En El Salvador de la era bitcóin, de los megaproyectos del tren y el aeropuerto del Pacífico, del discurso de modernización que vende el Gobierno, no hay fondos para pagar una pensión básica. A 37,500 adultos mayores de 70 años se les adeuda este beneficio, su única fuente de ingresos.
Adela Dubón escucha con atención a sus padres mientras llena una bolsa tras otra con fresco de horchata. Sesenta en total para vender en este domingo 9 de enero. Quince dólares de ganancia en el mejor de los casos.
“Desde abril, mis padres no han recibido la pensión y están muy viejitos. Me da pesar porque si no fuera yo, estos pobres…”, comenta.
En Arcatao, como en otros municipios de Chalatenango, la guerra de los ochenta aparece en cada conversación. Adela se acuerda de la conocida como “guinda (huida) de mayo”, ese operativo en que el Ejército desplazó a unos 6,000 soldados en todo el departamento en mayo y junio de 1982.
“Tenía dos años cuando pasé la guinda. Me anduvieron cargando ellos; en el río Sumpul, de milagro no me ahogué. Mis padres me pudieron salvar y ahora soy yo quien los atiende”, rememora.
Jesús Dubón y María Amaya, de 92 y 82 años respectivamente, echan en falta esos 50 dólares al mes. Arrastran problemas de salud propios de la edad y algunas secuelas de la guerra. “Ya uno de edad solo enfermo (pasa), hay que comprar medicinas, comiditas algo regulares, ahí se necesita la ayuda”, dice ella. “Ya tengo años de padecerlo, me hicieron una cura, pero siempre quedó el lagrimal (obstruido) en el ojo izquierdo”, dice él.
En este municipio colindante con Honduras, hay 101 personas mayores de 70 años beneficiarios de la pensión básica de 50 dólares, según el ya desaparecido Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). El último desembolso, concuerdan varias familias entrevistadas, se hizo a finales de julio y se pagó la pensión hasta el mes de abril. Desde entonces, nada, ni siquiera una justificación del atraso.
Este beneficio empezó a entregarse a finales de 2009 a los primeros 7,000 adultos mayores de los 32 municipios más pobres del país. Arcatao era uno de ellos. En los años siguientes se amplió a cerca de un centenar de municipios rurales, catalogados como de alta pobreza, y a una veintena de zonas urbanas vulnerables. Siempre con las mismas premisas: adultos en situación de pobreza y sin ninguna otra fuente de ingreso.
En total, 37,500 adultos mayores de 123 municipios están registrados como pensionados. El atraso en el pago es general si bien difiere la cantidad de meses adeudados según los municipios. Ese atraso se confirmó también en las localidades de Guaymango, en Ahuachapán, y Jocoatique, en Morazán.
Respuesta oficial
María Ofelia Navarrete, ministra de Desarrollo Local, afirma que la pensión básica está garantizada, tal y como ha estado en momentos complicados como la etapa más grave de la pandemia. “El plan es que se les va a entregar de un solo, se les iba a entregar esta semana (segunda de enero), pero desafortunadamente toda la directiva tiene la covid. Esperamos que pase lo más fuerte y continuamos el proceso”, afirma la funcionaria, más conocida como María Chichilco.
El atraso en el pago desde abril de 2021 en municipios como Arcatao, precisamente el pueblo de la ministra, no se puede explicar solo por un problema coyuntural de la covid-19 en enero, como subraya la funcionaria.
Los atrasos en la entrega de la pensión básica han sido un problema recurrente en otras administraciones si bien es en esta gestión cuando han sido más prolongados.
Publicaciones de la prensa escrita constatan, por ejemplo, que a septiembre de 2020, el Gobierno no había pagado un solo mes de ese año. También se han registrado retrasos similares en los pagos durante 2021.
A vueltas con la necesidad
Juana Castillo tiene 93 años y padece Alzheimer. Pasa la mayor parte del tiempo postrada en una hamaca. Una de sus hijas, Dolores Rivera, está pendiente de ella en todo momento.
“La leche es la que la lleva así (la mantiene estable). Si no fuera la lechita y los medicamentos, ya no estuviera ella”, comenta mientras su hermana María muestra la lata de leche especial que necesita. Dos libras cuestan 44 dólares.
La señora necesita medicinas para conciliar el sueño, además de pamper y toallitas húmedas, añade María.
Para el economista José Luis Magaña, la prueba más evidente del atraso en el pago de la pensión es que de los 29 millones presupuestados (27.4 millones según información suministrada por la OIR del FISDL), a noviembre se habían ejecutado 15 millones, poco más de la mitad.
“Se han invertido, se han utilizado 205 millones para el bitcóin, se ha fortalecido en 30 millones mas al Ejército y se ha dejado de ejecutar programas como la pensión básica. Donde está el dinero es donde están las prioridades”, sentencia.
