Al referirse a los avances en seguridad, el ministro Gustavo Villatoro destacó que 2023 cerró con una tasa 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes luego de haber recibido una país con una tasa de 105 homicidios. Según los datos de la PNC, el valor mencionado corresponde a 2015, el año más violento del siglo, y no al 2018, que precedió a la actual administración. Ese cerró con más de 3,300 muertes violentas y una tasa de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno logró reducir la tasa de 105 a 2.4 homicidios por 100,000 habitantes, el dato con que el país cerró en 2023.
“Ya con los primeros 91 días del primer trimestre del año 2024 se puede generar una especie de proyección, de por dónde vamos a andar este cierre del año y es 1.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Casi que veníamos con dos ceros más antes del punto, más de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso es parte de ese asombro y ese interés que tienen muchos países en conocer el camino, el modelo del presidente Bukele en materia de seguridad”, mencionó Villatoro el 2 de abril en la entrevista Frente a Frente.
Al revisar el comportamiento de los homicidios de los últimos años se observa que la tasa que mencionó el funcionario corresponde al 2015 y no al 2018, año previo a la llegada al poder del presidente Nayib Bukele ni a los primeros cinco meses de 2019.
En 2015 se registraron más de 6,600 muertes violentas, es decir, 105 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Se trata del año más violento del presente siglo, según la estadística de la PNC. En parte, la violencia homicida en la administración Sánchez Cerén se explica por la ruptura de la tregua entre pandillas que sucedió un año antes.
En realidad, el gobierno de Bukele recibió un país con una tasa de 50 homicidios por cada 100,000 habitantes (dato de 2018). En los primeros cinco meses de 2019 se mantuvo esa tendencia al registrarse 1,344 asesinatos. De haberse mantenido, ese año hubiese cerrado con una tasa de 51 de homicidios.
En cambio, desde los primeros meses del actual Gobierno se registró una reducción notable de la violencia al grado que ese año cerró con una tasa de 36 homicidios, 15 puntos menor a la registrada en los cinco meses del gobierno del FMLN. La PNC reportó 2,398 muertes violentas.
Por tanto, lo expresado por el funcionario es falso. El Gobierno recibió un país con una tasa de 50 y no de 105 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.
En 2020 y 2021, un periodo marcado por la pandemia de la COVID-19, los homicidios se redujeron sustancialmente y la tasa quedó en torno a las 20 muertes por 100,000 personas.
La disminución más significativa se dio en 2022, con la instauración del régimen de excepción. El Salvador finalizó con 495 homicidios ese año y una tasa de 9.7.
Investigaciones del medio digital El Faro revelaron que el Gobierno de Nayib Bukele negoció con las principales pandillas del país desde el inicio de su gestión para que los homicidios se mantuvieran bajos. Ese pacto terminó de forma abrupta con la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, una medida que vino precedida de un fin de semana que se saldó con más de 80 asesinatos.
La reducción de la violencia en la gestión actual es el principal logro de esta gestión para la población, de acuerdo con las encuestas. También lo reflejan así las estadísticas oficiales, las cuales se pueden consultar en el gráfico.
No obstante, hay que tomar en cuenta que la PNC aplicó un nuevo mecanismo de clasificación de muertes violentas a los días de iniciar el régimen de excepción. Así, desde el 2 de abril, ya no incluyen en esa categoría las muertes de pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
También, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, en su informe 2022, pone en duda el registro oficial de 496 homicidios de ese año. Lo argumenta al asegurar que no incluye osamentas humanas localizadas, muertes de presuntos pandilleros ni, probablemente, las muertes de personas bajo custodia estatal. En el estudio se aclara que la PNC decidió no incluir las osamentas en las cifras de homicidios desde mayo de 2021.
Las leyes de posguerra
En la entrevista, el ministro Gustavo Villatoro también destacó que la antigua Ley de Policía, derogada en los años de la postguerra, permitía imponer orden en lugares públicos. Lo hizo al ser preguntado sobre unas fotografías que una persona trans se tomó en ropa interior en la plaza Salvador del Mundo y que se viralizaron después en redes sociales.
“Recuérdate que antes, con mucha perversidad, en 1994 nos derogaron la Ley de Policía -que era la que permitía a la Policía poner orden no sólo en sitios públicos, sino también en las comunidades- para prepararle a que fueran los pandilleros los que mandaran en las comunidades”, explicó Villatoro.
Esa afirmación es similar a otra que el mismo funcionario expresó en enero pasado sobre la mencionada ley policial. En ese entonces, afirmó que después de la firma de los Acuerdos de Paz hubo una “preparación perversa que diseñaron sobre El Salvador, para poder generar un espacio para que estuviéramos siempre sometidos al crimen organizado”. Voz Pública consultó esa afirmación con distintos abogados y diputados de esa época, y concluyó que lo expresado por el funcionario era falso. En concreto, el cambio de normativas como la mencionada que databa de 1904 tenía que ver con que habían quedado obsoletas y buscan leyes más garantías que estuvieran en consonancia con la Constitución de 1983.
