Contrario al discurso del presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) obliga a la publicación de información sobre los empleados de ministerios y otras dependencias en sus portales de transparencia. El Órgano Legislativo no ha subido datos sobre las 1,587 plazas que existen por contrato, según el presupuesto de la institución. En cambio, ministerios como Educación y Salud tienen en sus sitios web la información básica sobre los empleados que exige la Ley.
El presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro se refirió a la información disponible en el sitio web sobre los empleados de la institución y aseguró que cumple con lo que establece la ley. “El portal de transparencia está tal y como nos permite la ley presentar ese tipo de información. (…) Nosotros no podemos dar dirección, teléfonos, nombres completos, cuánto es el salario de esa persona. (…) No es que nosotros no la damos porque no queremos o porque estamos escondiendo algo, sino que la ley nos prohíbe hacer eso”, respondió a cuestionamientos de los periodistas en el recinto legislativo esta semana.
Aunque el funcionario no mencionó qué ley en concreto, se sobrentiende que es la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que, como dice en su artículo 1, busca garantizar el derecho a la información para contribuir a que las instituciones del Estado sean más transparentes. En concreto, la discusión gira en torno a la publicación de información básica sobre los empleados que están por contrato, que son la mayoría en la Asamblea.
Voz Pública contrastó estas afirmaciones con lo estipulado en la LAIP, la versión explicada de la misma y su reglamento; además consultó a dos especialistas y chequeó los sitios web de otras instituciones. En conclusión, lo expresado por el presidente del Órgano Legislativo entra en la categoría de falso. La mencionada ley obliga a publicar cierta información de las plazas contratadas en las instituciones, ponderando el derecho a la información y el derecho a la intimidad del trabajador. En cambio, la Asamblea no ha publicado ningún dato a la fecha sobre esas plazas en el portal de transparencia como sí lo han hecho otras instituciones del Estado.
¿Qué dice la ley?
El artículo 10 de la Ley se refiere a la información que las instituciones, de forma oficiosa, deben poner a disposición del público. En su inciso 7 se menciona lo siguiente: “La remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios y por Contrataciones, y los montos aprobados para dietas y gastos de representación”. En la versión explicada de la LAIP se apunta que “este numeral se refiere al sueldo mensual del personal de planta, aclarando en la categoría en la que se encuentra cada persona, por ejemplo, si es técnico uno, dos o tres, según la ubicación que por ley le corresponde en el presupuesto. Igual se hará con quienes tengan remuneraciones a través de contratos temporales”. También, el Reglamento de la LAIP puntualiza en el artículo 24 que “no será necesario aclarar el nombre de la persona que se encuentre en dicho cargo”.
Jessica Estrada, directora de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), indica que los salarios y cargos son parte de la información oficiosa (aquella que se debe difundir al público sin necesidad de ser solicitada) si bien debe garantizarse la protección de los datos personales. “Por eso se brinda sin los nombres, solo con los cargos que tienen en la institución”, añade. Sin embargo, reconoce que cada vez menos instituciones cumplen la ley y publican de oficio debido a la falta de un ente garante que la haga cumplir, en alusión al papel del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en los últimos años.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2024, la Asamblea Legislativa tiene asignadas 2,075 plazas, de las que 1,587 son por contrato y 488 corresponden a Ley de Salarios. De estas últimas, el portal de transparencia registra el cargo y salario de cada una de ellas, lo que pide la Ley. En cambio, de las primeras, como se mencionó, no hay rastro en el sitio web.
Antes que el presidente de la Asamblea, otros diputados de Nuevas Ideas también aseguraron que la información de las plazas estaba en el sitio web lo cual no era cierto, como verificó este medio.
¿Por qué la Asamblea publica información de unas plazas y de otras no? Ciertamente, las de contrato son discrecionales y ahí va todo el personal al servicio de cada uno de los diputados. Una parte se reveló gracias a la filtración de información de 450 de ellas por el grupo de hackers CiberinteligenciaSV a finales de julio. Presionados por la demanda de transparencia de los usuarios en X, algunos diputados de Nuevas Ideas publicaron los datos de las personas contratadas por ellos. Por ejemplo, el jefe de fracción Christian Guevara tiene a su cargo a un camarógrafo ($2,250), una encargada de relaciones públicas ($2,250), un redactor de prensa ($2,000) y un colaborador técnico ($2,000).
Otras instituciones las publican
Voz Pública revisó los portales de otras instituciones como los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas para ver si publican esa información y de qué manera. A diferencia de la Asamblea, los tres brindan datos de los trabajadores que están por contrato: el cargo o puesto, la remuneración, la cantidad de empleados con un mismo puesto y si reciben dietas o no.
En el caso de Salud se incluye el sueldo básico mensual y el sueldo máximo con escalafón, un incremento salarial establecido en la ley del mismo nombre de 1994. Se brinda el rango salarial, pero no el salario del trabajador.
Además, informa de un millar de plazas por contrato en un Excel disponible en su portal de transparencia, divididas en función de los 86 tipos disponibles (médico especialista I y II, médico consulta general…). La cifra publicitada es menor que las 3,428 registradas según el presupuesto de este año.
Eduardo Escobar es el director de Acción Ciudadana, una organización especializada en contraloría social. En sintonía con su colega de Funde, recuerda que la LAIP obliga a publicar el tipo de plaza y salario de cada empleado, no así el nombre de los mismos. “Yo puedo solicitar el listado de los nombres de todos los empleados con su cargo y salario a petición de parte (solicitud) y es información pública”, afirma.
La Revista Factum solicitó precisamente esa información y la Asamblea se la negó aduciendo que se violaría la intimidad de los trabajadores, tal y como informa en una publicación del 1 de septiembre.
Acción Ciudadana hizo público el informe Transparencia activa 2024 en mayo pasado, que evalúa el nivel de cumplimiento a la hora de publicar y actualizar la información oficiosa de acuerdo con las normativas.
El promedio de cumplimiento de las entidades es del 41%, cuatro puntos menos que el informe del año anterior. La Asamblea se ubicó en el puesto 23 de las 38 instituciones evaluadas con un grado de cumplimiento del 32%, un puntaje por debajo de la media. En pocas palabras, el Órgano Legislativo está publicando menos de la tercera parte de lo que por mandato legal le corresponde.
Escobar recuerda que la máxima publicidad es uno de los principios que rigen la LAIP.
Sueldo de empleados de diputados
Como Guevara, una parte de los diputados del partido Nuevas Ideas publicó en X a inicios de agosto un listado con el nombre y salario de los empleados a su cargo. Estas son una parte de las plazas por contrato que la Asamblea se niega a publicar.
Para ver verificar esa información, Voz Pública comparó lo publicado en las cuentas de 13 legisladores con la base de datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), filtrada por el grupo de hackers CiberinteligenciaSV el 5 de septiembre. En general, la información es la misma.
De lo anterior se deduce que los datos publicados por los funcionarios eran ciertos con algunos matices que se detallan más adelante. Cada uno subió a X un listado con entre tres y ocho empleados, cuyo monto total varía entre los $7,500 y $8,500, que es el monto asignado para que ellos puedan contratar a su personal.
Primeramente, para verificar que la información filtrada era cierta, este medio realizó varias consultas al azar de trabajadores cotizantes al Seguro Social y comprobó que los datos como nombre, salario y lugar de trabajo eran correctos.
Los 13 legisladores son los siguientes: Christian Guevara, Caleb Navarro, Alexia Rivas, Dania González, William Soriano, Ana Figueroa, Dennis Salinas, Elisa Rosales, Suecy Callejas, Giovanny Zaldaña, Benjamín Zavaleta, Helen Jovel y Juan Rodríguez.
El único dato que no coincidía era un empleado del diputado Giovanny Zaldaña. En el listado que él compartió devengaba $1,000, pero la lista filtrada indicaba un salario de $700. En el proceso no se encontraron cuatro empleados de otros tantos funcionarios. El motivo es que el documento filtrado corresponde a los cotizantes del mes de junio, y los trabajadores en cuestión empezaron a laborar en julio.
Voz Pública recurrió a esta verificación debido a que la información de estos y otros muchos empleados no está disponible en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa.
La polémica con las plazas surgió después de que el presidente Nayib Bukele anunciara en cadena nacional el 5 de julio, que pidió al presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro una reducción de $2,200 de los $13,200 que los diputados tenían asignados hasta ese momento. La disminución representaría un ahorro de 4.5 millones, dinero que se usaría para becas, dijo Bukele.
