La ministra de Vivienda asegura que esta administración apuesta por mejorar la red hídrica del país. No obstante, informes oficiales, encuestas especializadas y reconocidos ambientalistas revelan limitados avances en cobertura y acceso al agua potable en contraste con gestiones pasadas. Por ejemplo, en 2019, el 78.4% de los hogares rurales recibía agua por cañería. Tres años después, el 80%. La inversión en infraestructura cayó notablemente.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, publicó en su cuenta de X el 11 de febrero que, en el pasado, el agua sólo servía para “enriquecer los bolsillos de unos pocos” y que “(…) el Gobierno del presidente @nayibbukele le ha apostado a mejorar la red hídrica del país, pero también la calidad del agua”.
Lo expresado por la funcionaria se enmarca en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, rubricada por todos los países de Naciones Unidas, entre ellos El Salvador. De las 17 metas establecidas, la sexta se refiere al agua y dice lo siguiente: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenida, y el saneamiento para todos.
En Voz Pública se revisaron las Encuestas de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) de los últimos nueve años e informes de instituciones como la ANDA y el desaparecido FISDL para conocer avance en la cobertura cada año e inversiones realizadas, principalmente en la zona rural, que es la más rezagada. También se consultó a ambientalistas. Con la información recabada se concluye que lo expresado por la funcionaria entran en la categoría de engañosa. La ministra se refiere al agua como una apuesta de esta administración cuando las estadísticas oficiales revelan retrocesos o, en el mejor de los casos, avances limitados.
Baja cobertura
La última encuesta de hogares de 2022 detalla que el 89.9% de las familias cuenta con acceso al servicio de agua por cañería. Tres años atrás, en 2019, Nayib Bukele había recibido un país con el 89.7%. En ese periodo, la cobertura se ha estancado. En la zona urbana incluso cayó al pasar del 96.3% al 95.8%. En lo rural, con un atraso histórico, el incremento fue mínimo al pasar del 78.4% al 80%. Esta variable incluye cañerías dentro y fuera de la vivienda, pilas, chorros públicos o cantareras, entre otros.
Para Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Amigos de la Tierra El Salvador (Cesta), hay una deficiencia en el acceso real del recurso hídrico. “Claro, hay agua, ¿pero será que llega allá en el último piso de una multifamiliar en la Zacamil (una popular colonia del municipio de Mejicanos) o en Morazán?”, dijo el ambientalista, quien también destacó la deuda en materia de hacer el uso del agua más eficiente.
Los informes de labores de la ANDA revelan también pocos avances en acceso al agua potable. Para 2019, la cobertura global de agua era del 75.8% y, en 2022, alcanzó el 76.6%. Esta institución es la más importante en materia hídrica del país y concentra sus servicios en las zonas urbanas principalmente.
En 2023, una encuesta sobre el derecho humano al agua, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop), reveló que para el 79.8% de las personas encuestadas existe una crisis de agua. Si bien el 58.2% de los encuestados dijo que recibía agua todos los días, sólo la mitad confirmó que le llegaba las 24 horas. A un 12.1% le caía el agua tres días a la semana y a otro 13.4 % le llegaba uno o dos días.
https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/2023/03/PPT-Derecho-Humano-al-Agua.pdf
“Estamos en crisis hídrica, esto no va a mejorar. Sobre todo, porque no hay políticas que deriven en la protección de las cuencas y, por tanto, en la protección de los bienes hídricos. Aunque abran pozos, aunque anuncien que va a haber una planta desalinizadora de agua de mar, la población se enfrenta al problema de la falta de bienes hídricos”, expresó Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Menos inversión
El estancamiento de la cobertura de agua potable es consecuencia, en gran medida, de la baja inversión en infraestructura en la gestión actual. En los primeros tres años de gestión, cuando aún funcionaba el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el gasto en obras de agua potable y saneamiento en la zona rural alcanzó los $6.2 millones, a razón de $2.1 millones anuales.
En el periodo anterior, de 2014 a 2018, el monto destinado a agua potable y saneamiento superó los $42.7 millones, un promedio de $8.6 millones al año. Antes incluso, la institución ejecutó $48.7 millones entre 2010 y 2013. En promedio, $12.1 millones anuales. Esta información está disponible en los documentos de memorias de labores del FISDL que se elaboran cada año y que se publican en el portal de transparencia.
Una ley que no resuelve
En julio de 2022 entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada por los diputados oficialistas. En el artículo 1 establece que “el Estado, en todos sus órganos fundamentales de gobierno y sus instituciones, tiene la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento”.
Asimismo, tiene por objeto regular la gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizar el derecho humano al agua y la seguridad hídrica.
López apunta que el marco legal no ha resuelto las principales necesidades de la población. En especial, del 22% que se abastece por medio de juntas de agua en comunidades y en zonas rurales. “Hay una gran incertidumbre entre las organizaciones comunitarias que abastecen de agua a la población, porque muchas de ellas no cumplen los requisitos para inscribirse y obtener los permisos de explotación”, planteó.
Navarro agregó que la ley, impulsada por el Gobierno de Bukele, sigue poniendo el recurso hídrico con un enfoque mercantilista, dado que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) es autónoma y debe operar con los fondos provenientes del costo por el permiso del uso y extracción del agua. “¿Y eso qué significa? Que debe vender el agua a quien le pague o le pague más. Si una empresa le va a pagar $5,000 al mes por una cantidad inmensa de agua y una comunidad $20, entre todos (sus miembros), obviamente se lo va a dar a una empresa. Y ese es el problema, que ha hecho del agua una mercancía”, sentenció.
Se consultó al equipo de comunicaciones de la ministra para que ampliará lo expresado sobre la situación del agua, pero no brindaron más información sobre el tema.
Fuentes:
- Michelle Sol, ministra de Vivienda.
- Amalia López, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
- Ricardo Navarro, Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Amigos de la Tierra El Salvador (Cesta).
- Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2014 a 2022.
- Memorias de labores de la ANDA de 2019 y 2022.
- Encuesta sobre el derecho humano al agua, Iudop (marzo 2023).
- Ley General de Recursos Hídricos.
- Memorias de labores del FISDL, de 2010 a la última de junio 2021 a mayo de 2022.
