El pasado 29 de mayo, el International Budget Partnership (IBP) dio a conocer a nivel mundial los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023 (reconocida en inglés por Open Budget Survey). La encuesta es un indicador comparativo entre países y de la evolución a lo largo del tiempo de la transparencia en el presupuesto, la participación ciudadana y el rol fiscalizador de las instituciones de control (los congresos y los tribunales o cortes de auditoría). En las líneas que siguen abordaremos solo la dimensión de la transparencia presupuestaria referida a El Salvador.
La Encuesta de Presupuesto Abierto no es un sondeo de percepción ciudadana, sino un cuestionario especializado conformado por 142 preguntas dirigido a varios países sobre la existencia e información que contienen los documentos presupuestarios y de cómo se llevan algunos procesos sobre la base de estándares o metodologías reconocidas internacionalmente.
El IBP selecciona en los diferentes países una organización conocedora del tema presupuestario y fiscal que llena la encuesta -en El Salvador corresponde a la Fundación Nacional para el Desarrollo-. Esta información posteriormente es revisada por un experto independiente y el mismo IBP. Cuando así lo quiere, el Gobierno también puede revisar la encuesta y dar respuesta para opinar sobre los tópicos abordados en cada una de las preguntas, permitiendo tener una perspectiva más amplia a partir de la respuesta dada por la organización especializada, pero matizada finamente por la opinión del especialista del Gobierno y el experto independiente. Finalmente, sobre la base de las tres opiniones, el IBP coloca un puntaje.
El Salvador participa en la encuesta desde 2006 y ha estado en sus nueve ediciones. Lamentablemente, en esta última edición de 2023 obtuvo su puntaje más bajo en transparencia presupuestaria ya que se alcanzó 24 puntos de 100 puntos posibles. En la edición de 2021, para tener una referencia, se obtuvo 41 puntos de 100. En las ediciones desde 2017 hasta 2021, el puntaje en transparencia presupuestaria habría oscilado entre 41 y 46. En esta edición última, de los 125 países donde se aplicó la Encuesta, El Salvador se colocó en la posición 99, iniciando con los países quer tienen mayor transparencia presupuestaria y finalizando con aquellos que tienen menos.
¿Qué sucedió? ¿Por qué en la última edición de la Encuesta se obtiene un puntaje tan bajo en transparencia presupuestaria? Para el IBP, la transparencia presupuestaria consiste en el acceso que tienen los ciudadanos a documentos sobre el presupuesto estatal con base a los criterios de accesibilidad, pertinencia y exhaustividad. Es decir, que estos documentos sean relativamente de fácil acceso a todos los ciudadanos, que contengan información exhaustiva y relevante de cómo se usan los recursos públicos del presupuesto y, finalmente, que estén disponibles en tiempo, es decir, acorde a la fase o momento del presupuesto que está sucediendo en el país.
Con mayor precisión, la transparencia presupuestaria analiza el contenido y que estén disponibles al público en tiempo los documentos siguientes: el presupuesto preliminar -que en nuestro caso corresponde a la Política Presupuestaria que elabora del Ministerio de Hacienda-, el Proyecto de Presupuesto, el Presupuesto Aprobado por la Asamblea, el Presupuesto Ciudadano -que es una versión sencilla del Presupuesto Aprobado dirigida a un público amplio-, los informes de ejecución presupuestaria, el Informe de medio año, el informe de liquidación del presupuesto -que en nuestro país se conoce como Informe de la gestión presupuestaria y financiera del Estado-, y, finalmente, el Informe de Auditoría o Liquidación del presupuesto que es elaborado por la entidad contralora y auditora del Estado.
En su edición de 2023, la Encuesta de Presupuesto Abierto develó que no se hizo del conocimiento público el Proyecto de Presupuesto del Estado 2023. Esta es la razón principal de la fuerte caída de 17 puntos con respecto a la edición de 2021, aunque hubo otros documentos que no se elaboraron según el IBP, como el Informe de medio año -que nunca se ha elaborado en nuestro país-, y el Informe de Auditoría que corresponde, en nuestro caso, elaborarlo a la Corte de Cuentas.
El Proyecto de Presupuesto es el documento más relevante en el proceso presupuestario, según la metodología del IBP, ya que en él se conocen el plan de ingresos y gastos que el Ejecutivo propone al Legislativo a partir de los recursos que proporcionan los contribuyentes, para que los diputados lo discutan y lo aprueben en el Congreso. En tal sentido, es más que relevante que la información sea conocida por la ciudadanía porque son ellos los que alimentan el presupuesto con el pago de sus impuestos y contribuciones que está en discusión en el Órgano Legislativo entre octubre y diciembre de cada año.
De las 142 preguntas de la Encuesta del IBP, 54 corresponden a este documento que, según el estándar internacional, debe ser publicado mientras la legislatura lo debate. Nunca posteriormente de que lo haya aprobado. En nuestro país ha sido costumbre que esta información está disponible en el portal web responsabilidad del Ministerio de Hacienda, www.transparenciafiscal.gob.sv . Sin embargo, nunca estuvo disponible en tiempo el Proyecto de Presupuesto del Estado 2023. Debido a ello, no se puedo realizar un análisis exhaustivo desde la ciudadanía de ese plan de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2023.
Para la nueva edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 se mantiene la esperanza de que para mejorar el puntaje y alcanzar al menos la puntuación que antes oscilaba entre 40 y 45 puntos, el Gobierno tenga a bien publicar el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio fiscal 2025 y 2026. A diferencia de otros países que enfrentan graves dificultades y en sus ministerios de finanzas no cuentan con un personal técnico capaz de realizar un documento que esté a la altura, en nuestro país se tiene, en términos relativos, un buen documento que en otro tiempo ha presentado el plan de ingresos y gastos, pero es importante que el Ejecutivo lo publique para que esta información sea conocida por el público.
Lo que se requiere en última instancia es el compromiso de las autoridades de publicar y dar acceso a la ciudadanía a la información que ya producen al interior del Ministerio de Hacienda. Solo la publicación de un documento como este -Proyecto de Presupuesto General del Estado- puede contribuir a mejorar considerablemente el puntaje de transparencia.
