Christian Guevara, diputado y jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, asistió a la entrevista “El show de Hoffman» transmitida en el canal TVGT de Guatemala el 16 de octubre. En el programa dirigido por Carlos Hoffman, el legislador abordó diversos temas de economía, seguridad y derechos humanos durante casi una hora. Como otras ocasiones, en sus respuestas se evidenció el uso de información falsa y engañosa en el espacio de opinión.
Guevara: “¿Sabes cuantas masacres han ocurrido en El Salvador desde que llegó el presidente Nayib Bukele? (…) Una masacre”.
Falso.
Según la Real Academia de la Lengua, una masacre es una “matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida”.
La Oficina de Estadísticas de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indica que es el asesinato de cuatro o más víctimas en un evento. Ese mismo número identifica el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.
Desde la llegada del presidente Nayib Bukele se han registrado al menos seis hechos de violencia que se consideran masacres. La primera sucedió el 1 de octubre de 2020 en el distrito de San Julián, Sonsonate. Cinco personas fueron asesinadas en ese hecho. Poco después, el 10 de octubre, mataron a seis cerca del mercado capitalino La Tiendona. La más reciente tuvo lugar el 27 de diciembre de 2023 y sucedió en el barrio Santa Anita de San Salvador. En el hecho, asesinaron a cuatro.
Guevara: “A mí me metieron en la lista Engel,… literalmente decía así: por meter 21 leyes contra las pandillas”.
Falso.
El texto por el que fue incluido en la llamada lista Engel en 2022 no decía eso. Literalmente, expresa lo siguiente: “(…) atentó contra los procesos o instituciones democráticas al presentar una Ley de Prohibición de Pandillas que castigará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerada por muchos observadores como un claro intento de censura a los medios”.
A iniciativa del diputado, la Asamblea aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal en abril de 2022. En concreto, la inclusión del artículo 345-C que penalizaba con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes relacionados con pandillas.
En definitiva, las dos reformas atentaban contra la libertad de prensa al castigar la cobertura periodística sobre las pandillas e impedir que se informase con libertad de asuntos de interés público.
Las reformas se derogaron el 1 de noviembre de 2023 por los mismos diputados que las habían avalado.
La lista Engel forma parte de las sanciones que establece la Ley de Compromiso de Mejora entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, aprobada por el expresidente Donald Trump. La normativa dice que la lista es un informe obligatorio, no clasificado (público) salvo un anexo si fuera necesario, con los nombres de las personas que hayan participado en acciones que socavan los procesos democráticos, en casos de corrupción u obstrucción de investigaciones.
Guevara: “Si a cualquier salvadoreño le preguntan, ya pasaron los primeros cinco años del presidente Nayib Bukele, en su primer periodo y se crearon cero impuestos, cero nuevos impuestos y se aumentaron cero de los impuestos existente. ¿Sabes cuántos impuestos hemos quitado? Treinta y un impuestos hemos quitado”.
Falso.
El economista César Villalona recuerda que El Salvador tiene 24 impuestos por lo que no entiende a qué puede referirse el diputado cuando dice que han quitado 31.
Además, en la primera gestión de Bukele se creó el tributo Ad-Valorem a las primas de seguros, que se incluyó en la nueva Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
En ese periodo también se eliminó un tributo por orden judicial, no por decisión del gobierno: la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC), un cargo del 5% que se aplicaba a los servicios de telecomunicaciones, dispositivos tecnológicos y accesorios. La ley fue aprobada en octubre de 2015 y tenía una vigencia de cinco años. La Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional en octubre de 2020 cuando estaba por vencerse el periodo y dejó de aplicarse el año entrante. Los fondos de esta contribución se destinaban a financiar labores de seguridad.
El diputado plantea la eliminación de impuestos como un logro. “Hemos quitado 31 impuestos”, dice aunque no es cierto. No obstante, el Plan Cuscatlán, el plan de gobierno, apuesta por una reforma tributaria progresiva, algo muy distinto a lo que planteó Guevara.
Al hablar de “31 impuestos eliminados”, el diputado es probable que se refiera a reformas para congelar algunos tributos durante un tiempo y dirigidas a sectores específicos. Por ejemplo, eximir del impuesto de la renta durante 15 años a constructoras de edificaciones de altura. También, eliminar el arancel a la importación de alimentos para frenar el alza de los productos en el mercado como se hizo en julio pasado.
Guevara: “Sabes cuánto se iba de renta anual, 1,000 millones de dólares en renta de mareros al año, los pequeños negocios (…) Entonces la que pagaba a los mareros comenzó a pagar impuestos”
Verdadero.
Se desconoce la fuente de información del diputado. Uno de los estudios más completos “El costo de la violencia en El Salvador” fue elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR) y presentado en 2016.
El informe indicaba que el costo estimado de la violencia en la economía salvadoreña era del 16% del PIB para 2014. En concreto, $4,026.3 millones. La investigación media el impacto en diversas áreas y sectores. En relación con la extorsión, el monto de las empresas ascendía a $756 millones lo que representaba el 3% del PIB.
Con el PIB de 2019, por ejemplo, ese 3% del pago de extorsiones representa unos $807 millones y para 2022, $862 millones.
La investigación registraba los costos en salud, seguridad pública y privada, además de los la violencia (extorsión, robos y hurtos) y los efectos sobre la producción e inversión.
Guevara: “¿Vos crees que nosotros quisiéramos haber hecho cárceles? Yo presidente de la Comisión de Hacienda, yo ese dinero de las cárceles hubiera mil veces preferido hacer una universidad con eso, hubiera a veces mil veces preferido hacer escuelas con eso”
Engañoso.
El diputado habla de “cárceles” cuando, en realidad, la administración de Nayib Bukele construyó una, el conocido megapenal de Tecoluca, San Vicente. Por cierto, una obra que se levantó en tiempo récord y cubierta bajo un manto de opacidad. Voz Pública encontró que se presupuestaron $135 millones en la obra y que las empresas se escogieron a dedo. Una segunda, la fase II del penal La Esperanza comenzó a construirse a mitad de 2018 y la administración actual recibió un proyecto con un avance del 51%, el cual se inauguró a finales de 2021.
¿Qué impidió hacer una universidad? El presidente se comprometió a construir dos nuevas sedes de la UES en los departamentos de Chalatenango y Morazán. Cinco años después, no ha cumplido su promesa. Para 2025, tampoco aparecen en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Local.
Además de congelar el presupuesto de la universidad pública para 2025, hasta finales del mes pasado, la deuda con la universidad pública ascendía a $44.5 millones de los que $18.2 millones se arrastraban desde 2023 y los restantes $26.3 millones del presente año.
Guevara: “Entonces, los municipios siguen funcionando igual o mejor, porque ya se dejó de gastar en tanto concejal, entonces, hay más dinero para invertir”
No verificable.
La Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que redujo la cantidad de municipios de 262 a 44, entró en vigor el pasado 1 de mayo. Se desconoce que existan estudios que hayan medido lo que el diputado afirma en su declaración. En cualquier caso, que haya más dinero para invertir no significa que se invierta más ni que se haga mejor.
A modo de ejemplo, la inversión pública ejecutada hasta agosto es de $471 millones, el 47.5% de lo previsto para ese mes. De ese monto, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) ha invertido $181.8 millones, el 91.4% de lo esperado. Es, con diferencia, la institución que más ha ejecutado y con mayor eficacia.
Guevara: “Se ha golpeado duramente la corrupción, se ha aumentado la inversión en la infraestructura del país”
Falso.
La principal promesa de campaña del presidente Nayib Bukele en materia de lucha contra la corrupción fue la creación de la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (Cicíes). Entró en vigor a inicios de septiembre de 2019 y el mandatario la eliminó a comienzos de junio de 2021. Para entonces, la Fiscalía investigaba 12 casos de sospecha de corrupción contra funcionarios del gobierno con ayuda de la Comisión. En un reportaje de la Revista Factum en enero de 2024 se detallan tres de esos avisos que este organismo interpuso ante la Fiscalía antes de ser disuelta.
Informes internacionales tampoco dejan en buen lugar las palabras del diputado. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide cuán corrupto se percibe que es el sector público de cada país, según expertos y empresarios. En su último diagnóstico, El Salvador bajó de 33 a 31 en puntos en una escala de 0 a 100 (0 es muy corrupto y 100 muy transparente) y diez posiciones, hasta la 126, en la clasificación de los 180 países evaluados. Es la peor nota y ubicación del país desde 2012.
“En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha visto en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el poder judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos. Más recientemente, en los dos últimos países, también se ha utilizado para manipular los procesos electorales, poniendo en riesgo la democracia, y en Nicaragua, para consolidar la dictadura”, indica el informe.
El Círculo de Estudios Latinoamericanos (Cesla), en su Indicador de corrupción para América Latina, ubica al país abajo del promedio, lejos de Chile y Uruguay, los mejores en ese ámbito. Esta institución sintetiza la data que crean el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Fundación Heritage y otros sobre el tema de la corrupción. A junio de 2024, El Salvador es evaluado con 76 puntos y está en el rango de 61 a 80 que define a los países por un nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción.
Finalmente, la Convención de las Naciones contra la Corrupción, en su Informe sobre cumplimiento del Capítulo II (medidas preventivas), destaca la falta de evidencia de una política pública que prevenga o combata la corrupción de manera integral y presenta “serias deficiencias en el cumplimiento de los estándares internacionales para prevenir la corrupción”.
Guevara: “El turismo ha pasado del 0.01% que teníamos antes al 5% del PIB de la noche a la mañana. (…) Ha aumentado el turismo como nunca creímos que lo íbamos a tener (…)”
Falso.
El sector turismo representó un 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019, mejorando el 5.9% del año anterior, según los informes estadísticos disponibles en el sitio de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur). Para 2023, el último dato disponible, el sector significó el 11% del PIB con unos ingresos arriba de los 3,600 millones.
Guevara: “También la construcción ha aumentado un 20%”
Falso.
El comportamiento del sector de la construcción se abordó en un verificado anterior. En 2023, de las 19 actividades económicas del PIB fue la que más creció con un 17.9%. No obstante, en los siete primeros meses del año registra una caída del 7.5% y el propio Banco Central de Reserva reconoce una “desaceleración” en el sector.
Guevara: “No se ha capturado ningún periodista, ningún periodista está preso en El Salvador”
Engañoso.
El periodista comunitario Víctor Barahona fue capturado en junio de 2022 y liberado en mayo de 2023, casi un año después. En los medios de comunicación se subraya que no se le pudo probar ningún delito ni relación con miembros de pandillas. El comunicador desarrollaba su labor en el Canal 29 de Apopa y en la radio digital Tu Onda Club.
El acoso a los periodistas y medios independientes es una constante en la administración del presidente Nayib Bukele. En septiembre, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) realizaron una visita al país. Entre los principales hallazgos de la misión destacaron el acoso y amenazas crecientes por parte de militantes gubernamentales y figuras del Gobierno, incluyendo al presidente Bukele. “Las y los reporteros entrevistados describieron una retórica hostil contra la prensa e intentos constantes de minar la credibilidad del periodismo a través de campañas de descrédito», indica el comunicado de prensa.
Además, se indica que el gobierno “restringe severamente” el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. De tal modo, se ve limitada la transparencia sobre temas críticos como la situación en las cárceles y las estadísticas de criminalidad en el contexto del estado de excepción. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en resaltar una «enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales».
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras también denuncias ataques constantes en redes sociales a periodistas como consecuencia, en parte, del discurso dominante en su contra. “Funcionarios de alto nivel se han sumado a las agresiones y descalificaciones. La mayoría de los periodistas víctimas de agresiones han sido mujeres”, se indica. Recuerda, además, las agresiones de la policía a los profesionales de la información “sin ninguna justificación legal y, peor, sin ninguna sanción”.
