El presidente Nayib Bukele reaccionó con dos tuits, publicados en menos de cinco horas el 14 de julio, a un mensaje de Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), quien un día antes había ubicado a El Salvador junto a Nicaragua y Venezuela como los tres países de América Latina con reelección indefinida. Bukele respondió primero con una lista de 18 países, en su mayoría europeos, que también carecen de límite a la reelección de su jefe de gobierno. Jiménez retuiteó recordándole que esos países son sistemas parlamentarios, con una dependencia del jefe de gobierno respecto al Parlamento que no tiene El Salvador. Poco después, Bukele amplió su respuesta en un segundo hilo con tres argumentos adicionales. Voz Pública verificó las cuatro afirmaciones y encontró que todas son engañosas. Para este trabajo se consultó a cuatro abogados, uno de ellos constitucionalista, que pidieron anonimato por motivos de seguridad, así como a la propia Carolina Jiménez y a la organización Acción Ciudadana. También revisamos reconocidos informes sobre la democracia y el Estado de derecho.
Con la mayoría legislativa de Nuevas Ideas, la Asamblea destituyó el 1 de mayo de 2021 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, sustituyéndolos por leales al oficialismo. Meses después forzó el retiro de jueces con más de 60 años o 30 de servicio. Con la Sala reconfigurada, en septiembre de 2021 los nuevos magistrados habilitaron la reelección inmediata pese a estar prohibida, lo que le permitió ganar en 2024. En julio de 2025, la Asamblea eliminó por completo el límite de mandatos, y el 13 de julio de 2026 Bukele fue proclamado, sin rival, candidato de Nuevas Ideas para 2027.
Nayib Bukele:
“También la tienen (reelección indefinida) Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal”.
Engañoso
Es cierto que esos 18 países no limitan la reelección de su jefe de gobierno. Lo que Bukele omite en un mensaje con más de tres millones de vistas es que todos son sistemas parlamentarios, una forma de gobierno distinta al presidencialismo salvadoreño, en la que cambia tanto la elección del ejecutivo como su relación con el Legislativo.
En el régimen parlamentario, el jefe de gobierno necesita la confianza continua del Parlamento para gobernar, y por eso está sujeto a sesiones de control, comisiones de investigación o cuestiones de confianza. En el sistema presidencial, en cambio, el mandato tiene un período fijo que no varía. “Seis años en los que, cuando se controlan todos los poderes, como es el caso del presidente salvadoreño, puede hacer muchos cambios», señala Jiménez.
Además, en el sistema parlamentario el poder ejecutivo se reparte entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado (un rey, un presidente federal). En el presidencialismo, ambas funciones recaen en una sola persona. “Ambos mecanismos reducen el riesgo de que un mandatario se perpetúe en el poder”, algo que no ocurre en regímenes como el salvadoreño, donde no existe control político de la Asamblea sobre el presidente, según un abogado constitucionalista consultado.
Los casos de régimen presidencialista de reelección indefinida en América Latina han derivado en sistemas autoritarios, que han roto el sistema de contrapesos y el control entre los órganos para perpetuarse en el poder.
Acción Ciudadana suma dos matices: los países citados por Bukele tienen reelección indefinida desde hace décadas, y esa regla no fue reformada para beneficiar a un presidente en particular. “Diferente sería que en El Salvador se hubiese permitido hace 40 o 50 años la reelección y que él se somete a esas reglas, pero no: acá las cambiaron para permitirle la reelección”, subraya la organización.
A esto se suma que las democracias parlamentarias cuentan con más controles para frenar abusos del Ejecutivo. «En estos países europeos con controles institucionales, la reelección indefinida no se vuelve un problema porque hay mecanismos para cortar esa presidencia cuando ya se cometan abusos o que el pueblo ya no lo quiera», plantea el mismo abogado.
En El Salvador, en cambio, Bukele ha debilitado o eliminado esos controles: «el pueblo por medio de elecciones no va a poder sacarlo a él de la presidencia, en primer lugar, por todas las reformas que ya hicieron y la falta de contrapesos institucionales para separarlo en caso de abusos”, apunta la organización.
Nayib Bukele:
“Muchos argumentan que la mayoría de los países que permiten la reelección indefinida de su jefe de Gobierno son “democracias parlamentarias”, y resulta interesante que presenten ese sistema como superior. El simple hecho de agregarle la palabra “democracia” como adjetivo no lo convierte automáticamente en un sistema más democrático”.
Engañoso
Bukele reformula el debate como una discusión sobre qué sistema es superior. Jiménez aclara que no era ese el punto: “No se discutía qué sistema de gobierno era mejor o peor, más o menos democrático, sino por qué es tan diferente el elemento de la reelección indefinida consecutiva en uno u otro sistema, y en el presidencialista es un elemento que deriva en autoritarismos”.
La evidencia institucional respalda ese camino. Cuatro índices -con metodologías, sedes y financiadores distintos- coinciden en que, desde la llegada de Bukele al poder en 2019, el problema no es la existencia de elecciones, sino el debilitamiento de los controles al Ejecutivo, la independencia judicial y el debido proceso.
El Salvador: autocracia electoral
El Instituto V-Dem, con sede en la Universidad de Gotemburgo, mide la democracia a través de cinco índices (electoral, liberal, participativo, deliberativo e igualitario) basados en más de 500 variables. En su Índice de Democracia Liberal, El Salvador cayó del puesto 73 de 179 países en 2019 (0.45 puntos) al lugar 153 en el informe 2026 (0.09 puntos). Solo Cuba, Venezuela y Nicaragua están peor en la región. El informe clasifica al país como autocracia electoral desde 2021, tras 12 años como democracia electoral, y describe la caída entre 2019 y 2021 como comparable “casi únicamente a golpes militares”. El informe vincula esta caída con la sustitución de jueces de la Corte Suprema que permitió la reelección de 2024, y la posterior abolición de los límites al mandato en 2025, que “consolidó el poder de Bukele”.
Estado de derecho en declive
El World Justice Project (WJP) mide el Estado de derecho a través de ocho indicadores, entre ellos límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, justicia civil y penal. El Salvador pasó del puesto 84 de 126 países en 2019 (0.48 puntos) al lugar 114 de 143 en 2025 (0.42 puntos). En el ámbito regional, bajó del 21 al 26 de 30-32 países de América Latina y el Caribe. El dato más revelador es el indicador de “límites al poder gubernamental”, donde el país obtiene apenas 0.35 puntos y ocupa el puesto 122 de 143 global (28 de 32 en la región), reflejo del debilitamiento de los contrapesos institucionales. En contraste, puntúa mucho mejor en «orden y seguridad» (0.71 puntos, puesto 78).
Régimen híbrido
El Índice de Democracia de la EIU de la británica The Economist evalúa a más de 160 países en cinco categorías: proceso electoral, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación y cultura política. El Salvador pasó de 6.15 puntos y el puesto 71 de 143 países en 2019, a 4.57 puntos y el puesto 96 de 167 en el informe 2025. Es calificado como “régimen híbrido” por tercer año consecutivo, categoría a la que descendió en 2022 tras haber sido “democracia defectuosa”. El país sigue peor evaluado que sus vecinos Guatemala (94) y Honduras (92), y según el desglose por categoría, de acuerdo con una publicación de Diario El Mundo, se ubica entre los 10 países del mundo con mayor deterioro en libertades civiles (9°), cultura política (10°) y funcionamiento del gobierno (5°), esta última mide precisamente la eficacia institucional y la separación de poderes.
Parcialmente libre
Freedom House evalúa derechos políticos y libertades civiles en más de 195 países. El Salvador obtuvo 67 de 100 puntos en 2019 (32/40 en derechos políticos, 35/60 en libertades civiles), categorizado como “libre”. En el informe 2026, cayó a 43 de 100 puntos (15/40 y 27/60), pasando a “parcialmente libre”. En el subindicador de Estado de derecho, el país obtiene cero de cuatro puntos posibles tanto en independencia judicial como en debido proceso civil y penal. Registró la tercera mayor caída de un año a nivel mundial (-5 puntos) y la mayor caída de la región por segundo año consecutivo, que el informe atribuye explícitamente a “la supresión de los límites al número de mandatos presidenciales”, además de nueva legislación que aumenta el control estatal sobre ONG financiadas desde el extranjero.
Nayib Bukele:
“(…) algunos alegan que la reelección indefinida viola la Constitución salvadoreña. Sin embargo, la Constitución fue reformada por una supermayoría legislativa, otorgada democráticamente por el pueblo salvadoreño en las urnas”.
Engañoso
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Opinión Consultiva del 7 de junio de 2021, concluyó que la reelección indefinida es incompatible con los principios de la democracia representativa que la Convención Americana protege, que las reglas de acceso al poder no pueden ser modificadas por quien ya lo ejerce, y que existe el riesgo de que la democracia se convierta en autocracia.
Jonathan Sisco, abogado de la organización Cristosal, señala que solo tres países del continente -los tres catalogados como autocracias o dictaduras- mantienen este tipo de reelección perpetua, mientras la mayoría la prohíbe. “El mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”, asevera.
Dos abogados consultados coinciden en que Bukele confunde legitimidad electoral con legalidad constitucional: ganar elecciones da legitimidad de origen, pero no habilita a modificar cualquier norma, incluidas las cláusulas pétreas que la Constitución protege incluso de mayorías calificadas. Una Asamblea, por más votos que reúna, debe actuar dentro del marco fijado por el “poder constituido”. Uno de ellos agrega que justificar la reelección por sus «resultados» -como la baja en criminalidad- erosiona el Estado de derecho, que exige respetar los contrapesos constitucionales al margen de la popularidad del gobernante.
Jiménez repasa otros intentos en la región: Hugo Chávez logró la reelección indefinida en Venezuela mediante enmienda constitucional, tras el rechazo popular de una reforma previa; el referéndum de Evo Morales para un cuarto mandato en Bolivia también fue rechazado, y el país eliminó después la reelección indefinida; Rafael Correa lo intentó en Ecuador vía asamblea constituyente, y la Corte Constitucional de Colombia falló en contra de Álvaro Uribe.
Nayib Bukele:
«Y prácticamente todos los países han modificado sus constituciones. En muchos casos, esos cambios ocurrieron mediante guerras, golpes de Estado o procesos violentos; no por medio de una fiesta cívica en las urnas, como lo hicimos los salvadoreños«.
Engañoso
La reforma constitucional no fue parte de la campaña electoral de Nuevas Ideas, como sugiere Bukele. La Asamblea Legislativa la aprobó de forma exprés el 30 de julio de 2025, un día antes de las vacaciones de agosto y sin debate público.
Acción Ciudadana lo denunció el mismo día en un comunicado: “De nuevo, la Asamblea Legislativa aprueba una reforma constitucional de forma sorpresiva, exprés, sin ningún tipo de debate político o social, obedeciendo exclusivamente a un cálculo político”. Noah Bullock, director de Cristosal, resumió la jornada: “Un jueves antes de vacaciones, sin aviso público, sin debate y sin participación ciudadana: cambiaron el sistema político para perpetuar al mismo en el poder indefinidamente. Pero el pueblo manda todavía… ¿verdad?”.
Uno de los abogados consultados, constituyente, sostiene que las constituciones pueden reformarse, pero tienden a salvaguardar ciertos principios: “Si lo rompes, rompes los candados, los controles, y eso ha venido ocurriendo en países como El Salvador donde básicamente si hablas de sistema de control, de pesos y contrapesos, no lo tenemos”.
Sisco recuerda que la prohibición de reelección en El Salvador se remonta a la Constitución de 1841, y compara el mecanismo usado con el de Nicaragua: “La Constitución ha sido manipulada de forma similar a lo que ocurrió en Nicaragua; en ambos países se utilizó a la Sala de lo Constitucional para que el presidente se pudiera perpetuar en el ejercicio del poder, violando los límites establecidos en la Ley Suprema. Eso solo ha generado dictaduras de larga duración como Venezuela y Nicaragua”.
Uno de los jueces destituidos en la purga judicial de 2021 concluye: “Ha minado la separación de poderes, la independencia judicial, ha manipulado el sistema electoral y el órgano legislativo. Ha violado los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuestra gente. Ha hecho de la cosa pública, una extensión de su patrimonio”.
Voz Pública solicitó una reacción de las afirmaciones verificadas a través del secretario de Comunicaciones, pero no obtuvo respuesta.
