«Lo público tiene que ser mejor que lo privado». La frase de marketing político, pilar del discurso del gobierno de Nayib Bukele, se estrella contra la realidad en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En los últimos seis años, la administración no solo ha fallado en fortalecer la institución, sino que ha ejecutado un desmontaje de su infraestructura y del modelo de atención. El ISSS ha duplicado el gasto en servicios externos y, en contraste, la inversión en bienes e infraestructura propia se reduce.
Colapso: Del lat. collapsus, part. pas. de collābi ‘caer’, ‘arruinarse’.
1. m. Destrucción, ruina de una institución, sistema, estructura, etc.
Antonio Rodríguez llegó el 10 de enero de 2026 al Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a recoger los resultados de una tomografía que le efectuaron en agosto del año pasado, pero salió con las manos vacías. Le informaron que no estaba lista porque no hay médicos suficientes que puedan hacer la lectura de las imágenes. La respuesta hizo que la cita que tenía dos días después con su neuróloga fuera inútil. El diagnóstico para encontrar un alivio a su problema de insomnio crónico sigue pendiente. La próxima cita se la programaron hasta octubre.
Este tipo de historias de frustración por la carencia de médicos especialistas, sumada a las quejas por el retraso en el calendario de consultas o cirugías, o la escasez de medicamentos tiene una explicación. La respuesta se encuentra en el vaciado sistemático del patrimonio del ISSS. Historias como la de Antonio no son fallos aislados del sistema, sino la consecuencia directa de una serie de decisiones administrativas —plasmadas en presupuestos, actas y contratos— que despojaron al Seguro Social de su autonomía operativa.
El colapso tiene una ruta clara: mientras el presupuesto para contratar a terceros se duplicó desde 2019, la inversión en el corazón de la institución —sus médicos y sus propios hospitales— entró en un estado de parálisis. El ISSS hoy gasta el doble en pago por servicios, pero cuenta con menos especialistas y una infraestructura que se degrada al mismo ritmo que sus ahorros.
La alcancía institucional, que en 2019 superaba los $300 millones, se ha reducido para cubrir un déficit que las cotizaciones mensuales ya no alcanzan a tapar.
El presupuesto para contratar a terceros creció un 102 % desde 2019. El recurso especializado ha disminuido por despidos o renuncias voluntarias masivas ante la incertidumbre por el futuro de la institución, según reporta el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISSS). El doctor Rafael Aguirre dice que son más de 325 médicos especialistas los que ya no están. “Esto ha venido, obviamente, a generar esta crisis de citas prolongadas, de retraso en el estudio de diagnósticos”, señala el presidente de SIMETRISSS. A la cuenta hay que sumar más de 700 trabajadores del área paramédica y administrativa.
El ISSS viene operando financieramente con una especie de “respirador artificial”. Redacta proyectos de inversión en cada presupuesto, para dar una imagen de progreso ante la opinión pública, pero en la práctica usa ese dinero para otros fines.
Según el estado financiero oficial de 2024, el ISSS gastó $152 millones en servicios externos, mientras que solo logró ejecutar $24 millones en infraestructura y equipos propios. El gasto en contratar a terceros ya es seis veces mayor que lo que la institución invierte en sus propias instalaciones.
Para el ejercicio fiscal 2026, la institución proyectó un recorte drástico. El monto destinado a proyectos de infraestructura cayó a solo $8,800,000. Las autoridades están priorizando el gasto corriente (servicios externos) sobre la creación de activos fijos.
Este reportaje devela el misterio de cómo se inocularon las condiciones para esta crisis en la institución que nació en los años 50 para brindar atención médica y seguridad económica a los trabajadores formales y sus dependientes.
Hasta 2019, el ISSS operaba bajo un modelo de superávit que permitía capitalizar reservas. A partir de 2021, la institución entró en un déficit estructural, a pesar de que los ingresos aumentaron, según muestran los estados de ejecución presupuestaria.
El pecado original
El hoyo en las finanzas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social comenzó a cavarse el 21 de marzo de 2020. El Consejo Directivo del ISSS suele reunirse los lunes, pero ese día fue sábado y se convocó a una sesión extraordinaria para un punto único: resolver la petición que envió el presidente de la República, Nayib Bukele, en una carta, apenas el día anterior.
“El Presidente de la República […] solicita de forma urgente que el ISSS pueda destinar, en calidad de préstamo, equipamiento por un monto de hasta veinticinco millones de dólares ($25,000,000.00), el cual servirá para el funcionamiento del hospital destinado a atender los casos confirmados de COVID-19”, quedó plasmado en el acta de reunión. Estas dos palabras, marcadas con negrita, serían borradas semanas después.
La petición presidencial abrió un grifo de recursos que nunca volvió a cerrarse a favor de los cotizantes. El encargado de presidir la reunión y de convencer a los miembros del Consejo sobre la propuesta fue el doctor Francisco Alabí, entonces viceministro de Salud. No fue una tarea sencilla. La reunión empezó a las 10:00 de la mañana y terminó a las 4:20 de la tarde. Las intervenciones comenzaron reconociendo que la pandemia era una realidad sin precedentes cercanos y que planteaba un reto monumental. Pero luego hubo una discusión larga sobre las implicaciones jurídicas de atender esta inusual petición.
En el ISSS, el consejo directivo es la autoridad máxima para tomar decisiones de orden administrativo, financiero y técnico. Antes de la reforma de 2024, empujada por el gobierno para sacudirse al sector médico y modificar la representación total, la composición de los 12 puestos era así: uno para el ministro o viceministro de Trabajo, un representante de los ministerios de Hacienda, Trabajo, Salud y Economía; otros dos le corresponden al sector laboral elegidos por los sindicatos de trabajadores, un miembro del Colegio Médico, uno de la Sociedad Dental y dos representantes del sector empleador privado. La última silla es para la dirección general.
Dos meses antes, Bukele ya había colocado a la cabeza a una persona conocida y de confianza de su familia como directora: Delmy Cañas de Zacarías. En su hoja de vida, Cañas detalló que trabajó por más de 20 años como gerente comercial en Sinquimia, una droguería de Armando Bukele Kattan, el padre del presidente.
En la reunión de aquel sábado, el representante del sector empleador, Alejandro Solano, alzó la voz contra lo que consideraba una descapitalización peligrosa. Advirtió que el dinero de los cotizantes tiene un fin específico. “El ISSS vive de lo que paga el empleado y el empleador… de las cuotas mensuales, de eso vive el ISSS. Bajo ningún punto de vista es negarse al Estado […] es que no está acorde a derecho y en consecuencia deben pensar cómo el ISSS recibirá al derechohabiente después y con qué fondos lo recibirá, […] hay una cantidad de implicaciones jurídicas y económicas para el Seguro, pero después que no se quejen los trabajadores porque no habrá dinero”, enfatizó Solano.
Seis años después de aquella reunión extraordinaria, Antonio y cientos de trabajadores pareciera que están experimentando la profecía de Solano.
Alabí instó a unirse y dejar a un lado el pensamiento binario de “qué es ISSS y qué es hospital público”. [sic] “El doctor Alabí señaló que se pueden tener dudas pero: primero, lo que se comprará será lo del Seguro Social; segundo, cuando finalice toda esta emergencia regresará al Seguro Social, aunque se desconoce cuándo terminará, pero se comprarán equipos que siempre los utilizará el ISSS”. Así quedó plasmado en el acta de la reunión. Pero la promesa se rompió al poco tiempo. A la vuelta de seis meses, el mismo Alabí –quien entonces ya ocupaba el cargo de ministro de Salud- pidió otra cosa al Consejo. Lo que legalmente nació como un «préstamo» se transformó en una donación forzada por decreto político.
Carlos Argueta Chávez, jefe de la Unidad Financiera Institucional, expuso que -en ese momento- el Seguro Social tenía $205.4 millones en depósitos a plazos y que -de ese total- los $25 millones solicitados representaría el 12.1%. Explicó, además, que los 25 millones de dólares lo sacarían del Fondo de Inversiones para Infraestructura y Equipamiento que, en ese momento, ascendían a $88.9 millones. Es decir, el ISSS entregaría casi el 30% de todo ese fondo.
El presupuesto del ISSS no depende de los impuestos que recauda el Gobierno; sus ingresos provienen casi exclusivamente del esfuerzo de trabajadores y patronos. Para poner un ejemplo, de los $827 millones recibidos en ingresos en 2024, el 96.6% ($799 millones) fue producto de las cotizaciones de ambos actores.
Por ello, la disposición de sus fondos requiere un rigor extremo que, aquel sábado de marzo, se puso en duda, de parte del sector médico y patronal.
Al final, después de más de seis horas de discusiones, el acuerdo de ampliación del presupuesto del ISSS para 2020 fue aprobado con 7 votos a favor, “con el compromiso de firmar un convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud, para garantizar que el equipamiento, instrumental y transporte sea utilizado de la mejor manera y con el cuidado respectivo para su debida devolución”. Los representantes del sector empleador (Alejandro Solano y Jesús Campos) y el representante del Colegio Médico (Roberto Montoya) votaron en contra.
La carta #2
El ISSS usó su propia estructura de adquisiciones y su liquidez inmediata para equipar un hospital que no le pertenece. Un mes después, el ISSS ya había avanzado en gestiones de compra por un monto de 7.9 millones de dólares para el Hospital CIFCO. Pero justo en esos días llegó una misiva con una aclaración sobre los fondos.
En la reunión del Consejo del 21 de abril de 2020 se conoció que la presidencia envió otra carta para hacer un ajuste. Se dieron cuenta de que muchas de las necesidades para poner a funcionar el proyecto que Bukele publicitó como el “hospital más grande de Latinoamérica para paciente con covid” no solo eran de equipo. Bukele solicitó que se hiciera una modificación al convenio y que, de los $25 millones, se destinaran $5 millones para “insumos consumibles”: mascarillas, trajes de protección, medicamentos que, por su naturaleza, eran imposibles de devolver. El compromiso fue que se haría una retribución. “Dicho monto será recompensado o retribuido a la institución de acuerdo a sus necesidades. Ya sea con equipos, insumos y/o inmuebles que sean de utilidad”, quedó registrado en el acuerdo #2020-0717.ABR.-
El 21 de junio de 2020, el presidente Nayib Bukele llegó a inaugurar el Hospital El Salvador. Apareció en cadena nacional con una chaqueta de cuero café y unos lentes transparentes de protección; al fondo estaba una hilera de camas nuevas sin estrenar. No agradeció a los cotizantes del ISSS, ni al personal del Seguro que gestionó el equipamiento. “Esto es una gran obra, y va a ser un legado para las próximas generaciones, que además hemos decidido que lo vamos a dejar permanente, porque hay tanta inversión en este lugar que sería absurdo quitarla cuando pase la pandemia. Es algo de primera línea”, expresó.
Sin mayor problema, Bukele dejó entrever su intención de olvidarse de la palabra préstamo.
Para fortuna de los asegurados, lo que el ISSS terminó entregando para el equipamiento e insumos fue la mitad de lo solicitado. El 15 de febrero de 2021 se informó al Consejo que el impacto del gasto por la pandemia de COVID19 para la institución fue de $37.2 millones desglosados así: Gastos por plan de emergencia para atención de derechohabientes fueron $17.8 millones; préstamo por equipamiento e insumos al Hospital el Salvador (antes CIFCO) significó $12.1 millones y el pago especial de subsidios de $150.00 a empleados del ISSS ascendió a $7.3 millones.
Se consignó el detalle como préstamo al Hospital El Salvador aunque -para esa fecha- ya se sabía que los ventiladores de cuidados intermedios, camas, ambulancias, equipo de radiología entre decenas de compras no regresarían al ISSS como parte de su patrimonio. Una carta enviada en septiembre de 2020 comunicaba, oficialmente, el despojo.
Y la carta #3: no se devolverá lo prestado
La última pieza del truco de magia administrativa se puso sobre la mesa del Consejo Directivo el 14 de septiembre de 2020. A través de una nueva nota enviada por el ministro de Salud, Francisco Alabí, se notificó que los equipos ya no serían devueltos.
El Consejo Directivo, con la excepción de los tres votos del sector patronal y del Colegio Médico, aceptó el nuevo escenario. La promesa de Alabí de que «lo que se comprará será del Seguro Social» se evaporó. Los 12.1 millones de dólares que salieron del Fondo de Inversiones para Infraestructura fueron liquidados contablemente. El ISSS aceptó, a cambio, una promesa de compensación en «especie» (inmuebles o servicios), pero no existe un registro público de que hubo tal liquidación.
Solicitamos a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del ISSS que informara sobre cómo se cumplió esa nueva promesa. La respuesta entregada, el 26 de febrero de 2026, fue que la unidad jurídica no tiene ningún informe o documento generado de ese proceso.
El ISSS, aparentemente, se quedó sin el dinero, sin el equipo y con una deuda del Estado. También solicitamos una copia del acta de reunión donde se informara del finiquito, pero la oficial de información, Ena Violeta Mirón, no incluyó ninguna respuesta sobre ese punto.
Recursos que el ISSS necesitaba
Bukele obligó a una institución con carencias a dejarle los recursos que el mismo ISSS necesitaba. Por ejemplo, el Seguro Social desembolsó $1.2 millones para 12 ambulancias que fueron entregadas al Hospital El Salvador, en octubre de 2020.
Un año después, en noviembre de 2021, el Consejo Directivo del ISSS se dio cuenta de que había necesidad de renovar la flota propia y aprobó la compra de 42 ambulancias por $4.7 millones. Una investigación periodística de la revista Gatoencerrado reveló que esta y otras compras fueron entregadas a Turcios Medical Supply, tan solo 10 días después de que esta empresa fuera registrada en Virginia, Estados Unidos, entre otras irregularidades.
Para el Hospital El Salvador, se compraron 150 ventiladores de cuidados intermedios valorados en más de 5 millones de dólares. Pasada la pandemia, el ISSS pudiera haber solicitado algunos de esos equipos para sus hospitales. Pero no sucedió así. Entre 2023 y 2025, el ISSS desembolsó casi medio millón en adquirir 12 ventiladores de cuidados intermedios por un total de $451,460.00, según los reportes de la sección de control de activos fijos.
Otro caso es el de las camas hospitalarias. El Seguro Social, como parte del préstamo que se convirtió en donación, pagó a la empresa SG Inversiones Internacionales el monto de $1,075,464.00 por la compra de 1,200 camas. Esta empresa se inscribió el 27 de mayo de 2019 en el Centro Nacional de Registro y en su finalidad dejó escrito que se dedicaría a la venta de plantas generadoras de oxígeno, compra y venta y equipo de maquinaria para construcción, así como autobuses y camiones. Sin embargo, en la pandemia logró vender varios insumos médicos al ISSS.
Cuando llegó la carta #3 que exponía que no se devolvería lo “prestado”, se pudo haber objetado que esos también eran bienes que hacían falta para los cotizantes.
El Plan Estratégico Quinquenal del ISSS 2020-2024 expuso a los directivos que, de acuerdo a la población que atienden, había un déficit de casi 800 camas para cumplir los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y les mostraron este gráfico.
En el sitio web de transparencia del ISSS se dejó de publicar las actas de reuniones del Consejo Directivo desde junio de 2023. Pero, desde 2021, en muchas se empezó a tachar información relevante; especialmente, algunas discusiones sobre las finanzas de la institución o contratos específicos. Este es un ejemplo:
En enero de 2025, solicitamos a la OIR una explicación por ese atraso de más de un año en la publicación de estos documentos que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cataloga como información oficiosa; es decir, son documentos que se deben publicar periódicamente, sin que nadie lo solicite. La respuesta fue que estaban en proceso de revisión y autorización, y que “una vez verificado se procederá a la publicación correspondiente”. Sin embargo, nunca se actualizó; ocurrió todo lo contrario. En junio de 2025, la subdirectora, Wendy Marisol López, solicitó que se incluyeran en el Índice de Información Reservada las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y sus anexos por un periodo de siete años.
Este blindaje implica que los 2 millones de derechohabientes no podrán conocer cómo se están tomando las decisiones que le afectan, ni los detalles de las discusiones sobre cómo van las finanzas o bajo qué criterios se entregan los contratos millonarios a empresas privadas hasta después de 2032.
A pesar de esta censura, es posible detectar, en los estados de ejecución presupuestaria, que el ISSS siguió utilizando sus reservas patrimoniales de largo plazo para gasto corriente de corto plazo.
Siguiendo la fuga de recursos
El ISSS compró equipo nuevo para un tercero (el MINSAL) con dinero que debía ser para su propia red.
A seis años de la promesa incumplida de devolución por parte del gobierno de Nayib Bukele, el costo de esta instrumentalización de los recursos del Seguro Social lo pagan hoy quienes sostienen la institución: los cotizantes (como Antonio) y sus propios empleados.
El ISSS continúa sirviendo como una caja de financiamiento para otras carteras de Estado. En diciembre de 2024 se informó que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) serían los encargados de la seguridad de las instalaciones. Dos meses más tarde, La Prensa Gráfica publicó que el cambio de agentes privados por personal de la PNC significa el doble de gasto para el ISSS. “El Ministerio de Seguridad recibirá un pago anual de $6,569,183.06”. Anteriormente, el ISSS había desembolsado la mitad de ese monto, reseñaba la nota.
Entre 2019 y 2024, el gasto operativo en servicios externos se ha duplicado, mientras que la inversión en infraestructura propia ha retrocedido. El gasto en servicios externos pasó de $75 millones a $152 millones en ese periodo.
En febrero de 2026, el ISSS cerró definitivamente el departamento de Alimentación y Dietas que proveía el desayuno, almuerzo y cena a pacientes y personal de los hospitales Médico Quirúrgico, Oncológico, Materno Infantil Primero de Mayo y Policlínico Arce. El ISSS ya renunció definitivamente a su capacidad de alimentar a sus propios pacientes. Ahora, todo el servicio está privatizado.
A pesar de que en años recientes se compró equipo para la cocina, los trabajadores, en su mayoría mujeres, vieron cómo se fue desplazando la capacidad instalada para entregar toda la responsabilidad a un tercero.
Para esta investigación se recopilaron algunos de los contratos emitidos por el ISSS -y publicados en la página de transparencia- para obtener servicios de alimentación privada. Solo para el 2024, el Seguro debía pagar una factura de 6.5 millones a la empresa C. Y R. productos y Servicios de Alimentación, S.A. de C.V. para cubrir necesidades de alimentos en los hospitales Amatepec, General, Policlínicos Zacamil y Roma, las unidades médicas de Soyapango e Ilopango, tres centros en Oriente y el Centro La Ceiba.
Josué Daniel Ayala Castaneda es el firmante en todos los documentos actuando en su calidad de administrador único propietario de la sociedad. No fue posible establecer si a esta empresa se le adjudicaron los contratos del resto de hospitales que hasta febrero recibían los alimentos preparados por empleados públicos. El ISSS ahorra en salarios de cocineras (que ya no aparecen en la planilla), pero está alimentando la cuenta de “Gastos en Servicios”.
Todos los contratos de 2024 incluyen la cláusula que obliga a la empresa a publicar anuncios en periódicos locales asumiendo la responsabilidad total ante cualquier deficiencia del servicio, para resguardar la imagen del ISSS. La institución se compromete a pagar en no menos de 45 días.
En 2017, el ISSS presumía en videos institucionales su departamento de Alimentación y Dietas como un modelo de eficiencia y salud, con una cocina que funcionaba 24/7. Siete años después, ese orgullo fue desmantelado. Ahora, todos los pacientes dependen de un camión que trae su comida de una planta externa. Y esta empresa tiene la responsabilidad de garantizar la calidad e inocuidad para satisfacer las necesidades nutricionales de los enfermos. La dieta hospitalaria forma parte del tratamiento médico.
La privatización silenciosa
Pero hay otras áreas donde el ISSS ha optado por la tercerización y renunciado a fortalecer su propia capacidad diagnóstica. A finales de 2022, la junta directiva aprobó una contratación directa de servicios de realización de ultrasonografías para varios centros de atención del ISSS.
A pesar de que la discusión y aprobación fue totalmente censurada en el acta de esa reunión del Consejo Directivo, al procesar los contratos firmados por ese proceso sumaron $1.8 millones y fueron repartidos de la siguiente manera:
Es importante señalar que, aunque los contratos fueron adjudicados al cierre de 2022, su ejecución financiera se extendió, mediante prórrogas, hasta 2025. Esto significa que en lugar de comprar sus propios equipos de ultrasonido y contratar personal para atender usuarios prefiere seguir extendiendo los pagos a externos.
La salud financiera en etapa crítica
El informe completo del Estado Financiero del ISSS del año 2025 no está publicado aún. En el portal de transparencia solo está disponible el primer semestre. La deuda con terceros, a junio de 2025, ya alcanzaba los $163 millones; es decir, en solo seis meses el ISSS sumó otros $7 millones de deuda sobre los $156 millones que reportó al cierre de 2024. Las proyecciones indican que al terminar el año pasado podría haber superado la barrera de los $170 millones.
El ISSS gasta $436 millones al año en salarios; eso implica que necesita $36.3 millones cada mes solo para pagarle al personal. Este rubro también creció en lugar de bajar. El gasto en salarios fue de $290 millones en 2019. Cuando se discutió el “Plan 2020-2024” se mencionó que una planilla ideal debía estar por debajo del 40 % de los ingresos, y que en ese momento estaba en 47.1 %. Pero la tendencia empeoró. Ahora, el 51 % de sus ingresos se va en salarios y otro 15-18 % se va en contratos externos (seguridad, limpieza, servicios médicos privados). El margen para comprar medicamentos, reactivos de laboratorio, etc. se reduce.
Solicitamos a la unidad de comunicaciones del Seguro Social una entrevista con la directora Mónica Ayala o algún funcionario que pudiera aclarar el aumento del gasto y de la masa salarial, pero no hubo ninguna respuesta a la petición.
El Plan 2020-2024 visualizó que deberían ajustarse varios puntos para el “fortalecimiento institucional” o evitar el colapso. Y se presentó este gráfico que planteaba claramente las acciones.
Algunos de estos componentes es evidente que no se ajustaron, como el de la recuperación de la mora. Mientras el Seguro Social se queda sin efectivo, la mora patronal —el dinero que las empresas y el mismo Estado le deben— se ha estancado en una cifra que supera los $50 millones. El aporte estatal tampoco ha subido ni un centavo en una década; $571,430 es lo que anualmente envía Hacienda al ISSS.
Vaciado de la alcancía
El ISSS no solo tiene una deuda récord, sino que se ha quedado sin «colchón» para amortiguar el golpe tras haber liquidado el 40 % de sus reservas líquidas (efectivo y ahorros) en tan solo cinco años. Esta caída en las reservas no es producto de una fluctuación de mercado, sino de una decisión administrativa de liquidar depósitos a plazo. Según los registros de ejecución presupuestaria, el ISSS se vio obligado a retirar de forma anticipada y constante sus ahorros de largo plazo para inyectar liquidez al gasto corriente.
Otra de las situaciones que ha puesto en evidencia la falta de salud financiera del Seguro Social ha sido el atraso en el pago del Fondo de Protección. Este es un mecanismo de bienestar interno creado con aportaciones mensuales de los trabajadores y el ISSS que van a un fondo común para brindar beneficios económicos adicionales a sus empleados (préstamos personales y un fondo especial de retiro). Su existencia está ligada a la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo y funciona desde los años ochenta.
Una auditoría externa realizada en 2019 por la firma Corpeño y Asociados alertó que ya existía una responsabilidad de pago estimada en $45,002,521.14 para 1,177 empleados próximos a retirarse, lo cual representaba el 42.25% del patrimonio total del Fondo. Esta proyección no contaba con la fuga masiva y los centenares de despidos que iniciaron en 2023.
El Fondo poseía recursos totales por un monto de $106,511,585, aunque la disponibilidad inmediata era de $24,291,045, según quedó documentado en el acta de reuniones del 27 de noviembre de 2020.
En enero pasado, un comité de extrabajadores puso un aviso a la Fiscalía porque la entrega del beneficio de ahorro conocido como Fondo de Protección está tardando entre 8 meses y hasta un año. Los demandantes pidieron que se investiguen los posibles delitos de administración fraudulenta, peculado, malversación de fondos o actos arbitrarios, entre otros.
La resistencia apagada
A principios del año 2000, cuando el gobierno de Francisco Flores intentó aprobar la privatización de los servicios de salud, los médicos montaron acciones para frenar ese proceso. La resistencia del gremio médico y los sindicalistas del seguro social (SIMETRISSS y STlSSS) se convirtió en un movimiento histórico (con marchas blancas incluidas) que involucró a estudiantes y otras organizaciones de la sociedad.
Uno de los médicos que estuvo 11 días en huelga de hambre en el Hospital Médico Quirúrgico, en marzo de 2002, recuerda que fue la única manera que encontraron para incidir en las discusiones de la Asamblea Legislativa que estaba a punto de aprobar las reformas. “¿Intente hacer eso ahorita? Inmediatamente llegarían 10 policías a levantarlos”, dice.
Como muchos médicos, prefiere no opinar con su nombre por temor a represalias. Como muchos otros médicos especialistas, también decidió abandonar la institución al cumplir, recientemente, los 60 años de edad y 32 años de servicio. “Vi el deterioro en los programas de atención, capacitación y la presión para nosotros por la falta de recursos. Había que maquilar números y preocuparse por mantener una buena imagen, por las apariencias. Todo eso me terminó de dar el empujoncito para aceptar que era mejor retirarse”, dijo.
Agrega que no contrataron a nadie más para su plaza de consulta de 8 horas, ni para llenar las de los otros dos colegas especialistas que también optaron por la jubilación en su unidad. “Lo que les interesaba era la reducción de plazas, esa era la orden directa. Pues qué mejor momento que esta gente que se está yendo. Pero quien paga la consecuencia es el paciente, por el tiempo espaciado de sus consultas; y los compañeros, que están sobrecargados de trabajo”, expresó.
Para este reportaje, solicitamos a La Corte de Cuentas las auditorías realizadas al Seguro Social entre 2018 y 2025. La resolución de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) consigna únicamente cuatro auditorías financieras para el Régimen de Pensiones, y un Examen Especial a las adquisiciones efectuadas por el ISSS, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, como respuesta a la pandemia. Dicho examen no encontró ninguna anomalía y hacía referencia a que todas las compras iban en orden porque se estaba llevando un registro del equipo que se entregaba en calidad de préstamo al Hospital CIFCO. Es decir, la CCR no ha verificado cómo se finiquitó el convenio entre Minsal y el ISSS. Por otra parte, el manejo de los ingresos y las decisiones sobre los gastos de los últimos años ha quedado fuera de la agenda del ente contralor, según la resolución de la OIR emitida el 17 de marzo de 2026.
