“No todos los casos de personas desaparecidas reciben la misma difusión ni la misma atención”

por Kattia Merlos
Jeannette Aguilar es especialista en temas de seguridad.

Jeannette Aguilar, investigadora y especialista en temas de violencia y seguridad, critica la falta de una respuesta institucional y articulada para atender el fenómeno de las personas desaparecidas. En vez de eso, esta gestión del presidente Bukele, como también las otras en el pasado, restan credibilidad y relevancia ante unos hechos que, como ella puntualiza, en muchos casos “enmascaran homicidios”. Tampoco sale muy bien parada la nueva Asamblea, con mayoría de diputados del oficialismo. “Es bochornoso que legisle en contra de los familiares y las víctimas”, sentencia al referirse a la decisión de mandar al archivo el anteproyecto de ley que daría luz verde a la creación de un sistema para la búsqueda de desaparecidos.

Voz Pública examinó las publicaciones en las redes sociales de la instituciones involucradas en el área de seguridad los primeros 100 días del año para conocer qué importancia le daban a las personas desaparecidas. La Fiscalía apenas publica información en sus redes de una de cada 13 desaparecidas y, a veces, incluso tarde, días después de la denuncia. La PNC ni siquiera eso, nada.

Una situación que contrasta con el deber ser que plantea Aguilar para la atención adecuada de las personas desaparecidas. “Tiene que haber una respuesta ágil, eficaz e inmediata, lo que es crucial para salvaguardar a la víctima de diversas vulneraciones a sus derechos, incluyendo la vida”.

Sobre la escasa publicación de desaparecidos en las redes sociales oficiales de la Fiscalía y la Policía, ¿a qué lo atribuye? ¿Cree que es parte de la desatención de este gobierno le da a la búsqueda de estas personas?

La Fiscalía registra 793 personas desaparecidas desde el 1 de enero al 14 de abril de 2021.

Creo que sí, más bien hay una continuidad en términos de algunas iniciativas que se habían venido dando, sobre todo del lado de la Fiscalía. De la Policía advertimos un menor esfuerzo para atender este fenómeno, incluso para visibilizarlo en sus redes. Tradicionalmente, la PNC no ha publicado en sus cuentas institucionales ni tiene página propia para generar este tipo de alertas. Es la Fiscalía la que creó hace algunos años, oficialmente, la cuenta de Ángel Desaparecido para reportar casos de menores de edad y, posteriormente, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas que publica a los adultos.

Lo que vemos en estos primeros dos años del gobierno es una continuidad, no solo en la retórica oficial, la retórica negacionista de restarle credibilidad y relevancia al fenómeno de las desapariciones de personas, sino también de descalificar la información y análisis, como sucedió en el caso de la investigación que presentamos con FESPAD. El ministro de Justicia la descalificó sin conocerla. Ahí se ofrecen insumos amplios para que el Estado salvadoreño puedan responder a esta situación. No son, digamos, competencias opcionales. El fenómeno lo podemos catalogar como una urgencia y emergencia humanitaria dada la magnitud de los casos la gravedad de los hechos. 

Ha habido avances a partir de las reformas de 2019, pero no vemos una respuesta institucional articulada. La responsabilidad de impulsar las reformas ha recaído en la Fiscalía y Medicina Legal. En el caso de la Policía vemos que tiene una postura exactamente igual a la que hemos visto en los gobiernos anteriores: negacionista e irresponsable de restarle credibilidad e importancia. Esto también es ofensivo para las víctimas porque resta credibilidad a sus argumentos de que las personas, efectivamente, han desaparecido. Sobre todo en un país como El Salvador donde estamos frente a un fenómeno agudo de décadas y a un patrón sistemático de desapariciones que habitualmente enmascaran homicidios.

En las cuentas (de redes sociales) lo que se muestra es esa falta de articulación institucional. Lo ideal sería, por ejemplo, que la publicación de la Fiscalía fuera por todas las cuentas institucionales o, desde la lógica de una respuesta estatal, se creara una comisión interinstitucional, una especie de comisión de búsqueda con sus propios medios de difusión para difundir en todos los medios y cuentas institucionales. Sería lo ideal.

Uno tiene la impresión, por las pocas publicaciones, que no todos los casos de desaparecidos reciben la misma atención en las investigaciones…

Los casos de personas desaparecidas que se publican son, sobre todo, los que se denuncian en la Fiscalía, pero también sobre la base de algunos criterios de intervención que se establecieron a partir de las reformas de 2019, con la adopción del Protocolo de Acción Urgente (PAU) y la creación de la Unidad Especializada de (Personas Desaparecidas), para asumir la búsqueda de personas. Es decir, que no todos los casos reciben la misma difusión ni la misma atención. 

Del universo de casos que se denuncian en la Fiscalía es sólo una proporción la que asume la Unidad Especializada. Generalmente son casos donde hay involucrados tres o más víctimas, hay agentes del Estado, cuando han sido delegados de forma directa por el fiscal o se trata de casos de repercusión mediática. Estas instancias suelen responder en virtud de la repercusión mediática que tengan los casos por lo cual hay un criterio de discriminación en relación al nivel de atención, difusión e investigación incluso que reciben los casos de denuncias de personas desaparecidas.

No todos los casos reciben el mismo nivel de atención; de ahí que haya bastante descontento en muchos de los familiares en relación a la poca atención que se les brinda. No sólo en términos de la publicación sino, y sin duda me parece lo más grave, en las obligaciones de estas instancias de activar una búsqueda temprana, urgente y eficaz para encontrar a las personas con vida. Además, los obstáculos que enfrenta la familia para que los casos avancen. En este estudio que trabajé con FESPAD está documentado que la gran mayoría de los casos no son investigados. No hay avances en materia de documentación de evidencias, entrevistas, visitas al lugar de donde desaparecieron. Debido a esta negligencia, inacción e indolencia de las instancias de seguridad para acompañar la investigación, los propios familiares terminan haciendo su propia investigación, como hemos visto en varios casos que publican en sus cuentas personales y familiares, y los comparten en sus redes de amigos. A veces, eso cobra notoriedad, cuando ya circula por las redes, y es entonces (cuando) la Fiscalía lo retoma.

Hay problemas con los criterios, pero también esto tiene que ver con los pocos recursos asignados y, de alguna manera, el sesgo político que ha mediado en relación a restarle relevancia al fenómeno para no cargar con el costo político de evidenciar ese fracaso del Estado.

La respuesta institucional inmediata tras una desaparición es clave para poder hallar con vida a esa persona…

En muchos casos, los familiares denuncian tardíamente porque desconocen el periodo que está establecido. Creen que se sigue exigiendo las 72 horas, criterio que se había exigido hasta las reformas de 2019. Desde 2020, cualquier persona, familiar, amigo o conocido que tiene sospecha fundada de que una persona o familiar ha desaparecido puede denunciar desde las primeras horas. El tema del tiempo ya no es un requisito formal. 

En la práctica, algunos policías, sobre todo algunas sedes policiales, siguen exigiendo esperar este tiempo, que ha operado en un sentido contrario a la lógica de la búsqueda oportuna y eficaz. Ha facilitado que muchos casos de personas que pudieron haber sido rescatadas o localizadas vivas, fueran asesinadas y sus cuerpos enterrados.

Lo ideal es que sea una respuesta inmediata en un país como El Salvador donde los familiares casi siempre están pendientes de sus hijos, de sus parientes cuando salen. Entonces, cuando hay una alerta ya sea que el teléfono no lo contesta o hay elementos de sospecha que pudo haber pasado algo, son elementos creíbles que tienen que considerarse por parte de los funcionarios a la hora de activar la búsqueda. Y si fue una falsa alarma, pues qué bueno, porque hay una obligación en un país como El salvador donde hay una alta probabilidad que una persona que haya desaparecido, caído en manos de grupos delincuenciales o sido objeto de algunas vulneraciones. Tiene que haber una respuesta ágil, eficaz e inmediata, lo que es crucial para salvaguardar a la víctima de diversas vulneraciones a sus derechos, incluyendo la vida. 

¿Qué tan efectivas pueden ser las plataformas de redes sociales para contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas?

Sí, sin duda, las redes son un medio y en muchos casos ha sido un medio efectivo, pero no es un medio que llega masivamente a todos los sectores de la población en estos casos. Lo ideal, como ocurre en otros países, es que existan páginas complementarias a estas cuentas, sistemas y modalidades; un sistema de difusión de mayor alcance que llegue a los distintos sectores de la población para facilitar su localización inmediata. La difusión es fundamental pero requiere la articulación, al igual que los mecanismos de búsqueda y de intervención inmediata, requiere una coordinación interinstitucional que hasta ahora ha mostrado deficiencias y resistencias de las instituciones a compartir información, a coordinar acciones en conjunto. 

¿Qué opina de la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de archivar el anteproyecto de Ley de Creación de Sistema de Personas Desaparecidas y no Identificadas?

Es vergonzoso y bochornoso que esta nueva Asamblea Legislativa esté mandando  mensajes de impunidad y de negación del Estado salvadoreño a reconocer su obligación de investigar estos hechos. Estas obligaciones no son opcionales, son compromisos nacionales e internacionales que el Estado salvadoreño ha adquirido. En buena medida, la atención que se le dio en 2019 tuvo que ver con señalamientos de organismos internacionales por la falta de respuesta del Estado a este gran fenómeno. La propuesta del anteproyecto de una ley de búsqueda ha costado años, décadas. En ese contexto es bochornoso que esta nueva Asamblea legisle en contra de las víctimas. Pareciera ser que están favoreciendo el encubrimiento de grupos criminales, que han adoptado sistemáticamente la práctica de la desaparición en su repertorio criminal, y, por otra parte,  es un agravio a las víctimas, a las familias en términos de revictimizarles y de sepultar cualquier esperanza de búsqueda y de localización de sus seres queridos.

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