La DOM asumió la construcción del edificio de la consulta externa especializada a inicios de año luego de que las tres empresas preseleccionadas no participaran en el proceso, según una auditoría publicada en la web del BID el 1 de junio. Finaliza así un periodo de tres años y nueve meses en el que ni esa institución ni el Ministerio de Salud fueron capaces de seleccionar a una constructora.
Este mes también se vence el préstamo suscrito en junio de 2018 para un periodo de cinco años. De los $170 millones contratados, a diciembre de 2022 se habían ejecutado $47.3 millones, apenas el 28% del total.
Un informe de auditoría a los fondos del Programa Integrado de Salud II (Prides II), que se financia con el préstamo BID 3608/OC-ES, confirma que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) asumió la construcción del edificio del nuevo hospital Rosales después de que el proceso de selección del contratista se declarase desierto al no haberse recibido ofertas. “(…) la DOM decidió llevar a cabo la Construcción del Edificio de Consulta Externa Especializada y Hospital del Día del Hospital Nacional Rosales bajo la modalidad de ‘Administración Directa’”, indica el documento subido en la web del banco el 1 de junio. La institución notificó esa decisión al Ministerio de Hacienda el pasado 16 de febrero.
Para ese entonces, los trabajos de terracería en el predio del exhospital de Maternidad habían comenzado hace un par de semanas, según los vendedores de los alrededores consultados por Voz Pública en marzo. En todas las visitas realizadas al lugar se observó la presencia de trabajadores con la indumentaria de la DOM.
En los primeros cuatro meses se ha construido un hoyo de seis o siete metros de profundidad y casi del tamaño de una cuadra. Según la escasa información publicada, el edificio tendrá cuatro plantas y dos niveles de parqueo subterráneos. Este medio habló con un par de trabajadores en la entrada principal. Ambos dijeron que eran empleados de la Dirección Nacional y que había empresas trabajando, pero no mencionaron cuáles. En el lugar estaban colocadas varias grúas y ese último día de mayo trabajaban una veintena de obreros.
La DOM ejecuta la construcción bajo la modalidad de administración directa de proyectos, descrita en el artículo 67 de la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales. “El diseño, supervisión y construcción podrá realizarse por administración directa de la DOM (…) en casos excepcionales”, dice la normativa, que identifica únicamente tres motivos: uno es que se trate de pequeños proyectos dispersos o en lugares remotos; otro es cuando hay trabajos en marcha y para evitar daños a la obra por un incumplimiento contractual. El tercero tiene que ver con “emergencias que necesitan una atención rápida”.
Justifica decisión
De alguna manera, la DOM plantea una especie de urgencia para justificar la decisión. “(…) Habiéndose lanzado el proceso para seleccionar al contratista que realizaría la obra, y declarado desierto el mismo por no haber recibido ofertas en fecha y hora señalada para tal fin, por lo que, considerando la urgencia que representa la ejecución de tan importante obra para el país, la DOM decidió llevar a cabo la construcción…”, se lee en el documento.
En la legislación de otros países como Perú y México, la modalidad de administración directa se define como aquella en la que la institución utiliza sus propios recursos para realizar el proyecto, es decir, no cuenta con ningún privado o tercero para ejecutarlo, solo su personal, equipo o maquinaria. Su principal característica es, por tanto, la ausencia de un contratista.
En el informe de auditoría también se revela que la DOM realizó el diseño del hospital a construir. Un par de arquitectos consultados meses atrás por Voz Pública precisamente por este asunto afirmaron que su complejidad es tal que es inviable que la DOM, una institución nueva, o el Ministerio de Salud, con más experiencia en estas obras, pudiesen hacerlo. Añadieron que la entidad pública debió contratar a una empresa especializada. No obstante, el proceso que se siguió con el diseño se desconoce.
Al hacerse cargo del proyecto la Dirección Nacional se liberan una serie de recursos del préstamo que estaban dirigidos a la construcción del hospital, se lee en la auditoría. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda solicitó a Salud que le indique a qué actividades se reorientarán esos recursos disponibles del préstamo del BID. Ese monto, que volvería de nuevo a manos de Salud, es un poco más de $52.1 millones.
Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, ve un manejo inadecuado de los recursos públicos con los cambios anunciados. “Necesitan dinero y lo que hacen es usar el de los préstamos para sus obligaciones normales u otras mientras que lo que les queda disponible del presupuesto ordinario lo reasignan a lo que ellos les interesa”, asevera.
Se vence préstamo
El contrato de préstamo 3608/OC-ES fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 7 de junio del 2018 y se estableció para un plazo de ejecución de cinco años, el cual vence este mes. Según la auditoría, realizada por la firma PricewaterhouseCoopers, Ltda. de C. V., la inversión acumulada al 31 de diciembre de 2022, es decir, en cuatro años y medio, asciende a poco más de $47.3 millones en los cuatro componentes del programa. Esa cantidad representa apenas el 28% de los $170 millones contratados. Apenas uno de cada cuatro dólares disponibles lo que es un indicador de la baja ejecución del Ministerio de Salud en los últimos años.
En los dos componentes más importantes, el fortalecimiento de la red de atención ambulatoria y de la red hospitalaria, se ejecutaron $15.6 millones y $21.9 millones, respectivamente. En el caso puntual del hospital Rosales, el estudio dice $8.6 millones, en su mayoría ejecutados en 2020. Hay que puntualizar que ese monto corresponde en gran parte a un traslado de fondos hacia el Hospital de El Salvador para la compra de insumos y medicamentos durante la pandemia de la covid-19.
El Programa Prides II tiene como objetivo fortalecer los servicios de salud en los distintos niveles de atención de la red sanitaria pública y mejorar la eficiencia de la gestión. Incluye la remodelación y construcción de 27 unidades comunitarias de salud, el equipamiento de otras 59 y dotar de personal médico a otras 18 más en zonas del norte y sur de San Salvador, principalmente. También, la construcción de un hospital en Nejapa, obras de infraestructura en otros 14 más y sistemas de manejo de aguas residuales en varios centros. Voz Pública informó de estado de varios de esos proyectos en una publicación anterior titulada “Salud solo ejecutó el 22% de $170 millones del préstamo que está por vencerse”.
El Rosales, una odisea
El Gobierno del presidente Nayib Bukele no fue capaz de adjudicar el nuevo hospital Rosales a un contratista para su construcción en tres años y nueve meses de gestión. Desde el 1 de junio de 2019 tuvo los fondos del préstamo a su disposición y un diseño de la administración anterior que el propio mandatario se encargó de desechar. “Ya están los fondos para el nuevo hospital Rosales, pero trabajaremos en nuevos diseños para que sea un hospital de primer mundo, el mejor de Centroamérica para el bien de todos los salvadoreños”, tuiteó el 21 de agosto de 2019.
El Ministerio de Salud tardó casi dos años en lanzar la licitación pública internacional para seleccionar a la empresa encargada de construir el proyecto. Lo hizo el 26 de febrero y se fijó el 30 de julio como fecha tope para la recepción de las ofertas. Seis participaron y cuatro de ellas aprobaron la evaluación técnica y llegaron a la fase final, la presentación de la oferta económica. En una decisión sorpresiva, el Ministerio de Salud decidió no escoger a ninguna de ellas, según el comunicado publicado a inicios de febrero de 2022. La justificación en la resolución de anulación No.01/2022 era escueta: “La necesidad de revisar y reformular el proyecto”. En ese documento se anunciaba también la entrada de la DOM en el proceso con el mismo objetivo: escoger a la empresa constructora.
El cambio de actor no fue el único. También, se modificó la idea del proyecto y el monto a invertir. En el proyecto original se planteó un costo de $29.6 millones para el diseño y la construcción. En el nuevo, liderado por la DOM, esa cifra ascendió a más de $52 millones solo para la construcción. Ese incremento del 75% en el precio no se correspondía con el aumento del área a construir, que pasó de 30,355 metros cuadrados iniciales a los 41,200 actuales. A diferencia de Salud, la DOM optó por reservar la información del proyecto.
A finales de junio pasado, la Dirección Nacional publicó la primera información relativa al proyecto del Rosales: un proceso para la preselección de las empresas interesadas en construir el hospital. De nuevo, como en la licitación de Salud, hubo interés en construir el edificio. En octubre había tres constructoras preseleccionadas. Por cierto, las tres habían participado en el proceso anterior. Finalmente, como ya se conoce, ninguna de ellas presentó oferta económica y el proceso se declaró desierto. Este hecho, según la información de la auditoría, llevó a la DOM a tomar la decisión de asumir el proyecto de construcción.
La Dirección Nacional de Obras Municipales se creó el 17 de noviembre de 2021 mediante el Decreto Legislativo 210. En los cinco considerandos que acuerpan la ley se destaca la importancia de crear una institución orientada a fortalecer la atención y la inversión en los municipios del país. Con un poco más de un año de experiencia asume la construcción del nuevo hospital Rosales, una obra ajena a la razón de ser de la institución.
Hace unos días se conoció la renuncia de su director ejecutivo, Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos, en medio de una serie de publicaciones de la Revista Factum en las que se denuncian presuntas irregularidades en la contratación de empresas, en concreto, una mexicana que estaba inhabilitada en su país de origen y otra costarricense investigada por sobornos también en su país. Un poco antes, relacionado con lo anterior, el medio digital Focos había publicado también que la DOM había dado un contrato a una empresa vinculada a personas cercanas al partido oficial Nuevas ideas.
