Para la excomisionada, las reformas propuestas a la Ley Acceso a la Información Pública (LAIP) limitan el derecho de los ciudadanos a conocer lo que el Gobierno hace con el dinero. Consultada sobre la decisión del partido Nuevas Ideas de no someterlas a votación en el pleno legislativo, Liduvina Escobar cree que el Ejecutivo no las necesita en la medida que cuenta con otras normativas “mucho más graves”, como la recién aprobada del espionaje, para impedir que los ciudadanos conozcan el uso de los recursos públicos.
El 1 de febrero, los siete diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa levantaron la mano a favor de una serie de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Con el dictamen favorable, se incorporaron en la agenda para ser sometidas al pleno, con mayoría del partido oficial, al día siguiente. Unas horas antes, sin embargo, ese mismo partido optó por retirarlas sin explicación alguna.
Para Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), las reformas presentadas son contrarias al espíritu y principios de la Ley. “La intención es que los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreños no se den cuenta de cómo se están realizando y cómo se están ejecutando los recursos públicos”, afirma en una entrevista con Voz Pública.
Ocultar información o limitar el acceso a la misma, plantea Escobar, trae costos para la ciudadanía en el medio plazo. “Los recursos públicos que deberían de estar destinados para resolver las necesidades de la población, pues (lo) están para una administración fraudulenta, corrupta e irregular que lleva a que los recursos sean utilizados para intereses particulares y no para intereses de la sociedad en general. Es sumamente grave”, añade la exfuncionaria.
Las reformas en cuestión buscan facilitar la reserva de información oficiosa (pública por ley) y alargar los plazos de entrega de la información solicitada. También, dar más poder al comisionado presidente en detrimento del resto de comisionados y, por ende, de la esencia de diversidad y pluralidad con que trabaja el Instituto.
No son necesarias
Para Escobar, el freno de última hora a la aprobación de las reformas obedece a que el oficialismo no las necesita. “Tenés una normativa que es mucho más grave, que es precisamente esta del espionaje (para) conocer las fuentes de información de los periodistas, qué tipo de información entregan”, revela la excomisionada. En concreto, se refiere a las reformas al Código Procesal Penal aprobadas el 2 de febrero y que, para diversos especialistas, es una manera de “legalizar el espionaje” a través de operaciones encubiertas digitales.
Califica de “torpeza” por parte del Ejecutivo el presentar estas reformas al pleno en la medida que ha realizado otras acciones que “le ha permitido controlar y bloquear la entrega de información pública”.
Escobar insiste en la importancia del acceso a la información pública para los ciudadanos. “En la medida que tengan información pública pueden conocer por qué realmente su situación de inseguridad, por ejemplo, no está mejorando. O en el manejo de la crisis por covid-19, por ejemplo, ¿cuáles son los verdaderos datos de personas que han sido contagiadas por la covid-19 en este año?”, destaca.
El acceso a la información pública es clave en la lucha contra la corrupción. Las instituciones encargadas de esa labor están controladas, asegura la excomisionada, en referencia al Instituto, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. “Solo las organizaciones de la sociedad civil, solo la ciudadanía organizada puede realmente exigir la rendición de cuentas, que los recursos públicos se administren de manera ética y de manera eficiente en función de los derechos y de las necesidades de la población”, concluye.
