El discurso de investidura del presidente Nayib Bukele duró no más de 35 minutos, tiempo en el que hizo alusión a Dios en 21 ocasiones y dio por resuelta la violencia de las pandillas en el país, su logro más importante en los primeros cinco años de gestión.
Reelegido a pesar de que seis artículos de la Constitución lo prohíben, el mandatario anunció que en los próximos cinco años centrará sus esfuerzos en la economía. “La sociedad salvadoreña sigue enferma, sigue enferma pero ya no tiene cáncer, sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía”, afirmó.
En su balance de sus primeros cinco años “se olvidó” de una serie de temas incómodos, algunos de los cuales enumeramos a continuación. Porque Bukele dejó un país con más pobreza, el agro por los suelos y más endeudado que nunca. En El Salvador, los alimentos están más caros, en especial los de primera necesidad, los salvadoreños migran más que antes y los derechos humanos se siguen violando bajo un manto de impunidad.
Como hace cinco años, habló de «medicina amarga», esta vez para mejorar la economía. Cuál medicina amarga se preguntó un asistente al evento… si un tomate pequeño cuesta una cora.
Un país más caro
Un país más seguro y una vida más cara. La frase resume el sentir de la población y las encuestas lo vienen reflejando en los últimos años. El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), en su estudio de diciembre de 2023, revela que el 90.2% de la gente percibió un aumento en los precios de la canasta básica -frijol, maíz y huevos, entre otros- y el 60% mencionó un incremento en el costo de vida en general. En consecuencia, el 70% aseguró que gasta más en la compra de alimentos de primera necesidad.
La inflación en los alimentos creció un 8% en promedio en los últimos tres años, algo no visto desde los 90. La canasta básica, que incluye una veintena de productos esenciales, aumentó más de $40 en dos años, arriba del 20%. Para hacerse una idea, en 2022 y 2023 subió tanto como en los 15 años anteriores.
Un país con más pobres
Bukele deja un país con un mayor número de hogares en pobreza. Esta variable está ligada al aumento sostenido en el precio de los alimentos de primera necesidad.
Cuando llegó al poder en 2019, el 22,9% de las familias vivía en pobreza (442,000) y en 2022 había un 26.6% de hogares en esa condición (529,000). Para 2023, el dato provisional (preliminar) indica que subió al 27.2%, otros 17,000 más.
Más preocupante aún si cabe, es la pobreza extrema, que se ha duplicado desde 2019. En esta categoría están los hogares cuyos ingresos están por debajo del valor de una canasta de alimentos. En pocas palabras, personas que viven con un dólar o menos al día.
En esta categoría donde las familias están subalimentadas y pasan hambre se encuentra el 8.6% de los hogares en el país. En la zona rural, aún es mayor: el 30% de los hogares es pobre y el 11% del total vive esa condición de extrema necesidad.
Más allá de los factores externos como la pandemia y la guerra de Ucrania, hay otros internos como la falta de medidas eficaces para paliar la inflación y el desinterés de la política social, con programas hacia los más vulnerables abandonados, que explican esta realidad.
Un país más endeudado
El gobierno central mantuvo un elevado ritmo de endeudamiento desde la pandemia. En mayo de 2019, la deuda era de $12,647 millones y cinco años después, en abril de 2024, llegó a $19,094 millones. Cerca de $6,500 millones de endeudamiento (6,447 para ser exactos), a razón de casi $1,300 millones por año durante el quinquenio.
Aparte está la deuda previsional a las AFP, que pasó de $5,071 millones a $9,916 millones, casi el doble en ese periodo, afirmó el economista César Villalona.
El endeudamiento continuó en los años siguientes a la emergencia sanitaria por la pandemia. Así, el gobierno solicitó modificaciones al presupuesto arriba de los $1,000 millones anuales en 2021, 2022 y 2023. Una situación que los expertos atribuyen al desorden fiscal y la falta de planificación.
Un país que no busca a sus desaparecidos
Con la reducción de las muertes violentas, la desaparición de personas se ha convertido en el problema más visible de seguridad pública. Un asunto al que no se le presta atención, como reconoció el propio ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en marzo de 2023.
Madres y padres de hijos e hijas desaparecidos afirman en las actividades que realizan que desde el Estado no se busca a sus seres queridos ni se les brinda apoyo alguno. Para mantener el silencio oficial, la información estadística sobre personas desaparecidas se declaró reservada a mediados de 2022.
En los primeros dos años y medio de gestión, unas 2,000 personas que desaparecieron siguen sin ser encontradas. En los dos siguientes, la cifra cayó a menos de 500.
Un país sin acceso a la justicia
El 1 de mayo de 2021, en la primera sesión de la nueva Asamblea de mayoría de Nuevas Ideas, los diputados del oficialismo votaron la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. El golpe al sistema judicial tuvo su continuación en agosto de ese año gracias a un decreto de retiro forzoso que afectó a decenas de jueces por cuestiones de edad. En realidad, la depuración buscaba premiar a jueces “amigos” con ascensos y castigar con traslados a tribunales menos relevantes a los incómodos. En diciembre de ese año se dio una nueva «sacudida» al sistema judicial.
En 2022, con la entrada en vigor del régimen de excepción, también hubo cambios en el sistema judicial con la creación de los tribunales contra el crimen organizado.
El Índice del Estado de Derecho 2023 del World Justice Proyect (WJP) ubica a El Salvador en el lugar 108 de 142 países evaluados. En la región, en el puesto 25 de 32 países. En 2019 se situaba en el 84 de 126 y en puesto 21 de 30 naciones evaluadas en el ámbito regional. Una clasificación que refleja el deterioro del Estado de derecho en el país.
Un país con más migración
Los salvadoreños siguen migrando y en mayor proporción que en los periodos anteriores, de acuerdo con el registro de compatriotas interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos. En la primera gestión de Bukele, 339,400 nacionales han sido detenidos, acercándose en 2021 y 2022 a los casi 100,000 cada año.
La cantidad de refugiados y solicitantes de asilo salvadoreños también va en alza, según datos de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 2023, registra 62,200 refugiados y 142,500 solicitantes de asilo.
Un país que esconde la información
Tres informes recientes evidencian la opacidad con la que se mueven las instituciones en materia de acceso a información pública en tres áreas distintas:
1. Información oficiosa. Un estudio de Acción Ciudadana indicó que solo una de 38 instituciones estudiadas evidenció un cumplimiento alto en publicación de información oficiosa. Otras 12 tuvieron un cumplimiento medio y el resto, bajo, es decir, publican menos de la mitad de la información que les obliga la ley. El Instituto, encargado de hacerlo cumplir, no supervisa.
2. Información inexistente y sin respuesta. La organización Cristosal recopiló 1,463 solicitudes de información realizadas en cuatro años y medio. Del total, 394 fueron entregadas (27%) y 1,069 no (73%). Las principales razones para no dar la información fueron declararla inexistente (476), la falta de respuesta (411) y estar reservada (69).
3. Opacidad en la obra pública. Un monitoreo de Acción Ciudadana a 23 de los proyectos de infraestructura más importantes en 2023 reveló que el promedio de transparencia es del 30%. En otras palabras, la mayor parte de los datos no está disponible. En seis de ellos, incluido el megapenal de San Vicente, todo la información estaba oculta.
Finalmente, el Plan General de Gobierno de 2019 a 2024 nunca se publicó en el portal de Transparencia de la Presidencia, cuando la ley menciona es información oficiosa y, por tanto, de conocimiento público.
Un país con el agro olvidado
En cinco años, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tuvo cuatro ministros y un encargado de despacho. Una inestabilidad en la dirección que tuvo su reflejo en el campo: una baja producción de granos básicos, hortalizas y frutas en el periodo.
Por ejemplo, la cosecha de frijol y arroz del ciclo 2022-23 fue la más baja de la última década. En el caso del maíz, la cuarta peor. Una mala producción que en los hogares se traduce en menos comida y en el mercado, en precios más altos.
La cosecha de granos básicos retrocedió una década en términos de producción. Con un promedio anual de 22.37 millones de quintales entre 2029 y 2024, la cifra es un 3,9% inferior al gobierno anterior y un 5.7% menor al del primer gobierno del FMLN. En cambio, supera en un 6.1% al último periodo de Arena.
La caída en la producción de hortalizas y frutas es notoria también en esta gestión, de acuerdo con las cifras que maneja el propio MAG en sus informes anuales.
Un país que viola derechos humanos
El informe anual 2023: El estado de los derechos humanos en El Salvador recuerda que el régimen de excepción suspendió varios derechos fundamentales como el derecho a ser informado al ser detenido, a ser asistido por un defensor y el plazo máximo de 72 horas de detención administrativa. Destaca, además, tres focos principales de vulneración de derechos: el abuso de las detenciones por las fuerzas del orden, la saturación del sistema penitenciario y la ausencia de una justicia independiente para los detenidos.
Este último, la falta de justicia se traduce en el procesamiento masivo de personas, la anulación de garantías procesales y la ocultación de la identidad de los jueces, entre otros.
El Salvador tiene cerca del 2% de la población entre rejas con un alto nivel de hacinamiento, en torno al 300% si se excluye el CECOT. A finales de mayo pasado, los capturados bajo el régimen sumaban 80,200 personas.
La detención de manera arbitraria, sin investigación previa, está a la orden del día. También, organizaciones citadas en el estudio denuncian la muerte de al menos 244 al interior de los penales, algunas con signos de tortura. Datos más actualizados elevan la cifra a 301.
Organizaciones informan de más de 6,000 casos de violaciones a derechos humanos, vinculadas a detenciones arbitrarias y torturas sobre todo.
Un país que no castiga la corrupción
La lucha contra la corrupción fue una de las principales promesas de campaña de Bukele en 2019. Con ese objetivo se creó la Comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (Cicies), una institución que duró poco, hasta que empezó a investigar a sus propios ministros por acciones irregulares durante la pandemia.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos se encargó de recordárselo después con la inclusión de funcionarios y personas de su confianza vinculadas a corrupción o señaladas de socavar la democracia. Ministros y exministros como Rolando Castro y Pablo Anliker, comisionada presidencial Carolina Recinos y el director de Centros Penales, Osiris Luna, son algunos de los nombres incluidos en la primera lista de julio de 2021.
A este último, además, el Departamento del Tesoro le aplicó la Ley Magnitsky, supuestamente por facilitar negociaciones entre el gobierno y las pandillas.
