Cerraduras vulneradas, ocupación ilegal de edificios, actos proselitistas y el ingreso de distintivos del partido Nuevas Ideas en la Universidad de El Salvador son algunas de las denuncias que hizo la UES al TSE, el pasado 12 de febrero, sobre el incumplimiento del convenio entre ambas instancias que pretendía albergar a personas, de todos los partidos, destinadas al escrutinio final legislativo del 4F. La Universidad estuvo tan al margen de la situación, que entre las denuncias hubo un supuesto hurto de bienes por casi $2,000, que luego se descartó.
“Cuando regresamos el lunes (…), hallamos un escenario complejo; racional, desde la posición de alumnos universitarios, porque, literalmente, había una toma por parte de un partido político de las instalaciones de la Universidad desde el día viernes por la noche”. Así se refirió el rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, a los hechos del 10 de febrero, cuando el partido Nuevas Ideas se aprovechó de un convenio entre la Universidad y el TSE para ocupar el recinto educativo y llevar a cabo actos proselitistas.
“¡Porque este proyecto, sin Dios y sin ustedes, se los juro que no es nada!”, se escucha decir al presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, en un video del 10 de febrero publicado en la cuenta de X del partido cian, cuando dio un discurso proselitista en las instalaciones de la Universidad, en el marco del escrutinio final legislativo. Ese mismo día, vigilantes de la instancia universitaria aseguraron a la revista Focos que solo había personas del partido oficialista.
El uso de la villa universitaria para proselitismo no fue la única preocupación de la UES los días siguientes a la ocupación. En un audio en poder de este medio, en la reunión del Consejo Superior Universitario (CSU) del 15 de febrero, el mismo rector dio lectura a una carta en la que pedía explicación al Tribunal Supremo Electoral por la ocupación y forzamiento de cerraduras de edificios que no estaban incluidos en el convenio, así como un supuesto hurto de bienes valorados en $1,860.90, que luego fue descartado.
El convenio, que había sido firmado el 9 de febrero por el mismo rector, establecía que el recinto universitario albergaría a unas 1,500 personas de todos los partidos políticos que estuvieran delegados en las mesas del escrutinio final de las elecciones para Asamblea Legislativa del pasado 4 de febrero.
La magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez, aseguró a Voz Pública que las instalaciones universitarias fueron utilizadas por todos los partidos políticos, así como personal del ente colegiado. “Alrededor de unas 1,500 personas se instalaron en ese recinto, no solo del partido Nuevas Ideas, sino que iban de los demás partidos, también personal del TSE”, dijo.
Sin embargo, este medio consultó con representantes de los partidos Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo, PCN, PDC y Gana, y ninguno hizo uso del convenio para albergarse en el recinto universitario. Se buscó también la opinión de Fuerza Solidaria, pero al cierre de la publicación no se obtuvo respuesta.
El rector argumentó ante el Consejo que, por “la necesidad urgente que el Tribunal tenía para resolver el tema de alojamiento”, no se informó a esa instancia ni a la Asamblea General Universitaria (AGU) sobre la firma del convenio. No obstante, aclaró que sí había prohibiciones establecidas como que no se ingresaran distintivos partidarios y no realizaran actos de proselitismo, algo que Nuevas Ideas incumplió y sobre lo cual el Tribunal aún no se pronuncia.
Los daños
La carta, con fecha del 12 de febrero de 2024 y dirigida a la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, se leyó en la sesión del CSU del 15 de febrero. En ella se explica que, según el convenio firmado con el ente colegiado, los únicos espacios habilitados serían los edificios San Salvador y El Boquerón, además de los módulos El Sunzal, El Espino, El Tunco y El Tamarindo.
Los correligionarios del partido oficial se tomaron tres edificios más -Apaneca, Ataco y Juayúa-, los cuales no forman parte de la zona norte del campus conocida como villa universitaria, y el módulo Costa del Sol, donde se resguardan archivos y documentos institucionales, que tampoco era una parte autorizada en el convenio.
El partido oficialista también ocupó y forzó las cerraduras del edificio Punta Roca. Sobre este caso en particular, la Universidad denunció ante el TSE que en ese lugar fueron sustraídos bienes propiedad del centro de educación superior, por un monto de $1,860.90, “adicionalmente de otros accesorios allí encontrados, ya que en ese espacio fueron instalados camarotes sin la autorización previa”.
Rosa Quintanilla explicó a Voz Pública que se hizo una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) por el supuesto hurto de bienes. Sin embargo, el Tribunal, que según el convenio era el encargado de administrar y responsabilizarse de la situación, envió a personal a revisar las instalaciones, y las mesas, escritorios y otros bienes reportados como desaparecidos fueron encontrados en otro salón.
“Se encontró que los bienes habían sido trasladados a otro espacio, en donde las personas encargadas (de la UES) no habían buscado; precisamente, porque consideramos que ese espacio no había sido autorizado originalmente. Así que, sí, en efecto se dio esa situación; pero, una vez verificado, se determinó que los bienes estaban al interior de la universidad”, aclaró el rector.
Sobre el daño de las cerraduras que se forzaron para ingresar en los espacios que no estaban autorizados, el representante de la Universidad de El Salvador dijo que no tenía el número exacto de las puertas dañadas; pero enfatizó en su molestia por el incumplimiento del convenio de parte del ente colegiado.
“Te digo, no sé en la cuantía cuántas puertas había, pero sí sucedió, y (hubo) un espacio que nosotros hemos utilizado para albergar archivos y documentos institucionales, que también fue intervenido”, agregó con preocupación si bien confirmó que la documentación no fue afectada.
Un TSE sin respuestas
La carta enviada a la magistrada presidenta deja claro que es el ente colegiado el que debe responder por los daños y afectaciones al recinto universitario; además, pide que dé explicaciones sobre el incumplimiento de los literales E y J del convenio, donde se prohíbe el ingreso de distintivos de partidos políticos y la realización de actos de proselitismo.
Asimismo, la Universidad solicitó al Tribunal que brinde “un informe pormenorizado de los resultados de las investigaciones realizadas” sobre los hechos denunciados. En la lectura de la carta, se escucha en el audio cuando el rector calificó de “anormal” la situación que se dio.
Noel Orellana, magistrado del TSE, dijo a este medio que desconoce la carta que fue enviada a la magistrada presidenta y aseguró que el asunto no se abordó en las reuniones del ente colegiado. “Oficialmente, no conozco nada de eso”, afirmó.
En cambio, la presidenta del Tribunal contradijo a Orellana al aseverar que sí recibió la carta y que la situación fue de conocimiento de los magistrados. “El pleno, en sesión, acordó mandar el oficio a la Fiscalía para que sea aperturada una investigación porque ya si son daños (a las instalaciones) provocados con dolo o sustraer objetos ya pueden lindar en un ilícito”, confirmó.
En el audio se especifica que la carta enviada contiene “evidencia de los espacios físicos” con los daños causados en la infraestructura de la UES; no obstante, se desconoce cuál es el monto con el que deberá correr en gastos el Tribunal para retribuir las afectaciones. Martínez dijo que aún están evaluando este punto por medio de la verificación de daños.
El rector aseguró que, al cierre de esta nota, el Tribunal no había dado respuesta sobre los puntos de la investigación solicitados por la Universidad; sobre todo, lo relacionado con la reparación de daños y las explicaciones correspondientes por el incumplimiento del convenio.
