El candidato a diputado por Nuestro Tiempo en las elecciones de 2021 indica que en la administración del presidente Nayib Bukele ha habido un “retroceso mayúsculo” en materia de los derechos de las personas LGBTIQA+. “Ha habido un borrón y cuenta nueva de todas las políticas en todas las instituciones”, puntualiza en referencia a los avances logrados en periodos anteriores. Bianka Rodríguez, de la asociación Comcavis Trans, y la abogada Claudia Argueta coinciden en ese análisis e insisten en la importancia de una ley de identidad de género y el acceso a la justicia de una comunidad invisible para el Estado.
En campaña presidencial, una de las preocupaciones de Nayib Bukele era la lucha contra la discriminación que sufre la población LGBTIQA+. “No podemos discriminar a nadie por su forma de ser y pensar”, dijo Bukele en referencia a esa comunidad. “Para nosotros, la absoluta no discriminación debe ser garantizada incluso con castigos penales para quienes la aplican”, agregó en un foro realizado en la Universidad Centroamericana (UCA) en octubre de 2018.
Erick Ortiz, defensor de los derechos de las personas LGBTIQA+, menciona que nada está más alejado de la realidad que esas palabras. “El presidente habla de la no discriminación y una de las primeras acciones que hizo la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas fue archivar una ley específica contra la discriminación a todas las poblaciones”, argumenta en referencia al anteproyecto de la Ley Especial por la Igualdad y No Discriminación (LEID), una iniciativa que busca promover la igualdad, así como erradicar y prevenir estigmas en poblaciones vulnerables.
Ortiz trabaja con el Global Equality Caucus, una organización internacional que aborda la discriminación contra la comunidad LGBTIQA+. Denuncia que existe una legitimación de un discurso de odio que viene desde el propio Estado y que puede traer graves consecuencias para esta población. “Las muertes, habitualmente, están antecedidas de palabras. Entonces, cuando tenemos funcionarios con altísimo poder, con altísima incidencia en la opinión pública, que salen a mofarse o casi a justificar los crímenes de odio, lo que están haciendo es extender una licencia a que cualquier loco disparatado cometa cualquier delito, sobre todo en un país donde saben que la impunidad es tan alta”, comenta.
En 2014, cuando Nayib Bukele era alcalde de San Salvador se reunió con varios representantes de las organizaciones y en ese momento expresó que quería estar del lado correcto de la historia, recuerda Ortiz. “El presidente ha demostrado que no está del lado correcto de la historia cuando viene y habla de los derechos de las personas LGBTIQA+”, afirma parafraseando esas antiguas preocupaciones de Bukele.
Ortiz dio esas valoraciones en el pódcast titulado LGBTIQA+, una población invisible para el Estado, conducido por Wendy Monterrosa, en el que participa también Bianka Rodríguez, directora de la asociación Comcavis Trans, y la abogada Claudia Argueta.
Argueta, abogada de Cristosal, comparte ese análisis sobre el peligro del discurso de odio y comenta otras vulneraciones a esta población como el derecho a la identidad, una de las demandas históricas de esta comunidad. “Desde 2021 a mayo de 2022 hemos atendido 37 casos de personas LGBTIQA+ y, en su mayoría, los reportes son de delitos que iban a orientados a su identidad, a su expresión o a su orientación sexual”, indica.
A eso añade el alto índice de impunidad que existen en esos casos. “Hay un registro desde 1992 hasta la fecha que (indica que) de más de 700 casos (de delitos a esta población) solo hay tres judicializados”. Por esa razón, la experta asegura que existe una deuda histórica en términos de acceso a la justicia.
Como se menciona antes y es habitual en las marchas del Día del Orgullo en los últimos años, la principal reivindicación del movimiento es una ley de identidad de género. La Sala de lo Constitucional ordenó a los diputados para que legislen en el sentido de que las personas trans puedan cambiar su nombre.
Bianka Rodríguez, la primera persona trans que logró cambiarse de nombre en el país, considera que no basta con una reforma como propone la sala e insiste en una ley de identidad de género que permita a las personas trans cambiar su nombre y su identidad de género. “De nada sirve que las personas trans podamos cambiarnos el nombre si no está acorde a nuestra identidad de género”, expresa.
En ese sentido, asegura que es menester que la Asamblea Legislativa aborde esa preocupación. “Hemos estado insistiendo en que es necesario tener reuniones, sentarnos y dialogar sobre la ley, ya que no debe ser visto como algo antojadizo de las personas trans, sino como un derecho que se nos ha vulnerado y constituye formas de violencia”, sentencia.
