Organizaciones de derechos humanos afirman que el régimen de excepción no se puede desligar del caso de la violación a menor de 13 años, hecho por el que están acusados seis militares. Cristosal, en su informe anual, denuncia que hay familias que han dejado sus hogares para evitar que niñas o adolescentes sean abusadas o detenidas por no ceder al acoso de los agentes de seguridad. En cambio, el diputado Ernesto Castro desvincula lo sucedido con la niña del régimen de excepción.
“De este tema de los soldados, yo creo que aquí es bien importante y hay que ser responsable en algo: el Plan Control Territorial y el régimen de excepción no tienen nada que ver con lo que hicieron esos seis sinvergüenzas”, declaró Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, en relación con la violación de una niña de 13 años por parte de un sargento de la Fuerza Naval con la complicidad de cinco soldados. El hecho sucedió la noche del 23 de septiembre en el cantón Mizata del municipio de Teotepeque, en La Libertad.
Voz Pública verificó lo expresado por el funcionario y clasificó esa información como engañosa. Considera que no se puede separar ese hecho del contexto de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Jorge Beltrán, periodista de El Diario de Hoy que dio a conocer el caso, tuvo ocasión de hablar con los acompañantes de la víctima días después del suceso. Consultado por Voz Pública, recuerda que la niña les dijo a sus amigos que el agresor había amenazado con capturarles bajo el régimen de excepción si no accedía a tener relaciones sexuales con él.
Para Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, el régimen de excepción sí está relacionado con la agresión sufrida por la menor. “No son casos aislados, como se ha manejado. Hay diversos casos de abusos cometidos por la Fuerza Armada en el marco del régimen. La represión se está incrementando porque se mantiene la limitación de derechos fundamentales con una medida que ha dejado de ser excepcional”, afirmó.
Díaz apunta que uno de los principales problemas es que la Fuerza Armada viene ganando protagonismo en materia de seguridad, contrario a sus atribuciones constitucionales, desde los gobiernos anteriores. El régimen de excepción ha permitido, incluso, que militares realicen patrullajes y capturas sin acompañamiento de agentes de la PNC. Sin ir más lejos, el caso de Mizata ilustra esa realidad.
En su informe del primer año del régimen, la organización Cristosal revela, sin dar cifras, casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de acoso y abuso sexual por las fuerzas del orden. “En algunos casos, dicha situación ha obligado a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de autoridad”, dice el informe en el apartado Impacto en las mujeres, niñas, niños adolescentes y población LGTBIQ+.
Abraham Ábrego, de esa institución, considera que las fuerzas del orden tienen “carta verde” para atentar contra los derechos humanos en la coyuntura actual.
“En los testimonios que tenemos, la gente expresa que los militares o los policías, cuando le preguntan por qué está deteniendo a una persona en esa forma, señalan que lo están haciendo por el régimen de excepción. Entonces, no se puede desvincular esta expresión del abuso de autoridad y del abuso sexual que ha habido últimamente en el caso de Mizata, y hay que analizarlo en ese contexto”, aclaró el abogado.
Abuso sexual
Otro informe de Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Idhuca reveló un incremento del desplazamiento forzado interno como consecuencia de vulneraciones como hostigamiento, amenazas, acoso y abuso sexual, entre otros, por parte de agentes del Estado.
De enero a junio de este año, hay 195 víctimas de desplazamiento atendidas y documentadas. En el 76% de los casos, identificaron a la PNC y la Fuerza Armada como los responsables.
Verónica Reyna, directora del Programa de Derechos Humanos del SSPAS, considera que la militarización en tareas de seguridad lleva a que se registren abusos.
“El ejercicio de la violencia sexual es una forma, también, del control del territorio y ver a las mujeres como parte del ‘botín de guerra’, y de este discurso de combate y guerrerista que se está implementando, y que hace que los militares terminen actuando de manera muy arbitraria en el territorio”, expresó.
El Juzgado de Teotepeque decretó prisión provisional para los seis militares involucrados. La Fiscalía los acusa de los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual.
Desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, organizaciones de derechos humanos han documentado capturas de personas inocentes, sin nexos con pandillas, por parte de policías y militares.
Cristosal registra 3,609 personas víctimas de detenciones arbitrarias (96.8%), allanamiento ilegal de morada (26.2%) y malos tratos (10.3%) hasta el 25 de septiembre. Según el informe, los responsables identificados son agentes de la PNC (73.9%), policías y militares en conjunto (17.2%) y militares en solitario (6.7%).
Fuentes:
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa
Verónica Reyna, directora de derechos humanos del SSPAS
Alejando Díaz, abogado de Tutela Legal
Abraham Ábrego, abogado de Cristosal
Gabriela Santos, directora del Idhuca
Informe sobre desplazamiento forzado interno (Cristosal, SSPAS e Idhuca, septiembre 2023)
Informe: Violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción (27 de marzo 2022-25 de septiembre 2023).
Informe: Un año bajo el régimen de excepción, una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos (mayo 2023).
