En plena era digital, la administración del presidente Bukele vuelca su política de comunicación en las redes sociales, pero abandona esa herramienta para atender uno de los principales problemas de seguridad: los desaparecidos. En las cuentas de la PNC, donde se comparte información de la vacunación del covid-19, algo ajeno a la labor de la institución, los desaparecidos no existen. ¿Y en las de la Fiscalía? De las 793 personas registradas como desaparecidas en los primeros tres meses y medio de 2021, la Fiscalía compartió 62 publicaciones, el 8% del total. Apenas un desaparecido de cada 13 está en sus redes sociales. Y, en ocasiones, la información se publica tarde, hasta cinco y seis días después de que la persona fue vista por última vez. Para los especialistas consultados, la razón puede estar en que este asunto de los desaparecidos contrasta con el éxito que el Gobierno atribuye al Plan Control Territorial.
“Por favor: si me lo tienen, regrésenmelo”. La madre de Mauricio Cisneros, de 15 años, clama por el regreso de su hijo, desaparecido la noche del 19 de abril. Lo hace en un mensaje en Facebook en una búsqueda desesperada por saber su paradero. Al día siguiente, el padre de Mauricio acudió a la PNC de Ciudad Arce, departamento de La Libertad, para denunciar el hecho. Vía teléfono, su hija cuenta que él iba a la delegación a diario para preguntar por su hermano, pero no le daban información. Al final, dejó de hacerlo. La desaparición de Mauricio se publicó y compartió en varias cuentas de servicio social a través de plataformas de redes sociales. En cambio, no tuvo un espacio en las de la Fiscalía ni la PNC, las instituciones, por ley, obligadas a hacer todo lo posible por buscarlo.
Del 1 de enero al 14 de abril, la Fiscalía registró 793 personas desaparecidas, 100 más que en 2020, es decir, un aumento del 14%. El jefe de la Unidad de Desaparecidos de esa institución, Albin Serrano, aclara que esa cifra se corresponde con los dos delitos que enmarcan el tema de las personas desaparecidas: el de privación de libertad, con 434 casos, y el de la desaparición de personas, con 359 casos. La separación de ambos delitos surge de la reforma al Código Penal en octubre de 2019 gracias a la cual se incluyó el fenómeno de las desapariciones en la legislación, en concreto, en el artículo 148-A.
Voz Pública examinó las distintas cuentas de la FGR y la PNC en las redes sociales entre el 1 de enero y el 14 de abril para determinar qué tanto se usaron como una herramienta para informar y alertar de personas desaparecidas de tal manera que la población pudiera aportar pistas y contribuir a su localización. El resultado se puede resumir así: la PNC no publica estos casos y la FGR lo hace en contadas ocasiones, a veces tarde, varios días después de la desaparición, y nunca publica el mismo caso dos veces.
En ese periodo, la Fiscalía compartió 62 post o publicaciones de personas desaparecidas a través de dos cuentas en Twitter creadas para ese fin: la Unidad Especializada de Desaparecidos, con 12,490 seguidores, difunde información de personas adultas, y Ángel Desaparecido publica datos de menores de edad y es seguida por 14,570 personas.
La cuenta principal de la Fiscalía, con 348,660 seguidores, apenas retuiteó 26 casos en ese periodo de tiempo. En Facebook, la cuenta oficial tiene más de 50,000 seguidores y publica lo mismo que en Twitter. Además, la institución cuenta con un sitio web donde alerta de menores desaparecidos e insta a que la ciudadanía dé alguna pista que ayude con su paradero. Esta web, a diferencia de las cuentas de Twitter que dejaron de publicar desaparecidos a finales de abril, sigue actualizando los casos. El último corresponde a Joseline Beatriz Cerna, de 18 años y vecina del municipio de Sonsonate, publicado el 15 de mayo.
Si se hace la relación entre las personas desaparecidas y las publicadas en las redes sociales, el resultado arroja un 8%, es decir, en ocho de cada 100 desaparecidos, la Fiscalía informó y alertó de su desaparición en las redes sociales. Aún si se toman en cuenta solo los casos propios del delito de desaparición de personas (359), es un 17%, una publicación por cada seis desaparecidos. En ocasiones, la información se subió a las redes entre tres y cinco días después de la última vez que las personas fueron vistas. En casos excepcionales se publicaron hasta un mes después.
¿Y la PNC? Su cuenta de Twitter tiene 641,744 seguidores, pero no publica los casos de las desapariciones de personas. En cambio, sí se pueden leer posts sobre vacunación que no tienen que ver con la finalidad de esa institución, que no es otra que velar por la seguridad en el país. Además, tanto la cuenta de Facebook como el sitio web siguen el mismo patrón: cero información sobre desaparecidos.
En parte, el trabajo que corresponde a la Fiscalía y la Policía lo desarrolla un grupo de personas altruistas detrás de la cuenta Desaparecidos SOS El Salvador en Twitter. En un mensaje enviado a Voz Pública, el responsable recuerda que la iniciativa surgió a inicios de 2019 al observar que no se le ponía atención al fenómeno de las desapariciones. “Ayudar a localizar a las víctimas mediante la generación de alertas, (dar) seguimiento y acciones de búsqueda específicas en coordinación con las autoridades respectivas”, responden cuando se le pregunta por la finalidad de la cuenta. En su mensaje final, relata que han sido amenazados por troles, les han dado seguimiento y hackeado sus cuentas para frenar el trabajo que desarrollan.
Omar Luna, cofundador de la firma consultora Lab-Dat, destaca el valor de las redes sociales a la hora contribuir a dar con el paradero de un desaparecido. “Pueden ayudar a identificar o tener ciertas pistas o información clave con la cual se pueden encontrar a las personas desaparecidas. (También) a visibilizar el tema dentro y fuera de las redes”, reflexiona. Cita el caso Flor, una joven desaparecida hace más de dos meses que tiene una amplía difusión en redes sociales, como un ejemplo que empieza a sentar un precedente de la importancia que requieren las personas desaparecidas. De paso, añade Luna, para recordarle al Estado que “tiene que desempeñar un papel sumamente más enérgico en la búsqueda de personas”.
Ivon Rivera, especialista en comunicaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), desconoce como esas instituciones públicas usan sus cuentas en redes sociales y, para explicar la ausencia de un trabajo de publicación y alerta sobre desapariciones, plantea algunas razones como la falta de presupuesto o la incapacidad para dar seguimiento a todas las solicitudes y publicarlas.
Ambos coinciden en que el éxito del Plan Control Territorial, como lo presenta el Ejecutivo, contrasta con el elevado número de desaparecidos en el país. “Si estamos tan seguros por qué hay tanta gente desaparecida”, se pregunta Rivera. “Los casos de desaparecidos causan incomodidad en las autoridades porque visibilizan las fallas de este plan que quiere posicionar como una política de gobierno exitoso”, indica Luna.
Guardar silencio o callar ante los casos de desaparecidos que “cuestionan” la efectividad del plan de seguridad, como hicieron otras administraciones en el pasado, explicaría también, a juicio de ambos, que las redes sociales institucionales omitan las desapariciones de personas en el país como parte de una estrategia. De hecho, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en una de sus primeras entrevistas tras asumir el cargo, trató de minimizar ese fenómeno. «Hay agendas ocultas de instituciones, las ONG y medios queriendo poner al frente el tema de desaparecidos», expresó.
El área de comunicaciones de la Fiscalía no respondió una serie de preguntas que se le enviaron para conocer su posición sobre las razones por las que no comparten la información de los desaparecidos, de todos, como una manera de alertar y aportar a la resolución de los casos. Voz Pública conoció, no obstante, que hay algunas familias que prefieren que su pariente no sea publicado en las redes sociales si bien se desconoce qué tan común sea. Para la resolución con éxito de estos casos, las primeras 48 o 72 horas resultan vitales, según las autoridades. De ahí la importancia de la denuncia temprana y la máxima publicidad para que la población pueda aportar pistas o información que contribuya a dar con el destino de un desaparecido.
En general, las autoridades informan que alrededor de la mitad de las denuncias de desaparecidos se resuelven. En 2020, por ejemplo, de las 2,344 víctimas, 1,290, el 55% fueron localizadas. El resto, 1,054, sigue desaparecida.
Bajo esa lógica, llama la atención que la Fiscalía haya subido 25 publicaciones de menores desaparecidos en los primeros tres meses y medio, y solo uno se haya publicado como localizado posteriormente. En el caso de los adultos, de los 37 publicados apenas localizaron a dos en ese periodo de tiempo.
“Ojalá, primero Dios, un día ella aparezca”. Con esa frase cierra otra madre, la madre de Glenda Chévez, de 29 años, la conversación con Voz Pública. Su hija desapareció el 10 de marzo, pero su familia supo hasta 12, el día en que un familiar acudió a interponer la denuncia a la delegación de la PNC de San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana. Una amiga de Glenda intentó denunciarlo antes, pero, dice ella, no pudo al no tener los mismos apellidos. De su desaparición se hicieron eco otras cuentas de redes sociales, pero, de nuevo, ni una palabra en las oficiales de la PNC y la Fiscalía.
