El autor insiste en la necesidad de la apuesta por la educación como el camino hacia una sociedad mejor y más justa.
Cualquier ciudadano salvadoreño se pregunta: ¿Qué hemos hecho mal para vivir y revivir nuestra desgracia desde el inicio de nuestra historia?
Lo cierto es que todos somos culpables por acción u omisión, encubrimiento, displicencia y diversos factores coadyuvantes. También podríamos exculparnos al entender que así es como nos han educado (o amaestrado) por medio de un perverso sistema educativo familiar y social. No podemos olvidar tampoco el papel del Estado que no ha querido o ha dejado de querer a conveniencia el cumplimiento de su obligación constitucional de proteger, desarrollar y dignificar a la población.
Y así, repetimos ciclos de corrupción, violencia, división y pobreza por siempre. El dinero público se va de las manos de manera inútil para la población mientras algunos pescan en río revuelto.
Si de verdad deseamos resolver nuestro problema social, debemos enfocar nuestros recursos y energía en elementos básicos que en el mediano y largo plazo garanticen una sociedad más justa, digna y solidaria que nos lleve a espacios de paz y armonía.
Les pongo un ejemplo:
¿Qué hacemos por el niño o la niña cuyos padres están en conflicto con la ley?
La respuesta es visible: los dejamos solos a la buena de Dios. Muchos de ellos reproducirán lo que viven y se convertirán en padres en conflicto con la ley.
Imaginemos un mundo ideal donde los gobernantes se preocupan por resolver nuestra crisis existencial de violencia permanente en el círculo vicioso que es nuestra sociedad.
Imaginemos un programa de construcción de centros educativos de atención a niños y niñas cuyos padres están en conflicto con la ley. Supongamos que la construcción de cada centro cuesta $250,000.
Pensemos que el personal de este centro (10 docentes, un sicólogo, un trabajador social, una persona de servicios varios, una enfermera) supone un gasto de $60,000 al año por sus servicios. Para el mantenimiento, mobiliario y equipo, pongamos que se requieren otros $50,000 anuales.
¿No hay dinero?
El presupuesto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en 1992 fue $80 millones. Con ese dinero hubiésemos construido 320 centros de atención educativa para niños y niñas de padres en conflicto con la ley. Uno por cada municipio y los demás repartidos entre las ciudades más pobladas.
En el año 2000, el presupuesto de esa institución llegó a $109 millones. Con ese dinero, habríamos sostenido este programa por un poco más de tres años.
Para 2020, el presupuesto del Ministerio de Defensa llegó a $220 millones. Con ese dinero, se habrían podido abrir otros 100 centros de atención a niños y niñas, y darles sostenibilidad financiera por 10 años. Y aún alcanzaría para atender el gasto de los otros 250 centros durante tres años.
Para este 2022, el presupuesto de esa institución llegó a su máximo histórico: 250 millones. ¡Podríamos sostener los centros de atención educativa por una generación completa!
Prioridades dicen. Prioridad es educar y evitar que nuestras generaciones de jóvenes sigan reproduciendo el esquema de venganza-violencia-exclusión-represión que se perpetua desde los inicios de nuestra historia.
En los Acuerdos de Paz se abordó la temática de Educación para la paz, pero no llegó a desarrollarse con la profundidad debida.
¿Y ustedes qué opinan?
¿Creen en la educación como solución a nuestros problemas?
