El 25 de noviembre de 2022, el presidente de la república, Nayib Bukele, subió un hilo en X donde resumía los principales logros de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, que terminó aprobándose al mes siguiente. Las AFP ganarán mucho menos, ya no debe devolverse el 25% del anticipo y aumenta la rentabilidad lo que permite una mayor pensión eran algunas de las 11 afirmaciones con las que se «vendía» la nueva normativa. Cumplidos dos años y dos meses de la entrada en vigor, Voz Pública verificó esa información, comprobándose engaños y falsedades en la mayoría de los enunciados. El asunto de las pensiones cobra de nuevo actualidad al conocerse los compromisos adquiridos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como parte de la consolidación fiscal que impone el organismo financiero, se anuncia una nueva reforma de pensiones para mediados de 2026, apenas tres años y medio después de la última.
Para este trabajo se consultó a los economistas Tatiana Marroquín, César Villalona y Carlos Argueta. También, a Patricio Pineda, fundador de la Mesa por una Pensión Digna. Además, se revisó la ley actual de pensiones, las reformas de 2017 a la normativa anterior, así como información en el BCR y la SSF relacionada con los puntos verificados.
• Suben TODAS las pensiones
• Esto incluye a los que ya están pensionados
Falso
La Ley Integral del Sistema de Pensiones contradice esta afirmación. No todas las pensiones subieron. Los artículos 97 y 98 indican que el aumento se refiere solo a las pensiones por vejez. Otro más, el 157, lo confirma: “(…) a los pensionados por vejez tanto del Sistema de Ahorro para Pensiones como los del Sistema de Pensiones Público se les aplicará el incremento establecido en el artículo 98 (…)”. Por tanto, se excluyeron las de sobrevivencia e invalidez.
Además, quedaron fuera los pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), como dice el artículo 11, al estar excluidos del sistema de pensiones.
Carlos Argueta, economista e investigador, confirma que «las pensiones por invalidez y sobrevivencia se mantienen intactas. Incluso no todas las pensiones por vejez incrementan, por ejemplo, las de las personas que hayan hecho uso del 25% de anticipo y no han devuelto nada”.
Sobre esto, el citado artículo 98 indica que “el incremento de su pensión se ajustará conforme al porcentaje pendiente de reintegrar del anticipo de saldo a la fecha de la solicitud de la pensión, con base a la norma técnica (…)”. Esta normativa establece una fórmula en su artículo 21 para calcular el aumento: la diferencia entre el 30% y el porcentaje pendiente del reintegro. Para aquellos que sacaron todo el anticipo, el aumento quedó en 5%.
El último boletín estadístico previsional de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado, de febrero de 2023., indica que a ese mes había 198,637 jubilados entre AFP e institutos previsionales públicos: 120,331 eran por vejez, 75,174 por invalidez y 3,181 por sobrevivencia. En tanto, el IPSFA registraba 25,749 pensionados y beneficiarios al cierre de 2023, de acuerdo con la memoria de labores de ese año.
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• La pensión mínima de los ya pensionados sube un 30%, lo que acumula un 90% de incremento en estos 3 años y medio de gobierno (incluyendo el aumento realizado en el 2020).
Engañoso
El incremento anterior de la pensión mínima de $207.6 a $304.17 no fue una iniciativa del gobierno sino de las organizaciones de la Iniciativa Popular Pensiones sin AFP, quienes presentaron la medida para que se equiparara al salario mínimo de comercio y servicios, que era de $304.
Víctor Suazo, diputado suplente del FMLN, recibió esa disposición a mediados de diciembre de 2020 en la Asamblea en el marco de la discusión de los fondos para el presupuesto general de 2021. Al final, Arena, FMLN y Rodolfo Parker aprobaron el presupuesto con esa partida financiada con la mitad de un préstamo de $250 millones.
El presidente Nayib Bukele vetó el decreto del préstamo porque el dinero restante, los otros $125 millones, iban destinados a las alcaldías. Aunque la Asamblea superó el veto, la controversia llegó hasta la Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados impuestos a partir del 1 de mayo fallaron a favor del mandatario.
Aunque la pensión mínima acumuló ese aumento del 90% en la primera gestión de Bukele, el incremento comentado no puede atribuirse a una iniciativa del gobierno. Para el caso de la pensión mínima por invalidez total y sobrevivencia, que también son de $304.17, tampoco aplica el 90% porque quedaron fuera del aumento del 30%, como se indicó en el apartado anterior.
Una verificación de la Revista GatoEncerrado explica este punto en cuestión con más detalle.
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•Las AFP ganarán mucho menos
Falso
En conjunto, las AFP Confía y Crecer obtuvieron ganancias por $36.3 millones en 2024 y $32.6 millones en 2023. Esas cantidades duplican los $17.4 millones alcanzados en 2022, el año previo a la Ley Integral del Sistema de Pensiones. La información del estado financiero se puede consultar en la SSF.
Con la reforma de pensiones de 2017, las AFP recibían un 1.9%: en concepto de comisión (0.9%) y por seguro de sobrevivencia para cotizantes (1%). La nueva ley sube la comisión al 1%, un 0.1 más, y elimina la responsabilidad del seguro para los fondos de pensiones, quedando a cargo de la Cuenta de Garantía Solidaria. La comisión es el cobro que hacen las AFP por el manejo de los fondos de los trabajadores.
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•Ya no se debe devolver el 25% de anticipo
•No es necesario trabajar 5 años mas por eso.
Engañoso
Este punto no era nuevo. En noviembre de 2020, la Asamblea aprobó una reforma a la normativa vigente, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que eximía a los cotizantes de devolver el anticipo que habían retirado y que podía ser de hasta el 25% de sus ahorros.
Para la economista Tatiana Marroquín, la reforma “era, técnicamente, muy mala” en la medida que repercutía en el valor de la pensión. Al no devolver el monto correspondiente, el cálculo de su pensión se haría con ese 25% de saldo de menos y, por consiguiente, sería un monto menor. “En términos financieros, era mejor trabajar cinco años más que recibir una pensión más baja todo el resto de su vida”, apunta.
Según el economista César Villalona, el presidente Bukele plantea esa “no devolución del anticipo” como algo positivo cuando no lo es. “La cuenta individual queda más pequeña al no tener ese 25% (de los ahorros). Usted tiene tal fondo y se divide entre 250 (meses) y le sale la pensión”, acota sobre el método de cálculo del beneficio.
Además de ser más baja, tampoco aplica el incremento del 30% por la no devolución del anticipo, tal y como estipula la ley en su artículo 98 y se desarrolla en otra normativa adicional.
Marroquín plantea otro problema a futuro. Como la mayoría de cotizantes no logra alcanzar la pensión mínima por sus bajos ingresos, al no devolver el 25% se quedan aún más lejos y la diferencia se complementa con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria. Este fondo, añade, se acabaría antes y los recursos tendrían que salir del erario público. “Eso es sumamente regresivo porque son la mayoría de personas sin pensión (las que acaban) pagando la pensión de unas pocas”, razona.
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•Más ahorro para el trabajador, pagado por los empresarios (1%).
Engañoso
Es cierto que los empresarios aportan un 1% más y que aumenta el aporte a la cuenta individual de los empleados, pero esa información es incompleta.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), en su informe “Reforma al sistema de pensiones 2022”, de marzo de 2023, compara el aporte de fondos a las cuentas individuales en la ley actual y la anterior. Si bien la nueva eleva del 8.1% a 9% el aporte a la cuenta, el cual es clave para el cálculo de la pensión por vejez, en la reforma de 2017 se estipuló un incremento gradual desde el 8.1% hasta un 11.1% en el largo plazo.
Patricio Pineda, fundador de la Mesa por una Pensión Digna, indica que los cotizantes iban a transitar a una tasa de ahorro del 11.1%, según el artículo 78 referido a la modificación de la tasa de cotización del decreto 787, que contiene las reformas a la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. “Este se preveía como un beneficio para los cotizantes jóvenes. Esas poblaciones de un solo pierden 2.1% porque la nueva ley establece el 9%, y eso es fijo en el tiempo, independientemente de los años que cotices”, explica.
Para César Villalona, ese incremento no es relevante en la pensión final. “Para la gente, la pensión va a ser siempre muy baja por la capacidad de ahorro que tiene y los rendimientos malos que se pagan”, aclara.
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•Aumenta sustancialmente la RENTABILIDAD, lo que permite una mayor pensión.
Engañoso
La información pública que permita verificar ese aumento “sustancial” no está disponible. La SSF dejó de publicar los informes de estadísticas previsionales en marzo de 2023. El último indicaba una rentabilidad nominal del 4.01% en promedio de las dos AFP. Esta medición no toma en cuenta el valor de la inflación.
Es probable que el presidente destacase el aumento de la rentabilidad gracias a que la ley contempla una tasa del 7%, superior a la que se ofrecía en los certificados anteriores (4.5% al 6%).
Sin embargo, el gobierno se recetó un periodo de cuatro años sin pagar intereses ni capital por la deuda previsional, lo que supone dejar de abonar unos $2,000 millones, según un informe de la calificadora de riesgos S&P.
“Eso lo que va a generar es que, en el corto plazo, las personas que cotizamos no percibamos esa rentabilidad o ese pago en concepto de haber prestado al gobierno del fondo de pensiones. En el corto plazo puede afectar a los trabajadores y, definitivamente, después del periodo de gracia se tendrán que honrar esas responsabilidades…”, expresa Carlos Argueta.
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•Se crea un ente rector: el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Verdadero
Con la nueva ley se crea el Instituto Salvadoreño de Pensiones.
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•Se le prohíbe a las instituciones públicas (incluido el Gobierno) tomar dinero de las pensiones para financiarse.
Falso
El Estado ha tomado $2,130 millones del fondo de pensiones que administran las AFP en los dos primeros años, contados desde que la nueva ley entró en vigencia en enero de 2023. Para ello, se vale de los Certificados de Obligación Previsional (COP) que emite el Gobierno y compran las AFP con el dinero de los cotizantes. La información está disponible en el Banco Central de Reserva (BCR).
No solo no ha dejado de tomar dinero de los ahorrantes sino que la deuda incrementó un 25.3% en esos dos años al pasar de $8,397 millones a $10,526 millones. El ritmo de endeudamiento se ha cuasi triplicado con respecto a otros gobiernos.
Marroquín recuerda que la ley dice lo contrario a lo expresado por el presidente Bukele en su tuit. Por ejemplo, el artículo 82 indica que los fondos de pensiones “deberán adquirir” los COP (…). Además, en el apartado (i) se añade que esos certificados emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones no tienen límite. Antes se establecía un techo del 45% sobre los recursos que administraban las AFP.
Un informe del banco inglés Barclays revela que el gobierno estaría usando el dinero de los ahorrantes para financiarse y no solo para el pago de pensiones del sistema público anterior. «Sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno a través de planes de préstamos a través del nuevo organismo de pensiones, ISP y bancos comerciales», se indica.
“Lo que cambió es que antes las AFP podían comprar deuda de Hacienda, como Letes o bonos, pero ese era un proceso más transparente y menos arbitrario que el actual”, apunta la economista.
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•Poco a poco se recuperarán los $10,000 millones sacados del sistema.
Falso
Si hoy se dejara de pedir prestado el dinero de los cotizantes, la deuda acumulada, cuyas amortizaciones e intereses se pagan cada año, se terminaría de cancelar en las siguientes décadas. Para Villalona, el presidente lo expresa de manera incorrecta al tratarse de préstamos a largo plazo.
Funde, en el informe anterior, indica que el consejo directivo del ISP analiza las necesidades financieras y de deuda del sistema previsional. «Se encargará de emitir una nueva deuda con títulos de Certificados de Obligación Previsional (COP), los cuales serán emitidos a 50 años plazo y con una tasa de interés nominal del 7%». Esta información se puede consultar en el decreto 616 sobre la Ley especial para la emisión de COP.
Por otra parte, lejos de recuperar o reducir la deuda previsional, con la nueva ley aumentó el ritmo de tomar dinero de los ahorros. Al entrar en vigor en enero, el monto tomado de los cotizantes era $8,397 millones a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), según el BCR. La cifra es menor a la mencionada por el presidente.
Ambos certificados (CIP y COP) son instrumentos mediante los cuales el Estado presta recursos a las AFP para pagar las pensiones de los jubilados del sistema público, que quedó desfinanciado a inicios del siglo.
