El legislador compartió información en su cuenta de X en la que se afirmaba que la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos había negado una solicitud de la Fiscalía para que participaran familiares de víctimas de pandillas en una audiencia sobre derechos humanos en el régimen de excepción. Quien sí hizo la petición fue la embajadora Mayorga, pero tarde, según confirmó una fuente del Congreso, motivo por el cual no fue posible la participación de este sector.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, retomó el pasado miércoles parte de la publicación titulada “Comisión de congresistas no escuchó a víctimas de pandilleros” del medio oficialista Diario El Salvador. En el texto se lee que desde la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos se negó una solicitud de la Fiscalía para que familiares de víctimas de las pandillas asistieran a una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, luego de casi tres años con esta medida.
Para verificar la información en cuestión, Voz Pública contactó a los organizadores de la audiencia. “La comisión no recibió una solicitud de la Fiscalía para que familiares de víctimas de pandillas participaran en la audiencia de ayer (martes)», mencionó Kimberly Stanton, directora del Partido Demócrata.
En cambio, sí recibieron una carta de Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, a las 6:20 p.m. del pasado lunes 9 de diciembre, unas horas antes de la audiencia. “La carta alegó que ‘sólo representantes de organizaciones de sociedad civil que se oponen al gobierno han sido confirmados como testigos’ y nos pidió considerar la inclusión de ‘representantes del sector privado, asociaciones de comerciantes, víctimas de pandillas y otros expertos’. Desafortunadamente, la carta llegó demasiado tarde para poder invitar a más testigos, dado que la audiencia estaba programada para el día siguiente», manifestó Stanton.
En el escrito, del cual este medio tiene una copia, la embajadora añade que la participación de los testigos propuestos por ellos “podrían proveer una evaluación objetiva de la situación del Estado de excepción en El Salvador. Hasta ahora, parece que la audiencia se alinea políticamente y no provee un balance ni los argumentos presentados”.
El congresista demócrata James McGovern, copresidente de la comisión, mencionó la carta enviada. “Reiteró nuestra invitación a la Embajada de enviar una declaración por escrito para incluir(la) en el expediente oficial del evento. Hasta ahora no hemos recibido tal declaración”, apuntó Stanton.
En la audiencia, celebrada el pasado 10 de diciembre, participaron representantes de cuatro organizaciones de la sociedad civil, invitadas para rendir informes de lo que sucede en el país. También estuvo presente Carlos Bernal, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sesión fue presidida por el propio McGovern y el republicano Christopher Smith.
Durante la sesión, el demócrata indicó que desde la Embajada de El Salvador en Washington le escribieron “para quejarse”, considerando que solo testificarían representantes de organizaciones opuestas al gobierno. “Eso es incorrecto. Nuestros testigos no están aquí porque se opongan al gobierno, están porque apoyan los derechos humanos en El Salvador”, aclaró.
Leonor Arteaga, directora del Programa Fundación para el Debido Proceso (DFPL, por sus siglas en inglés), fue una de las panelistas invitadas. “No es una audiencia que las ONG convocamos, ni nosotros colocamos los temas. Las preguntas y las personas que acuden son por invitación de esta comisión del Congreso, eso para aclarar la naturaleza de estas comisiones”, aseguró sobre la audiencia, la segunda en la que se aborda el asunto de los derechos humanos bajo el régimen de excepción. La primera fue en septiembre de 2022.
El régimen de excepción fue aprobado por primera vez por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de ese mismo año, luego de un fin de semana que dejó 87 asesinatos.
Una táctica para deslegitimar
No es la primera vez que un funcionario del oficialismo deslegitima el trabajo de las organizaciones. “Acá queda claro que las autodenominadas ‘Organizaciones de Derechos Humanos’, no defienden los derechos de los humanos, solo el de los criminales”, publicó Guevara.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, fue otro de los panelistas en la audiencia, y recuerda que muchas de las víctimas del régimen de excepción también fueron víctimas de las pandillas en el pasado. “En el 2019 hubo una audiencia de la misma comisión en la que participé y en mi testimonio resalté, con datos estadísticos, la grave situación de desplazamiento interno causado por violencia de pandillas y la responsabilidad del Estado en crear políticas públicas que favorezcan necesidades de las víctimas», mencionó.
Calificó de “preocupante” que los funcionarios se escondan “en una equivalencia falsa de que como las pandillas cometieron atrocidades los abusos de derechos humanos del Estado no importan. Más bien que estas violaciones se justifican porque también las pandillas cometieron atrocidades”.
Una experta en comunicación de la UCA considera que la intención de estos mensajes es manipular a las personas para “hacer que asuman la postura en la que o sos parte de los que quieren el bien para el país o sos de los que está en contra del país».
“Al decir que las organizaciones de derechos humanos defienden criminales es enfocar la narrativa hacia un enemigo de la paz y democracia”, añadió.
Cristosal, en su estudio “El silencio no es opción”, presentado en julio pasado, acumula 3,643 denuncias por abusos o violaciones a derechos humanos recibidas entre marzo de 2022 y abril de 2024, en su mayoría detenciones arbitrarias por parte de policías y militares. El estudio informa de 261 adultos (244 hombres y 17 mujeres), y cuatro menores muertos en centros penales. En su participación en la audiencia, Bullock actualizó esa cifra y dijo que son ya 320 fallecidos bajo custodia del Estado.
Se intentó conocer la postura del diputado Guevara a través de su asistente, pero hasta el cierre de la nota no hubo respuesta. También se buscó, sin éxito, una opinión de la embajadora Mayorga a través de la Cancillería.
Audiencias de las comisiones
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos está integrada por 62 funcionarios y es copresidida por un miembro del partido demócrata y otro del partido republicano. Además, el Comité Ejecutivo cuenta con cuatro representantes de cada partido, según el sitio web.
Cada uno tiene la libertad de participar en las audiencias y otras actividades de la comisión. Para realizar este tipo de sesiones debe existir un acuerdo de los dos partidos. Para esta última audiencia, los que convocaron fueron los demócratas y fueron estos los que decidieron el tema y testigos que participaron.
Aclaran que en este tipo de procesos no participan representantes de los gobiernos porque estos no rinden cuentas al Congreso al ser estados soberanos.
