En los últimos tres años, el Gobierno ha pedido modificaciones al presupuesto aprobado por los diputados arriba de los $1,016 millones en promedio por periodo. En 2022, incluso fue mayor que en 2020, cuando tuvo que enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia. Economistas lo atribuyen al desorden fiscal, la improvisación y la falta de planificación.
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 67 votos, el presupuesto general para el ejercicio fiscal de 2024, que asciende a $9,068.7 millones. El monto supera en $166 millones el votado para 2023. A pesar del aumento, de mantenerse la dinámica de modificaciones de los últimos años, probablemente, el plan de gastos será muy distinto al autorizado por los diputados.
Las modificaciones al presupuesto son comunes en el año; se utilizan para incorporar fondos de préstamos, reorientarlos entre instituciones y otros ajustes de financiamiento, según las necesidades y urgencias que se presenten, como la pandemia de la COVID-19 en 2020.
Economistas consultados consideran que la actual administración hace un uso desmedido de este mecanismo. De hecho, las modificaciones presupuestarias de 2021 y 2022 fueron similares a las que se realizaron en 2020, cuando se atendió la situación extraordinaria por la emergencia sanitaria.
Según los registros del Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, el año pasado se realizaron 64 reformas al presupuesto aprobado por los diputados. En consecuencia, aumentó en $1,755.5 millones, un 22% con respecto al previsto para ese año. Incluso superó en $40 millones al de 2020.
Un año antes, en 2021, el presupuesto original aumentó $1,113.9 millones gracias a las 77 modificaciones aprobadas en ese periodo. El incremento fue del 15%. Ese año, el plan de gastos votado por los legisladores tenía ya casi $1,000 millones más con respecto al de 2020.
“Lo único que denota es que hay un desorden fiscal y que el presupuesto no es una guía de planificación y tampoco es un instrumento de control del gasto y de la deuda; sino que claramente se refleja que es un presupuesto de arranque y sobre la marcha cambia de manera brutal”, explicó Rafael Lemus.
Voz Pública revisó los años anteriores a esta gestión y encontró que en 2014 sucedió algo similar. El presupuesto votado se incrementó en $1,280 millones durante el año, un aumento del 27.4%. En cambio, en los cinco años siguientes, del 2015 al 2019, el monto promedio de aumento por las modificaciones fue de $193 millones anuales.
Montos sin ejecutar
Pese a los incrementos a lo largo de cada ejercicio fiscal, el Gobierno no ejecuta buena parte del gasto que la Asamblea Legislativa le aprueba. En 2022, por ejemplo, el presupuesto aumentó en $1,755.5 millones y dejaron de ejecutarse $753.3 millones.
El economista César Villalona considera que la dinámica del Gobierno es la improvisación y no existe un estudio riguroso que permita presentar presupuestos reales para la aprobación en la Asamblea. “No gastan lo que reasignan, el presupuesto modificado no lo ejecutan. Porque este Gobierno está sobreestimando ingresos y, sobre todo, fuentes de financiamiento para el déficit”, apuntó.
2023 y la reforma de pensiones
Según la información de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Gobierno modificó el presupuesto con un aumento de $380.9 millones, llegando a los $9,283.6 millones, a septiembre. Lo que pudiera interpretarse como una reducción del gasto con respecto a otros años se explica, en parte, con lo que el Ejecutivo deja de pagar al sistema de pensiones con la reforma aprobada el año anterior.
En la columna “Descifrando la reforma de pensiones”, publicada en mayo en La Prensa Gráfica, el economista Luis Membreño lo sintetizaba así: “Con la reforma actual el gobierno se va a ahorrar los $378 millones más $590 millones que no pagará en intereses por el período de gracia de los CFT (Certificados de Financiamiento de Transición). Es decir que se va a ahorrar $968 millones. Esto le cierra el déficit fiscal del año al gobierno, a costa de los ahorros de los cotizantes al sistema de pensiones”.
Para Lemus, el principal problema del Estado es que hay deuda con los gastos de proveedores pendientes de pago del año anterior. “Han apretado la liquidez de los bancos, quitándoles reservas; han apretado la liquidez del fondo de pensiones, no pagándoles los bonos en el canje”, agregó.
