La ley se incumple con los más desfavorecidos

¿Por qué se paga una pensión de $50 para adultos mayores con 10 meses de atraso? ¿A qué se debe que hayan sacado a la mayor parte de las madres del programa de bonos y educación? ¿Cómo se explica cuando la pobreza extrema se ha duplicado en tres años? La respuesta es el silencio oficial y la reserva de la información. La Ley de Desarrollo y Protección Social, de abril de 2014, dice que los beneficiarios de los programas sociales deben recibir información clara y oportuna. También dice que la cobertura de los mismos debe ampliarse de manera sostenida. Nada de eso se cumple. Esa ley al gobierno de turno le obliga a formular un plan social en sus primeros seis meses. Entrado el quinto año, la Presidencia de la República respondió lo siguiente: “(…) el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social se está fortaleciendo, ampliando y enriqueciendo por lo que no está disponible aún su texto final”

José Antonio Martínez camina calle abajo junto a su yegua. Con 78 años a sus espaldas, las fuerzas no dan más que para cultivar un poco de milpa. “Solo para el gasto, ya no trabajo, no puedo salir a ganar”, se resigna. Ha perdido la visión del ojo derecho y le preocupa que cuando le llamen para cobrar la pensión no pueda firmar el recibo. La conversación es a inicios de febrero. “No me acuerdo si en marzo o en agosto nos la dieron por última vez, y antes nos habían retardado otros meses”, respondió al consultarle el último mes que le habían pagado. De las pláticas con otros beneficiarios del caserío El Coyol, cantón El Llano, se deduce que abril de 2022 era el último cancelado en el municipio de Jucuarán, al sur de Usulután.

José Martínez, pensionado del cantón El Llano, Jucuarán.

A José, el aviso del pago, le llegó el último día de mayo. En el banco le dieron $200 que corresponden a cuatro meses de pensión. El Gobierno le dejó debiendo otros nueve, $450 en total. Sobra decir que la pensión es su único ingreso pues es un requisito para recibir ese beneficio. Su monto no ha variado desde 2009, cuando inició el programa dirigido a los adultos mayores de 70 años que viven en los municipios más pobres. Él, como tantos, no se queja del cuánto sino del cuándo, de la incertidumbre que rodea a los pagos.

Que el monto no se haya revisado en 14 años tampoco es algo menor. En ese lejano 2009, el salario mínimo era $176 y la canasta básica de alimentos costaba $121 al mes en la zona rural. Hoy, el salario es $365, más del doble, y la canasta, que sube de manera exponencial desde 2021, cuesta $188 al mes en la zona rural.

Los 36,782 adultos mayores y las personas con discapacidad incorporadas en el programa viven una realidad similar. En Voz Pública se monitorea la pensión básica en ocho municipios del norte, oriente y occidente del país de manera periódica desde inicios de 2022. El pago es cuatrimestral, pero los mayores esperan 10 y hasta 12 meses su pensión. Tanto así que a ellos y a sus familias les cuesta recordar el último mes cancelado. Del Ministerio de Desarrollo Local (Mindel), el responsable de los programas desde que el FISDL desapareció a finales de 2021, no reciben explicaciones.

Estos programas están incluidos en la Ley de Desarrollo y Protección Social, en vigor desde abril de 2014, el primer marco legal para el desarrollo humano, la protección y la inclusión social. Su reglamento fue aprobado en julio de 2016, un indicador de la poca prioridad que el gobierno de turno dio a esta normativa.

El artículo 35, apartado (a), correspondiente a los derechos de los beneficiarios, dice lo siguiente: “Recibir información adecuada, suficiente y oportuna, en un lenguaje claro por medios accesibles sobre las características de los programas y los mecanismos de acceso a los mismos”. El primero de los objetivos de la ley, en el artículo 3, literal a, expresa: “Garantizar el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”. 

En enero se solicitó a esa institución, a través de la Oficina de Información y Respuesta (OIR), la estadística del último mes cancelado en cada uno de los más de cien municipios donde hay beneficiarios. De igual manera se hizo con el programa de los bonos de salud y educación, dirigido a las madres jefas de hogar, ambos de alivio a la pobreza. La institución optó por declarar reservada esa información durante siete años a partir de febrero de 2023.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derecho Humanos de la UCA (Idhuca), recuerda la obligación del Estado de respetar, promover y garantizar los derechos humanos en general y otros como los económicos en particular. “Hay opacidad por parte del Estado, la información se declara reservada o no se hace saber a la población de qué forma se le va a cubrir sus necesidades”, menciona la abogada sobre el “incumplimiento de obligaciones fuertes” a los beneficiarios del sistema de protección social.

Un abogado, que prefiere no ser citado, recuerda que la normativa buscaba blindar los programas creados hasta 2014 y regular la manera en que “el Estado produce política social”. “Son enunciados de propósitos y alcances ambiciosos, generales en muchos casos, que requieren de un desarrollo posterior”, asegura. Un desarrollo que no se dio en los nueve años siguientes.

Además, la ley obliga a cada gobierno entrante a formular un plan de protección social que oriente su trabajo en favor de los más desfavorecidos. En su artículo 12 indica que debe presentarse en los primeros seis meses y ser aprobado por el presidente de la República. Voz Pública solicitó esa información a Casa Presidencial a través de la OIR. La respuesta, recibida en junio pasado, fue la siguiente: “(…) el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social se está fortaleciendo, ampliando y enriqueciendo por lo que no está disponible aún su texto final”.

A meses de finalizar, el Gobierno carece de un texto disponible de su plan social. “Parece inverosímil que estén aún trabajando el plan. Pero aún si asumimos que es cierto el pretexto para no compartir la información, creo que evidencia improvisación y sugiere fuertemente que las políticas sociales no han sido prioridad”, indica el abogado.

Escasa cobertura
El programa de la pensión de adultos mayores surge a finales de 2009 como una medida de atención a los más vulnerables en el marco de la crisis económica que sacudió al país un año antes. En la primera fase alcanzó a 6,500 adultos mayores de los 32 municipios más pobres. En el primer gobierno del FMLN llegó hasta los 33,200. En el segundo, en cambio, esa progresión se ralentizó hasta terminar por estancarse en la gestión actual.

Ese freno en la incorporación de beneficiarios pone en duda el cumplimiento de la ley. “Los programas y acciones del subsistema (de Protección Social Universal) se ampliarán, desde una perspectiva de progresividad y gradualidad, en la búsqueda de la universalidad para garantizar los derechos de todas las personas”, indica el artículo 29.

De acuerdo con la proyección del censo de población, en 2023 hay 415,000 personas mayores de 70 años. La población que recibe una pensión no contributiva representa el 8 o 9%. Otro 20% estaría cubierta con una pensión contributiva. La gran mayoría de adultos mayores (arriba del 70%) sobrevive sin apoyo económico a esa edad.

Celia Medrano es periodista y experta en Derechos Humanos. Plantea que el Estado salvadoreño es suscriptor de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad y del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a la seguridad social de las personas. “Ayudar y generar política pública en favor de personas de la tercera edad es un deber del Estado, no es un tema de bondad, no es un regalo; es una responsabilidad del Estado responder por poblaciones de alto nivel de vulnerabilidad por su edad y por estar ubicados en zonas de alta pobreza y de inequidad”, explica. 

Para la especialista, con base a los tratados internaciones suscritos por el país “hay una violentación del Estado salvadoreño”. “Hay un evidente tema de omisión, de negligencia y de enfocar inadecuadamente las prioridades y apuestas como país”, dice en referencia a los beneficiarios de los programas sociales.

La Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, aprobada en enero de 2021, en su artículo 6, referido a los derechos, en el punto (x), habla de “gozar de una pensión, ya sea esta contributiva o no contributiva”. Más adelante, en la parte de las obligaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero, en su apartado (e), se lee: “Supervisar que las instituciones previsionales realicen el pago en tiempo y prioritario de las pensiones, conforme a las leyes aplicables”. Para las no contributivas, como la que recibe José, se omite el “pago en tiempo”. Una redacción que deja en mal lugar a los legisladores anteriores.

También, esta ley aborda el punto de la progresividad y lo hace sin rodeos. En su artículo 42 obliga al Estado a ampliar de manera progresiva la cobertura de la pensión no contributiva destinada a la persona adulta mayor. La ley entró en vigor en enero de 2022; sin embargo, no es operativa por la falta de reglamento. El Gobierno trabaja en la revisión del reglamento aún cuando en la propia normativa establecía un plazo no mayor a 180 días. A través de la OIR se solicitó al Mindel el reglamento de la ley. Su respuesta, hasta abril, es que no estaba listo. “Al respecto le informo que dicho documento se encuentra en proceso de formación y aprobación en un trabajo conjunto con las demás instituciones que conforman el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (CONAIPAM) (…)”.

Sin cosecha ni programa
Con su lento caminar, José se pierde calle abajo en dirección a su champita. A escasos metros, Wendy Amaya realiza las tareas del hogar. Su esposo chinea al segundo hijo de ambos, un bebé de tres meses, sobre una hamaca. Hablan resignados de la baja cosecha de maíz y el único consuelo parece ser que a otros les fue peor. “Hay personas que lo perdieron todo. Unos familiares cerca (de aquí) no sacaron cosecha. Como ya se había invertido en abono y todo eso, el dinero se perdió. Toca trabajar para pagar la deuda”, asegura. Como el resto de las familias de la caserío El Coyol, ellos alquilan la tierra que trabajan.

Los efectos del huracán Julia en octubre dañaron los cultivos de maíz y maicillo. Una mala cosecha de la que aún no se recuperan mientras los efectos del fenómeno El Niño llenan de incertidumbre la próxima siembra.

Durante el embarazo de su primer hijo y hasta que cumplió los dos años recibió los $15 al mes del programa de bonos de salud y educación. Son transferencias de dinero condicionadas. Los padres reciben el apoyo económico si cumplen con su obligación de llevar al retoño a los controles de salud (en el caso de los pequeños) y a clases de manera regular. Wendy esperaba el beneficio con su segundo hijo desde su embarazo, hace ya más de un año. Pero nunca llegó.

Con la desaparición del FISDL, la institución a cargo de los programas hasta 2021, despidieron a los trabajadores de campo encargados de evaluar a los beneficiarios, incorporar nuevos y dar de baja si fuera el caso. Una expromotora cuenta que a los “abuelitos” se les apoyaba con los cobros, se les llevaba a sus casas el convenio anual para la firma, un requisito para recibir la pensión, e incluso, se les informaba y facilitaba la entrada al programa de aquellos que cumplieran la edad. Un trabajo paralelo se hacía con las madres que recibían los bonos. Hoy, confirma, nada de eso se hace, al menos en las zonas que tenía a su cargo.

En el caso del bono de educación, en algún momento se dejó de dar a los niños de primaria y se focalizó en los que cursan tercer ciclo y bachillerato. Una decisión que acabó con el incentivo para aquellas familias con menores que entraban al mundo escolar.

En Cinquera, Cabañas, Guillerma Beltrán recordaba hace unos meses que su hija se graduó de bachillerato en diciembre de 2021 y el último pago por el bono de educación fue en octubre de 2020. Le dejaron un año sin pagar. En Carolina, al norte de San Miguel, llevan dos años sin entregar ese beneficio a las madres, recuerda un vecino. Algo similar se escucha en el otro extremo del país, en el municipio de Tacuba, Ahuachapán. En realidad, si ya no forman parte del programa, ningún funcionario se ha acercado a decírselos.

Este programa surgió en la administración del presidente Antonio Saca con una cobertura inicial superior a las 100,000 familias que vivían en los municipios más pobres del país. Desde el inicio, cumplía varios objetivos: mejorar la cobertura infantil de salud, asegurar la llegada a las aulas desde temprana edad y garantizar un ingreso adicional para mejorar la economía familiar de los hogares de menos recursos.

La administración de Nayib Bukele recibió un programa con 43,200 madres y padres inscritos, algo menos de la mitad de la cobertura con la que surgió. Lejos de potenciarlo o mantenerlo, va camino de su desaparición como dicen madres y expromotores del FISDL entrevistados en los últimos meses. Los datos oficiales del Mindel también lo confirman: en 2023, los beneficiados se han reducido a 4,586.

A la economista Tatiana Marroquín le preocupa lo que ocurre con los programas sociales en un periodo de alza insostenible de los precios de los alimentos. “Me parece muy grave porque es un debilitamiento de las pocas respuestas que existían, por parte del Estado, a la pobreza”, sentencia.

Los hogares en pobreza extrema son 170,700 en el país, el doble que hace tres años, según la última Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) 2022. Son familias cuyo ingreso no alcanza para comprar una canasta básica de 20 alimentos. En personas, son más de 578,000. Cada una malvive con $1.3 o menos al día. José, a quien le deben la pensión desde 2022, está en ese grupo. También Wendy, con dos hijos y ya sin el beneficio del programa de bonos de salud y educación.

Nota de la redacción: Al 1 de agosto, el Mindel seguía sin anunciar el pago de la pensión básica en el municipio de Jucuarán. Septiembre de 2022 es su último mes cancelado.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Regional de América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR)

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