El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio su aval a la DOM para que ejecute el plan de modernización del hospital Rosales. Sobre esa institución recae la responsabilidad de un nuevo proceso de licitación y gestionar los contratos para la construcción de la torre médica donde funcionará la consulta externa y el hospital de día. El Ministerio de Salud queda en un segundo plano.
Desde ALAC Funde y Cristosal se cuestiona el aporte y la capacidad de la DOM para construir un hospital de tercer nivel. Además, denuncian el manejo poco transparente del Ministerio de Salud y el BID en lo que concierne a este asunto.
El presidente Nayib Bukele cumplió tres años de gestión y el proyecto del nuevo Rosales sigue sin arrancar: no hay diseños de las obras ni siquiera empresas contratadas para elaborarlos.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para que ejecute el plan de modernización del hospital Rosales, en principio, junto con el Ministerio de Salud. Esa institución se creó en noviembre del año pasado con el objetivo de realizar proyectos en los municipios.
Voz Pública solicitó la información a esa entidad financiera a través de su Centro de Información Pública. “Una vez analizada la información, el Banco dio su anuencia a la incorporación de la Dirección Nacional de Obras Municipales como coejecutor de las actividades del Hospital Rosales contempladas en el Préstamo Integrado de Salud II”, se lee en la respuesta recibida el pasado 31 de mayo.
El proyecto hospitalario es financiado con una parte del préstamo de $170 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa en junio de 2018 y destinado al fortalecimiento de servicios de salud en los distintos niveles de la red de atención. Con estos fondos se construye también otro hospital que se levantará en la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y que está en la etapa de diseño.
Para entender la relación entre la DOM y el nuevo hospital Rosales hay que remitirse al informe emitido por el Ministerio de Salud el 8 de febrero pasado. De él se desprenden dos anuncios principales. El primero es la anulación del contrato de licitación para escoger a la empresa encargada de construir la consulta externa y el hospital de día. El segundo es que la DOM toma las riendas del nuevo proceso de contratación. Para esto último, el Gobierno necesitaba la aprobación que el BID dio finalmente.
Salud anuló el proceso cuando estaba a punto de adjudicar el contrato para el diseño y la construcción de la torre médica a edificarse en el predio del exhospital de Maternidad. En ese concurso público participaron seis empresas, cuatro de las cuales superaron la parte técnica y presentaron sus ofertas económicas. De manera sorpresiva, Salud optó por suspender el proceso sin decantarse por ninguna de ellas.
El ministro Alabí no ha dicho una palabra de ese asunto en la decena de entrevistas de televisión a las que ha asistido desde entonces, la última de ellas el lunes 6 de junio. Tampoco ha razonado la inclusión de la DOM. Sobre esto último, en el mencionado informe se justifica en “la necesidad de revisar y reformular el proyecto (…) que incluye realizar modificaciones en su alcance, así como en las especificaciones técnicas (…)”. La DOM, según ese documento, será el ente encargado de estructurar el proceso de licitación, ejecutar y gestionar el contrato de la obra. En ese sentido, el Ministerio de Salud queda relegado a un papel secundario en este asunto.
Aporte de la DOM
La pregunta que cualquiera se hace es qué aspectos técnicos avalan la incorporación de la DOM a un proyecto hospitalario. Para Graciela Ayala, abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), oficina que forma parte de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), es difícil dar una respuesta debido a que el Ministerio de Salud y el propio BID ocultan información pública.
“Es lamentable que se nos haya negado el acceso (a los documentos) donde se manifiesta que es necesario transferir dicho proyecto a la DOM. No es posible corroborar cuál es el beneficio que conlleva a la población anular un proceso que ha tardado más de dos años en gestarse y que estaba a punto de adjudicarse (…) Hoy por hoy, ese proceso de contratación no es transparente y posiblemente esté siendo manipulado para conveniencia u objetivos distintos, o en contra del bien común de la población. En ningún momento queda claro cuál es el valor agregado de la DOM”, asevera la especialista que lleva meses dando seguimiento a este caso.
Ayala recuerda que cualquier contratación de empresas para el proyecto del nuevo Rosales, al estar financiado por el BID, debe cumplir las políticas del Banco, independientemente de la institución que la gestione.
Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, enfatiza el riesgo de centralizar las obras del Estado a través de la DOM y teme que al eliminar controles como los de libre competencia y transparencia en la contratación se afecten las condiciones de calidad que un hospital requiere. “Los diseños y las construcciones hospitalarias tienen estándares especializados para la disposición de equipos, accesos, los flujos de pacientes… no es como diseñar y construir una calle o una escuela”, apunta López al referirse al rol para el que la DOM fue creada.
En la respuesta del BID a Voz Pública en la que autoriza la incorporación de la DOM, el Banco dijo que brindó una serie de recomendaciones que “serán tomadas en consideración para asegurar el éxito de las actividades del proyecto”. No menciona, sin embargo, una sola recomendación. Tampoco explica como el Banco se va a asegurar que la Dirección Nacional las tomará en cuenta.
“Es un poco decepcionante que siendo una institución que pregona la transparencia, el desarrollo y la democracia no pueda proporcionar mayor información referente a un proceso que, según las políticas internas de nuestro país, es de carácter público”, reflexiona la abogada de ALAC en referencia al BID y a su negativa a dar a conocer las razones por las cuales se anuló el proceso de contratación de la empresa para el diseño y construcción de la primera torre médica. Este proceso, sobra decirlo, era el más avanzado de los que forman parte del proyecto de modernización del Rosales.
“La DOM parece haber nacido para pretender ocultar la incapacidad de los ministerios y gestionar con opacidad la obra pública en general, no solo la municipal”, sentencia la responsable de Cristosal.
El contrato de préstamo se público en el Diario Oficial el 11 de mayo de 2018. Por tanto, están por cumplirse cuatro años, tres de ellos de la gestión del presidente Nayib Bukele. A estas alturas, en el proyecto del nuevo Rosales no se ha puesto un ladrillo. Tampoco hay diseños porque no se han contratado a las empresas para ello.
El plan de modernización del hospital centenario consiste en la construcción de dos torres médicas donde funcionarán los servicios de consulta externa y hospital de día, y la hospitalización de pacientes. Además, según ha dicho el Ministerio de Salud a través de distintas solicitudes de información, se acondicionará el edificio de especialidades, ubicado al interior del hospital, para albergar la nueva área de emergencias.
El hospital Rosales es el principal centro de atención de adultos del país. En 2021, en promedio, cerca de 590 personas pasaron consulta a diario y se hicieron 66 cirugías mayores y menores entre programadas y de emergencia por día. Además, este centro hospitalario cuenta con el mayor número de especialidades y subespecialidades médicas.
El hospital Rosales cumple 120 años de funcionamiento el próximo mes de julio. El mal estado en que se encuentran algunas áreas y servicios es evidente lo que repercute en la calidad de atención a los usuarios. Por ese motivo, en la administración anterior se gestionó una millonaria inversión para mejorar y modernizar las instalaciones del centenario nosocomio.
La inversión programada, proveniente del mencionado préstamo del BID, es un poco más de $72.6 millones repartidos entre la obra física, equipamiento y recurso humano. En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa, a solicitud del Ejecutivo, reorientó $13.3 millones del préstamo de 170 millones para el Hospital de El Salvador. Al presupuesto del hospital Rosales le redujeron $7.4 millones a los $80 millones contemplados inicialmente.
