A los adultos mayores de buena parte de los municipios de Chalatenango y Cabañas se les debe la pensión de la mayoría de los meses de 2021. En marzo, el Ministerio de Desarrollo Local realizó pagos en 32 de los más de 100 municipios que son parte del Programa de Pensión al Adulto Mayor. A final de ese mes, aún no había ejecutado 3.8 millones de dólares correspondientes al año pasado.
Con la publicación en el Diario Oficial del 22 de abril de 2021 entraba en vigor la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor. El apartado x del capítulo II, referido a los derechos de esta población, dice así: “Gozar de una pensión ya sea contributiva o no contributiva”. Paradójicamente, a partir de ese mes, miles de adultos mayores dejaron de gozar de su pensión de 50 dólares.
Osmaro Morales es uno de ellos. Vive en San Antonio de la Cruz, un pequeño municipio chalateco colindante con Cabañas y cercano a la frontera con Honduras. Con 83 años a sus espaldas se levanta cada mañana para las tareas agrícolas. Como lo ha hecho toda su vida.
Morales enumera los padecimientos que recuerda, algunos propios de la edad. “Tengo reumatismo, una mentada hernia y un dolor en el pie que no puedo caminar. Ah, y la vista que falla bastante por las cataratas”, describe el adulto mayor, esposo y padre de dos hijos que viven bajo el mismo techo.
Es beneficiario de la pensión básica desde se implementó el programa a finales de 2009. Con los 50 dólares al mes compraba medicinas para paliar sus dolencias y algunos alimentos para variar su dieta. “Sí, como un año (no recibimos), pensamos que la habían suspendido”, asegura desde su casa en el cantón Santa Ana.
Además de San Antonio de la Cruz, Voz Pública confirmó que los adultos mayores de otros municipios chalatecos, entre ellos Arcatao y San José Las Flores, recibieron su última pensión en abril de 2021. En esas tres localidades viven unos 230 pensionados. En Cabañas, la situación es similar. Los adultos mayores recibieron el último pago en agosto del año pasado, pero solo les cancelaron los primeros meses del año, asegura el que fuera encargado del desaparecido FISDL de ese departamento.
No es prioridad
Celia Medrano, experta en Derechos Humanos, no se anda con rodeos a la hora de calificar el atraso de la pensión a miles de adultos mayores. “Hay un evidente tema de omisión, de negligencia y de enfocar inadecuadamente las prioridades y las apuestas como país”, afirma la investigadora.
Recuerda que el Estado salvadoreño es suscriptor de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y reconoce el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la seguridad social. “No es un regalo, una dádiva, no es una acción de bondad por parte del Estado”, apunta Medrano, en referencia al deber que las autoridades tienen de garantizar ese apoyo para no vulnerar los derechos de los mayores.
3.8 millones aún sin pagar
El Programa de Pensión al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, antes Pensión Básica Universal (PBU), tenía una asignación de un poco más de 25 millones en 2021. De ese monto, unos 7.5 millones no se ejecutaron en ese periodo. El Ministerio de Desarrollo Local (Mindel) utilizó la mitad en el pago de pensiones atrasadas en la segunda mitad de marzo, y dejó pendiente de ejecutar la otra parte, según la respuesta enviada el 29 de marzo por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de esa entidad.
En redes sociales, el Mindel informó del pago de pensiones en 32 municipios durante la segunda quincena de marzo. En abril, en cambio, los dos únicos mensajes sobre ese tema se limitaron a un solo lugar: Masahuat, en Santa Ana.
En el municipio usuluteco de San Francisco Javier, el Ministerio entregó las pensiones la semana pasada, según confirmó el alcalde Enan Mejía. En esa localidad viven unos 330 beneficiarios. Confirma que a los pensionados les debían más de un año, desde enero de 2021, y que solo les han dado una parte. “A los que les dieron 500 dólares les pagaron hasta octubre. Hay personas que solo recibieron 200 dólares y no les dan explicación”, lamenta el edil.
Un poco más al sur, en Jucuarán, a los adultos mayores se les adeuda la pensión desde el último trimestre de 2021, asegura un líder comunitario. En Alegría, siempre en Usulután, asevera otro líder local que no se les paga desde antes de que tomara posesión el nuevo alcalde (mayo de 2021). La razón del atraso es que se debe a que se está levantando un nuevo censo de beneficiarios, indica.
Calculadora en mano, los 3.8 millones de deuda pendiente representan el pago de ocho meses de pensión de 2021 para 9,500 beneficiarios. O más aún si se toma en cuenta que hay pensionados a quienes se les adeudan menos meses. A todos, por supuesto, tampoco les han cancelado el primer cuatrimestre de este año.
“El Ministerio de Hacienda está haciendo el mejor esfuerzo por terminar lo antes posible”, respondió el Mindel al cuestionamiento del atraso en el pago a los mayores.
El Programa se creó a finales de 2009 y en su primera fase incluyó a las personas de los municipios priorizados de extrema pobreza. Después se amplió a más municipios rurales y comunidades empobrecidas de zonas urbanas. Para ser beneficiario de la pensión de 50 dólares hay que cumplir una serie de requisitos: ser mayor de 70 años, residir en esos municipios y carecer de otra fuente de ingresos.
La mayoría de los pensionados se incorporó al programa entre los años 2009 y 2013, que se cuando se amplió a la mayor parte de los municipios actuales. Eso explica que muchos tengan más de 80 años.
En la actualidad, los beneficiados de la pensión alcanzan los 37,502 adultos mayores. Como parte del Programa se incluyen a poco más de 1,100 personas con discapacidad severa.
Para este trabajo se contó con la colaboración de los periodistas Wilfredo Hernández, Edilberto Escobar y Aurelio Chicas de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
