Micro y pequeños empresarios de sectores como transporte, alimentación, suministro de materiales y equipos que trabajaron para la constructora mexicana Contratista General de América Latina S.A. de C.V. en el megapenal de Tecoluca denuncian el impago de los servicios prestados. Voz Pública entrevistó a ocho empresarios de la veintena de afectados, varios de los cuales revelan que trabajaron sin firmar un contrato pese a que era una obra pública. También confirman que en la construcción del penal laboraron reos en fase de confianza a la orden de esa empresa y de las constructoras Inversiones OMNI y DISA S.A. de C.V. Los reclusos y otros obreros se alojaron durante los meses que duró la obra en el albergue municipal de Tecoluca.
Contratista General pertenece al Grupo Tradeco, dos de cuyas empresas -Innovaciones Técnicas de Cimentación, S.A. de C.V. e Inmobiliaria Rancho Sierra- construirán un penal de máxima seguridad en Escuintla, Guatemala.
“A mí me deben 125,000 dólares. Me he tenido que deshacer de cosas, hipotecar, vender herencias de mi familia”. Quien habla de su situación económica es el dueño de una empresa de servicio de transporte subcontratada por la empresa Contratista General de América Latina S.A de C.V. durante la construcción del Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), el megapenal inaugurado el pasado 31 de enero en el municipio de Tecoluca, San Vicente.
Su trabajo consistía en el traslado de obreros y reos en fase de confianza, todos ellos trabajadores a disposición de la empresa, desde el albergue municipal de esa localidad donde se alojaban hasta las instalaciones del megapenal. El viaje duraba unos 15 minutos y se realizaba de lunes a domingo en turnos de mañana y noche. El empresario puso a disposición cinco buses con una capacidad para 50 personas cada uno. “Yo les cobraba 130 dólares al día por los cuatro viajes y tenía que pagar el doble turno al motorista”, relata.
Los primeros dos meses le pagaron a tiempo. “Cuando vos le das trabajo a las pequeñas empresas y les pagás por anticipado, se siente bien”, comenta. Los problemas surgieron a partir de septiembre. “Empezaron a hacer solo abonos. Tal vez la deuda era de 10,000 dólares y te abonaban solo 1,000”. Además de los cinco buses, a Contratista General también les alquiló cuatro pick ups y dos microbuses. Para brindar todo el servicio de transporte demandado contrató a 32 personas.
La suya es una más en la lista de una veintena de empresas a las que la constructora mexicana subcontrató para la obra de seguridad y a las que les adeuda un monto de 1.2 millones de dólares. Voz Pública conversó con dueños o representantes de ocho de ellas de distintos tamaños y rubros: micros, pequeñas y alguna mediana empresa dedicadas a rubros como transporte, alimentación, alquiler de vehículos y maquinaria, y venta de materiales para la construcción. También presentaron facturas y otros documentos que prueban que brindaron un servicio y la relación con la constructora.
Además de la deuda, llama la atención la ausencia de un contrato por servicios prestados a la empresa Contratista General, como lo confirman la mayoría de los entrevistados. «Llegué con ellos porque un amigo me dijo que andaban buscando a alguien que les ofreciera darles la alimentación a todo su grupo que, en teoría, iban a ser 600 personas. Me entrevisté con ellos y quedamos que sí les iba a dar la alimentación. Quedamos de firmar un contrato, pero nunca lo firmamos. No quisieron», confirma uno de los afectados.
La ausencia de un documento jurídico entre empresas en esta obra pública, una de las más importantes de la gestión del presidente Nayib Bukele, es una muestra más de la opacidad que rodea a este proyecto de inversión. De él no hay referencia alguna del origen de los fondos, no hay rastro en los informes de inversión pública publicados ni tampoco en los de ejecución presupuestaria. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), la institución responsable según la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, no se ha referido al asunto. Como otros proyectos de inversión, toda la información es reservada.
Contratista General fue la última de las tres constructoras en incorporarse al proyecto del megapenal. En un documento del Ministerio de Hacienda se indica que la empresa tiene asignado el número de contrato DL 357-004/2022 con la fecha 15 de junio de 2022. Para ese entonces llevaban meses trabajando Inversiones OMNI S.A. de C.V. y Constructora Díaz Sánchez (DISA), S.A de C.V., como parte del Consorcio ODIS y también cada una por separado.
La empresa, cuentan los afectados, justifica la ausencia de contrato en que el Gobierno tenía el proyecto en reserva total, como dando a entender que no era algo necesario dado el tipo de obra. “Documentación legal, así que te puedo decir que tengamos aunque sea una servilleta escrita donde diga que CGAL (abreviatura de la empresa) le debe tanto a alguien. No tenemos ni un correo”, explica otro empresario.
A la firma mexicana se le contactó vía correo electrónico. El 16 de mayo, la oficina de Grupo Tradeco S.A. de C.V., principal accionista de Contratista General, recibió un cuestionario relacionado con el tema. El 18 de mayo contestó lo siguiente: “No podemos revelar información del proyecto por los acuerdos de confidencialidad que existen debido a que es una instalación estratégica de alta seguridad para el Estado”, argumentó.
Valga la aclaración que las preguntas no tenían relación alguna con el asunto de la seguridad, como dice la constructora, y sí con la deuda, el porqué no permitió contratos con aquellas a las que subcontrató por varios meses habiendo dinero público de por medio y también se le consultó qué hacían reos en fase de confianza a su cargo.
Las empresas concluyeron sus servicios entre enero y febrero pasados coincidiendo con el final de las obras en el penal. En marzo, un grupo de afectados se presentó en las oficinas del MOP en busca de alguna respuesta. “Hablamos con el administrador del contrato. Se limitó a decirnos que el MOP no podía hacer nada porque el problema era entre la empresa y los proveedores, que el Gobierno no tenía nada que ver”, expresó uno de los asistentes.
Para Ricardo Iglesias, abogado de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, la empresa mexicana cayó en una ilegalidad. “Es una subcontratación con fondos públicos, por lo que debería haberse firmado un contrato de por medio. Es una obra pública, incluso debería estar publicada en Comprasal”, explica.
Como en un juego de papa caliente, la empresa mexicana responsabiliza al Gobierno del atraso en los pagos, según les ha reiterado a los empresarios cuando han pedido explicaciones. “Nos dijeron que iban a pagar pero están esperando el finiquito del Gobierno, es decir, que la obra esté terminada. Por eso no nos han pagado”, comentan. Según los afectados, el retraso en la entrega de la liquidación tendría que ver con unas obras en el penal que salieron mal y que estarían reparando.
Reos en fase de confianza
Uno de los empresarios subcontratados indica que los privados de libertad trabajaban para la empresa en la construcción del megapenal. “Eran como 100 privados de libertad y andaban siete custodios. Algunos trabajaban en el área de hierro, otros armaban estructura, otros estaban en llenado”, detalla sobre las labores que hacían.
“Nosotros salíamos a las 5 de la mañana. Eran cinco buses topados de trabajadores. Dos buses con privados de libertad, otros dos con mexicanos y un bus a la mitad de salvadoreños”, agrega. Esos privados de libertad, aclara, eran únicamente los que transportaba uno de los contratados para el servicio de transporte. Había otros con las otras constructoras, dice, en referencia a las salvadoreñas Inversiones OMNI y DISA.
Esa afirmación anterior concuerda con lo que expresa otro empresario que brindaba servicios de comida. “Eran unos cien privados de libertad a los que les dábamos alimentos”.
Un abogado consultado afirma que los privados de libertad en fase de confianza no pueden realizar ese tipo de trabajos. “La Constitución permite servicios sociales prestados a la comunidad. Puede que el gobierno pretenda encubrir esos trabajos forzados como servicios sociales a la comunidad. En ese caso que me cita, el servicio no es prestado a la comunidad: es prestado al empleador (contratista o subcontratista). Así que no puede justificarse en un servicio social prestado a la comunidad”, sentenció.
El abogado, que prefiere omitir su nombre, contempla dos posibilidades: que reciban o no un salario. “Si les pagó el contratista, entonces deben estar en la planilla del contratista. Si les pagó el Gobierno, ¿bajo qué figura? Plaza de ley de salarios: definitivamente no. ¿Sería, entonces, un contrato de prestaciones de servicios personales? Si es así, ¿dónde está ese contrato?”
Sobre la segunda opción, adelantó lo siguiente: “Si la figura que se utiliza es que los privados de libertad son usados como mano de obra gratuita en obras públicas, entonces eso parecería más trabajos forzados. Y la Constitución lo prohíbe”, explicó. En su artículo 9, la Carta Magna dice: “Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley”.
Hay que recordar que entre los beneficios que recibieron las empresas están la exoneración de la mayor parte de los impuestos. La Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios incluye un capítulo dedicado a la exoneración de impuestos a las empresas. En el artículo 26 se indica que tendrán exención total del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto a la Transferencia de Bienes muebles y a la prestación de servicios y de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, entre otros.
Más casos, más deudas
La empleada de una ferretería de cuatro trabajadores ubicada en San Salvador relata su calvario con Contratista General. “CGAL (abreviatura de la empresa) se había endeudado demasiado con otros proveedores, por eso buscaron otras alternativas. Nosotros fuimos de esas alternativas y les estuvimos brindando un buen margen de materiales de construcción, cemento, hierro y otras cosas primordiales”, explica sobre una relación que empezó en septiembre y terminó en enero.
El trabajo consistía en la entrega de pedidos con materiales desde la capital. El número de viajes era variable. En total, el negocio con la firma mexicana fue de unos 70,000 dólares. Le quedaron adeudando un poco más de 9,000 dólares que corresponden a cuatro facturas del mes de noviembre.
Ese impago tuvo repercusiones en sus empleados. En concreto, la persona consultada asegura que no recibió su sueldo los meses de enero y febrero de este año, y se vio obligada a vivir con préstamos que hacía para mantener a una hija. «Ya se imagina los estragos que causó eso. Era pedir prestado para esto, para moverme…», apunta.
En el caso de una empresa de comida, uno de los dueños cuenta que el servicio consistía en la entrega de una cantidad de platos determinada en los tres tiempos de comida. Al principio eran 200, después 400 y, por último, 550 platos al día por tiempo de comida. Para este trabajo, contrató a 23 personas y asegura que a ninguna les dejó de pagar.
Como otros, cuenta que la empresa mexicana, al principio, sí les cancelaba todo, incluso les dio un anticipo que él solicitó. Después solo pagaban una parte de las facturas. «Me iban pagando bien poco, o sea, estamos hablando que me pagaban el 30% de lo consumido, por eso se fue haciendo una deuda y, actualmente, no me la han pagado», describe. Para hacer frente a sus responsabilidades se vio obligado a hipotecar su casa.
Contratista General también tuvo sus problemas con empresas grandes y reconocidas como Ferretería Vidri. Así lo explicó a Voz Pública el jefe de ventas corporativas: “Se tardaron considerablemente en pagarnos porque el negocio que teníamos era inicialmente pago contra entrega”. Por una factura de 7,000 dólares tuvieron que esperar cinco meses hasta que la cancelaron el 31 de marzo.
TM Industrial S.A. de C.V. es una empresa dedicada al diseño y fabricación de estructuras metálicas, maquinaria industrial y montajes de equipos industriales. La asistente administrativa indicó que trabajaron para la empresa mexicana y que les pagaron una cantidad del dinero adeudado. No pudo confirmar si todavía les adeudan ni cuánto.
La historia se repite con el dueño de una empresa dedicada al servicio de grúas que prestó servicios en la obra del megapenal desde julio hasta enero: no firmaron contrato y les pagaron con anticipo los primeros meses para dejarles de pagar los siguientes. Si bien confirma que les han hecho algunos abonos, existe una deuda de 20,000 aún pendiente.
Otro caso parecido denuncia el propietario de una empresa dedicada al alquiler de equipo de construcción. Les debe dinero aunque no quiso decir cuánto. Comenta que el último pago fue hace tres meses. Como otras micro y pequeñas empresas tampoco firmó un contrato con la constructora mexicana. Añadió que Contratista General también les debe también dinero de un trabajo anterior, la construcción de los dos puentes sobre el río Torola, que es parte del proyecto El Chaparral.
Por último, otro afectado que ofreció el servicio de renta de maquinaria de construcción en septiembre del 2022 comenta que la empresa le hizo un pago en enero. Ahora le deben menos de 5,000 dólares. Tampoco firmó un contrato.
Tradeco en Guatemala
Contratista General de América Latina, S.A. de C.V. (CGAL) es una empresa del Grupo Tradeco S.A. de C.V., sociedad financiera mexicana que se dedica a la construcción de obras de infraestructura. Con sede en Ciudad de México, tiene presencia en países como Panamá, Colombia y Perú, además de Estados Unidos.
A ese grupo también pertenecen Innovaciones Técnicas de Cimentación, S.A. de C.V. (Itecsa) e Inmobiliaria Rancho Sierra, según se puede ver en el sitio web del grupo empresarial.
En agosto pasado, un par de meses después de que Contratista General entrase a la construcción del megapenal, el Ministerio de Gobernación de Guatemala otorgaba a la empresa Itecsa, del mismo grupo empresarial, la construcción de un penal de máxima seguridad en el municipio de Masagua, Escuintla.
A diferencia del penal salvadoreño donde todo está bajo reserva, en el caso chapín se conoce que hubo un proceso de licitación y que la empresa ganadora firmó un contrato por 87.9 millones de dólares para construir la cárcel con una capacidad de 3,000 internos, según el portal Guatecompras, similar al Comprasal salvadoreño. Los fondos provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Inmobiliaria Rancho Sierra, del mismo grupo, también recibió una parte de ese proyecto. Según el citado ministerio, firmó un contrató en diciembre de 2022 para realizar los servicios de consultoría para la elaboración del diseño del penal por un poco más de 2.1 millones de dólares.
En la página de la Secretaría y Programación de la Presidencia de Guatemala aparece un monto programado de 13 millones de quetzales (1.7 millones de dólares a un tipo de cambio de 7.60) para ejecutar el proyecto este año del que no se ha gastado nada hasta la fecha. Para el 2024, el monto previsto es de 173 millones de quetzales (algo más de 22.7 millones de dólares).
Llegar y ganar
A finales de julio de 2021, el Grupo Tradeco decidió crear una empresa en El Salvador denominada Contratista General de América Latina, S.A. de C.V., sucursal El Salvador. A los pocos meses fue invitada a participar en una licitación para la construcción de dos puentes sobre el río Torola como parte del proyecto de la presa hidroeléctrica El Chaparral. En diciembre, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le otorgó un contrato por 23.9 millones.
En junio, el mismo mes en el que firmó el contrato para la construcción de una parte del megapenal, le otorgaron un contrato directo, sin competencia alguna, por 13 millones para la construcción de 19 obras sociales en los municipios de Carolina, San Antonio y San Luis de la Reina.
Ambos proyectos debían estar listos entre diciembre de 2022 y enero de 2023. No solo no están terminados sino que los puentes presentan escaso avance y las otras obras apenas se han iniciado. La empresa confirmó a Voz Pública que las obras se suspendieron el 26 de marzo después de que la CEL le pidiese la terminación de la relación contractual de ambos proyectos de una manera amigable. La razón principal es el atraso acumulado si bien la empresa lo justificó por lo copioso del final del invierno pasado y el tipo de material encontrado en el subsuelo.
Silencio oficial
El viernes 19 de mayo se buscó la reacción del MOP. Dejó un correo al área de comunicaciones de la institución y realizó dos llamadas, pero no hubo ninguna respuesta.
Además, Voz Pública visitó las instancias del albergue municipal de Tecoluca ubicado en ese municipio y próximo al río Lempa, cuyas aguas se convierten en el principal riesgo de inundación para las familias que viven más cerca del cauce. Inaugurado en 2013 junto a su similar en Jiquilisco, ubicado al otro lado del río, cuenta con capacidad para más de 800 personas.
Un agente de la PNC y una persona del Ministerio de Gobernación, entidad que administra los albergues, eran los vigilantes del lugar. Comentaron que habían sido designados hace unas semanas y, por lo tanto, desconocían del movimiento de personas en el lugar durante la construcción del megapenal.
La calle de acceso al megapenal está también vigilada por un par de retenes militares. Al preguntar al primer grupo de soldados si se podía acceder para tomar unas imágenes exteriores del penal, consultaron por radio y dijeron que no podíamos continuar.
El alcalde del municipio de Tecoluca, Nicolás Antonio García Alfaro, desconoce si trabajaron reos en la fase de confianza en el penal. Comentó que la obra empleó a muchos vecinos del municipio y que les pagaron a tiempo, incluso había la posibilidad de hacer horas extra que se pagaban al doble. En algunos momentos, calcula que hubo unos 2,000 obreros trabajando en el penal.
