María amaneció en las bartolinas el día de Navidad de 2009 y no recuperó su libertad hasta marzo de 2019. Siempre se declaró inocente. En prisión sufrió discriminación, golpes y palizas. Ella es una de las 181 mujeres procesadas entre 2000 y 2019 por aborto u homicidio agravado, que recoge la investigación Del hospital a la cárcel.
María empezó a sufrir agresiones sexuales de su hermano mayor a los siete años. Esos abusos continuaron durante su infancia y adolescencia. Siendo madre de dos niñas pequeñas, fue violada por última vez.
A las pocas semanas supo que había quedado embarazada de su familiar. En diciembre, en los días previos a la Navidad, a María se le vino el bebé, de unos seis meses dice ella, y lo perdió. Se desmayó unos minutos y no recuerda lo que sucedió.
María relata a Voz Pública que al día siguiente se presentó la PNC y tras un intercambio de palabras se la llevaron presa. Una vecina, a la que había pedido ayuda por el aborto, la había denunciado. Nadie creyó en ella. La Fiscalía, con los primeros testimonios y averiguaciones, iba dando forma a su acusación.
Celia Medrano, especialista en derechos humanos, explica que a las mujeres que son criminalizadas se les violenta el principio de la presunción de inocencia. “La carga de poder probar que no se ha cometido un homicidio agravado recae sobre la misma víctima”, añade.
María fue condenada a la máxima pena, a 30 años de prisión. De poco sirvió su declaración de que era inocente. Poco después de escuchar su condena por homicidio agravado fue trasladada al penal de Ilopango, conocido como Cárcel de Mujeres.
El aborto no es bien visto en prisión. Los funcionarios se encargaron de airear el monto de su ingreso. “A mí me golpearon siete mujeres, me fregaron esta rodilla, ando rotos los dos meniscos, yo ya ni sentía si me golpeaban o no”, recuerda.
Entre rejas, a pesar del hacinamiento en la prisión, se sentía sola. Lo peor de estar entre rejas, comenta, era no ver a sus pequeñas. Sus hijas crecieron sin ella, apenas la visitaban una o dos veces al año. Las limitantes económicas les impedían viajar más seguido.
En 2012, María, al igual que otras condenadas por aborto, empezó a recibir la visita de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización por el Aborto. Les apoyaban con algunos insumos y les hablaban del trabajo que realizarían para revisar sus casos.
En la investigación Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo en El Salvador se identifican 181 mujeres procesadas por aborto o por homicidio agravado en casos donde se dio la muerte del feto en los últimos meses de gestación. El 65% de las mujeres son jóvenes, menores de 25 años, y con bajo nivel de estudios.
María es una de esas mujeres procesadas entre 2000 y 2019, y una de las 41 madres condenadas a distintas penas de prisión en ese periodo.
En marzo de 2019, pocos días antes de cumplir 31 años, María salió de prisión. Había pasado encerrada entre bartolinas y Cárcel de Mujeres más de nueve años y dos meses desde que fue detenida por una denuncia de aborto en ese municipio del sur de La Libertad.
María recuerda entre lágrimas la injusticia que vivió. “Ahí me pasé diez largos años injustamente, porque a mi hermano, quien tantas veces me violó y yo tan chiquita, y a él nunca le hicieron nada”.
