Edwin Segura, periodista de La Prensa Gráfica, y César Fagaoga, presidente de la APES, analizan la situación del periodismo en El Salvador en una coyuntura de creciente autoritarismo y de concentración de poder en manos del presidente Nayib Bukele. Coinciden en que la ambigüedad de la reciente reforma al Código Penal, que contempla penas de 10 a 15 años a todo aquel que reproduzca mensajes alusivos a pandillas, llevó a que varios periodistas dejaran el país por el riesgo a ser encarcelados. En otros casos, los colegas prefieren autocensurarse y no abordar este tipo de contenidos.
Uno de los ataques más graves contra la prensa lo protagonizó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el pasado 19 de abril en el marco de la aprobación de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales. “Que les den asilo y que se vayan. No los necesitamos, váyanse”, gritó, refiriéndose a los periodistas de El Faro, un medio digital crítico con el actuar de esta administración, varios de cuyos periodistas se vieron obligados a exiliarse un tiempo.
Edwin Segura, periodista de La Prensa Gráfica, califica esa amenaza como el “episodio más virulento” del oficialismo contra los medios. Explica que la salida de periodistas del país fue producto de la aprobación de “leyes ambiguas” que pueden interpretarse como una criminalización al ejercicio periodístico.
En concreto, Segura se refiere a las reformas realizadas al Código Penal, específicamente al artículo 345-C, en el que se insertó el delito de “Elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propagandas alusivas a maras o pandillas”. La pena es de 10 a 15 años de prisión. “Algunos colegas decidieron no quedarse para averiguar si van a ser capaces de encarcelar periodistas y decidieron irse”, comenta sobre el autoexilio de varios profesionales.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró la salida de nueve periodistas desde abril si bien la mayoría ha regresado en los meses siguientes, de acuerdo con lo expresado por ellos.
César Fagoaga, periodista y presidente de APES, coincide con su colega en que la poca claridad de esas reformas también está produciendo casos de autocensura, haciendo que muchos colegas del gremio se cuestionen qué tipo de información se puede publicar. “En la APES, yo he tenido consultas de colegas que me dicen: ´pero, mirá, si publico esto o retomo lo que han publicado otros medios de comunicación, ¿me pueden meter preso?´ Y mi respuesta es que este no es un tema legal, es un tema político”, indica.
En un contexto difícil para la prensa como el actual, Fagoaga reconoce la osadía de los medios de comunicación que siguen publicando temas relacionados con las pandillas y la tregua del gobierno con estos grupos delincuenciales. “Hay medios que se la siguen jugando y eso es digno de admirar en esta coyuntura, cuando controlan el aparato penal por completo, la policía, la fiscalía, los jueces”, explica en referencia a la concentración de poder del presidente de la República, Nayib Bukele.
Ambos profesionales brindaron estas declaraciones en el pódcast titulado Libertad de prensa bajo amenaza, elaborado por Voz Pública y conducido por la periodista Wendy Monterrosa.
Sin libertad de expresión
Segura, quien también es jefe de LPG Datos, cuestiona el discurso de algunos funcionarios que defienden que en El Salvador hay libertad de expresión porque no hay periodistas asesinados o encarcelados. “La ciudadanía debería entender que a veces se compra un discurso falso. Es falso, por ejemplo, que solo porque no he sido asesinado mi libertad de expresión ha sido respetada. Discúlpenme, pero yo lo que espero es que el Gobierno sea transparente, que dé la información que yo le solicito, que me dé entrevistas y, si tengo dudas sobre cómo se están haciendo las cosas, que rinda algunas cuentas”, comenta. “Si está dispuesto a hacer eso, yo puedo decir que es un Gobierno que respeta la libertad de prensa y el derecho a la información”, agrega.
La realidad es muy distinta. Segura enumera una serie de informaciones de carácter público que el Gobierno se niega a proporcionar. “¿De qué información delicada estamos hablando? De hacer una solicitud a la FGR y decirle: ´Mire, me gustaría que me dijera cuántas personas han capturado y cuáles son los delitos por los que están acusadas´. Decirle a la Dirección General de Centros Penales: ´¿Quisiéramos saber cuántas personas están dentro de los centros penales y cuál es la capacidad de cada uno de esos centros?´. ¿O por qué no podemos saber cuántas personas han muerto si antes podíamos saberlo?”, se cuestiona.
“La gente y el Gobierno se molestan por las preguntas que hacemos, pero no es a la pregunta que le tienen miedo, sino a la respuesta”, sentencia.
