Informes de organizaciones para la defensa de derechos humanos nacionales e internacionales desmienten lo expresado por el mandatario de que en las cárceles no hay insalubridad ni abusos ni golpes. Así lo confirman también las decenas de testimonios de víctimas en el régimen de excepción, y el registro de cerca de 200 muertes, una parte de ellas por violencia, bajo custodia del Estado.
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró en la red social X que “(…) nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados (como a diario pasa en otros países)” en respuesta a una publicación del medio estadounidense Telemundo sobre las condiciones de los reos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el 22 de octubre.
Voz Pública conversó con especialistas en materia de derechos humanos, revisó documentación nacional e internacional sobre el régimen de excepción y las vulneraciones a la población reclusa, y tomó en cuenta reportajes propios de víctimas de detenciones arbitrarias. En consecuencia, concluye que las declaraciones del mandatario son falsas.
Dolores Almendares es ordenanza y líder sindical de la Alcaldía de Cuscatancingo. Bastó una llamada anónima para que unos agentes la fueran a sacar de su casa y se la llevarán detenida en presencia de sus hijos menores. Pasó siete meses detenida hasta que el 6 de diciembre de 2022 recuperó su libertad con medidas sustitutivas. Este medio dio a conocer su historia en un pódcast tiempo después.
Lolita, como es conocida, relató las condiciones deplorables a las que estuvo expuesta en los penales de Ilopango y Apanteos. Denunció la falta de medicamentos y la negación de atención médica, la obligación de dormir de pie por el hacinamiento o en el piso de cemento deteriorado. También, las condiciones insalubres para defecar en la misma área donde se alimentaban las privadas de libertad.
“A mí nunca me tocó nadie, ni custodias ni gente que estaba allí. Pero sí vi compañeras que los custodios les pegaban, las castigaban. Las tenían 24 horas guindadas (colgadas), a veces porque agarraban más agua de la cuenta, porque usted se bañaba sólo con cinco vasitos de agua”, relató.
Denuncias internacionales
Capturas arbitrarias y vulneraciones como las sufridas por Lolita llamaron la atención de instancias internacionales como Human Rights Watch (HRW), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional desde el inicio del régimen de excepción, a finales de marzo de 2022.
En diciembre, HRW presentó su informe Podemos detener a quien queramos, elaborado con testimonios de detenidos que habían recuperado su libertad, quienes revelaron “condiciones deplorables y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las delegaciones policiales y en los penales”.
En los relatos destacan castigos físicos como permanecer de rodillas o realizar sentadillas por largo tiempo; además de ser obligados a meterse a barriles de agua con hielo, mientras los custodios los interrogaban. “Lo obligaron (a la víctima entrevistada) a ingresar a un barril ‘aproximadamente 30 veces’, y lo mantuvieron cerca de un minuto cada vez. Los guardias empujaban su cabeza debajo del agua para que no pudiera respirar”, se lee en uno de los testimonios retomados en el informe.
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/12/elsalvador1222sp_web.pdf
En abril pasado, Amnistía Internacional informó en su sitio web que ha documentado al menos diez casos de muerte bajo custodia del Estado. “Verificó que las principales causas incluyen el sometimiento a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de agentes policiales y custodios, así como la falta de acceso a servicios de salud”, dice la organización.
Por otra parte, la CIDH urgió al Estado salvadoreño a cumplir con sus obligaciones definidas en tratados internacionales y a garantizar políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana en materia de derechos humanos en junio de 2022. “Esta situación se habría agravado en el marco del régimen de excepción, representando serios riesgos para la vida e integridad de las personas bajo custodia del Estado”, dice el comunicado en referencia a una alerta anterior, en el marco de la visita in loco de 2019 en las que ya calificaba de “deplorables” las condiciones de detención.
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/126.asp
“Es lamentable”
Para Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario, “es realmente lamentable que el presidente de la República asuma demencia de todos los actos arbitrarios, de los crímenes de lesa humanidad que se están dando a lo largo de estos 19 meses del régimen de excepción”.
Esta organización registra 197 muertos al interior de centros penales, incluidos dos menores. El 23 de octubre, un día después del tuit del presidente, publicó en X que habían recibido 18 familias de víctimas del régimen de excepción detenidos de manera arbitraria.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), hizo énfasis en que la creación de más cárceles no garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales sobre el trato adecuado de las personas privadas de libertad y dijo que el régimen agudizó la problemática carcelaria.
“Todas las denuncias han ocurrido bajo custodia del Estado y en el marco del régimen de excepción… Es mentira que no ocurren este tipo de abusos, es mentira que las cárceles son limpias, ordenadas y que no hay ni golpes ni muertes”, expresó Reyna en alusión a lo mencionado por el presidente Bukele.
Sobre el tema de hacinamiento carcelario, las organizaciones de derechos humanos en el país estiman un hacinamiento del 236%. Incluso utilizando la máxima capacidad del CECOT, el hacinamiento sería de 144%.
Muertes bajo custodia del Estado
La investigación Un año bajo el régimen de excepción: una medida de represión y de violaciones a los derechos humanos, elaborada por Cristosal, registra la muerte de 139 personas bajo custodia del Estado entre el 27 de marzo de 2022 y esa fecha del año siguiente.
Del total, la organización concluye que 29 murieron por causa violenta, otras 7 por “probable” muerte violenta, 25 por muerte natural o enfermedad. En 39 de los casos indica “muerte sospechosa de criminalidad” y en otra cantidad similar no halló información.
No obstante, los informes oficiales consignan como causas de muerte patologías como edema pulmonar, neumonía, infarto, entre otras. A Cristosal le llama la atención ese tipo de diagnósticos dado que en varios casos hay “evidencias de violencia sobre el cadáver”.
Es el caso de un joven de 24 años que se dedicaba a la pesca y murió en la ambulancia antes de llegar al hospital Zacamil en San Salvador. “Su cuerpo presentaba una perforación que traspasaba uno de sus hombros y laceraciones en las rodillas, pero la esquela de IML (Instituto de Medicina Legal) determinó que murió a consecuencia de un edema pulmonar”, dice el informe. Este caso es uno de tantos casos en los que la causa de muerte no es congruente con la condición del cadáver.
La omisión del Estado a la hora de proporcionar los medicamentos a los detenidos explica también varias muertes. “Se reportan cuatro casos en los que la causa de muerte corresponde a infarto, en dos de estos casos no se proporcionó el medicamento (…) Se identificaron 17 en los que el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica adecuada, o no se suministró el medicamento a los privados de libertad según lo requerido”, menciona el informe.
Las autoridades se niegan a informar sobre los expedientes clínicos y autopsias -cuando las hacen- de los fallecidos. En la treintena de casos de muerte violenta, Cristosal sostiene que hubo tortura, golpes, asfixia mecánica por estrangulación… lo cual documentó el mismo IML y, en ocasiones, la propia organización a través de fotografías de los cadáveres.
A las familias de los fallecidos no se les informó sobre cuándo y cómo murieron. La Dirección General de Centros Penales tampoco comunicó el deceso de las personas bajo su responsabilidad. Los familiares, revela el documento, se enteraron por los empleados de las funerarias, redes sociales o las denuncias de personas liberadas.
Cristosal añade que documentó el contexto de las muertes con investigaciones de campo, entrevistas y verificaciones en el terreno, en casos de fosas comunes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteran que el régimen de excepción ha permitido la vulneración de derechos de miles de inocentes. A la fecha, el Ministerio de Seguridad reporta 73,000 detenidos. Al menos 7,000 han sido liberados con medidas sustitutivas, mientras sigue su proceso judicial.
Fuentes:
. Nayib Bukele, presidente de la República.
. Ingrid Escobar, Socorro Jurídico Humanitario.
. Verónica Reyna, Servicio Social Pasionista (SSPAS).
. Human Rights Watch, informe Podemos detener a quien queramos, diciembre 2022.
. Corte Interamericana de Derechos Humanos, comunicado 3 de junio de 2023 e informe Situación de Derechos Humanos en El Salvador, octubre 2021.
. Cristosal, Un año bajo el régimen de excepción: una medida de represión y de violaciones a los derechos humanos, mayo 2023.
. Amnistía Internacional, El Salvador: A un año del régimen de excepción, las autoridades cometen violaciones de derechos humanos de forma sistemática, en su sitio web, abril 2023.
