifras, en concreto. La institución solo brindó la primera, $22.9 millones, y negó las otras tres. “Denegar el acceso a la información pública solicitada sobre los requerimientos de los numerales “2”, “3” y “4” por encontrarse reservada por las causales «g» y “h” del artículo 19 de la LAIP, por el período de siete años”, expresó el Mindel en una resolución firmada por Roberto Molina, oficial de la OIR.
Días después, en otra petición se solicitó la cantidad de beneficiados y el último mes cancelado por municipio en los programas de los adultos mayores y bonos de salud y educación. El Mindel brindó la información del primer punto y negó la segunda, acogiéndose a la reserva. Con estas solicitudes se quería comprobar el estado de los pagos a la población más vulnerable en un contexto difícil donde la inflación en el rubro de alimentos llegó al 12% el año pasado.
En un sondeo realizado por este medio a familiares, líderes comunales e incluso alcaldes en municipios de cuatro departamentos se constató atrasos en el pago de la pensión básica de $50 entre seis meses y un año. En Cinquera, Cabañas, el último mes cancelado es febrero de 2022. En Arcatao y San José Las Flores, en Chalatenango, es abril. Lo mismo sucede en San Jorge, departamento de San Miguel, y en Jucuarán y Mercedes Umaña, en Usulután. En municipio usuluteco de San Francisco Javier, en cambio, es agosto el último mes cancelado de una pensión que se paga de manera cuatrimestral. Voz Pública constató este problema de pagos atrasados en varias ocasiones durante 2022.
En el caso de los bonos de educación y salud, y la modalidad reciente llamada bono ventana de oportunidad, el atraso es incierto y, probablemente, aún mayor. A las madres y líderes comunitarios les resulta difícil dar el mes o un periodo concreto en que se les canceló por última vez y los meses que se les adeuda. En los pagos que el Mindel realiza y comunica en las redes sociales solo indica el lugar y la población beneficiada. Omite el monto y a qué periodo corresponde.
Reserva injustificada
En el documento de seis páginas compartido a Voz Pública se justifica la reserva en las causales “g” y “h” del artículo 19 de la Ley Acceso a Información Pública (LAIP). La primera causal se refiere a “la que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”. La segunda dice así: “La que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.
Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, considera que las razones de reserva no cumplen con los criterios expuestos por la jurisprudencia y la ley dado que la solicitud de información se limita a montos generales destinados a satisfacer un derecho de personas en situación de vulnerabilidad. “La reserva refleja el temor de la administración pública de que se evidencie que los fondos correspondientes a la pensión básica universal no han sido entregados a los beneficiarios de la ley, dejándolos desprotegidos”, apunta la abogada.
Desde el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), oficina de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la abogada Graciela Ayala asegura que la información solicitada es de carácter público y oficioso por lo que la fundamentación de la reserva es contraria a la propia LAIP. Apunta que tampoco se explican qué estrategias pone en peligro lo solicitado por este medio de comunicación ni cuál es la ventaja y para quién, como requieren las causales bajo las que se sostiene la reserva. “Se está violentando el derecho de la información pública”, sentencia.
Además de los programas sociales mencionados, la información relativa a los paquetes agrícolas, compuestos de semillas de maíz y frijol, y fertilizantes, se declaró reservada en 2022. En ese caso, la institución de turno también se agarró de las mismas causales.
En el programa de la pensión básica de $50 mensuales están inscritos 37,502 adultos mayores de 70 años repartidos en 123 municipios y 1,098 personas con discapacidad de 29 municipios. En el caso de los bonos de educación y salud son 29,910 personas, en su mayoría mujeres, las que se benefician de las transferencias monetarias a cambio de cumplir ciertas condiciones como llevar a sus hijos a los controles de salud y que asistan a clases regularmente, según datos del Mindel del año pasado.
