Los hechos de violencia contra la mujer mantienen una tendencia ascendente en los últimos años. De los pocos se registran menos aún llegan a las instancias judiciales. Silvia Juárez, coordinadora de la organización Ormusa, le pone cifras a esa realidad. “Decimos el 75% de los hechos que las mujeres denuncian queda en la impunidad”, asevera.
Monica Herrera, una de las activistas y defensora de derechos humanos más conocidas del país, recuerda el caso de una niña de dos años violada por un hombre de más de 70 como ejemplo de la dificultad que las mujeres tienen para acceder a la justicia en El Salvador.
Herrera relata que por su insistencia y la de otras activistas el caso se denunció y llegó a los tribunales. “Al final logramos que hubiera una condena y en la sentencia hay una indemnización por daños emocionales de 600 dólares”, asegura.
En la práctica, el monto de la condena, tomando en cuenta la agresión cometida, dice mucho de la justicia que existe en el país. Por cierto, el condenado, un hombre que tenía su defensor privado y otras condiciones materiales, nunca lo pagó a la familia de la víctima.
En el pódcast Incierto camino hacia la justicia, el séptimo de la serie Voces desde la realidad, Herrera plantea las limitantes y dificultades que las mujeres enfrentan para denunciar los hechos de violencia. “No hay otro acto de reparación, no hay nada. En general, el acceso a la justicia es sumamente difícil”.
Violencia en aumento
El Salvador registró entre 20,000 y 22,000 hechos de violencia contra la mujer cada año en el quinquenio pasado, de 2015 a 2019. La tendencia, con altibajos, muestra una línea ascendente. La información proviene de fuentes oficiales e incluye feminicidios, agresiones sexuales y físicas, violencia patrimonial, emocional, entre otras.
La realidad de la violencia es más grave y compleja si se toma en cuenta la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer realizada en 2017. Cerca de 890,000 mujeres sufrió algún tipo de violencia en los 12 meses previos a la encuesta, prácticamente una de cada tres mujeres en el país.
La violencia contra la mujer es elevada, se denuncia poco y todavía es menor los casos registrados que terminan en una sentencia. Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una Vida Libre de Violencia de Ormusa, dice que de acuerdo con las mediciones de su organización uno de cada cuatro casos termina en una sentencia. “En algunos hechos como, por ejemplo, la violencia sexual, incluso puede ser mucho menos. Entonces decimos el 75% de los hechos que las mujeres denuncian queda en la impunidad”, asevera.
Desde la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz se trabaja que el Estado brinde los mecanismos necesarios para que a la mujeres se les garantice el derecho a una vida libre de violencia. “Todos los estándares internacionales y los compromisos de El Salvador ante diversos escenarios internacionales esperan que estos mecanismos sean accesibles, sean expeditos y hagan justicia para evitar la impunidad. Esos son los elementos que complementan el acceso a la justicia”, comenta.
Juárez añade que la justicia debe ir más allá de la persecución del culpable e incluir el concepto de reparación, es decir, de resarcir los daños causados a las víctimas en el acceso a la justicia. “¿Cómo puedo resarcirle, por ejemplo, a una madre cuya hija fue desaparecida y que, además, era el sostén del hogar, por ejemplo? ¿Cómo se repara eso? Esas son todas las formas que tienen que ver con el acceso a la justicia”, plantea la especialista.
