Un tuit del comunicador político del oficialismo José Valdez afirma que las elecciones de 2027 en El Salvador serán “libres y democráticas” porque los partidos ARENA y FMLN ya eligieron a sus candidatos presidenciales. Aunque la participación de la oposición es necesaria, un experto electoral y organismos internacionales advierten que el sistema electoral incumple requisitos mínimos, como una autoridad electoral independiente y elecciones competitivas, claves para hablar de “elecciones democráticas”. Una reciente investigación de Focos revela en detalle la captura del Tribunal Supremo Electoral a manos del oficialismo.
El Salvador se encuentra en la antesala del proceso electoral de 2027, en el que Nayib Bukele aspira a un tercer mandato para cumplir 14 años consecutivos en el cargo, gracias a una polémica reforma constitucional. En ese contexto, José Valdez, del grupo de análisis Círculo de Reflexión Política Siglo XX, afín al oficialismo, publicó un mensaje en X en el que destaca, en mayúsculas, “elecciones libres y democráticas” para 2027 en El Salvador. Justifica la afirmación de que los partidos de oposición ARENA y FMLN escogieron a sus fórmulas presidenciales el 26 de julio, tras un proceso de elecciones internas.
El comunicador menciona algo cierto —la participación de la oposición—, pero lo usa para sostener una conclusión general: que en El Salvador habrá elecciones libres y democráticas en 2027; un hecho que, por sí solo, no puede probar. Además, informes internacionales coinciden en que, desde 2020, se ha debilitado la democracia y el Estado de derecho en el país, incluyendo el sistema electoral. Por eso, la afirmación de Valdez se calificó como “engañosa”.
Entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Europea para la Democracia (Comisión de Venecia) coinciden en cinco requisitos esenciales para que unas elecciones sean democráticas: elecciones limpias, periódicas, inclusivas, competitivas y autoridades electorales autónomas. Los dos últimos están en entredicho en El Salvador.
Malcolm Cartagena, especialista en temas electorales, señala que la participación de la oposición en la elección presidencial legitima “la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele, en tanto aceptan esas reglas de juego torcidas”, aunque aclara que se trata de un elemento puntual: “En general, las elecciones carecen de los elementos necesarios para poder catalogarlas como libres y democráticas”.
Un TSE en manos de Nuevas Ideas
En referencia al Tribunal Supremo Electoral (TSE), una investigación de Focos describe cómo el oficialismo tomó el último reducto institucional que aún no controlaba con la llegada de Roxana Soriano, elegida por Nuevas Ideas y juramentada como presidenta del TSE el 27 de septiembre de 2024.
El reportaje detalla cómo áreas claves del tribunal —como el registro de votantes, la dirección de organización electoral, el sistema informático y la distribución de paquetes electorales— están a cargo de jefaturas leales a Soriano y afines a Casa Presidencial. Un ejemplo: Athalia Ganz Argueta, sobrina del exasesor de Casa Presidencial Javier Argueta, es la subjefa del Registro Electoral.
“Una decena de jefaturas y más de un centenar de técnicos, algunos con décadas de experiencia organizando elecciones, fueron despedidos y sustituidos por figuras que trabajaron para Roxana Soriano en su paso por la CCR y el IAIP —instituciones contraloras que terminaron capturadas por el oficialismo bajo su mandato— y por personas vinculadas a Casa Presidencial», revela el trabajo “El último árbitro: Nuevas Ideas se toma el Tribunal Supremo Electoral”.
Cartagena habla de un “árbitro electoral cooptado por el partido de gobierno, sin ninguna oportunidad de incidencia y fiscalización de partidos de oposición”.
Una campaña desigual
Una de las condiciones básicas necesarias para tener elecciones libres es la competitividad. Esto no implica únicamente diversidad de partidos en contienda, sino que las fuerzas políticas tengan acceso equitativo al financiamiento de campaña y a espacios en medios de difusión como radio y televisión, entre otros, según el documento «Elecciones democráticas: criterios a considerar», de Laboratorio Electoral.
Acción Ciudadana, en su informe de monitoreo electoral de marzo de 2024, denunció que la campaña de ese año fue inequitativa, que no se garantizó igualdad de condiciones para todos los contendientes y que se usó el aparato estatal para pautar publicidad a favor del partido oficialista. Los partidos, además, no contaron a tiempo con el financiamiento público establecido por ley (la deuda política). “Nuevas Ideas posee el 95% del valor total de la publicidad emitida en el periodo monitoreado”, subraya el informe.
Cartagena, también coordinador del Centro de Monitoreo Político de esa organización, señala además que el proceso electoral se ha visto marcado por decisiones que favorecen directamente al partido de Gobierno: reformas electorales aprobadas por la Asamblea oficialista en la antesala de las elecciones —como ocurrió en 2024 y se repite en 2027— y la eliminación de la deuda política.
“La deuda política es otro elemento de las elecciones democráticas: desde 2025 se eliminó y los partidos no tienen acceso a financiamiento. Les toca (buscar) en un ambiente de régimen de excepción y persecución política, donde los mismos donantes tienen miedo de donar por el riesgo de ser perseguidos”, explicó Cartagena.
Las nuevas reglas del juego
Entre 2025 y 2026, la Asamblea Legislativa con mayoría de Nuevas Ideas aprobó un paquete de cambios constitucionales y electorales que alteraron las condiciones bajo las que se disputarán los comicios de 2027, alejándose aún más de los principios de competitividad y transparencia que suponen una elección libre.
El primero llegó el 31 de julio de 2025, cuando la Asamblea ratificó, en una sola jornada y sin debate previo, reformas a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Con ellas se eliminaron los límites a la reelección presidencial y se extendió el período presidencial de cinco a seis años, además de eliminar la segunda vuelta electoral. Una disposición transitoria adelantó el final del actual mandato de Bukele —previsto originalmente para 2029— al 1 de junio de 2027, con el argumento de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Estas reformas abrieron la puerta para que Nayib Bukele pueda reelegirse en 2027, gobernar hasta 2033 y postularse nuevamente, sin ningún límite.
Los cambios también llegaron al andamiaje institucional. Entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2026, la Asamblea ratificó una segunda reforma constitucional, esta vez al artículo 208, la cual quitó a los partidos la facultad de proponer ternas para tres de los cinco magistrados del TSE. Con el nuevo esquema, tres magistrados —incluido el presidente del tribunal— pasarán a ser elegidos por la Asamblea Legislativa mediante un mecanismo distinto, y los otros dos a partir de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. La consecuencia política es que la oposición pierde representación en el ente colegiado, quedándole únicamente presencia eventual en algunos concejos municipales si no consigue diputaciones en 2027.
El 14 de mayo de 2026, la misma bancada aprobó las reformas secundarias que desarrollan ese cambio —al Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley del Sufragio en el Extranjero— y, en el mismo paquete, creó la circunscripción especial para la diáspora salvadoreña. Las reformas otorgan seis diputaciones a los salvadoreños en el exterior, restándoles cinco curules a San Salvador y una a La Libertad, los dos departamentos más poblados, y en los que la oposición ha logrado su mayor cuota de representación en elecciones recientes. Los cambios quedaron vigentes desde el 23 de mayo, tras su publicación en el Diario Oficial, dejando a San Salvador con 11 diputados —antes 16— y a La Libertad con 6, antes 7.
Estas modificaciones se suman, además, a la reforma de 2023 que ya había reducido el número de municipios de 262 a 44 y el de escaños legislativos de 84 a 60, un cambio que reconfiguró de fondo el mapa de representación política del país y favoreció el control de Nuevas Ideas en los territorios.
Deterioro democrático
Tres estudios distintos, con metodologías y fuentes de financiamiento diferentes, coinciden en el deterioro democrático de El Salvador bajo la gestión de Nayib Bukele y clasifican al país como “autocracia electoral” y “parcialmente libre”.
El instituto V-Dem (Varieties of Democracy), de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), con una red de más de 4.200 expertos en más de 200 países, señala que “la subordinación del poder judicial y el debilitamiento de la autonomía de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han erosionado la independencia efectiva del sistema electoral y la equidad de la competencia política”. El informe clasifica a El Salvador como autocracia electoral, por debajo de los estándares de una democracia electoral, y vincula las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión con “el deterioro de las condiciones para una competencia política libre”.
Freedom House, ONG con sede en Washington D.C., otorgó a El Salvador 42 de 100 puntos (15/40 en derechos políticos, 27/60 en libertades civiles), catalogándolo como “parcialmente libre” en el informe de 2026. Cita el registro de la Misión de Observación de la OEA sobre las elecciones de 2024, que señaló “una campaña electoral atípica y desigual” y “deficiencias que afectaron la imparcialidad y transparencia”. Explica la caída de puntaje por la reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial y por la consolidación del control del partido de gobierno sobre el sistema político.
El Índice de Democracia de The Economist (EIU) clasifica a El Salvador como “régimen híbrido” —por debajo de “democracia plena” y “democracia deficiente”— . En su categoría específica de “Proceso electoral y pluralismo” obtiene 6.17 sobre 10, su mejor puntaje entre las cinco categorías evaluadas, mientras que “funcionamiento del gobierno” (3.21) y “cultura política” (3.13) son las más débiles.
En conclusión, la participación de ARENA y FMLN en las elecciones presidenciales de 2027 es un hecho real y verificable, pero no equivale a que las elecciones sean “libres y democráticas”, como aseguró Valdez en su tuit. Fuentes consultadas coinciden en que persisten fallas estructurales para hablar de elecciones democráticas como la independencia del árbitro electoral y la equidad de la competencia. Por consiguiente, la afirmación del comunicador político se califica como engañosa.
Voz Pública solicitó una reacción de José Valdez a través de la mensajería de X, pero no tuvo éxito.
