El presidente Nayib Bukele insistió ayer en redes sociales en acusar a organizaciones de derechos humanos, señalándolas de pedir la liberación de todos los pandilleros capturados bajo el régimen de excepción y de sostener que “la MS-13 no es una organización terrorista” y que “defenderán sus derechos sin importar sus delitos”. Voz Pública revisó las presentaciones de los testigos en la audiencia y el informe del GIPES presentado en marzo, consultó a abogados, y concluyó que estas afirmaciones son falsas y sacadas de contexto. Desde el jueves, el oficialismo ha optado por atacar a los mensajeros como estrategia para desviar la atención del eje central de la audiencia: las violaciones a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia estatal y persecución a disidentes, expuestas por las ONG en Washington.
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos convocó el jueves pasado a seis testigos para analizar el estado de los derechos humanos durante cuatro años de régimen de excepción.
Un resumen de las intervenciones en la audiencia indica que las políticas de seguridad en El Salvador no deben aplicarse a expensas de los derechos humanos, como se evidencia en los datos presentados: más de 500 muertes bajo custodia estatal, más de 30,000 detenidos no vinculados a pandillas, un 90% con prisión preventiva prolongada y 245 casos de persecución judicial y extrajudicial a opositores políticos.
El representante de Cristosal afirmó: “Las organizaciones de derechos humanos llevan años defendiendo los derechos de las víctimas de violencia de pandillas y prestándoles asistencia. Estamos de acuerdo en que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos del crimen y la violencia; nuestro desacuerdo con el régimen se centra en la necesidad de recurrir a políticas que equivalen a crímenes contra la humanidad para lograrlo”.
La audiencia “El estado de excepción en El Salvador: Año cinco” realizada en el Congreso de Estados Unidos provocó una oleada de mensajes provenientes de cuentas afines al oficialismo y funcionarios públicos, que tacharon a los ponentes de “defender pandilleros” o “abogar por criminales”. Esta campaña de desinformación continuó el viernes con el periódico Diario El Salvador y, el domingo 19, el presidente Bukele se sumó al discurso con mensajes similares.
Los testigos en la audiencia fueron Sergio Arauz (presidente de la APES y subdirector de El Faro), Carlota Roby (Centro Kennedy), Noah Bullock (Cristosal Centroamérica), Juan Pappier (Human Rights Watch), Susana SáCouto (American University) y Andrés Martínez-Fernández (The Heritage Foundation).
El sitio Última Hora SV fue uno de los primeros en publicar en X tras la audiencia, alegando que “Sergio Arauz de El Faro y ONG’s sostienen frente a congresistas en EE. UU. que la MS-13 no es un grupo terrorista y que deben respetarse sus derechos humanos”, acumulando hasta hoy 63,800 vistas.
Al día siguiente, Diario El Salvador encabezó su portada con “Defienden pandilleros en Congreso EE. UU.” y un subtítulo que señalaba que ONG, abogados y activistas instan a congresistas a defender derechos de mareros.
Finalmente, Bukele se sumó con una publicación similar: “Están diciendo que la MS-13 no es una organización terrorista y que, sin importar sus delitos, ellos igual defenderán sus derechos.”
Amparo Marroquín, comunicadora e investigadora de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), explicó que el aparato hegemónico busca construir un nuevo enemigo al nivel de las pandillas para mantener el control. “Al no poder construirlo, tiene que utilizar siempre al enemigo anterior, que todavía da muchos buenos réditos. La cantidad de afirmaciones falseadas es parte de esta publicidad engañosa que todavía sigue funcionando”, subrayó.
Presidente Bukele:
«Están diciendo que la MS-13 no es una organización terrorista y que, sin importar sus delitos, ellos igual defenderán sus derechos”.
Falso
Al revisar las intervenciones de la audiencia en el Congreso, ninguno de los presentes afirmó que “la MS-13 no es una organización terrorista”.
Sergio Arauz, principal señalado desde el oficialismo, no respondió a la pregunta del congresista Chris Smith sobre si la pandilla MS-13 era una organización terrorista, tal y como había sido designada en Estados Unidos. En su lugar lo hizo Carlos Martínez de la Serna, representante del Comité de Protección de Periodistas, quien hacía las veces de traductor. “Sergio Arauz es un periodista salvadoreño. Me temo que no tiene opinión al respecto». Tanto Diario El Salvador como Última Hora SV tergiversaron esta información para hacer creer que Arauz defendió pandilleros.
“Según el Gobierno de los Estados Unidos es una organización terrorista y, según mi criterio, un grupo criminal transnacional que sangró a El Salvador durante mucho tiempo”, explicó Arauz al ser consultado.
Durante la audiencia, el periodista de El Faro se refirió al tema en más de una ocasión. “No estoy en contra de que las pandillas estén en la cárcel ni que no se persigan a los pandilleros, el problema es que capturan a personas por pensar distinto… “.
En cambio, Carlota Roby, del Centro Kennedy para los Derechos Humanos, respondió al congresista republicano que designar a alguien terrorista no los excluye de protección legal y que los derechos humanos siempre prevalecen, algo que está conforme a leyes nacionales e internacionales.
“A una persona acusada de terrorista le asiste todos los derechos y garantías que regula el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos (ONU) como el Pacto de San José”, confirmó un abogado al respecto.
Noah Bullock, director de Cristosal, declaró que fueron convocados por su conocimiento en derechos humanos en El Salvador, no para opinar sobre “la legislación estadounidense sobre terrorismo”.
Un dato curioso: La audiencia duró dos horas y 36 minutos como se puede ver en el video subido a YouTube. La polémica que retomó el oficialismo en torno a las preguntas del congresista Chris Smith a dos de los ponentes (testigos) no llegó al minuto de duración.
Ataques, desde el jueves hasta el domingo
El sitio Última Hora SV publicó el jueves lo siguiente. “Sergio Arauz de El Faro y ONG’s sostienen frente a congresistas en EE.UU. que la MS-13 no es un grupo terrorista y enfatizan que deben respetarse sus derechos humanos”.
Arauz sentó postura con este comentario: “Porfirio, esto es mentira. Yo dije otra cosa: la MS es un grupo criminal, yo quiero a los pandilleros presos. Funcionarios como Carlos Marroquín son los que liberan pandilleros”. Los audios de conversaciones entre el mencionado director de Reconstrucción de Tejido Social y un pandillero a los que tuvo acceso El Faro revelaron que la masacre de marzo de 2022, que dio origen al régimen de excepción, sucedió luego de la ruptura de la tregua entre el gobierno y la MS-13, declarada grupo terrorista por los Estados Unidos.
¿Quién es Porfirio? Porfirio Chica es el administrador suplente de Última Hora SV, según el reportaje “Los que sirven las mentiras sobre la reelección presidencial” de julio de 2023 de la Revista Factum. La investigación reveló que cuatro sitios web -el ya mencionado, La Huella, La Brittany y El Blog– desinformaron durante meses sobre la polémica reelección presidencial. También consigna que Chica es socio del jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, en una empresa de publicidad.
Arauz enfatizó los retrocesos en libertad de expresión, destacando que El Salvador se ha vuelto inseguro para periodistas críticos. Como evidencia, citó el Índice Chapultepec de 2025, que lo ubica por debajo de Cuba y solo por delante de Nicaragua y Venezuela en la región.
Presidente Bukele:
“Hace unas semanas, un grupo de “expertos y expertas”, financiados por Open Society (Soros), acudió a la CIDH y a la ONU a, básicamente, pedir la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción”.
Falso
Bukele se refiere al GIPES, el grupo de juristas que presentó en marzo el informe “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública” ante la CIDH en Guatemala sobre violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción.
La investigación señala que unas 89,000 personas habrían sido detenidas arbitrariamente hasta octubre de 2025, pero en ningún momento pide su liberación, como se comprobó al revisar el documento.
El jurista Santiago Cantón, integrante del GIPES, negó que el informe sugiera liberar a esos detenidos en una reciente entrevista de Focostv (min. 42.10). “En ningún lugar del informe se dice que hay que dejar en libertad a 89,000 personas, en ningún lugar”, sentenció.
Bukele ya había hecho esta afirmación falsa en marzo, vinculando la liberación de pandilleros con un retroceso en seguridad.
El documento, de casi 300 páginas y con más de 1,700 fuentes utilizadas, concluye que “existen motivos razonables” para creer que en El Salvador se han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, tortura, desaparición forzada y persecución.
La desinformación que usa el presidente evidencia una falacia conocida como “hombre de paja”, que consiste en distorsionar el argumento real para atacarlo más fácilmente. En vez de refutar la prueba presentada (detención de inocentes), se ataca la versión débil («de paja»), creada por el oponente (liberación de pandilleros).
Voz Pública solicitó una reacción al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, pero no respondió a la solicitud.
