Para la exembajadora Mari Carmen Aponte, las decisiones adoptadas en la Asamblea Legislativa y guiadas desde el Ejecutivo para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general están siendo objetivo de debate al más alto nivel en los Estados Unidos y no duda de que tendrán consecuencias. “Hubo una violación de las reglas, lo que sucedió está fuera de los márgenes contemplados en la Constitución”, sentencia.
La tercera semana de septiembre de 2020, a menos de 50 días para las elecciones en los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, exembajadora de ese país en El Salvador, se refería así a una pregunta sobre la aparente indiferencia de Washington ante algunos abusos de poder de la Administración Bukele en El Diario de Hoy: “Creo que el presidente Bukele debe pensar que puede haber un cambio y la próxima administración no será tan pasiva”.
El cambio se dio, Joe Biden llegó a la Casa Blanca y de la pasividad o no del nuevo gobierno estadounidense responde siete meses después en una entrevista a Voz Pública. Lo hace para tratar de explicar la posición de su país ante los acontecimientos del pasado 1 de mayo cuando los diputados del partido del presidente Bukele y afines, en su primera sesión legislativa, destituyeron a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional, y al fiscal general de la República. En cuestión de horas, los diputados levantaron la mano un par de veces, suficientes para hacer tambalear el Estado de derecho, para dar el revés más duro a la democracia salvadoreña en décadas, a juzgar por abogados constitucionalistas como Enrique Anaya.
De ese golpe a la institucionalidad habló Aponte. “Si no es un golpe de Estado, está bien cerca”, expresa la exembajadora, al referirse a una acción “bien grave en contra de la democracia y del orden constitucional por el cual tanto se luchó en El Salvador, especialmente en la guerra civil”.
Aponte, así como no tiene dudas de la concentración de poder en manos del presidente Bukele, tampoco las tiene de que El Salvador le importa a Estados Unidos y a la comunidad internacional. “Aquí hubo una violación de las reglas, lo que sucedió está fuera de los márgenes contemplados en la Constitución. Por eso, claro que sí importa”, indica la exembajadora. Esto último, en respuesta a un tuit del mandatario que decía “con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia” en referencia a la comunidad internacional.
Otros actores
El domingo, 2 de mayo, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, mostró su preocupación por las decisiones adoptadas e hizo un llamado en favor de la separación de poderes.
El lunes, 3 de mayo, al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, le bastó un tuit para expresar el sentir de esta región. “Siguiendo con preocupación los últimos eventos en El Salvador que cuestionan el funcionamiento del Estado de derecho y la separación de poderes. La seguridad jurídica y física de los magistrados en el ejercicio de sus funciones debe ser plenamente garantizada”, reza el mensaje. Otros actores del Congreso estadounidense, así como la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mostraron su rechazo también por la destitución de los magistrados y el fiscal general, así como por las acciones del Ejecutivo que llevaron a esas decisiones.
Embajadora en El Salvador en dos periodos, entre septiembre de 2010 y enero de 2011, y desde junio de 2012 hasta enero de 2016, Aponte aclara que no está en el gobierno estadounidense, pero lo conoce bien, al punto que asegura que la Administración Biden contempla un “abanico de remedios” para El Salvador. “Puede ser una modificación de la ayuda en ciertas áreas, por ejemplo, la militar. Congelar bienes de algún personaje clave en la administración Bukele… herramientas que se han empleado en otras situaciones donde la diplomacia se ha puesto fuerte”, asegura.
Menciona también la llamada lista Engel, nombre que viene del excongresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel, el responsable de la legislación que permite al gobierno estadounidense el retiro de visas de funcionarios de los países del Triángulo Norte implicados en actos de corrupción. “(La lista) es una de las opciones, y lo más importante es que es una herramienta nueva, que tiene mucho poder a nivel de individuo”, añade Aponte.
La Ley de Compromiso Mejorada Estados Unidos-Triángulo Norte, en el punto 14 del apartado referido al Informe sobre los impulsores de la migración del Triángulo Norte a los Estados Unidos, destaca lo siguiente: «… Una lista de altos funcionarios de los que se sabe o se alega de manera creíble que cometieron o facilitaron tal corrupción, sin incluir a las personas que ya han sido condenadas a delitos en tribunales penales».
La exembajadora confía en la persona y en el trabajo del secretario de Estado, Antony Blinken, a quien define como estratégico y planificador. “Estoy segura que hay deliberaciones internas que van a llevar a consecuencias”, asevera sin entrar en detalles.
En 2020, con ocasión de la irrupción del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa, la exembajadora de origen puertorriqueño tampoco se mordió la lengua. “Es difícil entender la motivación del presidente Nayib Bukele de enviar tropas a la Asamblea Legislativa. Bajo la luz más benévola, sus acciones representan una impulsiva, impetuosa e irreverente acción; pero en el lado menos amable, él siguió instintos de un autoritario para desbalancear los órganos de gobierno”, destacaba el diario Verdad Digital el 20 de febrero. Catorce meses después, no quedan dudas de que la «luz más benévola» se apagó y se impuso ese “lado menos amable” que dibujaba Aponte. El desbalance de los poderes del Estado o, para ser claros, la concentración de esos poderes en una persona es ya una realidad.
