Contratista General de América Latina, S.A. de C.V. trabaja en la construcción del megacentro penitenciario junto con las salvadoreñas Inversiones OMNI y DISA S.A de C.V. La información sobre la obra fue declarada reservada, una práctica común en la gestión actual. La CEL otorgó a una sucursal de la firma mexicana un proyecto de $23.9 millones para la central hidráulica El Chaparral mediante contratación directa en diciembre pasado.
(Fotografía de la portada: La Prensa Gráfica)
La empresa azteca Contratista General de América Latina S.A. de C.V. es parte de las constructoras contratadas por el Gobierno para levantar el complejo penitenciario en el cantón El Perical, municipio de Tecoluca, San Vicente. Un documento del Ministerio de Hacienda confirma la existencia de un contrato con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con fecha del 28 de junio de 2022. Esa institución es la responsable del proyecto según la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios.
La obra se levanta sobre una superficie de 30 manzanas y tendrá una capacidad para albergar a unos 40,000 reos, según informó el presidente de la República en Twitter el 21 de julio.
En ese proyecto están contratadas también las empresas Inversiones OMNI y Constructora Díaz Sánchez (DISA), S.A. de C.V., tal y como lo publicó YSUCA a finales de junio. Para entonces, según los pobladores consultados por ese y otros medios, los trabajos llevaban de uno a dos meses en ejecución.
La constructora mexicana es la tercera empresa en incorporarse a ese proyecto del que el Gobierno se niega a brindar información sobre los procesos de contratación, los costos y las fuentes de financiamiento, entre otros. Un empresario confirmó a Voz Pública que la empresa se incorporó por magnitud de la obra y la rapidez con la que se quiere construir. Calcula que un 70% está en manos de OMNI y DISA, y el resto corresponde a la firma extranjera.
Contratista General, detalla la fuente, tiene asignado la construcción de dos edificios del penal con una capacidad para unas 5,200 personas cada uno. Añade que cada habitación está diseñada para albergar 80 reos, un espacio de 0.9 metros cuadrados por persona.
Contratos a los pocos meses
La empresa tiene sus oficinas en el edificio Insigne, en San Salvador. En la visita realizada para solicitar una entrevista el miércoles 13 de septiembre, la recepcionista confirmó que los responsables se encontraban en el lugar donde se construye el penal. Poco después, vía telefónica, rechazaron atender a este medio y dijeron que cualquier información se gestionara con el MOP.
Contratista General de América Latina, S.A de C.V. se inscribió el 27 de septiembre de 2021 en el registro de comercio. Dos meses después, el 25 de noviembre, la empresa inscribió a la sucursal en El Salvador. El apoderado general y administrativo de ambas es Eduardo Andrés Bentón, de nacionalidad mexicana, según la documentación disponible en el Centro Nacional de Registros (CNR).
En cuestión de días, la última empresa inscrita, Contratista General de América Latina, S.A de C.V., sucursal El Salvador, presentó una propuesta y ganó un proyecto de $23.9 millones mediante un proceso de contratación directa con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La obra “Diseño y construcción de las calles de acceso y de los puentes de Carolina y San Antonio sobre el embalse del río Torola en el departamento de San Miguel” es parte de la central hidroeléctrica El Chaparral. En este caso, existe una versión de información pública disponible en el sitio de compras públicas, Comprasal.
La CEL recurrió a una declaratoria de urgencia para seguir un proceso ágil de contratación. Bajo esa modalidad, la autónoma invitó a tres empresas a participar y presentar sus ofertas. El contrato entró en vigor el 15 de diciembre y estipula un periodo de un año para realizar esos dos puentes sobre el futuro embalse.
Siete meses después, a finales de junio, la firma azteca también logró un contrato con el Estado, esta vez con el MOP, para la construcción de una parte del megapenal de San Vicente.
De este proceso, en cambio, no hay rastro en el sitio de Comprasal. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encargó de ello al declarar la información reservada. De esta forma, se incumple la normativa “Lineamientos específicos para las adquisiciones y contrataciones de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios”, elaborada por el Ministerio de Hacienda, que en su punto 6 dice: “Todo proceso y su resultado será publicado en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, Comprasal”.
Por la defensa nacional
La reserva de información del MOP descansa en razones como la defensa nacional y seguridad pública, y el peligro a la vida, seguridad o salud de las personas. Graciela Ayala, abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), no comparte ese criterio. “No veo la razón de peligro nacional por la publicación del proceso de contratación de la empresa, los montos y los criterios de contratación”, apunta sobre esta práctica, las reservas de información mal fundamentadas, como ella define, para incumplir con la transparencia y la fiscalización social.
En esa misma línea, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, considera que la falta de transparencia es un patrón en esta administración, “un comportamiento sistemático para ocultar a los ciudadanos la información pública”. El Gobierno lo hace para evitar señalamientos en su forma de actuar y a sabiendas de que hay una ausencia de instituciones de control de esas irregularidades, apunta el responsable de una institución que trabaja por la lucha contra la corrupción en el país.
Ayala hace énfasis en los beneficios que estas empresas reciben y que están plasmados en la normativa de Hacienda. Uno de ellos es el anticipo, el dinero que el MOP, en este caso, otorga a la empresa al iniciar la obra. En la legislación de esta obra, el monto máximo es de hasta el 70%. Por ejemplo, si Contratista General tiene un contrato por $20 millones, al comenzar la obra puede recibir un adelanto de hasta $14 millones.
“Dicha regulación pone en riesgo las finanzas públicas ya que implica la erogación de decenas de millones de forma anticipada. Y cuando nos referimos a obras públicas de gran magnitud no siempre todo sale bien. Por tal razón, la LACAP solo permite hasta un 30% del anticipo, por la misma experiencia de la administración pública”, afirma la representante de ALAC.
Ese riesgo existe. Entre la escasa información que circula de Contratista General en su país de origen, alguna no la deja en buen lugar. En un comunicado de prensa de finales de junio, el gobierno del estado de Michoacán denunció a esa empresa por el incumplimiento del contrato en una obra vial. Según esa fuente, no había concluido el proyecto de 487 millones de pesos mexicanos ($24 millones) en el tiempo establecido. La institución contratante valoraba la rescisión del contrato en aquel momento.
Exentas de impuestos
Los beneficios a las empresas participantes no terminan ahí. En el capítulo III de la citada ley de construcción de penales se indica que esta exime de cualquier tipo de impuestos -IVA, renta, aduana y alcabala (impuesto a bienes raíces)- a las empresas contratadas. “Es impresionante la cantidad de impuestos que El Salvador dejará de percibir. Por ejemplo, pueden adquirir hasta bienes raíces a favor de la empresa sin pagar impuestos, traer máquinas y todo tipo de activos que quedarán como ganancia a la empresa, siempre y cuando justifiquen que serán para la ejecución del contrato con el MOP”, apunta sobre el lucro a costa del Estado.
Las empresas Inversiones OMNI y DISA S.A. de C.V. también se aprovechan de estos privilegios estipulados en la ley. De ninguna de ellas se conoce sobre los procesos de contratación, los montos contratados y si fueron escogidas a dedo o hubo algún tipo de competencia.
En el caso de OMNI no es la primera vez que gana adjudicaciones millonarias en esta gestión en procesos cuestionables y sin información pública disponible. Esta empresa construyó el Hospital veterinario Chivo Pets, ubicado en Antiguo Cuscatlán. La contratación, a cargo de la empresa Chivo S.A. de C.V., se hizo de manera directa, sin mediar competencia alguna a pesar de que había dinero público de por medio. Tiempo atrás, obtuvo un contrato de obras y servicios en el megacentro de vacunación que está frente al Hospital El Salvador. La constructora es propiedad de Luis René Dada, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco).
La empresa DISA S.A. de C.V. es una de las principales beneficiadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). En el primer trimestre del año, esa institución adjudicó 41 contratos, en su gran mayoría para obras de bacheo, por un total de $91.2 millones. A esa empresa le otorgó dos contratos por $10.2 millones lo que representa un 11.2% de los fondos de ese periodo.
De la empresa mexicana Contratista General de América Latina S.A. de C.V. se conoce que tiene ese nombre desde el 9 julio de 2021, dos meses y medio antes de asentarse en el registro de El Salvador. Anteriormente, se denominaba Marcadores de Pavimento S.A. de C.V., según el Registro Público de Comercio del Estado de México. Ni con ese nombre ni con el anterior hay registro de obras, además de las mencionadas, en el territorio salvadoreño.
Documentación de apoyo consultada:
. Reserva de información
. Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios
. Normativa de contrataciones de Hacienda
. Información de empresa mexicana en el CNR
Declaratoria de reserva del MOP y justificación de la misma
Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios en el Diario Oficial
Lineamientos del Ministerio de Hacienda en materia de contrataciones
Información sobre la empresa mexicana disponible en el CNR
