- Obra avanzada. Esta gestión recibió una obra con un avance físico del 76% a mayo de 2019, según un informe técnico de la CEL. El primer presidente de la autónoma de este gobierno también validó ese dato. El actual, en cambio, lo rebajó al 66%.
- Aún más cara. Las tres administraciones anteriores gastaron $507 millones en la obra, afirmó el presidente de la CEL en agosto de 2020. Con lo erogado desde junio de 2019, el costo de la presa alcanza los $994 millones.
- Proyectos pendientes. La CEL aún adeuda 19 proyectos sociales por valor $13 millones a comunidades afectadas por la obra. También, dos puentes en los municipios de Carolina y San Antonio por $25 millones.
La Comisión Hidroeléctrica Río Lempa (CEL) invirtió $484 millones entre junio de 2019 y septiembre de 2023 en concluir las obras de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, rebautizada en su inauguración como “3 de Febrero”. La información está disponible en la web del Ministerio de Hacienda, en el sitio de Transparencia Fiscal. En la sección de inversión pública se encuentra el monto ejecutado cada año en ese proyecto de energía.
Para llegar a esa cifra, Voz Pública sumó el monto invertido cada año de ese periodo. Además, corroboró la información con cada uno de los informes anuales de inversión pública, abreviados como PAIP. Dos economistas consultados validaron el resultado.
La central está ubicada en el municipio de San Luis La Reina, al norte del departamento de San Miguel, y se alimenta de las aguas del río Torola. El presidente de la República, Nayib Bukele, se desplazó hasta esa zona para inaugurar la obra el pasado 19 de octubre. Con su puesta en marcha finalizó un proyecto que inició el 30 de septiembre de 2008 con la colocación de la primera piedra por el expresidente Antonio Saca, y que debió haberse concluido cuatro años después.
En su discurso, el mandatario mencionó el valor de la obra, tomando en cuenta los gastos en los distintos gobiernos. “La represa tiene un costo aproximadamente de $800 millones. Estos costos (los de su gestión), como les dije anteriormente, eran costos que (se) iban a pagar, se hiciera la represa o no”, dijo en referencia a un proyecto que se recibió con contratos en firme y su suspensión hubiera acarreado posibles demandas de las empresas.
Con ocasión del primer año de gestión, el 4 de agosto de 2020, Bukele visitó el lugar por primera vez. En su alocución, afirmó lo siguiente: “Un proyecto que debió haber costado alrededor de 120, $130 millones fue cotizado de entrada en $216 millones (…). De acuerdo con los nuevos contratos, a lo que se pagó a Astaldi (la primera constructora contratada), a lo que se robaron, a lo que se robaron después, el proyecto ahora vale $700 millones, de los cuales se habían erogado $507 millones. Esta obra está hoy sí avanzada y a un año de su terminación”.
La obra no se terminó en 2021 sino tres años después. Si hasta la administración actual se gastaron los $507 millones mencionados, una cifra que también repitió el presidente de la CEL ese día, la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero ha costado $991 millones hasta septiembre de 2023. Una cantidad muy superior a las mencionadas el día de la inauguración y en la visita anterior a la presa.
Una obra avanzada
La administración actual recibió un proyecto avanzado en su construcción. Un informe de la CEL del final de la gestión anterior indica que la presa hidroeléctrica estaba al 75.55% a mayo de 2019. En detalle, los contratos de obra civil -casa de máquinas, presa y circuito de generación- tenían el 59.64% de avance, los de la línea de transmisión el 100% y los relacionados con los montajes electromecánicos y hidromecánicos se encontraban al 83.42%.
William Granadino, el primer presidente de la autónoma de este gobierno, se refirió al asunto a los días de asumir su cargo. “La presa El Chaparral lleva un 76% de ejecución en la parte física. Eso es lo que hasta el día de ayer me manifestaron. Prácticamente, creemos que en el primer trimestre de 2020 vamos a estar dando esa obra al país”, aseveró el 4 de junio en el programa República SV conducido por Carlos Monterroza. Granadino renunció el 19 de julio de 2019. En un tuit dijo que era “para atender deberes profesionales y empresariales”.
Personal de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (Siget) también verificó el estado de la obra y elaboró el informe identificado como IT-CC-2018-086, con fecha de noviembre de 2018. El dictamen técnico dice lo siguiente: “Se verificó que la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA-CEL, ha continuado con las actividades de construcción en los frentes de trabajo correspondientes a Presa, Portal de entrada y salida del Túnel de Aducción, Cámara de Carga, Casa de Máquinas, elaboración de Tubería Forzada, e instalación de torres de línea de transmisión, además de la instalación de los equipos electromecánicos para la generación de energía eléctrica. Según información proporcionada en la visita técnica de inspección, el proyecto posee un avance de obra al mes de noviembre de 2018 equivalente a un 69.49% (sic)”. Ese dato está en consonancia con el del informe ya mencionado de la CEL.
A la Siget le corresponde supervisar las concesiones para la explotación del subsuelo, en este caso, la obra de El Chaparral, de acuerdo con la sentencia 28-2008 de la Sala de lo Constitucional publicada en julio de 2012.
En la memoria de labores 2019-20 de la CEL se indica que la administración actual recibió unas obras al 66.56%, nueve puntos menos que el dato oficial registrado por la gestión anterior. No obstante, resalta que los trabajos avanzaron hasta el 85.9% a mitad de 2020, en el primer año. Además, estimaba el costo final en $783.8 millones.
Daniel Alvárez, presidente de la CEL, critica el trabajo de su antecesor siempre que tiene ocasión. “¿Qué encontramos? Encontramos un proyecto detenido, letargo… protestas… con un desorden administrativo y técnico,… que en ese momento se habían erogado $507 millones con un avance paupérrimo en la obra en un periodo largo de tiempo”, afirmó en agosto de 2020. Pese al número de deficiencias mencionadas no se conoce que la Fiscalía haya abierto un proceso en contra de funcionarios de la pasada gestión.
Sin versión oficial
En la inauguración de la obra, el presidente Bukele no informó del dinero invertido en su gestión. Tampoco lo hizo el presidente de la CEL en las dos entrevistas que tuvo en El Noticiero El Salvador de Canal 10 en los días siguientes ni, más recientemente, en su visita del 17 de noviembre a la Asamblea Legislativa para explicar el proyecto de presupuesto 2024.
Voz Pública conversó con dos ingenieros conocedores del caso de la presa El Chaparral. Ninguno se explica los $484 millones gastados en terminar una obra recibida con un avance considerable. “El pago no es para nada proporcional con el avance físico. En términos de trabajo, la obra gris ya estaba avanzada, el dique, lo que se hizo para desviar el agua, las tuberías para la casa de máquinas. Faltaba la obra electromecánica…”, apuntó uno de ellos.
El monto erogado en la administración actual supera con creces los $360 millones gastados en las tres administraciones anteriores, al menos desde 2007, el último año al que se tuvo acceso al registro de fuentes oficiales. Se desconoce el origen del monto de $507 millones que el gobierno actual atribuye a la inversión realizada hasta su llegada.
Según el registro de inversión pública del Ministerio de Hacienda, la pasada administración invirtió $200.12 millones. Hay que tener en cuenta que los trabajos se retomaron a finales de 2015 luego de que la Fiscalía levantase el embargo del sitio. En la gestión de Funes se erogaron $83.62 millones si bien, según la Fiscalía, una parte de esos fondos se destinaron a pagos indebidos e injustificados. Otros $76.9 millones se pagaron entre 2007 y hasta el final de la gestión de Antonio Saca. Hay que aclarar, no obstante, que en esa gestión hay montos que se identifican como “El Chaparral y otros”.
Para el periodo anterior a 2010, Voz Pública se auxilió de las memorias de labores anuales y los informes de gestión financiera del Estado disponibles también en Hacienda. No se hallaron inversiones anteriores a 2006 identificadas para ese fin. En cualquier caso, en ese tiempo se financiaron estudios y proyectos de preinversión que, en principio, no requieren elevados recursos.
Obras pendientes
El complejo de la central hidroeléctrica superará la barrera de los $1,000 millones cuando se terminen una serie de obras prometidas a las comunidades de los municipios de Carolina, San Antonio y el mencionado de San Luis en compensación por el impacto de la presa. En total, 19 proyectos como clínicas, canchas de fútbol, aulas, casas comunales, entre otros, valorados en $13 millones. Su construcción inició hace más de un año, pero al poco de iniciarse la empresa dejó los trabajos y están abandonados desde entonces. La CEL ha guardado silencio al respecto.
La autónoma tampoco ha cumplido su compromiso de construir dos puentes sobre el río Torola para los que se destinaron $23.9 millones y que debieron terminarse en diciembre de 2022. Estas obras avanzan con lentitud, según informaron trabajadores a este medio. Se desconoce la fecha de su conclusión.
El pasado 17 de noviembre, Daniel Alvárez, presidente de la CEL, asistió a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para informar sobre el presupuesto del próximo año. En la presentación a los diputados, el funcionario anunció que han provisionado unos fondos para poder ejecutar “medidas socioambientales” en la central 3 de Febrero. En concreto, habló del 8% de los $394 millones presupuestados para 2024. En total, unos $31.5 millones que previsiblemente incluirán las obras mencionadas.
La construcción de la hoy Central Hidroeléctrica 3 de Febrero se financió con dos préstamos y dos ampliaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos de la propia institución. La suma de los empréstitos alcanza un monto de $464 millones. En el periodo del expresidente Saca, en los años 2007 y 2008 se aprobaron $163 millones. En 2014 se avaló otro por $125 millones y se amplió en $176 millones más en 2017.
La entidad a cargo de la supervisión del proyecto hidroeléctrico fue el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una empresa estatal que brinda servicios de electricidad y telecomunicaciones en Costa Rica. Trabajó desde marzo de 2016 hasta febrero de 2019, prácticamente el periodo de construcción de la pasada gestión. Las autoridades actuales la volvieron a contratar a partir de septiembre de 2021 por 17 meses.
Historia
Los primeros pasos en firme para construir la presa se dieron allá por 1997 y 1998 cuando se llevó a cabo un estudio de factibilidad. Su fin era identificar aquellos lugares del cauce del Torola aptos para la obra. En los años siguientes se definió el lugar actual si bien nunca se hizo un diseño de la obra como tal. Así lo describe David López en la entrevista de TVX para poner en contexto que cuando la constructora Astaldi ganó la licitación e inició los trabajos no existían estudios contundentes en el terreno, esto es, un diseño como tal. A la firma Astaldi, cuenta el exfuncionario, se le adjudicó el contrato mediante un proceso de contratación directa, una vez que las dos licitaciones públicas anteriores se declararon desiertas.
La CEL adjudicó la obra a la empresa italiana el 18 de septiembre de ese año y, a finales de ese mes, el presidente Saca se trasladó al lugar para el acto simbólico del inicio de las obras. Quince años y 19 días después, el presidente Nayib Bukele asistía a la inauguración de la obra y recordaba aquel momento en su discurso. “Y contrataron una empresa en el año 2008 e iniciaron su construcción. Aquí vino, como por aquí cerca, el expresidente a poner la primera piedra de esta presa que debió haber costado $200 millones y que iba a tardar cuatro años en su construcción”, dijo.
La orden de inicio se hizo efectiva hasta el 5 de enero de 2009. A diciembre de ese año, según consta en la memoria de labores, la inversión era de un poco más de $100 millones y el avance de la obra del 16.1%. Dos años después, en 2011, la inversión acumulada era de $129 millones y la obra estaba al 30.7%. Para ese entonces, hacía meses que Astaldi había abandonado los trabajos alegando problemas de suelo. En 2012, el gobierno del expresidente Mauricio Funes negoció el pago de $28.7 millones a la empresa para evitar un arbitraje internacional.
En 2020, una investigación de El Faro detalla cómo el exmandatario y otros funcionarios recibieron un soborno de $3.5 millones en Panamá de la constructora a través de una red de empresas en paraísos fiscales. Esa publicación recoge también que Funes negó las acusaciones vía X, antes Twitter.
La Fiscalía también lo acusa del delito de peculado en la medida que a Astaldi le pagaron $108 millones correspondientes a un 38% de avance de la obra. En realidad, era de solo 29.9% y, por consiguiente, le dieron $45.2 millones más de lo debido. En septiembre de 2020, el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador ordenó el embargo preventivo de bienes de la empresa italiana por valor de $227.6 millones.
David López, presidente de la CEL en la etapa de Sánchez Cerén, explicó en el canal TVX en agosto de 2018 que al retomar los trabajos en su gestión se aprovechó la obra ya construida por los anteriores. El cambio principal fue la ubicación del dique, la pared que detiene el agua del embalse, que se construyó unos 700 metros arriba del sitio previsto inicialmente. El problema que esgrimió en el programa Encuentro con Julio Villagrán fue la cercanía con Honduras. Con ese cambio, la presa quedaba más lejos de la casa de máquinas, el famoso “hoyo” que se perforó en el primer año, donde se alojan las turbinas que generan la electricidad. Para ello, se construyó una tubería subterránea que llevase el agua desde el embalse hasta una cámara de carga, una piscina gigante donde se acumula el líquido que llega a las turbinas.
La central 3 de Febrero tiene una capacidad de generar 67 megavatios hora (MWh), una potencia que se suma a las de las otras cuatro hidroeléctricas que administra la CEL: Cerrón Grande, 15 de Septiembre, 5 de Noviembre y la Guajoyo, la más pequeña.
En el caso de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, la información está reservada desde el 1 de septiembre de 2014 e identificada con el número de declaratoria de reserva 1-190. Una vez venció el plazo, la administración actual prorrogó la reserva por otros siete años más bajo el indicativo 2-190.
Para este reportaje se buscó la opinión de la CEL por teléfono y correo electrónico al jefe de Comunicaciones, Armando Godoy pero no se obtuvo respuesta. Se contactó también al expresidente de la CEL, David López, a un número telefónico, pero no respondió los mensajes.
