Alejandro David Salvatierra, conocido como “Pitu”, es un periodista y escritor argentino que se refirió a la visita que la ministra de Seguridad de su país, Patricia Bullrich, hizo a El Salvador en el programa “Duro de Domar” del canal CN5.
Salvatierra cuestiona que en Argentina solamente se muestra la parte represiva de Bukele y se oculta la social. “(…) mientras Bukele hacía esto, también subió las jubilaciones y fueron las jubilaciones más altas de América Central. Subió el salario mínimo, creó la ayuda alimentaria por primera vez en el país, abrió universidades y bibliotecas en cada uno de los barrios que iba limpiando de las maras. Hay una parte social que se escondió al mundo”, afirmó en el mencionado programa televisivo.
Voz Pública verificó lo expresado sobre las medidas sociales del presidente Bukele y encontró que esas afirmaciones entran en las categorías de falsa y engañosa.
El Salvador no tiene las pensiones más altas de la región y tampoco aumentó la pensión mínima, la más importante para muchos de los trabajadores, en la reforma de finales de 2022. Bukele no fue el primer presidente en entregar ayuda alimentaria. Tras la pandemia, su gobierno ha desatendido los programas sociales y a los más vulnerables. En su gestión, además, se duplicó la pobreza extrema lo que dice bastante de la política social. También, la única universidad pública está en crisis por el impago de fondos y las nuevas sedes universitarias que prometió en 2018, cuando era candidato, siguen sin construirse. Sobre los llamados CUBOS, que incluyen una biblioteca, el avance es limitado según lo planificado. A la fecha, hay 11 en funcionamiento en todo el país.
A continuación, se analizan cada una de las cuatro afirmaciones por separado.
“Bukele subió las jubilaciones y fueron las más altas de América Central”
En diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al sistema de pensiones que incluyó un aumento del 30% a las pensiones por vejez de hasta $2,300. La pensión mínima siguió siendo de $304.17, no aumentó como se quiso hacer creer desde el Ejecutivo. El incremento tampoco se aplicó al resto de pensiones, las de invalidez y sobrevivencia, que son una cantidad considerable en el sistema. Es importante subrayar que el Gobierno no presentó un solo documento sobre la sostenibilidad de esa medida en el mediano plazo.
Según la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), hasta mitad de 2021, prácticamente dos de cada tres cotizantes al sistema de pensiones ganaba menos de $660. Si bien la estadística corresponde a tres años atrás, una buena parte de los trabajadores del país sigue abajo de ese rango salarial.
Con esos salarios, según el economista César Villalona, el cálculo de la pensión quedará en torno a los $200. Al aplicarle el 30% del aumento a la reforma previsional, su pensión le quedará en $260. Como queda por debajo de la mínima, el Gobierno pone la diferencia hasta los $304.17. En realidad, los trabajadores con las pensiones más bajas no perciben el aumento dado que, por ley, tienen garantizada la pensión mínima.
Al subir el mismo porcentaje para todas las pensiones se genera más desigualdad. A los que les queda un pensión de $200, como en el ejemplo anterior, se les aumenta $60 mientras que a las más altas es hasta arriba de los $600. Además, el dinero del aumento sale de la cuenta individual de cada trabajador por lo que el ahorro le durará menos tiempo.
El último aumento a la pensión mínima fue aprobado por los diputados del periodo 2018 a 2021. Ya estaba Nayib Bukele al frente del Ejecutivo, pero con un Legislativo dominado por los partidos de oposición. Los diputados aprobaron ese incremento a petición de 10 sindicatos aglutinados en el movimiento “Iniciativa Popular Sin AFP”.
Villalona recuerda que la Asamblea Legislativa aprobó que la pensión mínima subiera a $304, el monto del salario mínimo de comercio y servicios, en diciembre de 2020. En ese entonces, el aumento del 47% (la pensión era de $207) contó con los votos de los partidos opositores a Bukele, mayoría en ese entonces.
El Decreto 803 aprobado contenía un préstamo por $250 millones, que se dividió en $125 millones para alcaldías y $125 millones para financiar el aumento de las pensiones.
Bukele vetó ese decreto aunque fue superado finalmente por los diputados en una votación posterior. Hay que decir que el veto no hacia mención a la asignación del monto para las pensiones sino que iba dirigido a los fondos a las municipalidades. En cualquier caso, el último aumento a la pensión mínima fue aprobado por los partidos de la oposición, hoy, prácticamente, sin representación en la Asamblea.
Por otra parte, tampoco es cierto que la jubilación o pensión de El Salvador sea la más alta de Centroamérica. “Es totalmente falso, las pensiones más altas del istmo las tiene Panamá y Costa Rica. Es más, somos el tercer peor país en términos de montos de pensiones, y no lo digo yo, lo dice la calificadora SC Riesgos”, aseguró Patricio Pineda, representante de Mesa por una Pensión Digna.
Como se observa en la gráfica, la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que recibe el jubilado con respecto a su último salario, es la más baja de la región y de las menores del continente.
En El Salvador, el principal problema del sistema de pensiones es la baja cobertura, algo a lo que ninguna de las reformas aprobadas hasta la fecha le ha prestado atención, incluida la última aprobada por Nuevas Ideas, el partido de Nayib Bukele.
Según información disponible en la web de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), solo uno de cada cuatro trabajadores cotiza al sistema de pensiones. De esos cotizantes, el 40.7% llega al valor mínimo requerido para las condiciones de retiro y recibir una pensión. En concreto, uno de cada diez trabajadores.
La cobertura previsional en el país es de las más bajas entre los que tienen un sistema de capitalización individual, apenas uno de cada seis adultos mayores recibe una pensión contributiva o no contributiva.
“Subió el salario mínimo”
En El Salvador, el Código de Trabajo, en su artículo 159, establece que el salario mínimo se debe revisar al menos cada tres años. Por tanto, el aumento al salario es una obligación legal y no una disposición del presidente de turno.
En agosto de 2021 se actualizó por última vez con un aumento general del 20% a los distintos sectores. El salario quedó en $365 en servicios y comercio, y $359.16 en el sector maquila. Para las distintas actividades agrícolas se estableció montos entre $243.45 y $272.66.
En su momento, el Gobierno informó que ese aumento era el mayor que se había tenido, pero no era cierto. El incremento que le precedió, el de 2017, en lugar de ser el mismo porcentaje en todos los sectores, priorizó a los de más bajos ingresos. En concreto, tuvo incrementos desde el 19.2% para los rublos comercio y servicios, pasado por el 39.9% para la maquila y hasta el 105.1% en la recolección de azúcar.
Este año, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por representantes del Gobierno, los trabajadores y la empresa privada, debería acordar un nuevo aumento. Diferentes organizaciones hablan de un 25% para cubrir las necesidades básicas para una familia salvadoreña promedio.
«Creó la ayuda alimentaria por primera vez en el país”
Nayib Bukele no es el primer presidente que entrega paquetes de alimentos a los ciudadanos. Esa práctica ha sido común en los gobiernos de derecha y de izquierda coincidiendo, en ocasiones, con la proximidad de las elecciones. Por supuesto, Bukele también lo hizo previo a los comicios presidenciales de 2024 como una medida para ganar votos, así lo documentaron diferentes medios de comunicación.
En la pandemia, entregó una importante cantidad de paquetes alimentarios para aliviar a las familias que se quedaron sin trabajo temporalmente. Un comunicado de Casa Presidencial, con fecha de noviembre de 2020, informaba de, al menos, siete millones de canastas repartidas a través del Programa de Emergencia Sanitaria (PES).
Después, el Gobierno dejó las ayudas directas a la población más vulnerable a pesar de la grave situación económica por el aumento en el precio de los alimentos. Precisamente, en 2022 y 2023, la canasta básica aumentó $42 en la zona rural (28.6%), un incremento similar al que tuvo en los últimos 15 años. Otra variable, la inflación en los alimentos llegó al 8% en 2021, al 12.2% en 2022 y cerró con el 4% en 2023.
Para hacerse una idea, el Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) entregó un poco más de 38,000 raciones alimenticias en 2022 para un país con 528,000 familias en situación de pobreza. Cada ración contenía productos para un máximo de dos semanas. El Gobierno no volvió a entregar alimentos hasta finales de 2023 e inicios de 2024, en el marco de las elecciones.
En la gestión de Bukele, la pobreza aumentó. Los hogares en pobreza extrema, la más aguda, se duplicaron al pasar de 87,400 en 2019 a 170,700 en 2022, que representan el 8.6% del país. En muchos casos, los miembros de estas familias sobreviven con un dólar o menos al día. En 2023, la situación empeoró si bien las cifras oficiales son aún provisionales.
La desatención a los programas dirigidos a la población más vulnerable marcó su primer periodo de gestión. Un ejemplo son las pensiones no contributivas de $50 a los adultos mayores que se pagan hasta con un año de atraso. Otro es el programa dirigido a las mujeres con hijos menores, los bonos de educación y salud, que se ha reducido a la mínima expresión. Esta administración lo recibió con más de 42,000 inscritas y en 2023 había poco más de 4,000.
Además, la situación económica para miles de familias se ha agravado con la baja producción de granos básicos. Las cosechas de maíz y frijol, la base alimentaria en el país, han caído con respecto a la década anterior, según estadísticas del Ministerio de Agricultura.
“Universidades y bibliotecas en barrios sin pandillas”
El Gobierno de Bukele, lejos de abrir nuevas universidades, ha provocado una crisis financiera en la Universidad de El Salvador (UES) al negarle los fondos presupuestados desde el 2022. Ese centro de estudios es el más importante del país y el único público de estudios superiores.
El rector del alma mater, Juan Rosa Quintanilla, confirmó recientemente que el Gobierno le adeuda $51 millones e indicó que los planes de compra de 2024 están suspendidos. La cifra es considerable si se toma en cuenta que su presupuesto es de $124.69 millones para este año.
En campaña y luego como presidente, Bukele se comprometió a mejorar los fondos para la UES y a la construcción de dos sedes departamentales, en Chalatenango y Morazán. Al Mindel le destinaron $2.5 millones para cada una de ellas durante varios años. Al final, no las construyó y esos proyectos desaparecieron del plan de gastos de este año.
Coincidiendo con la demolición de tres centros penales en las ciudades de Sonsonate, Metapán y La Unión, el presidente anunció también la construcción de tres centros especializados de estudio en esos terreros en abril de 2021. En concreto, eran tres institutos tecnológicos digitales (ITD) con una inversión de $30 millones. Tres años después, La Prensa Gráfica documentó que las instalaciones de estas cárceles lucen abandonadas y sin rastro de que vayan a ser intervenidas.
Otro de los puntos que mencionó el escritor argentino fue la apertura de bibliotecas “en cada uno de los barrios que iba limpiando de las maras”. Es probable que se refiera a la instalación del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), a cargo de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad. Estas instalaciones incluyen biblioteca, talleres, videojuegos, entre otros, y están destinados a jóvenes de las zonas vulnerables
A la fecha, funcionan 11 CUBOS en diferentes municipios de los 60 proyectados a nivel nacional. Ni siquiera alcanza para una para cada uno de los 14 departamentos, similar a las provincias en Argentina.
Tomar en cuenta
Este medio trató de contactar a Salvatierra sin éxito a través de sus redes sociales y las del canal de televisión. El motivo era conocer las fuentes de la información brindada sobre la parte social impulsada por el Gobierno salvadoreño.
