El vicepresidente dijo que el régimen de excepción “no ha afectado ni una sola libertad pública”, pero el decreto que lo creó suspende cuatro garantías constitucionales. También afirmó que se le aplica “solo a los perfilados como pandilleros” aunque El País reveló que más de 33,000 detenidos no figuraban como tales en los registros policiales. Cinco afirmaciones falsas y tres engañosas de las 11 verificadas atenúan los abusos a los derechos humanos cometidos bajo el régimen de excepción. Esta es la cuarta y última entrega de esta serie en la que se verificaron 43 afirmaciones del vicepresidente en cinco entrevistas en medios dominicanos y uruguayos.
Cuando le preguntan por derechos humanos, Félix Ulloa da un giro a su discurso: de presumir resultados en seguridad pasa a defender como puede el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. En las entrevistas sostuvo, por ejemplo, que goza del respaldo del 97 % de la población y que a nadie se le detiene por tener tatuajes o por su apariencia.
Voz Pública verificó 11 afirmaciones sobre derechos humanos y democracia: ocho son falsas o engañosas, dos cuestionables y una inchequeable. Las falsas contrastan con informes nacionales e internacionales: ninguna encuesta pública consultada da ese 97 % de aprobación e investigaciones han documentado capturas por estar tatuados, apariencia u otro tipo de arbitrariedades.
Hay también una base cierta en lo que dice el vicepresidente. La violencia de las pandillas sí vulneraba derechos fundamentales y el apoyo al régimen es mayoritario en las encuestas.
Para esta serie de cuatro publicaciones, se revisaron cinco entrevistas con el vicepresidente, que suman 194 minutos. La primera, concedida en la sede de la Vicepresidencia, en San Salvador, la publicó el canal dominicano LasoTV el 25 de agosto de 2026. Las otras cuatro salieron entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, coincidiendo con su visita a esos países: Revista Mercado Network, en República Dominicana, y, en Uruguay, Esta boca es mía y Desayunos informales (Teledoce) y En Perspectiva (Radiomundo y Océano FM). Las cinco tuvieron un alcance de más de 337,000 reproducciones y más de 9,200 likes en YouTube.
De las 43 afirmaciones según la metodología de Voz Pública, 32 resultaron falsas o engañosas (74 %), tres cuestionables (7 %), una inchequeable (2 %) y siete (16 %) verdaderas, verdad a medias o imprecisas.
El 23 de octubre de 2026 se solicitó una reacción a la Vicepresidencia a través del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, pero hasta la publicación no obtuvo respuesta.
Félix Ulloa: “El régimen de excepción no ha afectado nunca ni una sola libertad pública”.
Falsa
Ulloa dijo que el régimen de excepción nunca ha afectado una libertad pública, pero el propio decreto suspende garantías constitucionales y organizaciones nacionales e internacionales documentan detenciones sin orden judicial, juicios masivos, muertes bajo custodia y autocensura.
El Decreto Legislativo 333, del 27 de marzo de 2022 suspende el derecho de los detenidos a ser informados de los motivos del arresto, a no ser obligado a declarar, a contar con abogado en el proceso inicial (art. 12, inc. 2º); suspende la garantía de que la detención administrativa no excederá las 72 horas, hoy el plazo es 15 días (art. 13, inc. 2º), y suspende la inviolabilidad de la correspondencia y la privacidad de las telecomunicaciones (art. 24).
Organizaciones nacionales e internacionales documentan:
Libertad individual y la presunción de inocencia.
Captura de miles de personas sin investigación previa ni órdenes judiciales, en algunos casos basadas en llamadas anónimas, aspecto físico o tatuajes no alusivos a pandillas. El derecho a la presunción de inocencia no está suspendido, pero sí en la práctica al imponerse las detenciones provisionales de manera automática.
Integridad física.
Golpes y palizas, condiciones inhumanas, falta de acceso a agua y alimentación adecuada en los penales. También torturas y muertes bajo custodia estatal. La organización SJH registra 575 muertes bajo custodia estatal hasta el 10 de octubre de 2026. El 94% no era pandillero y el 93% estaba siendo procesado por delitos del régimen sin haber llegado a la audiencia preliminar.
Debido proceso y acceso a la justicia.
Audiencias virtuales masivas en las que se juzga a cientos de personas sin defensa individual y hay obstáculos para recursos como el hábeas corpus avancen, dejando a familiares sin acceso a información.
Libertad de expresión.
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), destaca el ambiente de autocensura que genera vivir “tanto tiempo con esa falta de garantías”. Ese temor queda reflejado en la encuesta de la UCA de junio de 2025: el 57.9 % considera probable o algo probable sufrir consecuencias por criticar al presidente o el gobierno.
Félix Ulloa: “El régimen de excepción se le aplica solo a los que están perfilados como pandilleros. Una persona común que comete un delito se le aplica el derecho común […]”.
Falsa
Ulloa afirmó que el régimen se aplica solo a quienes están perfilados como pandilleros, pero informes policiales internos muestran que más de 33,000 detenidos (36 %) no figuraban como pandilleros en los registros, y Bukele reconoció la liberación de 8,000 inocentes.
Más de 33,000 de las 91,628 personas detenidas al 25 de marzo de 2026 no figuraban en registros previos de la PNC como pandilleros o colaboradores, según un cruce de informes internos de inteligencia policial que publicó El País en marzo de 2026. No figurar en el registro no equivale a ser inocente, pero contradice que el régimen se aplique “solo” a los perfilados. En noviembre de 2024, en una visita a Costa Rica, Bukele reconoció la liberación de 8,000 inocentes detenidos en los primeros años del régimen.
Carolina Jiménez, presidenta del WOLA, sostiene que hay inocentes en las cárceles y que el régimen se usa también contra voces críticas, y cita como ejemplo a la abogada Ruth López, detenida desde el 18 de mayo de 2025. Según la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, López estuvo desaparecida 32 horas antes de que su familia pudiera hablar con ella, y la CIDH le otorgó medidas cautelares que el Estado salvadoreño no ha cumplido. Zaira Navas, abogada de Cristosal, dijo en una entrevista que luego de 16 meses encerrada no ha tenido una segunda audiencia.
Félix Ulloa: “Cada vez que se le pregunta al pueblo si está de acuerdo con el régimen de excepción, el 97% dice que sí”.
Falsa
Ulloa dijo que cada vez que se le pregunta al pueblo el 97 % respalda el régimen de excepción, pero ninguna encuesta sobre el régimen da esa cifra: el apoyo ha oscilado entre 68.9 % a 89.8 %.
El apoyo al régimen de excepción es mayoritario, pero no en esa proporción ni “cada vez” que se pregunta. Las mediciones sobre el régimen o su continuidad que Voz Pública revisó van de un 68.9 % (UCA, mayo de 2026) a 89.8 % (Fundaungo, diciembre de 2022):
La encuesta de CID Gallup presentada a mediados de octubre de 2026 indica que el apoyo a la continuidad del régimen de excepción fue de 87 %. La encuesta de la UCA publicada en mayo de 2026 mostró que el 68.9 % apoyaba la continuidad de la medida extraordinaria. La encuestadora LPG Datos preguntó una sola vez, en mayo de 2022, y el 73.9 % lo aprobaba. La calificación más alta hallada en el monitoreo correspondió a una encuesta de Fundaungo en diciembre de 2022: el 89.8 % aprobaba el régimen de excepción.
Félix Ulloa: “Imagínate el calado de capturar más de 100,000 personas y que haya sacado, hemos sacado 8,000 y quedan 91,000 detenidos. ¿Qué te quiere decir? Que la efectividad es de más del 90%”.
Engañosa
Ulloa dijo que el régimen de excepción tiene una efectividad de más del 90 % porque, de más de 100,000 capturados, se liberó a 8,000 y quedaron 91,000 detenidos. La cuenta es correcta, pero parte de la premisa que todo detenido que sigue preso fue bien capturado. Eso mide la detención, no la culpabilidad.
Voz Pública la califica como engañosa porque la cifra es aritméticamente correcta, pero presenta como efectividad lo que solo mide cuántos siguen presos, y omite los hallazgos que cuestionan esas capturas.
La Fiscalía aporta otra medida. El 20 de octubre de 2026, ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea, el fiscal general Rodolfo Delgado informó que al 16 de octubre se habían obtenido 10,561 condenas contra integrantes de estructuras criminales, el 11 % de los capturados, y que el 98 % de los imputados con sentencia fue condenado. El porcentaje no es un indicador de cuántas capturas estaban bien fundadas, porque cubre solo los casos que llegaron a sentencia, en un sistema donde, según la magistrada española Begoña López, una sola defensa de oficio atiende a 500 o 600 acusados a la vez.
Lo que cuestiona esas capturas:
CIDH. En su informe de 2024, con datos de 73,000 detenidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, subraya “detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas” y la falta de pruebas para imponer prisión preventiva a la mayoría de los detenidos.
El País. Un cruce de informes internos de inteligencia policial reveló que más de 33,000 de las 91,628 personas detenidas no figuraban en registros previos de la PNC como pandilleros o colaboradores (ver verificación sobre “solo a los perfilados”)
Félix Ulloa: “Lo que le garantizamos a los detenidos es la legítima defensa y si no tienen para pagar abogados, el Estado les pone abogados. Hemos contratado más de 300 abogados en la Procuraduría General de la República para asistir a los reos, a los prisioneros que no tienen para pagar abogados”.
Inchequeable
Ulloa dijo que el Estado contrató a más de 300 abogados en la PGR para defender a los detenidos. Voz Pública no encontró registro de esa contratación, la institución reservó en enero de 2025 la información sobre contratos, y los datos disponibles muestran menos defensores públicos que antes.
La afirmación se califica como inchequeable porque los datos que permitirían comprobarla están reservados. Lo que sí es público como presupuestos y cantidad de plazas anuales apunta en sentido contrario.
Defensores. Según el informe 2025 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), una iniciativa de la UCA, los defensores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) pasaron de 550 a 356 a finales de 2024 (35.3 % menos), según la respuesta a solicitudes de información. La Unidad de Defensa Pública Penal (UDPP), que atiende los casos del régimen de excepción, tenía 247 defensores penalistas en 2022, 244 en 2023 y 236 hasta septiembre de 2024. Al inicio de 2025, el último dato disponible, se había reducido a 165, según la OUDH.
Plazas totales. En noviembre de 2024, ante la Comisión de Hacienda, la procuradora adjunta Dolores Parada dijo que había un déficit de 355 plazas suprimidas, de las que “un poquito más de 100” eran de defensores, y pidió $5 millones de refuerzo para 2025. Las plazas asignadas bajaron de 1,814 en 2024 a 1,459 en 2025, le dieron un refuerzo parcial y el presupuesto de 2026 mantiene esa reducción, esta vez sin refuerzo hasta junio.
Presupuesto. La partida presupuestaria de la UDPP (asistencia legal, atención psicosocial, mediación y conciliación) bajó de $10.22 millones en 2021 a $7.85 millones en 2024, $2.37 millones menos (23.2 %). El presupuesto total de la PGR fue de $38.17 millones en 2021, el año previo al régimen y el aprobado para 2026 se redujo hasta los $35 millones.
En enero de 2025, la PGR declaró bajo reserva la información sobre contratos, actos y acuerdos, según su índice de reserva. El Diario de Hoy confirmó en enero de 2026 que seguía así. Voz Pública no encontró registro de la contratación de 300 abogados.
Félix Ulloa: “El gobierno no libera, no juzga a nadie. El gobierno, a través de las fuerzas del orden, como la policía, captura a las personas que tienen indicios de estar vinculados a una estructura criminal o de haber cometido un delito, […] lo captura, y lo pone a la orden de la justicia”.
Engañosa
Ulloa afirmó que el Gobierno no libera ni juzga, solo captura y pone a los detenidos a la orden de la justicia, pero el 13 de octubre el presidente anunció un plan de liberación anticipada de detenidos. Desde organismos independientes se señala la falta de contrapesos al Ejecutivo.
El vicepresidente describe lo que supone la separación de poderes: el Ejecutivo captura y el Judicial decide. Pero el plan de liberación anticipada anunciado por el presidente Bukele contradice el deber ser. Ibrahim Bukele, hermano del presidente, publicó en marzo de 2026 un tuit sobre ese plan, que no menciona al sector justicia en las instituciones involucradas.
El 13 de octubre de 2026, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, Bukele reveló que cerca de la mitad de los presos que han colaborado con pandillas podrían ser liberados anticipadamente, con monitoreo. El 16 de octubre aclaró que los liberados serían unos 5,000 detenidos por colaborar de manera ocasional con las pandillas. La propuesta contempla revisar más de 10,600 expedientes de personas acusadas de colaborar con estas estructuras, pero que no son integrantes. Cuando Ulloa dio las entrevistas, entre el 25 de agosto y el 9 de octubre, el plan ya era público.
Organismos independientes señalan que el Órgano Judicial está supeditado al Ejecutivo. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) concluye en su informe Justicia amordazada que la separación de poderes se redujo a su mínima expresión, tras una estrategia en varias fases: discurso hostil, captura de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema, y retiro forzado de un tercio de los jueces.
El informe de World Justice Project ubica a El Salvador en el puesto 114 de 143 y señala la falta de contrapesos al Ejecutivo y retrocesos en la libertad de reunión y asociación, y los espacios cívicos. Para el Instituto Variedades de Democracia (V-Dem), el país aparece en el puesto 148 de 179 países y es una “autocracia electoral” con tendencia a empeorar. Otro más, el informe de The Economist lo ubica en el puesto 95 de 167 países y lo cataloga como “régimen híbrido” desde 2020.
Ingrid Escobar de SHJ asegura que los 30 jueces que hay para 90,000 detenidos tienen órdenes claras de creer a los testigos criteriados para condenar a la mayoría.
Félix Ulloa: “El de la detención administrativa, que una persona cuando se le captura en 3 días, 72 horas, tiene que ser puesta a la orden del juez o liberada. En nuestro caso se extiende a 15 días porque se necesitaba más tiempo para recoger las evidencias y llevar a los procesados ante las cortes, ante los jueces”.
Engañosa
El decreto amplió el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, como dice Ulloa. Pero la CIDH y otros informes indican que ese tiempo no se usa para investigar: la audiencia inicial es un trámite y la prisión preventiva se impone casi de forma automática.
La CIDH, en su informe 2024 El Salvador: Estado de excepción y derechos humanos, subraya el abuso en la imposición de prisión preventiva, la demora en el control judicial de las detenciones, la ineficacia del recurso de hábeas corpus y la falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados a la hora de referirse a los desafíos en el acceso a la justicia.
El GIPES, un grupo independiente de juristas y expertos en derechos humanos, concluye que “el derecho de acceso a la justicia es casi inexistente” en el informe “El Salvador en la encrucijada” de marzo de 2026. Además, destaca dos puntos: la autorización de la prisión preventiva de forma casi automática y presunciones legales de pertenencia a pandillas por simples criterios de apariencia.
Para Ingrid Escobar, directora de SJH, los detenidos deberían pasar los 15 días en bartolinas, pero “al tercer o quinto día ya los mandan a un centro penal porque ya saben que no van a salir. Serán contados los que han logrado salir”.
Félix Ulloa: “A ninguna persona se le detiene si no hay un protocolo de detenciones. O sea, la policía no puede actuar porque una persona está tatuada o tiene aspecto delincuencial. Hay un protocolo. La persona se captura cuando hay indicios de que pertenece o colabora o de alguna manera está vinculada a una estructura criminal”.
Falsa
Ulloa afirmó que nadie es detenido sin un protocolo y que la policía no captura por tatuajes o aspecto, pero expedientes judiciales revisados por El Faro muestran detenciones basadas en “apariencia sospechosa” o “nervioso”. En su informe de 2024, la CIDH advierte que la metodología con la que la policía elabora su base de sospechosos no es transparente.
Informes e investigaciones lo desmienten:
El Faro, 2022. El medio analizó 1,251 páginas de expedientes judiciales de 690 detenidos y encontró “una débil investigación” para vincularlos con una pandilla. De ellos, 518 (75 %) tenían ficha de pandillero o colaborador en la base de Inteligencia Policial, pero el medio aclara que no se puede determinar qué método se usó para elaborarla. Para los 172 (25 %), la PNC se apoyó en criterios “amplios y ambiguos”, como “información de ‘la voz pública’, casos en ‘apariencia sospechosa’ , ‘nervioso’ o ‘sospechoso’”.
CIDH, 2024. En su informe retomó los hallazgos anteriores y destacó la falta de transparencia en la metodología y la información con que la policía elaboró la base de datos de sospechosos, sostén de múltiples detenciones.
El País, 2026. Un cruce de informes internos de inteligencia que ese medio publicó en marzo halló que más de 33,000 de los 91,628 detenidos (36 %) no figuraban en los registros previos de la PNC como pandilleros o colaboradores.
Human Rights Watch, 2025. Once policías entrevistados reconocieron cuotas diarias de arrestos por presión de sus jefes. Eso incluía, en algunos casos, fabricar las fichas policiales. “No hay investigaciones. La policía crea perfiles, son actos arbitrarios…”. En otros casos, se detenía por acusaciones recibidas en llamadas anónimas, un tatuaje artístico, revela el reportaje publicado en junio de 2025.
Félix Ulloa: “Y que estos señores que ahora critican nunca dijeron nada en estos 10 años [periodo del FMLN]. 41,000 asesinados, ¿cuántas organizaciones de esas se pronunciaron? Ninguna”.
Falsa
Ulloa afirmó que ninguna organización de derechos humanos se pronunció durante los diez años de gobiernos del FMLN, pero Amnistía Internacional, Cristosal, Human Rights Watch, la CIDH y organizaciones locales documentaron la violencia de las pandillas y los abusos del Estado en ese tiempo.
Esta narrativa que desacredita el trabajo de estas organizaciones no es nueva. La canciller Alexandra Hill dijo algo similar desde la tribuna de la 54.ª Asamblea General de la OEA en Paraguay, en junio de 2024.
Ejemplos de organizaciones internacionales y nacionales, incluida la PDDH:
Amnistía Internacional, 2016: El informe ¿Hogar dulce hogar? destaca que la violencia es un factor clave de expulsión de la población de los países del Triángulo Norte hacia el norte y la poca disposición de los gobiernos para reconocer los efectos de la violencia.
Human Rights Watch (HRW), 2019 y 2020 (cubren años 2018 y 2019): Documenta la violencia de las pandillas y del Estado. Retoma la conclusión de la relatora de la ONU sobre un patrón de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza.
CIDH y relatora de la ONU Agnes Callamard, 2018: informe destaca la constatación de graves violaciones a los derechos humanos desde el Estado y pide no renovar las medidas extraordinarias de 2016.
PDDH, (2014-2018); Informe Especial sobre Ejecuciones Extralegales confirma la existencia de violaciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en operativos.
Cristosal, 2018: El informe “Señales de una crisis, desplazamiento forzado” visibiliza este fenómeno provocado la violencia de las pandillas como por las acciones u omisiones de los Estados del Triángulo Norte. Esta organización presentó el amparo para que El Salvador reconociera ese fenómeno.
Félix Ulloa: “Criticaban […] que se estaban violando los derechos humanos, cuando el presidente dijo ‘veanlo al revés’, estamos garantizando los derechos humanos de los millones de salvadoreños que [se] los han estado violando”.
Cuestionable
Ulloa dijo que el régimen de excepción garantiza los derechos de millones de salvadoreños que las pandillas violaban; es cierto que la violencia pandilleril los afectaba, pero eso no responde a las violaciones documentadas durante el régimen, como la detención arbitraria de personas sin vínculos con pandillas.
La CIDH plantea un falso dilema: proteger a la mayoría no exige sacrificar a una minoría y recuerda que los derechos humanos son universales. Que se proteja a unos no justifica vulnerar a otros.
El lunes 26 de octubre, en la audiencia de la CIDH, Mika Kanervavuori, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, afirmó que “las políticas de seguridad pública y los derechos humanos no persiguen objetivos contrapuestos; por el contrario, se refuerzan mutuamente”.
Siete organizaciones recibieron denuncias por 6,426 víctimas de violaciones a los derechos humanos, en su mayoría detenciones arbitrarias y faltas al debido proceso (6,054), entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2024. Según El País, más de 33,000 arrestados (36% del total) no figuraban como pandilleros, según información de inteligencia policial.
Félix Ulloa: “¿Qué es la democracia? El poder del pueblo […] Aquí que han querido decir que el modelo es antidemocrático, en El Salvador, cuando el pueblo lo está apoyando en un 90 %. Sí, qué más democrático que el respaldo del pueblo”.
Cuestionable
Ulloa dijo que el modelo salvadoreño no es antidemocrático porque el 90 % de la población lo respalda; el apoyo en encuestas es alto, pero la democracia no se reduce a la popularidad. Informes internacionales como V-Dem, Freedom House y The Economist vienen señalando un evidente deterioro por la concentración de poder.
Ganar elecciones y tener popularidad es la legitimidad de origen, importante, pero no suficiente. Una democracia también se sustenta en principios como la separación de poderes y el respeto a las minorías. Carolina Jiménez, presidenta del WOLA, habla de “un hiperpresidencialismo que no respeta a las instituciones”. Desde el Ejecutivo se ejerce poder sobre el Judicial, el tribunal electoral y otras instituciones, como la Corte de Cuentas, encargada de fiscalizar las finanzas, como han denunciado organizaciones como Human Rights Watch.
El abogado y analista político Mauricio Maravilla, en el programa Cartas sobre la mesa de RT, emitido el 13 de octubre, insistió en que las elecciones son un componente importante de la democracia, pero hay otros como un poder no concentrado, un control entre órganos y el respeto a las minorías y los que piensan diferente. “Si esto no ocurre ya no estamos en un régimen democrático sino que estamos caminando hacia un sistema de gobierno de otra naturaleza”.
Tres índices con metodologías distintas señalan el deterioro democrático:
1. El instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), clasifica a El Salvador como autocracia electoral, y vincula las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión con “el deterioro de las condiciones para una competencia política libre” en su informe 2026.
2. Freedom House, con sede en Washington D.C., otorgó 42 de 100 puntos (15/40 en derechos políticos, 27/60 en libertades civiles), y catalogó a El Salvador como “parcialmente libre” en el informe de 2026. Explica la caída de puntaje por la reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial y el control del partido de gobierno sobre el sistema político.
3. El Índice de Democracia de The Economist (EIU) clasifica a El Salvador como “régimen híbrido”, por debajo de “democracia plena” y “democracia deficiente”. Con 4.61 puntos sobre 10, quedó en el puesto 95 de 167 países evaluados en el informe de 2025, el último al que se tuvo acceso.
