En junio, 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de la extradición de Armando Eliú Melgar, alias Blue. Esa disposición no se ejecutó y en una votación posterior, 10 magistrados, todos designados por el partido Nuevas Ideas, votaron en contra de enviarlo a los Estados Unidos, tal y como solicita la justicia de ese país. La misma decisión se tomó con un segundo pandillero, alias Manicomio, también de la pandilla MS.
Para Enrique Anaya Barraza, connotado abogado constitucionalista, la reticencia de la Corte Suprema de Justicia, integrada por una mayoría de magistrados elegidos por el partido oficialista Nuevas Ideas, a extraditar a dos líderes pandilleros solicitados por los Estados Unidos se debe al poder político que han alcanzado las pandillas. “Imaginémonos hasta dónde han llegado a tener conciencia de su poder político las pandillas que posiblemente estén ya tomando o reclamando acciones que inciden en el poder de justicia”, comenta.
En la entrevista de Voz Pública conducida por la periodista Wendy Monterrosa, Anaya califica de “totalmente ínédito” que los magistrados impuestos por el oficialismo revocaran la decisión de extraditar a Armando Melgar, alias Blue, adoptada unos meses antes por la Corte.
En junio pasado, el máximo tribunal votó a favor de la extradición del Blue, un reconocido pandillero de la MS, acusado y reclamado por los Estados Unidos por cargos de terrorismo. Meses después, en agosto, esa misma instancia, ya con mayoría de jueces escogidos por Nuevas Ideas, revirtió la decisión tomada antes.
“En el caso del Blue, se revoca por los 10 magistrados designados por la bancada de Nuevas Ideas. De los magistrados legítimos que estaban antes, ninguno votó a favor de eso”, afirma Anaya.
El pasado 24 de agosto, la Corte Suprema se negó a extradillar a un segundo pandillero, Edwin Rodríguez, alias Manicomio, acusado de delitos de terrorismo con el alegato de que era menor de edad cuando cometió los hechos delictivos.
Anaya plantea que las pandillas han puesto en una disyuntiva al gobierno de Nayib Bukele. Si las extradiciones suceden, dice el experto, puede haber problemas en el país, atendiendo a la lógica de las pandillas.
“Como ciudadano, yo sí pensaría que esto es parte de las negociaciones del Ejecutivo con las pandillas”, afirma el abogado al tratar de encontrar una razón a la negativa de extraditar a estos pandilleros reclamados en los Estados Unidos.
Futuras repercusiones
El juez Antonio Durán, invitado también a la entrevista, menciona que incumplir el tratado de extradición que data de 1911 puede traer consigo consecuencias. “Si El Salvador no extradita y no da razones justificadas para no extraditar, entonces de igual manera el otro país solicitante puede denegar la extradición que El Salvador tiene interés en juzgar acá”, afirma en referencia al principio de reciprocidad entre países.
Advierte que cuando la Corte de Nueva York solicita la presencia de estas personas es porque ya han sido calificadas como criminales transnacionales. “Esa calificación de ˝criminalidad transnacional˝ implica un interés especial del gobierno de los Estados Unidos por combatir nuestra criminalidad porque estamos exportando delincuencia, delincuentes”, asegura el abogado.
Sin independencia judicial
El Primero de Mayo, los diputados de la Asambla Legislativa, de mayoría del partido oficialista, destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusieron a otros tantos, una decisión ilegal que desató críticas en la comunidad internacional. El 26 de septiembre, aprobaron un decreto para sustituir a la tercera parte de los jueces del país para colocar a otros afines al poder.
“Estamos atravesando días oscuros para la justicia. Prácticamente, el sistema judicial está plegado al Ejecutivo. Tiene la Corte Suprema, las salas, las cámaras, tiene una tercera parte de los jueces, los órganos de persecución (PNC, Fiscalía) que actúan conforme a lo que dice el Gobierno”, afirma Durán.
En septiembre, la organización Cristosal, con el aval de 75 jueces, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas con respecto a los atropellos a la independencia del sistema judicial que vienen ocurriendo en el país desde mayo. “Sabemos que el sistema interamericano actúa despacio, pero creo que cuando lo haga con El Salvador, lo va a hacer con contundencia”, sentencia el juez.
