La diputada de Nuevas Ideas afirma que la Asamblea Legislativa es una de las instituciones dónde más se informa a la ciudadanía y que en temas de transparencia es la que está “al frente” o es la “más fiscalizada”. Sin embargo, informes sobre transparencia y análisis de especialistas en la materia ubican al Órgano Legislativo en una categoría de bajo cumplimiento de publicación de información oficiosa.
La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, dijo en una entrevista matutina de grupo Megavisión el 11 de junio que la Asamblea Legislativa, en temas de transparencia, es uno de los organismos que está “más de frente a la población” y dónde más informadas están las personas.
Voz Pública analizó la afirmación de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y la comparó con informes de medición de transparencia y con la opinión de expertos en el tema. Luego de este proceso se concluye que la información entra en la categoría de engañosa.
Callejas fue consultada durante la entrevista sobre los retos que tendrá la nueva legislatura en los próximos años en el tema de transparencia y rendición de cuentas.
“Creería que la Asamblea Legislativa es uno de los organismos donde más informada está la población salvadoreña; no solamente en las comisiones, antes que pase un dictamen a la Asamblea Legislativa ha sido previamente estudiado en una comisión. Las comisiones son grabadas, son públicas; las discusiones que ahí se dan también son grabadas y son públicas; las plenarias son grabadas y son públicas”, aseguró la legisladora.
“Realmente en temas de transparencia yo creo que la Asamblea Legislativa es uno de los organismos que está más al frente, más de cara, más fiscalizado de la población”, añadió la diputada de Nuevas Ideas.
¿Cómo medir la transparencia en la Asamblea?
Jessica Estrada, directora de Transparencia en la Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde, considera que para medir la transparencia en el Órgano Legislativo y en cualquier otra institución del Estado es esencial el acceso a la información, pero que esto no es suficiente sino que debe ir acompañado de otros ejercicios de rendición de cuentas.
“La transparencia implica poner a disposición de la ciudadanía la información que se genera en cada institución y que respalde las decisiones tomadas, así como las actuaciones de los funcionarios y empleados públicos, y permitir espacios para que desde la ciudadanía pueda verificarse esa información, brindarse retroalimentación y trasladar otras propuestas, entre otros”, aseguró.
Además, cuestionó que para el caso del Órgano Legislativo cada vez hay menos información disponible y actualizada en su Portal de Transparencia.
“Ni siquiera tienen actualizado el Índice de Información Reservada, por ejemplo, y sabemos que cada vez han puesto más información en reserva. Adicionalmente, podemos mencionar también que información que antes se entregaba ahora ya no se entrega (como la información sobre viajes de los diputados -que antes se publicaba de oficio-, o los proyectos de Ley)”, mencionó Estrada.
Decretos sin estudio
Sobre ese último punto aclaró que durante la última legislatura se ha observado que la dispensa de trámite fue utilizada frecuentemente y que esto no permite conocer anticipadamente lo que se está discutiendo y aprobando. Este es un mecanismo contemplado en el artículo 76 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) para la aprobación de decretos cuando estos se consideren de carácter urgente y no sea necesario que pasen por una comisión.
“Son varios proyectos de Ley o propuestas que entran a discusión el mismo día de la plenaria y ese día son aprobadas, por lo que ni siquiera se tiene oportunidad de conocer con antelación lo que se está discutiendo y aprobando (incluso los diputados de otras fracciones han manifestado que no está disponible para ellos, ya ni digamos a la ciudadanía)”, manifestó la directora de Funde.
La legislatura 2021-2024 finalizó con 423 dispensas de trámite. Un promedio de 12 por mes.
Reprobados en transparencia
El reciente estudio de Acción Ciudadana sobre “Transparencia Activa 2024”, publicado en mayo, concluyó que la ciudadanía tiene acceso a menos del 50% de información pública que por mandato legal debe estar disponible.
En la investigación se evaluó el nivel de cumplimiento en la publicación y actualización de información oficiosa establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de 38 instituciones del Estado, entre estas la Asamblea Legislativa, que ocupó la posición 23.
Luego que la organización procesó y midió los datos disponibles del Órgano Legislativo, del 100% de información requerida, concluyó que esta institución hace pública únicamente un 32%, lo que ubicó a esta institución en una categoría de bajo cumplimiento.
Para la evaluación de este Órgano de Estado, la organización utilizó 34 estándares basados en el artículo 10 de la LAIP y verificó el Portal de Transparencia de la institución. Los criterios evaluados fueron: marco normativo, información financiera, gestión estratégica, transparencia y participación y obligaciones adicionales.
En cuanto al Marco Normativo, en el que deben publicar sobre estructura organizativa y currículos de los funcionarios, la Asamblea solo cumplió con uno de los tres criterios.
Mientras que, al analizar la información financiera, en la que se evaluaron criterios como el presupuesto, remuneraciones, viajes, adquisiciones, contrataciones, permisos y concesiones, entre otros, el legislativo tampoco aprobó ya que cumplió con dos de los nueve puntos examinados.
Con respecto al criterio de transparencia y participación, en los que analizaron la Unidad de Acceso a la Información Pública, participación ciudadana y rendición de cuentas y el Índice de Información Reservada, entre otros aspectos, esta institución cumplió con dos de los seis lineamientos.
Además, la LAIP exige en su artículo 11 información oficiosa adicional que la Asamblea Legislativa debe publicar, entre las que destacan: las comisiones legislativas, los grupos parlamentarios y sus miembros, las piezas de correspondencia y los decretos aprobados. Es esta información a la que se refirió únicamente la diputada Callejas y dio por sentado que al transmitir las plenarias o las comisiones, esta institución está siendo transparente.
Sin embargo, según el estudio de Acción Ciudadana, en estas obligaciones la Asamblea Legislativa también salió reprobada, ya que tres de los siete criterios analizados sí fueron cumplidos por este Órgano.
Televisados, pero no transparentes
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que si bien es cierto el legislativo es uno de los más fiscalizados por la población, pero en el sentido que se supervisa el trabajo de los diputados, “pero no significa eso que sean más transparentes, hay una diferencia, porque no es lo mismo y no podemos hablar de transparencia solo porque las plenarias se transmiten en vivo a que los presupuestos de las fracciones estén disponibles en el sitio web, es diferente”, sostuvo.
Añadió que la transparencia implica que todos los documentos obligatorios que exige la LAIP estén disponibles, “por más que haya 60 plataformas de cada diputado que estén a disposición de la ciudadanía, eso no es transparencia. Obviamente es una parte de la transparencia que estén grabadas las sesiones plenarias y las comisiones y que las leyes se suban, esa es en parte, pero no es toda la información que debe de tener la asamblea a disposición de la ciudadanía”, señaló.
Además, Escobar aclaró que “dato mata relato” y que ellos elaboraron un informe en el que detallaron que la Asamblea Legislativa incumple un porcentaje de sus obligaciones en materia de transparencia activa, “lo tenemos documentado, entonces no es cierto lo que dice la diputada que es de las instituciones más transparentes, porque si evaluamos ámbito por ámbito tenemos la evidencia que no es la institución más transparente”, concluyó.
Por su parte, Jessica Estrada coincide con Escobar en que no puede afirmarse que dicho órgano del Estado “sea uno de los más abiertos a la ciudadanía ni de los más transparentes”.
