La partida de “gastos reservados” no existe en el presupuesto desde 2020, cuando pasó a llamarse de “Inteligencia del Estado”. No obstante, la ejecución del monto asignado está bajo reserva. El gobierno actual hace uso de fondos de manera discrecional, sin transparencia ni auditorías. Fopromid es otro ejemplo de ello.
El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, afirmó que en el Gobierno de Nayib Bukele “no existen las partidas secretas”, en referencia al apartado de “gastos reservados” que se asignaba en gobiernos anteriores para un uso discrecional.
“Revisando los presupuestos anteriores, hemos visto que algo ha cambiado notablemente y es una asignación presupuestaria llamada ´gastos reservados´, mejor conocida como la ´partida secreta´, que eran los fondos que se recetaban los presidentes de aquel tiempo para hacer lo que ellos quisieran”, expresó en una sesión de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de presupuesto general 2024 el pasado 6 de octubre.
Soriano señaló a los gobiernos anteriores del mal uso de fondos públicos. “Y ellos vienen a decir por acá que nosotros no somos transparentes, pero los que se recetaron más de $860 millones en gastos reservados, en partidas secretas de uso discrecional, fueron ellos”, afirmó.
Voz Pública conversó con especialistas en la lucha anticorrupción, un economista y revisó documentación legal y de transparencia. Una vea verificada toda esa información se concluyó que las declaraciones del legislador entran en la categoría de información engañosa.
Cambio de nombre
En el presupuesto de 2020, la categoría de “gastos reservados” pasó a llamarse de “Inteligencia del Estado”. No obstante, la ejecución del monto asignado sigue siendo información bajo reserva.
Para Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el país ha pasado de no tener una partida de gastos reservados a “tener a toda una entidad que se considera de gastos reservados”, en referencia a la Inteligencia del Estado cuyo uso de los fondos ha sido catalogados como información reservada.
“La Corte de Cuentas, hasta ahora, no ha mostrado una auditoría de los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado porque, en la práctica, son reservados. Asimismo, hay otros mecanismos de opacidad que está utilizando el Gobierno como, por ejemplo, Fopromid, que la característica es que se hacen transferencias entre instituciones sin pasar por el aval de la Asamblea Legislativa”, explicó.
El Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) se creó en 2005 para ser utilizado de manera ágil y expedita en caso de emergencias. En otras palabras, que permitiera ignorar los pasos de fiscalización de las contrataciones y adquisiciones.
El uso dado por el Gobierno de Bukele a este mecanismo ha sido criticado por diversas organizaciones de transparencia y anticorrupción porque permite realizar movimientos discrecionales entre instituciones sin que existan mecanismos de control.
Según información del Portal de Transparencia Fiscal, de 2015 a 2019, el gobierno de turno ejecutó $4 millones del Fopromid cada año. En 2020, el año de la pandemia por la COVID-19, el monto ejecutado ascendió a $661,273,047.
En los años siguientes, pese a la superación de la emergencia por pandemia, la erogación de fondos se ha mantenido en niveles altos. En 2021, el monto ejecutado fue de $340,744,669 y al año siguiente quedó en $148,614,055. Este año, hasta agosto, asciende a $143,626,564.
Ruth López, jefa anticorrupción de Cristosal, aseguró que “este Gobierno ha tenido una vastedad de fondos discrecionales sobre los cuales no ha tenido que rendir cuentas y que, al final, funcionan como una partida secreta”. Recordó que el rubro de “gastos reservados” se transparentó en 2011 después de una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010, que obligó al Gobierno de Mauricio Funes y a los siguientes a informar de los montos asignados.
Un informe de 2019 de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, titulado “Ejecución de gastos reservados de la Presidencia de la República 1989-2018”, hace referencia a esa sentencia que indica que todo rubro de financiamiento del Estado, cuyos detalles se mantuvieran en reserva, carecía de asidero constitucional.
Además, la Sala estableció que la Asamblea Legislativa considerara como parámetro para incorporar en las leyes de presupuesto de cada año “que se establezca una asignación presupuestaria para ‘gastos reservados’, de cuyo manejo deberá rendirse cuentas al final del ejercicio fiscal”.
Más allá del nombre, la gestión actual cuenta con libre disposición de fondos cuyo uso no es auditado y, por tanto, se continúa perpetuando la discrecionalidad de los recursos públicos como en los gobiernos anteriores, a los que critica el diputado de Nuevas Ideas.
Jaqueline Cruz, abogada de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), dijo que los gastos reservados han sido identificados en reiteradas ocasiones como parte de un esquema de corrupción empleado por los gobiernos de turno y la actual gestión no es la excepción.
“Será importante que la voluntad política de los tomadores de decisión se refleje en un abordaje adecuado; es decir, cambiar el nombre a determinada partida presupuestaria, pero empleando mecanismos poco transparentes para seguir usando fondos públicos, saltándose los mecanismos de control, no es luchar contra la corrupción”, aseguró Cruz.
Fuentes
– William Soriano, diputado de Nuevas Ideas.
– Ruth López, abogada de Cristosal.
– Ricardo Castaneda, economista del ICEFI.
– Jaqueline Cruz, abogada de Alac-Funde.
– José Luis Magaña, economista.
Documentos:
– Informe “Ejecución de gastos reservados de la Presidencia de la República 1989-2018”, de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (2019)
– Ejecución presupuestaria de Fopromid.
– Inconstitucionalidad 1-2010/27-2010/28-2010, Sala de lo Constitucional (2010).
